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Fw: Fallo Consejo de Estado - Anulación Laud o Comcel Vs EMP

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores:   A la presente acompaño el reciente fallo del 21 de noviembre de 2012, por el cual el Consejo de Estado anuló el laudo proferido en el
    Message 1 of 1 , Jan 16, 2013
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    Apreciados señores:
     
    A la presente acompaño el reciente fallo del 21 de noviembre de 2012, por el cual el Consejo de Estado anuló el laudo proferido en el proceso iniciado por COMCEL  contra EPM TELECOMUNICACIONES, que envió el doctor Nicolás Gamboa.
     
    En dicho fallo el Consejo de Estado hace un extenso y cuidadoso análisis sobre  el derecho comunitario, sus características y la obligatoriedad de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
     
    En particular en relación con el recurso de anulación el Consejo de Estado reitera que “las  potestades del juez del recurso de anulación se encuentran delimitados por el llamado “principio dispositivo”, en virtud del cual, específicamente, no le es permitido al juzgador indagar en lo expresado por el recurrente, en su impugnación, para inferir la causal invocada y menos aún adentrarse a estudiar aspectos omitidos en la formulación y argumentación del recurso; por tanto, su estudio deberá realizarse únicamente respecto de los cargos expresamente planteados”.
     
    Reitera el Consejo de Estado su jurisprudencia sobre las causales de anulación aplicables a los laudos proferidos en materia de contratos estatales y en particular la aplicación de las causales del Decreto 1818 a partir de la ley 1150 de 2007.
     
    Por otra parte, señala que de acuerdo con los pronunciamiento del Tribunal Andino “los Tribunales de Arbitramento que profieren sus decisiones en Derecho, tienen la obligación, con el propósito de garantizar la eficacia y la aplicación uniforme del Derecho Comunitario Andino, de solicitar al TJCA la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto que se hubiere sometido al conocimiento y decisión del respectivo Juez o Tribunal, por manera que el incumplimiento de dicha exigencia del derecho comunitario andino por parte del respectivo Tribunal de Arbitramento constituye un yerro procedimental que afecta la validez del laudo correspondiente y abre las puertas a su declaratoria de nulidad durante el trámite del recurso extraordinario de anulación, ora a solicitud del impugnante ora de oficio por parte del Juez del recurso de anulación, cuestión esta última excepcional (que se puede decretar de oficio) siempre que se trate de esta causal derivada del derecho comunitario andino.”
     
    “Por consiguiente, al catálogo de causales en las cuales puede sustentarse la formulación del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales debe añadirse aquella consistente en la omisión del deber de solicitar la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso, por parte del Tribunal de Arbitramento que tenga conocimiento del mismo;…”
     
    Considera el Consejo de Estado que en el caso que analiza debe  decretarse la anulación y destaca que en el trámite de la anulación se solicitó una interpretación prejudicial  al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de acuerdo con la cual debe anularse el laudo si no se ha solicitado la consulta prejudicial.
     
    Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de remitir el expediente al tribunal arbitral una vez anulado el laudo,  para que lo profiriera nuevamente el Consejo de Estado reitera el pronunciamiento contenido en las sentencias del 9 de agosto de 2012  en las que se señaló que ello no es posible porque:
     
    “..el Tribunal de Arbitramento que expidió el laudo que aquí se anulará ya dejó de existir para el mundo jurídico y aun en el supuesto hipotético de que volvieran a reunirse quienes en su momento integraron dicho Tribunal de Arbitramento, lo cierto es que no podrían obrar en ejercicio de la competencia que les fue conferida por las partes para emitir un nuevo laudo en reemplazo de aquel cuya nulidad será declarada mediante esta decisión, comoquiera que esa competencia desapareció con la cesación, por parte del Tribunal Arbitral de marras, en el ejercicio de sus funciones.
     
    “…
     
    “Así las cosas y, se insiste, con el fin de alcanzar la mejor, la más razonable y la más coherente interpretación posible a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el presente caso, para efectos de asegurar su efectivo y adecuado cumplimiento, la Sala entiende que, como bien lo expresó el auto aclaratorio del propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en noviembre 15 de 2011, después de anulado el laudo sólo procedería –cuestión que consulta perfectamente el ordenamiento constitucional y legal colombiano– la convocatoria de un nuevo Tribunal de Arbitramento, convocatoria que debería efectuarse con sujeción a las normas que regulan la materia, nuevo Tribunal de Arbitramento que tendría, por tanto, el deber de satisfacer la exigencia impuesta por el ordenamiento andino en el sentido de solicitar la Interpretación Prejudicial que resulta imperativa en el caso sub examine para que, posteriormente, con apoyo en dicha Interpretación Prejudicial y de haber lugar a ello, se profiera el correspondiente laudo arbitral[1]. (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).
     
     


    [1] Sentencias proferidas el 9 de agosto de 2012, dentro de los expedientes Nos. 10010326000201200013 00 (43.045), 110010326000201200020-00 (43.281) y 110010326000201200018 00 (43.195).


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