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Fw: COMUNICADO DE PRENSA : << No. 18 de 09 de mayo de 2012 >>

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: Para los que no lo conocen, acompaño el comunicado de la Corte Constitucional en el cual se hace referencia a la sentencia que pronunció
    Message 1 of 1 , May 14 12:36 PM
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      Apreciados señores:

      Para los que no lo conocen, acompaño el comunicado de la Corte Constitucional en el cual se hace referencia a la sentencia que pronunció sobre una serie de aspectos relativos al arbitraje.

      A tal efecto, es de destacar que la Corte reconoce la constitucionalidad del arbitraje obligatorio en los conflictos colectivos de trabajo, pues señala que el artículo 116 de la C.P.  " no se trata de una regla que implique la inconstitucionalidad de cualquier modalidad de arbitramento obligatorio, sino como un mandato que debe ser ponderado de acuerdo con otros bienes constitucionalmente relevantes que estén en juego"

      Por otra parte la Corte Constitucionalmente declara inconstitucional el artículo 65 de la ley 143 en cuanto consagra un arbitraje obligatorio, pues considera que en este caso no hay razones de pesos que justifiquen imponer esta obligación frente al artículo 116 de la Constitución Política.

      Adicionalmente, la Corte Constitucional declara exequible el arbitraje técnico señalado que la  referencia al arbitraje en derecho o en equidad del artículo 116 de la CP no excluye otras formas de arbitraje que pueda establecer el legislador.

      Finalmente, consideró la Corte que las normas sobre amigable composición no violan el artículo 116 de la Carta, pues los amigables componedores no administran justicia, sino se trata de un mecanismo contractual de solución de controversias.  Agregó que el documento de los amigables componedores "no tiene las calidades de una sentencia judicial, ya que no contiene resoluciones ni órdenes, sino que se convierte en un contrato adicional, modificatorio del contrato que dio origen a la discrepancia solucionada".

      ----- Forwarded Message -----
      From: Corte Constitucional de Colombia <correos@...>
      To: jpcm2001@...
      Sent: Monday, May 14, 2012 2:22 PM
      Subject: COMUNICADO DE PRENSA : << No. 18 de 09 de mayo de 2012 >>

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      Corte Constitucional
       
                COMUNICADO No. 18
                Mayo 9 de 2012
       
       
      Obligatoriedad del arbitramento para resolver conflictos colectivos de trabajo, cumple con finalidades legítimas desde la perspectiva constitucional. La amigable composición y arbitramento técnico son modalidades de solución de conflictos que corresponden a la potestad de configuración legislativa. Inconstitucionalidad del arbitramento obligatorio en los contratos de concesión, que requiere de la estipulación libre de las partes
       
      I. EXPEDIENTE D-8677 – SENTENCIA C-330/12
      M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
       
      1. Normas acusadas
                      Código Sustantivo del Trabajo (art. 432, parcial)
                      Ley 50 de 1990 (arts. 61 y 62, parciales)
                      Ley 584 de 2000 (arts. 18 y 19, parciales)
                      Ley 1210 de 2008 (art. 1º, parcial)
                      Ley 48 de 1968 (art. 3, num. 2 y 3)
                      Ley 143 de 1994 (art. 65, parcial)
                      Ley 446 de 1998 (arts. 111, parcial, 130, 131 y 132)
                      Decreto 2158 de 1948 (arts. 139, parcial y 143)
                      Decreto 2279 de 1989 (art. 46)
                      Ley 80 de 1993 (art. 74)
       
      2. Decisión
      Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo y la expresión “ambas partes solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento” contenida en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008. En consecuencia, declarar EXEQUIBLE los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000; el término “obligatorio” de los numerales 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 48 de 1968; las palabras “arbitramento obligatorio” del numeral 1 del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 143 del Decreto ley 2158 de 1948.
      Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994.
      Tercero.- Declarar EXEQUIBLE las frases “solicitud de arbitramento serán decididas” y “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas en los artículos 61 de la Ley 50 de 1990, el numeral 2 del artículo 61 de la misma ley y la expresión “si la mayoría absoluta” del artículo 18 de la Ley 584 de 2000.
      Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en la presente sentencia, la expresión “de carácter permanente” del artículo 139 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
      Quinto.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “o técnico” y la frase “[c]uando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico” comprendida en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 y los artículos 74 de la Ley 80 de 1991 y 46 del Decreto 2279 de 1989.
      Sexto.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998.
       
