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recurso de anulación contra laudos arbitrales

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  • Luis Fernando Salazar López
    Les remito este auto del Consejo de Estado, con Ponencia de Ruth Stella Correa, sobre la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos y el
    Message 1 of 1 , Oct 30, 2007
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      Les remito este auto del Consejo de Estado, con Ponencia de Ruth Stella Correa, sobre la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos y el recurso de anulación contra laudos arbitrales en que ellas hayan participado.

       

      Sostiene en esta providencia el Consejo que al modificarse la cláusula general de competencia prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, se adoptó sin asomo de duda un criterio orgánico, o lo que es igual, la competencia se fijó conforme a un factor subjetivo, abandonando el factor funcional o material, excepto en tratándose “...de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado...”.

       

      Aclara que con la expedición de la Ley 1.107 de 2.006, el legislador asignó, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la competencia para juzgar las controversias en las cuales sean parte las “entidades públicas”, sin importar la función que desempeñe cada una de ellas, pues se pasó de considerar el  “criterio material o funcional” a un “criterio orgánico”, de acuerdo con el cual el factor para efectos de  atribuir la competencia es la pertenencia de uno de los sujetos procesales a la estructura del Estado.

       

      Según el Consejo de Estado, la Ley 1.107 de 2.006 amplió el espectro de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer e única instancia del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales, toda vez que actualmente comprende de dos eventos a saber:

       

      a) sobre los proferidos en conflictos originados en contratos estatales, y

       

      b) los pronunciados a propósito de controversias cuya fuente sea un contrato que, a pesar de no tener carácter estatal en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y con independencia del régimen de derecho –público o privado- que les sea aplicable, sea celebrado por una entidad pública.

       

      Espero sus muy autorizados comentarios.

       

      Luis Fernando Salazar López

       

      SALAZAR & RIVEROS S.A

      Abogados

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