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PRONUNCIAMIENTOS ARBITRAJE CORTE

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  • HERNANDO HERRERA
    Apreciados doctores,   Adjunto los siguientes comunicados de la Sala Plena de la Corte Constitucional que dan cuenta de los siguientes pronunciamientos
    Message 1 of 1 , May 30, 2013

    Apreciados doctores,

     

    Adjunto los siguientes comunicados de la Sala Plena de la Corte Constitucional que dan cuenta de los siguientes pronunciamientos relacionados con el arbitraje.

     

    1. Juramento estimatorio: Le correspondía a la Corte determinar, si la exigencia de realizar una tasación anticipada de perjuicios que podrían estimarse durante el proceso -prevista por el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012-, vulneraba el derecho de acceso a la administración de justicia, como quiera que de no hacerlo, se debe inadmitir la demanda.

     

    Al respecto la Corte, reafirmó, que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29, 150 y 228 de la Carta Política, el legislador se encuentra investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando no se impongan medidas desproporcionadas a los sujetos procesales. En el pronunciamiento se señala que juramento estimatorio no se advierte como un mecanismo desproporcionado, por cuanto resulta legítimo que se tenga la carga de estimar razonadamente el valor de lo pedido. Adicionalmente las sanciones previstas en el artículo 206 acusado, no resulta contrarias a la Constitución, ya que se fundamentan en la protección de un bien jurídico importante como es la eficaz y recta administración de justicia, el cual se puede ver afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia vía de pretensiones desbordadas.

     

    Con fundamento en lo anterior, la Corte procedió a declarar exequible el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos analizados en esta sentencia.

     

    2. Estatuto Arbitral: En el segundo pronunciamiento se analizaba la constitucionalidad de los artículos 8º -designación de los árbitros-; 9º -secretarios- y 15 -deber de información- de la ley 1563 de 2012 -por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional-.

     

    En primer lugar, en torno al artículo 8º, que impone el limite de que ningún árbitro o secretario podrá desempeñarse simultáneamente como tal, en más de cinco (5) tribunales de arbitraje en que intervenga como parte una entidad pública, la Corte señaló que esta medida procura evitar el acaparamiento de los arbitrajes, en que se debata lo público por grupos exclusivos y resulta un mecanismo que tiene un efecto democratizador, en la medida que amplía la base de personas con la posibilidad de acceder al desempeño de las funciones de árbitros o de secretarios de tribunales de arbitramento.

     

    En cuanto a los cargos de inconstitucionalidad formulados con expresiones del artículo 9o de la Ley 1563 de 2012, se dijo. Con relación a la prohibición establecida para ser nombrado secretario de un tribunal de arbitramento, a quien tenga una relación contractual, de subordinación o dependencia con alguno de los árbitros, la Corte encontró que es una medida que favorece al arbitraje mismo como mecanismo de administración de justicia, por cuanto busca hacer de él un instrumento transparente y depurado de influencias personales contrarias al interés público llamado a permear toda actuación orientada a administrar justicia. Por las mismas razones, la escogencia del secretario de la lista del centro en la que se adelante el procedimiento arbitral no constituye una medida violatoria de la igualdad, del derecho a escoger la profesión u oficio o del derecho al trabajo, como quiera que la escogencia del secretario de un tribunal de arbitramento de una lista de quienes llenan las condiciones para hacerlo, garantiza la idoneidad y confianza que exige la importante labor que le corresponde al apoyar a los árbitros en la labor de administrar justicia.

     

    Por último, con relación a la exequibilidad del artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 la Corte declaró que éste no era contrario al principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución, toda vez que el legislador tiene la facultad de ponderar circunstancias, prevenir situaciones o procurar la corrección de prácticas o conductas anómalas, mediante el establecimiento de requisitos o de obligaciones que contribuyan a la realización de otros principios o derechos o finalidades constitucionales, como la imparcialidad o la independencia, ligados a la buena marcha de la administración. En este caso, el deber de información a cargo de la persona que sea designada árbitro o secretario se encamina a garantizar su neutralidad, y se inscribe dentro de las posibilidades que le brinda al legislador, su potestad de configuración normativa.

     

    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado

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