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T - 288-2013 - "Tribunal incurrió en un defe cto orgánico"

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  • MONICA LILIANA IBAGON
    Apreciados miembros: Les envío apartes de la sentencia T-288 de 2013, MP Jorge Pretelt. Todavía no ha sido publicada. Cordial saludo, Mónica Liliana
    Message 1 of 1 , Jul 1 1:20 PM
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      Apreciados miembros: Les envío apartes de la sentencia T-288 de 2013, MP Jorge Pretelt. Todavía no ha sido publicada. Cordial saludo, Mónica Liliana Ibagón.

      “ (…) Los miembros del Tribunal de Arbitramento accionado, mediante escrito del 22 de octubre de 2012, cuestionaron la decisión del ad quem de conceder el amparo deprecado, pues en su concepto dicha determinación contradice la jurisprudencia constitucional que otorga un carácter subsidiario a la acción de tutela, lo anterior teniendo en consideración que en este caso se encuentra en curso el recurso de anulación interpuesto por la sociedad accionante, frente a cuya decisión incluso procede el recurso de revisión.  
       
      Por otra parte, sostuvieron que se está desconociendo el principio de la inmediatez, pues transcurrieron más de 6 meses entre la primera audiencia de trámite realizada por el Tribunal y la radicación de la acción de tutela, siendo contrario al principio de la economía procesal el hecho de que una de las partes en controversia acuda a este mecanismo constitucional después de surtidas numerosas audiencias y actuaciones procesales.
       
      Afirmaron que la decisión proferida por el juez de tutela de segunda instancia pone en grave riesgo la institución del arbitraje. Así, explican que en la cuestionada decisión, el juez de tutela se pronunció sobre el fondo del asunto y concluyó que entre las partes sólo hubo una relación jurídica a la cual se puso fin mediante el acuerdo conciliatorio, desconociendo de esta manera lo determinado por el Tribunal luego de realizado el correspondiente análisis probatorio, esto es, “que entre las partes realmente había dos relaciones jurídicas, a una de las cuales (el contrato de operación y explotación de la estación de servicio) le pusieron fin en la forma anotada, pero la otra (el contrato de arrendamiento por escritura pública 2437 del 24 de noviembre de 1997) fue expresamente excluida de los efectos del acuerdo de transacción y acta de conciliación, por lo que las controversias relacionadas con ella podían ser resueltas por un tribunal de arbitramento convocado al amparo de la cláusula compromisoria contenida en dicho contrato”. En este orden, consideran que al ser ésta una interpretación jurídica razonable, no ha debido ser dejada sin efectos por la decisión de un juez de tutela.
       
      Finalmente, destacaron que en atención a lo establecido en el Decreto 1382 de 2000, se presenta un problema de competencia, en tanto la acción tutelar ha debido ser resuelta en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo, siendo la segunda instancia competente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y no un Juzgado Civil del Circuito, como ocurrió en el presente caso.
      (…)
       
                  A juicio de los árbitros que integraron el Tribunal, como la tutela fue dirigida contra dicho órgano, las normas del Decreto 1382 de 2000[1] asignan la competencia del proceso al juez superior funcional del tribunal de arbitramento, debiendo ser conocido en primera instancia por el tribunal superior del respectivo distrito judicial y no por el juez municipal, lo que a su vez implicaba que la segunda instancia fuera tramitada por la Corte Suprema de Justicia y no por un juzgado del circuito, como ocurrió en el presente asunto.
       
      Respecto de este reparo, encuentra la Sala oportuno realizar las siguientes precisiones: inicialmente, debe señalarse que el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia establece que la acción de tutela puede ser interpuesta ante cualquier juez de la República.
      (…)
       
      Ahora bien, en relación con el defecto orgánico que eventualmente puede dar lugar a la intervención del juez de tutela, es necesario precisar que dado que las causales de procedencia del recurso de anulación incluyen hipótesis relativas a la falta de jurisdicción o competencia del tribunal, es indispensable que se haya interpuesto dicho recurso en forma oportuna contra el laudo que se ataca, y que luego de su resolución subsista el defecto orgánico[2]. Las meras discrepancias respecto de la interpretación de la propia competencia efectuada por el tribunal arbitral no son suficientes para configurar este tipo de defecto. Dado que son en principio los árbitros quienes están llamados a decidir el alcance de su competencia con base en la habilitación de las partes, el juez de tutela sólo podrá determinar si han incurrido en un exceso manifiesto, por salirse en forma protuberante del ámbito de su competencia.
      (…)
       
      Los miembros del Tribunal de Arbitramento solicitaron la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, señalando al respecto que su actuación estuvo sustentada en el principio de la autonomía de la cláusula compromisoria, en atención al cual, luego de estudiar cuidadosamente los argumentos presentados en relación con el alegado fenómeno de la cosa juzgada y tras advertir que no podría tomarse una decisión definitiva  en una etapa preliminar de admisión, decidieron admitir la demanda presentada por EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. . En su concepto, el objetivo del trámite arbitral es determinar la existencia o no del precitado contrato de arrendamiento, lo cual implica el estudio de fondo de la cosa juzgada derivada de una conciliación o transacción previa.
       
