Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [comite_colombiano_de_arbitraje] Arbitraje y actos administrativos

Expand Messages
  • Daniel Fajardo
    Doctor Juan Pablo muchas gracias por el resumen enviado. Resulta bastante útil y muy interesante. Daniel Fajardo ... -- Daniel Fajardo Doctor Juan Pablo
    Message 1 of 2 , Jun 14, 2013
    • 0 Attachment
      Doctor Juan Pablo muchas gracias por el resumen enviado. 

      Resulta bastante útil y muy interesante. 

      Daniel Fajardo


      El 14 de junio de 2013 07:58, JUAN PABLO CARDENAS <jpcm2001@...> escribió:
       

      Apreciados doctores:
       
      Quiero llamar su atención sobre las diversas posiciones que han adoptado recientemente las diversas subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado en torno a la arbitrabilidad de los actos proferidos por la administración.

      1.            Sentencia del 8 de noviembre de 2012 Subsección B

      En primer lugar, en sentencia del  8 de noviembre de 2012  (Expediente No 36709) de la subsección B de la Sección Tercera, con ponencia del Conjuez Martín Bermúdez, la subsección se refirió a la arbitrabilidad de los actos administrativos y señaló que de la misma manera como el haberse pronunciado sobre actos administrativos excluidos de la competencia de los árbitros daba lugar a la anulación del laudo por la causal octava de anulación,  la falta de pronunciamiento por la existencia de actos administrativos, puede estructurar la causal novena de anulación.
       
      Ahora bien, al analizar si  el tribunal arbitral debía o no pronunciarse sobre unos actos administrativos proferidos por la entidad pública en relación con unas facturas expresó: “ La Sala en este punto debe aplicar la línea jurisprudencial vigente, sentada por la Sección Tercera del Consejo de Estado a partir de la sentencia proferida el 10 de junio de 2009, en la cual se lee: " ... se impone concluir que los demás actos administrativos contractuales -es decir aquellos que están excluidos del conjunto de las facultades que de manera expresa recoge el hoy vigente articulo 14 de la Ley 80 de 1993… si pueden ser sometidos al estudio, al examen, al conocimiento y a la decisión de los árbitros, en la medida en que no se encuentran cobijados por los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en relación con los mismos tampoco la Constitución o la Ley establecen restricción alguna al respecto ...”

      Por lo anterior afirma que los actos administrativos proferidos por el liquidador de una entidad pública en los que éste se pronuncia sobre las glosas a las facturas presentadas por el Contratista tienen naturaleza contractual, en la medida en que ellos se resuelve sobre reclamaciones que surgieron durante la ejecución del contrato, por lo cual no son de aquellos a los cuales se refiere la sentencia C-1436 de 2000 de la Corte Constitucional, por lo que debe concluirse que el Tribunal de Arbitramento sí tenía competencia para resolver las pretensiones del Contratista.
       
      Advierte que aún si se concluyera que los actos  no son actos administrativos contractuales, por no estar previstos en la ley 80, debe observarse que salvo la sentencia C¬1436 de 2000 de la Corte Constitucional, en el ordenamiento jurídico colombiano no se ha introducido ninguna otra restricción a la facultades de los Tribunales de Arbitramento para pronunciarse sobre actos administrativos o que limite las competencias que éstos pueden ejercer en su condición de particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, conforme con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política.

      2.            Sentencia 30 de enero 2013 Subsección C

      Por otra parte en sentencia  del 30 de enero de 2013 de la Subsección C, cuyo ponente fue el doctor Enrique Gil (expediente 1997-08021 de enero 30 de 2013 Rad.:  17001-23-31-000-1997-08021-01(23519), la subsección se pronuncia sobre un caso en el cual el tribunal administrativo se había abstenido de pronunciarse sobre un proceso en el cual se discutía un acto administrativo de liquidación unilateral por razón de la existencia del pacto arbitral.
       
