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SENTENCIAS CONSEJO Y TRIBUNAL ANDINO

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  • HERNANDO HERRERA
    Apreciados doctores, Les remito a continuación unas muy recientes y novedosas sentencias del Consejo de Estado, por medio de las cuales se adoptaron
    Message 1 of 1 , Aug 21 6:10 PM

    Apreciados doctores,

     

    Les remito a continuación unas muy recientes y novedosas sentencias del Consejo de Estado, por medio de las cuales se adoptaron decisiones definitivas en relación con el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ordenaba “dejar sin efectos” las sentencias que resolvieron los recursos de anulación contra los laudos que dirimieron las controversias surgidas entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y, respectivamente, los operadores COMCEL, OCCEL Y CELCARIBE (cada una de 119 hojas). Como observaran en su contenido, mediante estos fallos se dejó sin efecto las sentencias que declararon infundados los recursos de anulación y, a la vez, se declaró la nulidad de los laudos arbitrales.

     

    De trascendencia para el tema arbitral, la conclusión a la que arriba el Consejo, en cuanto a la determinación de que la inobservancia de la obligación impuesta por el Derecho Comunitario Andino de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad la Interpretación Prejudicial de normas comunitarias, por parte de jueces o árbitros, configura una causal de anulación.

     

    Al respecto es de recordar que la ETB había promovido acción de incumplimiento contra la República de Colombia, ante Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, alegando que tanto en el trámite del tribunal arbitral como de la anulación se obviaron normas andinas de procedimiento. En particular, la interpretación prejudicial, para el caso concreto, del artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Normas que regulan el comercio de servicios de telecomunicaciones).

     

    También conviene tener presente, que sobre la materia el referido Tribunal de Justicia concluyó que el Consejo de Estado, al analizar la nulidad de los laudos arbitrales debió actuar como un verdadero juez comunitario, es decir, debía velar por la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario andino y solicitarle al mencionado Tribunal de Justicia la interpretación prejudicial. Por tanto, según señaló tan organismo, la omisión del Consejo por no solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial al verificar que tampoco no había solicitado dicha interpretación en el proceso arbitral, “se constituía en un incumplimiento de la norma comunitaria por parte de la República de Colombia”.

     

    Al pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de Justicia, el Consejo abordó varios problemas jurídicos con el fin de establecer el grado de obligatoriedad de las disposiciones del Derecho Comunitario Andino y de las decisiones adoptadas por los órganos comunitarios; para luego, establecer, a partir de la regulación normativa interna colombiana en punto del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales, la forma en que dicha reglamentación debe armonizarse con tal normatividad supranacional para efectos de resolver el caso el sub lite.

     

    En este orden de ideas, manifestó la Sección Tercera, que la inobservancia de la obligación impuesta por el Derecho Comunitario Andino de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad la Interpretación Prejudicial de normas comunitarias aplicables a un caso, configura una causal de anulación.

     

    Sobre el particular expresa el Consejo de Estado, que los Tribunales de Arbitramento “que profieren sus decisiones en derecho, tienen la obligación, con el propósito de garantizar la eficacia y la aplicación uniforme del Derecho Comunitario Andino, de solicitar al TJCA la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto que se hubiere sometido al conocimiento y decisión del respectivo Juez o Tribunal, por manera que el incumplimiento de dicha exigencia del derecho comunitario andino, por parte del respectivo Tribunal de Arbitramento, constituye un yerro procedimental que afecta la validez del laudo correspondiente y abre las puertas a su declaratoria de nulidad”.

     

    Y añade esta corporación, “por consiguiente, al catálogo de causales en las cuales puede sustentarse la formulación del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales debe añadirse aquella consistente en la omisión del deber de solicitar la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso, por parte del Tribunal de Arbitramento que tenga conocimiento del mismo.”

     

    Otro asunto de alguna significación, es lo atinente al análisis del Consejo con relación a los gastos de funcionamiento del Tribunal de Arbitramento incluidos los honorarios de los árbitros, configurada la referida causal de anulación que se aplicó en este caso. Al respecto se expone que como tanto el ordenamiento andino como el interno no tienen prevista la consecuencia de perdida de honorarios para los eventos en los cuales se presenta dicha causal de anulación, y como a ese respecto las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina nada manifestaron, ellos no son afectados.

     

    Por último, en torno a las condenas impuestas en los laudos anulados, el Consejo de Estado ordenó lo siguiente: “Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del laudo y para evitar la consolidación de algún tipo de enriquecimiento sin causa en favor de alguna de las partes involucradas en el proceso arbitral respectivo, en el presente pronunciamiento se dispondrá la restitución, debidamente indexadas - entre la fecha del pago y la de su efectiva devolución- de conformidad con las fórmulas acogidas para tal efecto por la jurisprudencia del Consejo de Estado, de las sumas de dinero que hubiere pagado la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., al operador celular, en cumplimiento del laudo arbitral cuya nulidad aquí se declara.”


    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado

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