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Sentencia C-170 de 2012 Acto legislativo 2 de 2011

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  • Isaac Devis
    Apreciados Clientes y Amigos Estamos remitiendo la sentencia C-170 de 2012, por la cual la H. Corte Constitucional declara la constitucionalidad del Acto
    Message 1 of 1 , Jul 27, 2012

     

    Apreciados Clientes y Amigos

     

    Estamos remitiendo la sentencia C-170 de 2012, por la cual la H. Corte Constitucional declara la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2011“Por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia” y que sirvió de soporte para la supresión definitiva de la tristemente célebre Comisión Nacional de Televisión.

     

    Dentro de esta importante sentencia, la Corte Constitucional realiza muy importantes precisiones sobre el poder del Congreso al reformar la Carta Política, al  advertir que:  “Los artículos 241-1 y 379 superiores fijan el marco normativo para el control de los actos reformatorios de la Constitución, que en términos generales está circunscrito a los posibles vicios en el proceso de su formación[1][11]. Al analizar el alcance de dichas normas, la Corte ha venido explicando que uno de los vicios de formación tiene lugar cuando el órgano que pretende reformar la Constitución carece de competencia para hacerlo o excede las atribuciones que le han sido otorgadas. Así ocurre, por ejemplo, cuando so pretexto de “reformar”, “revisar” o “modificar” la Constitución, el Congreso de la República, actuando como órgano constituido o derivado, la “subvierte”, “destruye”, “sustituye” o “reemplaza” por otra completamente distinta.”  Para continuar indicando que: “En síntesis, los precedentes jurisprudenciales referidos ilustran cómo en numerosas ocasiones esta Corporación ha reafirmado la tesis de los límites al poder de enmienda constitucional. En algunas casos ha proferido fallos inhibitorios cuando las demandas plantean cargos deficientes por vicios de sustitución[2][14]; en otros ha avalado las modificaciones introducidas, luego de constatar que no se reemplazan pilares fundamentales de la Constitución ni se afecta su esencia[3][15]; y sólo de manera verdaderamente excepcional ha declarado la invalidez de algunas reformas, cuando constata que se altera de forma grave la estructura básica de la Constitución, de modo que se sustituye por otra distinta e incompatible con aquélla. De hecho, únicamente en cuatro (4) eventos ha declarado inexequibles actos reformatorios o proyectos de enmienda constitucional por considerar que el Congreso ha excedido su competencia, presupuesto inexcusable para validar el proceso de formación de dichos actos[4][16].”

     

    Ahora bien, refiriéndose puntualmente a la constitucionalidad de la supresión de la CNTV vía la derogatoria del Art. 76 de la C.P y la modificación del 77 de la Carta, la Corte indicó que: la Corte disiente radicalmente de esta postura y considera que aún cuando efectivamente el sistema de frenos y contrapesos, la garantía de realización de los derechos y el carácter democrático y pluralista del Estado son, como se ha visto, elementos estructurales de la Constitución, de ellos no se deriva que para su vigencia sea imprescindible la existencia de una entidad con autonomía administrativa, patrimonial y técnica encargada de regular la televisión, y menos aún que al eliminarse su naturaleza constitucional la Carta Política de 1991 pierda su esencia para transformarse en una completamente diferente. Por el contrario, observa la Sala que se está ante un buen ejemplo de lo que NO puede ser catalogado como un eje estructural o fundamental de la Constitución.” Indicando también, con muy buen criterio que: “Adicionalmente, la Corte observa que en el constitucionalismo colombiano no ha sido una tradición la presencia de una entidad de esa naturaleza, ni advierte elementos empíricos que demuestren que ha sido una institución de profundo arraigo en la sociedad colombiana. Se trató, más bien, de un ejercicio exploratorio del Constituyente de 1991, concebido con la fundada esperanza de que el servicio público de televisión estuviera blindado de indebidas presiones externas por parte de sectores económicos, políticos y especialmente del Ejecutivo, pero cuya regulación específica y diseño institucional, como se verá luego, se confió en todo caso al Legislador.”

     

    Y en un punto vital, la sentencia aclara el sometimiento de este tipo de organismos (como la extinta CNTV) al legislador, cuando indica que: “Ahora bien, en el diseño acogido en la Carta Política de 1991 la actividad del órgano rector de la televisión no corresponde a una función constitucional autónoma que pueda ejercerse al margen de la intervención directa del Legislador, como ocurre con otras instituciones del Estado a las cuales el Constituyente sí asignó funciones autónomas y concretas claramente definidas” para rematar informando, con  toda razón que: “Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que la Constitución de 1991 reconoció la autonomía del órgano encargado de regular el servicio público de televisión. Fue esta una “garantía institucional” diseñada para sustraer dicho servicio de los vaivenes de la política, de los intereses económicos y alejarlo de la influencia del Ejecutivo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con otras entidades del Estado, en su diseño institucional el Constituyente no le asignó funciones específicas y concretas que pudieren ejercerse al margen de la regulación adoptada por el Legislador. En efecto: (i) el Constituyente prefirió que fuera el Congreso de la República el encargado de definir sus contornos, para lo cual le asignó la misión de trazar la política en materia de televisión y lo concerniente a la organización y funcionamiento del organismo rector; (ii) la autonomía reconocida fue de naturaleza administrativa, patrimonial y técnica, frente a las demás autoridades administrativas del Estado, desligándose como entidad adscrita o vinculada a otro órgano del sector central, pero cuyas funciones -esencialmente de ejecución y desarrollo- fueron supeditadas a la política trazada por el Legislador; (iii) se mantuvo el deber de colaboración armónica, de modo que sus funciones se desarrollarían de manera coordinada con las demás entidades del Estado, sujetas en todo caso a los lineamientos previstos en la Ley; (iv) fue una autonomía restringida, en tanto estuvo circunscrita al servicio público de televisión cuando se utiliza el espectro electromagnético, de manera que no comprendió otros medios de comunicación ni otros canales informáticos o tecnológicos;”

     

    Cordialmente

     

    ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS

     

    Socio

     

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    [1][11] “Artículo 241.- A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 1.- Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación (…)”.

    “Artículo 379.- Los actos legislativos, la convocación a un referendo, la consulta popular o el acto mediante el cual se convoca a una asamblea constituyente sólo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título [Título XIII, de la reforma de la Constitución]”.

     

    [2][14] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-1200 de 2003, C-572 de 2004, C-888 de 2004, C-1124 de 2004, A-063 de 2005, A-073 de 2005, C-181 de 2006, C-472 de 2006, C-740 de 2006, A-262 de 2006, A-283 de 2006, C-986 de 2006, C-178 de 2007, C-216 de 2007, C-293 de 2007, C-153 de 2007, C-427 de 2008, C-1058 de 2008, C-574 de 2011, entre otras.

    [3][15] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-970 de 2004, C-971 de 2004, C-1040 de 2005, C-757 de 2008, C-303 de 2010, entre otras.

    [4][16] Corte Constitucional, Sentencias C-551 de 2003, C-1040 de 2005, C-588 de 2009 y C-141 de 2010.

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