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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: Por considerarlo de mucho interés en materia arbitral,  al presente acompaño el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
    Message 1 of 1 , May 30, 2012
    Apreciados señores:

    Por considerarlo de mucho interés en materia arbitral,  al presente acompaño el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina  del 26 de agosto de 2011 en la acción de incumplimiento iniciada por la ETB contra la República de Colombia, Sección Tercera del Consejo de Estado.

    La sentencia resuelve que  procede la demanda  contra la Republica de Colombia a  través  de  la  Sección  Tercera  del  Consejo  de  Estado,  por  no  haber  solicitado  oportunamente  interpretación  prejudicial  dentro  del  proceso  de anulación de tres (03) laudos arbitrales.
     
    En esta sentencia hay dos grandes aspectos que merecen destacarse : a) de una parte que el Tribunal concluye que los tribunales arbitrales son jueces nacionales y deben solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal Andino en los casos en que deban aplicarse o se controviertan normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, y b) que por otro lado, el Consejo de Estado también debe solicitar la interpretación prejudicial cuando conozca de un recurso de anulación.

    Por lo que se refiere a los tribunales arbitrales, el Tribunal expresa:

    “Por  lo  tanto,  si  los  árbitros  tienen  funciones  jurisdiccionales  y  actúan  en  última instancia y no dependen de los jueces nacionales; para los efectos de  la  norma  comunitaria  actúan  como  jueces  nacionales,  es  decir,  de  acuerdo  con  la  interpretación  extensiva  están  incluidos  dentro  del  concepto  de  juez  nacional  los  árbitros  que  deciden  en  derecho,  luego,  deben  solicitar    la interpretación  prejudicial  al  Tribunal  de  Justicia de  la  Comunidad  Andina  de  manera  directa,  sin  que  sea  necesaria  la  participación  o  mediación  de  organismos judiciales.

    “…
    “Por ello, teniendo el árbitro las mismas facultades que el Juez, otorgadas al  primero por las partes en el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad y al  segundo  por  el  Estado,  se  puede  concluir  que  los  árbitros  en  derecho  también  están  facultados  para  formular  solicitudes  de  interpretación  prejudicial de manera directa, como ya se expuso.”
    En otro aparte de su sentencia el Tribunal expresa que los “temas  de  interconexión  y  del  Proceso  de  Integración  y  Liberalización  del  Comercio  de  Servicios  de  Telecomunicaciones,  se  encuentran  reglados  dentro  del  Ordenamiento  Jurídico  de  la  Comunidad  Andina  y  constituyen  normas  supranacionales,  de  efecto  directo  y  de  aplicación  inmediata  que  prevalecen  sobre  cualquier  normativa  nacional,  razón  por  la  cual  dichas  normas debieron aplicarse por el Tribunal Arbitral para la resolución de fondo   del  proceso  interno,  solicitando  la  interpretación prejudicial  al  Tribunal  Comunitario, …”
    Por otra parte, en relación con el Consejo de Estado, el Tribunal  considera  que  “que  el  Consejo de Estado de la República de Colombia, al analizar la nulidad de los  laudos arbitrales debió actuar como un verdadero juez comunitario, es decir,  ha  debido  velar  por  la  validez  y  la  eficacia  del  ordenamiento  jurídico  comunitario  andino  y  solicitarle  al  Tribunal  de  Justicia  de  la  Comunidad  la  interpretación  prejudicial  en  relación  con  dos  temas fundamentales:   

    “1.    Si el Tribunal de Arbitramento, al conocer la controversia y advertir de  la  existencia  de  normas  comunitarias  aplicables  a  los  casos  en  cuestión  (de  oficio  o  a  pedido  de  parte),    debió  solicitar  la  interpretación  prejudicial  al  Tribunal  de  Justicia  de  la  Comunidad  Andina,  para  resolver  los  laudos  arbitrales  y  así  agotar  el  debido proceso.

    “2.    Si  la  falta  de  solicitud  de  interpretación  prejudicial  por  parte  del  Tribunal  Arbitral,  generaría  una  nulidad  procesal, por  vulneración  al  debido proceso.”

    Agregó el Tribunal que “ el  juez  nacional  debe  garantizar  que  todos  los  operadores  jurídicos  nacionales  cumplan  en  debida  forma  el  orden  comunitario  y,  para  ello, se encuentran investidos de todas las prerrogativas que pudieran darse  para  cumplir  dicha  labor.  En  el  caso  concreto,  no  sólo  bastaba  que  el  Consejo de Estado argumentara que las causales de nulidad son taxativas y  que su función tiene como límite dichas normas, sino que con base en toda la  carga que proviene del orden supranacional comunitario hiciera evidente que  en  el  proceso  arbitral  era  necesario  y  obligatorio  la  solicitud  de  la  interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya  que  de  lo  contrario,  existirían  operadores  jurídicos  con  funciones  judiciales  aplicando el derecho comunitario sin contar con la interpretación del Tribunal  Comunitario, lo que sin duda alguna afectaría la validez y eficacia del orden  supranacional.” 

    En relación con lo anterior es interesante destacar que la Corte Europea  en el caso Nordsee v Reederei Mond en 1982 había señalado que los tribunales arbitrales no constituían una corte o tribunal arbitral de un estado miembro para efectos de  solicitar una interpretación prejudicial de las normas europeas por parte de la Corte.

    Por otra parte,  en el caso  Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV del 1 de junio de 1999 el Tribunal Europeo determinó que cuando se solicita la anulación de un laudo por violación del orden público, los jueces estatales deben decidir la anulación cuando se infringen normas como el artículo 85 del Tratado de Roma.
     
    Cordialmente,

    Juan Pablo Cárdenas Mejía
     
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