      3. Fundamentos de la decisión
      La Corte resolvió en este caso, seis cargos de inconstitucionalidad formulados contra distintas normas legales que regulan el establecimiento de tribunales de arbitramento en diversos campos. En primer lugar, el demandante cuestiona la obligatoriedad del arbitramento para resolver conflictos laborales, según lo dispuesto en el artículo 1º (parcial) de la Ley 1210 de 2008; literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000; los numerales 2 y 3 (parciales) del artículo 3º de la Ley 48 de 1968; el numeral 1 del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 143 del Decreto ley 2158 de 1948, toda vez que considera que estas disposiciones vulneran el artículo 116 de la Constitución, por desconocer el principio de voluntariedad del arbitramento. Como punto de partida para resolver este cargo, la Corte señaló que la voluntariedad en materia arbitral opera como un principio que caracteriza esta modalidad de mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero que por la misma razón, no se trata de una regla que implique la inconstitucionalidad de cualquier modalidad de arbitramento obligatorio, sino como un mandato que debe ser ponderado de acuerdo con otros bienes constitucionalmente relevantes que estén en juego. Es así como, el artículo 55 de la Carta indica claramente, que es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Igualmente, el artículo 56 constitucional contempla la existencia de una comisión permanente, integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, encargada de fomentar las buenas relaciones laborales, de contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y de la concertación de políticas salariales y laborales. De esto se desprende que la concertación pacífica de los conflictos laborales tiene relevancia constitucional, de manera tal, que en ciertos casos la voluntariedad del arbitramento debe ceder ante los especiales deberes estatales en la materia.
      Adicionalmente, la Corte advirtió que al deber estatal de promover la solución pacífica de los conflictos laborales se aúna la necesidad de preservar la empresa como una unidad productiva y generadora de empleo, cuya existencia se vería en riesgo de no preverse un mecanismo que pusiera fin a los conflictos laborales. Caso especial, lo constituyen los servicios públicos esenciales pues, precisamente, la prohibición prevista en el artículo 56 superior conlleva necesariamente el establecimiento de tribunales de arbitramento obligatorios, pues de otra manera los trabajadores no contarían con un mecanismo para lograr la concertación con los empleadores, al ser privados de uno de los instrumentos de negociación colectiva, cual es el ejercicio del derecho de huelga. Al mismo tiempo, la Corte sostuvo que la desigualdad estructural de las relaciones laborales y los principios constitucionales del derecho al trabajo también justifican la previsión de la obligatoriedad del arbitramento en materia laboral. En este sentido, el establecimiento de un mecanismo que equipare las relaciones entre capital y trabajo y la consecuente protección de los trabajadores, se compagina fielmente con los mandatos establecidos en el preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 39, 53, 54, 55, 56 y 64 superiores, que constituyen la Constitución del Trabajo y que propende hacia el establecimiento de relaciones laborales justas, mediante la eliminación de desequilibrio propios de éstas para así asegurar la vigencia y efectividad del principio de igualdad, la protección de ciertos sectores de la población que se encuentran en situación de debilidad, que son los trabajadores y un orden social y económico justo. A la vez, el Estado tiene el deber de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
      Para la Corte, se tiene entonces, que por existir finalidades constitucionalmente legítimas se justifica que en materia laboral, el principio de voluntariedad del arbitramento deba ceder en ciertos casos, por estar en juego bienes constitucionalmente relevantes y en consecuencia, procedió a declarar exequibles el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo y la expresión “ambas partes solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento” contenida en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008. Así mismo, declaró exequibles, los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000; el término “obligatorio” de los numerales 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 48 de 1968; las palabras “arbitramento obligatorio” del numeral 1 del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 143 del Decreto ley 2158 de 1948.
      En segundo lugar, a diferencia de las normas laborales analizadas anteriormente, la Corte encontró que el establecimiento del tribunal de arbitramento obligatorio que se impone en el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994, vulnera el artículo 116 de la Constitución, al desconocer el principio de voluntariedad en el arbitramento. Su finalidad es la de proteger los intereses económicos de alguna de las partes en el contrato de concesión, el cual puede ser considerado como un propósito constitucionalmente legítimo. Sin embargo, no es de tal entidad, que permita morigerar el principio de voluntariedad consagrado en artículo 116 constitucional. Aunque se podría argumentar que se trata de un propósito que no está prohibido en la Constitución y que la medida no resulta manifiestamente irrazonable para su consecución, ni supera la importancia del principio de voluntariedad en el arbitramento. Así, el principio de voluntariedad se debe emplear de manera estricta en los eventos en que sea el interés económico el que gobierna las actuaciones de las partes y de manera atenuada en el caso que se busque la protección de un interés superior. En este sentido, la voluntad de las partes es un requisito constitucional imperativo y un elemento medular para la configuración de un tribunal de arbitramento, pues la legitimidad de los árbitros se funda en la existencia de este concierto de voluntades entre las partes enfrentadas de sustraer la resolución de sus disputas del sistema estatal de administración de justicia y atribuirla a particulares. En el caso del inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994 obliga al concesionario o a la entidad concedente, que en el evento de no estar de acuerdo con el dictamen pericial emitido para evaluar el reconocimiento y pago de los bienes señalados en el contrato para tal fin, deba acudir a un tribunal de arbitramento. La Corte determinó que resulta contrario al principio de voluntariedad cualquier disposición que imponga a los particulares en determinados casos, la obligación de acudir al arbitraje, si no hay razones de peso que justifiquen tal obligación. De ahí que obligar a cualquiera de las partes del contrato de concesión a acudir a este mecanismo de solución de conflictos -salvo que así lo acuerden libremente las partes contratantes- cuando difieran en el dictamen pericial, vulnera el artículo 116 de la Constitución y por ende, el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994 fue declarado inexequible.
