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SENTENCIA ANÁLISIS INHIBICIÓN ARBITRAL

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  • HERNANDO HERRERA
    Apreciados doctores,   Les remito una muy interesante sentencia del Consejo de Estado, en la cual se analizó el recurso de anulación interpuesto contra el
    Message 1 of 1 , Jun 17, 2013
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    Apreciados doctores,

     

    Les remito una muy interesante sentencia del Consejo de Estado, en la cual se analizó el recurso de anulación interpuesto contra el laudo que dirimió las controversias surgidas entre PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A. y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP.

     

    La convocante interpuso el recurso de anulación contra el laudo proferido con fundamento en la causal 9ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1993, que alude a “no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.” Se solicitaba que el laudo arbitral fuera parcialmente anulado y adicionado, con miras a resolver el fondo la pretensión relacionada con los efectos económicos de la resolución por medio de la cual la UAESP procedió a liquidar el contrato de forma unilateral.

     

    En torno a dicha pretensión, el Tribunal de Arbitramento decidió en la parte resolutiva, lo siguiente: “DÉCIMO TERCERA. – Declararse inhibido de proferir pronunciamiento respecto de las pretensiones derivadas de los hechos expuestos en el Capítulo III de la reforma de la demanda de PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A.,: literales A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, según lo expuesto en la parte motiva”.

     

    Las razones que el Tribunal de Arbitramento sostuvo para inhibirse de decidir sobre los efectos económicos de la resolución de liquidación, es que con ello se invadiría la órbita de competencia de la jurisdicción Contencioso Administrativa, quien es la única legitimada para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales.

     

    Al estudiar el caso el Consejo de Estado señaló que la causal 9ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1993, se configura cuando el sentenciador incurre en un vicio in procedendo que se conoce normalmente como fallo citra petita, y que consiste en que aquel no resuelve sobre todas las pretensiones que se le presentaron en la demanda o no se pronuncia sobre las excepciones que propuso el demandado o que encontró probadas.

     

    En el caso en cuestión, la sentencia en tratativas, expone que tal situación no se evidenciaba, ya que son dos cosas distintas la ausencia de pronunciamiento y la inhibición. Al respecto concluye este fallo que esta distinción es crucial para efectos de la configuración de la causal 9ª que se viene mencionando, porque la ausencia absoluta de pronunciamiento es la que constituye un vicio en el procedimiento; lo que no se predica de la decisión inhibitoria motivada, que de todos modos supone una revisión del fondo del asunto.

     

    En otros términos, no se puede predicar la incongruencia de sentencias inhibitorias, pues ello no implica que el Tribunal de Arbitramento haya dejado de pronunciarse sobre materias sometidas a su decisión, sino que estima que no puede pronunciarse sobre ellas. Concluye al respecto la sentencia: Luego, siendo así las cosas, resulta evidente que la causal 9ª de anulación que invoca el recurrente no se configura porque no se presenta una ausencia absoluta de pronunciamiento, que es el que constituye un vicio in procedendo, ya que el hecho de haberse inhibido motivadamente el Tribunal para decidir de fondo algunas pretensiones determina que sí hubo un pronunciamiento sobre ellas, en el sentido de no poder resolverlas de mérito por falta de competencia, y si las razones que el Tribunal trae para sustentar su decisión son equivocadas, según lo afirma el recurrente, ello no permite anular el laudo porque esa errónea motivación constituye un vicio en el juzgamiento cuyo control escapa al objeto del recurso extraordinario de anulación ya que este no constituye una segunda instancia”.

     

    No sobra mencionar que las conclusiones precedentes se aplican a decisiones inhibitorias “motivadas”, ya que según la misma sentencia, una decisión inhibitoria pero sin motivación alguna equivale a una ausencia absoluta de pronunciamiento, toda vez que por mandato constitucional y legal las decisiones de los jueces deben ser motivadas.

     

    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado

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