      A este respecto el Consejo de Estado señaló que  la sentencia apelada se debe revocar, porque los árbitros no se pueden  pronunciar sobre la validez de los actos administrativos, que incorporan el  ejercicio de poderes exorbitantes: esto es la liquidación unilateral del contrato,  decisión que sólo puede juzgar la jurisdicción de lo contencioso  administrativo. A tal efecto, hace una relación de diversas sentencias proferidas por la Sección Tercera en las cuales la misma ha calificado la liquidación unilateral del contrato como un acto expedido en ejercicio de facultades exorbitantes. Por ejemplo el Consejo de Estado  hace referencia, entre otras, a la sentencia del   10 de junio de 2009, exp.  36.252 y a la del  14  de abril de 2010 —exp. 17.322—. Igualmente se refiere a providencias de la subsección B y subsección C, y concluye “En los términos de la línea  jurisprudencial descrita, la anterior Sala de la sección tercera —compuesta por  cinco integrantes—, cuya jurisprudencia deben seguir los subsecciones actuales,  consideró desde antes de entrar a funcionar la nueva organización interna de la  sección —en tres subsecciones, de tres consejeros cada una—, que la potestad de  liquidación unilateral es un poder exorbitante, y por este hecho no es posible  que los tribunales de arbitramento conozcan de las controversias derivadas de  su contenido, porque se tiene establecido que esa jurisdicción pierde  competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos que expresan un  poder exorbitante, de manera que, aplicado al caso concreto, si bien las partes  del contrato sub iudice pactaron la  cláusula compromisoria, también es cierto que el departamento de Caldas liquidó  unilateralmente el contrato, y que en esta ocasión la parte actora no sólo pide  que se anulen esas decisiones sino que las demás pretensiones quedaron  vinculadas a lo resuelto, y por ese sólo aspecto esta jurisdicción puede  conocer del conflicto, como pasará a hacerlo”.

      3.            Sentencia 27 de febrero de 2013 Subsección A.

      Por otra parte, en sentencia 27 de febrero de 2013  (exp 20.521) de la  subseccion A  con ponencia  del doctor Carlos Alberto Zambrano el Consejo de Estado se pronunció en un proceso contencioso administrativo en el cual el demandante solicitó se declarara la nulidad de unas resoluciones por las cuales la entidad pública había impuesto unas multas.  El Consejo de Estado declara la nulidad de todo lo actuado, pues existe un pacto arbitral. A tal efecto, el Consejo de Estado se refiere a la sentencia del 10 de junio de 2009 ya citada y expresa que “lo cierto es que los únicos actos administrativos cuyo control se encuentra excluido de la competencia arbitral son, en vigencia de lo Ley 80 de 1993, aquellos dictados en ejercicio de las potestades consagradas exclusivamente por e! artículo 14 (en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983 eran los señalados en el artículo 76), pues así lo entendió la Corte Constitucional al pronunciar la exequibilidad condicionada de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, de modo que los demás actos administrativos proferidos en desarrollo de la relación contractual no se hallan excluidos de la competencia arbitral, verbigracia, los que imponen multas de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 76 del Decreto-ley 222 de 1983y “ el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007; los que declaran la terminación unilateral del contrato por la configuración de alguna de las causales de nulidad absoluta consagradas en alguno de los numerales 1, 2 o4 del artículo 44 de la Ley 80, según los dictados del artículo 45 del mismo Estatuto de Contratación Estatal; los que corresponden a la liquidación unilateral de los contratos, de conformidad con las previsiones del artículo 61 de la misma Ley 80; los que determinan u ordenan la exigibilidad de las garantías constituidas para amparar diversos riesgos de naturaleza contractual.." (cita la sentencia del 10 de junio de 2009 ya citada), entre otros.
       
      Como se puede apreciar existen diversos criterios en materia de actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales en las diversas Subsecciones de la Sección Tercera, pues al paso que algunas sentencias se señala que sólo están excluidos de la competencia de los árbitros los contemplados en el artículo 14 de la ley 80 de 1993, en otra se hace referencia a otros actos administrativos, lo que genera incertidumbres y posibles tratamientos desiguales dependiendo de la subsección a la que le corresponda conocer de un recurso. Lo anterior indica la conveniencia de una sentencia de la sala plena de la sección tercera que precise el tema.




      --
      Daniel Fajardo

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.