      En sede constitucional, el juez de primera instancia estimó que no era procedente la acción de tutela, puesto que la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento demandado se había basado en una razonable interpretación de la autonomía de la cláusula compromisoria, contenida en el presente asunto en la Escritura Pública No. 2437 del 24 de noviembre de 1997. Igualmente, para su decisión consideró la ausencia de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez, toda vez que, por una parte, se encontraba pendiente la decisión de fondo adoptada por el tribunal, frente a la cual es procedente el recurso de anulación, y por otra parte, la demanda de tutela fue presentada después de transcurridos más de seis meses, lo que advierte que no se presenta una inminente vulneración a los derechos fundamentales de la sociedad accionante.
       
      Por su parte, el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, concedió el amparo al derecho fundamental al debido proceso de la Sociedad Representaciones Santa María S.en C.S, considerando para ello que efectivamente sobre el asunto para el cual se convocó el tribunal de arbitramento, esto es, la controversia sobre la fecha de terminación del contrato de arrendamiento suscrito con EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.  DE COLOMBIA S.A., ya existía una acuerdo voluntario de las partes, expresado en un acta de conciliación. 
      (…)
       
      En hilo de lo dicho, la Sala encuentra que la sociedad tutelante ya interpuso el recurso de anulación contra el laudo arbitral, cuyo conocimiento fue asumido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quien resolvió no emitir un pronunciamiento de fondo, con fundamento en la decisión adoptada por el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá, quien tras considerar la configuración de un defecto orgánico, dejó sin efectos las actuaciones surtidas por el tribunal de arbitramento.
       
      Ahora bien, y aunque la sociedad accionante efectivamente hizo uso del recurso de anulación, agotando con ello todos los recursos ordinarios y extraordinarios contemplados por la jurisdicción ordinaria para la defensa de sus derechos, debe la Sala realizar algunas consideraciones en relación con  este mecanismo de defensa, las cuales permiten concluir que en ocasiones no constituye el medio idóneo o eficaz para lograr la protección de los derechos fundamentales de las partes en el marco de los procesos arbitrales.
       
      Por regla general, cuando los mecanismos de defensa judicial de los que dispone el demandante no se han agotado o se encuentran en curso, la acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente. Sin embargo, en materia de laudos arbitrales, esta Corte ha reconocido que los recursos de anulación y extraordinario de revisión no siempre son idóneos y eficaces para proteger oportunamente los derechos fundamentales de la parte demandante, toda vez que las causales por las que proceden son taxativas y de interpretación restringida. Adicionalmente, las causales del recurso de anulación se relacionan con asuntos estrictamente procesales.
       
      Por ejemplo, en la sentencia T-972 de 2007, al abordar una acción de tutela promovida contra un laudo arbitral contra el que el tutelante aún no había interpuesto el recurso de anulación, la Corte consideró que la idoneidad de este recurso como mecanismo de defensa oportuna de los derechos fundamentales de las partes debe analizarse en cada caso, ya que puede prosperar únicamente por las causales previstas en la ley y que se relacionan con asuntos estrictamente procesales. En el caso concreto, la Corte observó que los vicios que el tutelante atribuía al laudo arbitral no se encuadran dentro de las causales taxativas del recurso de anulación, por ello concluyó que este recurso no era un medio judicial idóneo para la protección oportuna de los derechos fundamentales del tutelante.[3]
      (…)
       
      Entonces, esta Sala concluye que a diferencia de lo afirmado por el tribunal de arbitramento, la celebración de una conciliación entre las partes, que incluyó un acuerdo sobre la fecha de terminación de un contrato de arrendamiento puesto igualmente a conocimiento del tribunal, inhabilitaba la constitución de éste y lo hacía incompetente para decidir sobre el conflicto propuesto por EXXONMOBIL DE COLOMBIA. Al respecto, es necesario reiterar que el fundamento constitucional y legal de las formas de arreglo directo previstas por las partes de un contrato para la solución de las controversias que surjan entre ellas, se encuentra en su voluntad de someter sus diferencias por fuera del ámbito de a la justicia estatal y, en esa medida, no puede entenderse que esta decisión no sea tenida en cuenta a la hora de finiquitar el conflicto y verificar si se agotaron los medios no judiciales previstos para ello. 
       
      En este punto, la Sala debe manifestar que si se tiene en consideración que las partes decidieron resolver sus controversias por fuera de la administración de justicia del Estado, es claro que dicha decisión no puede configurar una violación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia de quien la toma.
       
      En consecuencia con lo expuesto, esta Sala encuentra que aunque era claro que el acta de conciliación celebrada entre las partes hacía incompatible la conformación de un tribunal de arbitramento pues el conflicto ya había sido dirimido, dicho Tribunal asumió la competencia del caso propuesto y concedió las pretensiones de EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. Por lo anterior, a juicio de esta Sala, es evidente que con esta actuación, el tribunal de arbitramento desbordó la competencia de la justicia arbitral por cuanto asumió competencia para conocer sobre un asunto ya dirimido por las partes.
       
      Entonces, para esta Sala el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá incurrió en un defecto orgánico al pronunciarse sobre un caso ya decidido mediante un acta de conciliación y una transacción suscritas entre la Sociedad Representaciones Santa María S. en C. S. y EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.”
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