      En tercer lugar, la Corte consideró que la voluntad expresada en la mayoría absoluta de los trabajadores de una empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, de someter un conflicto colectivo de trabajo a la decisión de un tribunal de arbitramento, se ajusta perfectamente a la Constitución, en la medida en que refleja el principio democrático que debe orientar el funcionamiento de los sindicatos y las organizaciones sociales, de conformidad con el artículo 39 de la Carta. A su juicio, exigir que todos los trabajadores de una empresa avalen que el diferendo laboral sea sometido a la justicia arbitral, impediría la utilización de este mecanismo alternativo de solución de conflictos, pues es casi imposible en un organismo plural, como es una empresa, que todos los integrantes de ésta estén de acuerdo en una misma decisión. Aunado a lo anterior, el funcionamiento de los sindicatos y de las organizaciones sociales está sujeto a los principios democráticos, conforme al artículo 39 superior. Por consiguiente, fueron declaradas exequibles las frases “solicitud de arbitramento serán decididas” y “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas en los artículos 61 de la Ley 50 de 1990, el numeral 2 del artículo 61 de la misma ley y la expresión “si la mayoría absoluta” del artículo 18 de la Ley 584 de 2000.
      En cuarto lugar, la Corte advirtió que el artículo 116 de la Constitución establece que los “particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de […] árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho y en equidad, en los términos que determine la ley”. En virtud de este precepto, no es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores. Aunque en una primera lectura del artículo 139 del Código Procesal del Trabajo, pudiera pensarse que vulnera el artículo 116 de la Carta, por aludir a “tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente”, la Corte precisó que la permanencia se refiere a la posibilidad de que se solucionen todos los conflictos que surjan en el ámbito de una convención colectiva, por un tribunal de arbitramento que se designa para tal efecto, si así se solicita por las partes. Es decir, que la permanencia se predica de la designación de un tribunal de arbitramento disponible durante la vigencia de la convención colectiva, de manera que no haya que designar para cada caso un tribunal, sino que el conformado, siempre estará a disposición de las partes para la solución de tales conflictos, por el término que rija la respectiva convención, cuando así lo soliciten. Dictado el fallo correspondiente, cesa la función del tribunal. En estos términos, la expresión “de carácter permanente” del artículo 139 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, no contradice el artículo 116 de la Constitución y por consiguiente fue declarada exequible, frente al cargo examinado.
      En quinto lugar, la Corte señaló que cuando el artículo 116 de la Constitución establece que los árbitros pueden fallar en derecho o en equidad, no puede ser interpretado como una regla exceptiva que solo permita estas dos modalidades de arbitramento, pues tal entendimiento limitaría de manera excesiva el margen de configuración del legislador y la naturaleza de la Constitución como una norma abierta a la interpretación legislativa. Se trata, entonces, de una regla especial que hace referencia a dos modalidades de arbitramento, pero que no excluye que la ley establezca otras, como el arbitramento técnico previsto en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 y en los artículos 74 de la Ley 80 de 1993 y 46 del Decreto 2279 de 1989, el cual está a cargo de árbitros expertos en una determinada ciencia, arte u oficio, designados por las partes para resolver las diferencias de carácter exclusivamente técnico. En consecuencia, las expresiones acusadas de los mencionados artículos constituyen un desarrollo de la potestad legislativa que no contradice el artículo 116 de la Carta Política, de modo que el cargo de inconstitucionalidad esgrimido no estaba llamado a prosperar.
      Por último, en relación con el sexto cargo formulado contra la figura de la amigable composición regulada en los artículos 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998, la Corte Constitucional encontró que no desconoce el artículo 116 del Estatuto Superior. En efecto, la amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos de tipo eminentemente contractual, no procesal –como el arbitramento o la conciliación- que se conviene mediante un pacto o convenio para delegar en un tercero la solución de un conflicto que se plasma en un documento contractual en virtud del cual las partes asumen compromisos voluntarios, inmutables y vinculantes para ellas. En realidad, el pronunciamiento del amigable componedor consiste únicamente en un acuerdo contractual que fija los compromisos que asumen las partes voluntariamente, en virtud del mandato que le ha sido conferido para definir el conflicto surgido entre ellas, por lo que no es posible inferir que con este mecanismo de solución de conflictos se esté administrando justicia. En este sentido, el citado documento no tiene las calidades de una sentencia judicial, ya que no contiene resoluciones ni órdenes, sino que se convierte en un contrato adicional, modificatorio del contrato que dio origen a la discrepancia solucionada.
      En consecuencia, las actuaciones realizadas por los amigables componedores no corresponden a una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, pues al tenor de lo prescrito en el artículo 116 de la Constitución Política, dicha función se limita a las figuras procesales de la conciliación, el arbitramento y los jurados de conciencia. Por consiguiente, la Corte declaró exequibles los artículos 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998.
       
