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SENTENCIA T-040 DE 2013 DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DEREC HO A LA INTIMIDAD Y BUEN NOMBRE

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  • Isaac Devis
    Apreciados Clientes y Amigos, Estamos remitiendo la sentencia T-040 del 2013 de la Corte Constitucional, donde se realizan importantes precisiones en lo que
    Message 1 of 1 , Mar 20 3:39 PM

    Apreciados Clientes y Amigos,

     

    Estamos remitiendo la sentencia T-040 del 2013 de la Corte Constitucional, donde se realizan importantes precisiones en lo que refiere a la colisión de los derechos a la información frente a derechos como la intimidad y el buen nombre. Igualmente, la Corte diferencia con claridad los derechos de expresión y de información, advirtiendo que el derecho a la información es un derecho de “doble vía”, pues garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial. Se advierte que tratándose del ejercicio del derecho a la información se presentan responsabilidades para su titular, como por ejemplo lo que respecta a la  calidad de la información que se emite, en el sentido en que debe ser veraz e imparcial y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros, particularmente los del buen nombre y la honra. Se distingue también entre Cuando se ejerce la libertad de información a través de los medios de comunicación, en los que la jurisprudencia constitucional  ha trazado una distinción entre la transmisión de información fáctica y la emisión de simples opiniones o valoraciones de hechos. En este escenario, la información sobre hechos, en tanto ejercicio de la libertad de información, ha de ser veraz e imparcial, mientras que la expresión de opiniones sobre dichos hechos, cubierta por la libertad de expresión no está sujeta a estos parámetros. Por ello, considera la Corte que aún “las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las acertadas y ecuánimes” . En este sentido, la sentencia de la Corte me hizo recordar las preciosas palabras de John Stuart Mill plasmadas en el bello libro On Liberty, que cito a continuación:

     

    “Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión, y solamente una persona, tuviera la opinión contraria, no sería más justo el imponer silencio a esta sola persona, que si ésta sola persona tratara de imponérselo a toda la humanidad, suponiendo que esto fuera posible. Si cualquiera tuviese una opinión sobre cualquier asunto, y esta opinión no tuviera valor más que para dicha persona, si el oponerse a su libre pensamiento no fuera más que un daño personal, habría alguna diferencia en que el daño fuera infligido a pocas personas o a muchas. Pero lo que hay de particularmente malo en imponer silencio a la expresión de opiniones estriba en que supone un robo a la especie humana, a la posteridad y a la generación presente, a los que se apartan de esta opinión y a los que la sustentan, y quizá más”.

     

    Volviendo al tema de la sentencia T-040 de 2013, citamos a continuación algunos apartes de la sentencia que estimamos relevantes:

     

     

    “(…)la Sala considera necesario resaltar algunas características y cualidades de la libertad de información. Se diferencia de la libertad de expresión en sentido estricto en que ésta protege la transmisión de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa, mientras que la libertad de información protege la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo[1][26]. Es un derecho fundamental de “doble vía”, que garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial[2][27]. Así mismo, la libertad de información supone la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para difundir lo que se quiere emitir, mientras que la libre expresión son necesarias únicamente las facultades y físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su pensamiento y opinión. Por lo demás, es también una libertad trascendental en la democracia, pues es a través de los medios de comunicación que la ciudadanía está informada sobre los sucesos que los pueden afectar en las decisiones de los representantes políticos o en sucesos del ámbito económico o social de interés general[3][28].”

     

    Debido a su importancia frente a la ciudadanía en general, el ejercicio de la libertad de información exige ciertas cargas y responsabilidades para su titular. Los principales deberes hacen referencia a la calidad de la información que se emite, en el sentido en que debe ser veraz e imparcial y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros, particularmente los del buen nombre y la honra[4][29]. Cuando se ejerce la libertad de información a través de los medios de comunicación, la jurisprudencia ha trazado una distinción entre la transmisión de información fáctica y la emisión de opiniones o valoraciones de hechos. La información sobre hechos, en tanto ejercicio de la libertad de información, ha de ser veraz e imparcial, mientras que la expresión de opiniones sobre dichos hechos, cubierta por la libertad de expresión stricto senso, no está sujeta a estos parámetros. Las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las acertadas y ecuánimes[5][30]. De la misma manera, el Estado tiene el deber de respetar la información emitida por los medios de comunicación y garantizar la circulación amplia de la información aún aquellos que revelen aspectos negativos de las propias instituciones estatales.”

     

    “En el mismo orden, el artículo 20 de la Constitución exige a los medios de comunicación, para ejercer la libertad de información y de prensa, una responsabilidad social, la cual, como ha dicho la Corte Constitucional, “esta responsabilidad se hace extensiva a los periodistas, comunicadores y particulares que se expresan a través de los medios, en atención a los riesgos que éstos plantean y su potencial de lesionar derechos de terceros, así como por su poder social y su importancia para el sistema democrático. La responsabilidad social de los medios de comunicación tiene distintas manifestaciones. En relación con la transmisión de informaciones sobre hechos, los medios están particularmente sujetos a los parámetros de (i) veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y opiniones, y (iii) garantía del derecho de rectificación”[6][31]. (Énfasis de la Sala)”

     

    “En breve, la libertad de información es un derecho fundamental de doble vía, toda vez que su titular no es solamente quien emite la información, como sujeto activo, sino quien la recibe, como sujeto pasivo, y en esa medida, implica de quien la difunde, responsabilidades y cargas específicas que evite la vulneración de otros derechos fundamentales como el buen nombre, la dignidad y la honra. Como se señala en la Constitución, la responsabilidad social de los medios de comunicación implica la obligación de emitir noticias veraces e imparciales, pues cuando éstas no cumplen estos parámetros, la persona que se siente perjudicada por informaciones erróneas, inexactas, parciales e imprecisas, puede ejercer su derecho de rectificación ante el medio respectivo, para que, cumpliendo con la carga de la prueba, se realice la corrección conforme a sus intereses. Concretamente, tratándose de noticias o informaciones de interés general que vinculan a una persona con hechos delictivos, que están en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes, los periodistas deben ser especialmente juiciosos y diligentes con el lenguaje que utilizan en la información emitida, pues no pueden inducir al lector a la culpabilidad de la persona nombrada como un hecho cierto, pues se estarían desconociendo los principios constitucionales transcritos.”

     

    Cordialmente;

     

    ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS

     

    Socio

     

    DEVIS GRANADOS & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S

     

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    11 años

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    [1][26] Ver sentencia SU-056 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

    [2][27] Ver sentencia T-512 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

    [3][28] El derecho a informar parte de la protección de otros derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información pública, directamente vinculado con el derecho de petición, la libertad de expresión artística y literaria, la prohibición de la censura previa, el derecho a fundar medios de comunicación, la reserva de las fuentes, el derecho a comunicarse, el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético, el derecho de acceso a la información personal y socialmente relevante, y la existencia de condiciones necesarias para garantizar el libre mercado de diversas ideas y opiniones.

    [4][29] Ver entre otras, sentencias T-074 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-104 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-056 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-496 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

    [5][30] La jurisprudencia a sostenido que el derecho de rectificación, por ejemplo, es una garantía de la persona frente a los poderosos medios de comunicación, pero sólo es predicable de las informaciones, más no de los pensamientos y opiniones en sí mismos considerados. Ver entre otras, sentencias T-048 de 1993 M.P. Fabio Morón Díaz, SU-056 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-1682 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-219 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.

    [6][31] Cfr. Sentencia T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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