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Sentencia C-593 de 2012

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  • Isaac Devis
    Apreciados Clientes y Amigos, Como ustedes recordarán el Acto Legislativo 02 de 2011 (Por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de
    Message 1 of 1 , Nov 22, 2012

    Apreciados Clientes y Amigos,

     

    Como ustedes recordarán el Acto Legislativo 02 de 2011 (Por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia) se profirió con el propósito de cambiar el manejo de la política estatal en materia televisiva, mediante la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión como órgano autónomo de carácter constitucional para el manejo de la materia (artículo 1º, Acto Legislativo 02 de 2011).  En el artículo segundo del citado Acto, se planteó que el Congreso debía tramitar la Ley para definir qué instituciones o autoridades deben asumir las distintas competencias sobre la política televisiva, consecuencia directa de la desaparición de la Comisión Nacional de Televisión. En desarrollo de lo expuesto fue expedida la ley 1507 de 2011, que creó la ANTV y redistribuyó las competencias en materia de televisión entre varios entes del Estado. Tal norma, fue demandada por inexequible por haber sido dictada supuestamente fuera del plazo de 6 meses que otorgó el constituyente al Congreso para tales fines.

     

    Al resolver esta demanda, la Corte por sentencia C-593 de 2012, declaró exequible la norma pues en su entender:

     

    “En el marco del escenario jurídico de este pronunciamiento, cabe afirmar que la Corporación ha defendido explícitamente la aplicación del principio de armonización concreta, siempre que surja un conflicto entre cláusulas transitorias que prevén términos preclusivos para el ejercicio de funciones legislativas. En ese marco, la Corte ha señalado que ese tipo de cláusulas, precisamente por su carácter temporal, suelen prever excepciones a la regulación constitucional, destinadas por regla general a superar un tránsito legislativo. Por ello, cuando se genera un conflicto con cláusulas del orden constitucional ordinario, debería darse prelación a lo dispuesto por la regulación transitoria, siempre que ello no implique vaciar de contenido los distintos mandatos constitucionales.

     

    Dentro de ese contexto, observa la Sala que si se interpreta el término contenido en el Acto Legislativo 02 de 2011 para la expedición de la Ley que regula la distribución de competencias en materia televisiva como una cláusula preclusiva de la competencia del Legislador para la configuración política del servicio televisivo, en el sentido de que vencido el término el Congreso perdería la facultad de expedir esa ley, ello podría acarrear una incompatibilidad normativa con la facultad genérica de hacer las leyes que le confiere el artículo 150 de la Constitución Política al Congreso de la República, razón por la cual es preciso aplicar el principio de armonización para, mediante una interpretación sistemática, establecer el alcance de ese mandato sin lesionar la vigencia de la potestad de configuración del derecho del Congreso de la República.

     

    Bajo esa perspectiva, considera la Sala que un entendimiento adecuado del plazo impuesto al Congreso de la República por el artículo transitorio del Acto Legislativo 02 de 2011 debe efectuarse mediante una interpretación que tome en consideración la cláusula general de competencia del Congreso, así como los objetivos perseguidos por la reforma constitucional adelantada mediante el Acto Legislativo 02 de 2011.

     

    Como se expresó en los fundamentos de esta sentencia, en el orden constitucional colombiano corresponde al Legislador hacer las leyes, facultad que se proyecta tanto en los escenarios en los que existe una delegación expresa del Constituyente, como en todo ámbito susceptible de configuración política, siempre que se mantenga una relación de regularidad con las normas superiores de la Constitución (y la ley orgánica que se ocupa de la formación de las leyes),[1][24] y no se presenten restricciones irrazonables o desproporcionadas de los derechos fundamentales”

     

    (…)

     

    De la sola lectura de las decisiones normativas adoptadas por medio del Acto Legislativo 02 de 2011, se puede inferir que el propósito perseguido por el Constituyente Derivado fue el de mantener en el plano legal y reglamentario el manejo de la política televisiva. Y, desde esa perspectiva, el artículo 3º, al establecer un plazo para proferir la regulación pertinente, debe interpretarse como un mandato destinado a destacar la urgencia que tiene el desarrollo de esas políticas previa la distribución de competencias por parte del Congreso de la República.

     

    En consecuencia, el artículo transitorio no puede interpretarse de una manera que comporte la clausura de la competencia del Congreso en materia televisiva, en caso de que la Ley no hubiera sido expedida en el término estipulado, sino como el interés planteado porque la Ley fuera expedida en la legislatura siguiente a la expedición del Acto Legislativo, tal como ocurrió en este caso.

     

    Adjuntamos la sentencia en cuestión para su estudio y conocimiento.

     

    Cordialmente

     

    ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS

     

    Socio

     

    DEVIS GRANADOS & ABOGADOS ASOCIADOS SAS

     

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