      4. Aclaración de voto
      El magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, se reservó la posibilidad de presentar una eventual aclaración de voto, relacionada con los fundamentos que justifican el establecimiento del arbitramento obligatorio para resolver conflictos colectivos del trabajo.
       
      El control de la explotación ilegal de minerales prevista en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, no requería de la realización de la consulta previa a las comunidades étnicas. Sin embargo, la derogatoria de las normas que permitían la legalización de la pequeña minería y de la minería tradicional si ha debido ser consultada a dichas comunidades, por afectarlas de manera directa
       
      II. EXPEDIENTE D-8779 – SENTENCIA C-331/12
      M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
       
      1. Normas acusadas
      LEY 1450 DE 2011
      (Junio 16)
      Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
       
      ARTÍCULO 106. CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES. A partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional.
      El incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal correspondiente y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
      Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la minería con minidragas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad minera.
      PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reorganizará los municipios verdaderamente explotadores de oro y tomará medidas para aquellos municipios que usurpan y cobran por conceptos de regalías en esta materia sin tener derechos por este concepto; igualmente aquellos excedentes que se demuestren del resultado del uso indebido de estas regalías serán utilizadas como indexación e indemnización a los municipios afectados por la minería ilegal de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.
      ARTÍCULO 276. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
      Con el fin de dar continuidad a los objetivos y metas de largo plazo planteados en los anteriores Planes de Desarrollo, se mantienen vigentes las siguientes disposiciones de la Ley 812 de 2003 los artículos, 20, 59, 61, 64, 65, 81 y 121; de la Ley 1151 de 2007 los artículos 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 39, 49, 50 excepto su tercer inciso, 62, 64, 67, los incisos primero y tercero del 69, 70, 71, 76, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 106, 110, 112, 115, 118, 121, 126, 127, inciso primero del 131, 138, 155 y 156, de la Ley 1151 de 2007. Ampliase hasta el 6 de agosto de 2012, las funciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 1350 de 2009.
      Deroga en especial el artículo 9o del Decreto 1300 del 29 de julio de 1932; los artículos 3o y 4o del Decreto 627 de 1974; 19 de la Ley 55 de 1985; 9o de la Ley 25 de 1990; elimínase la periodicidad de dos (2) años prevista en el artículo 2o de la Ley 1ª de 1991 para la presentación y aprobación de los Planes de Expansión Portuaria y en el artículo 15 de la Ley 105 de 1993 para la presentación y aprobación de los Planes de Expansión Vial, 21 de la Ley 160 de 1994; el inciso segundo del artículo 151 de la Ley 223 de 1995; el numeral 5 del artículo 2o de la Ley 549 de 1999; los artículos 2o, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley 590 de 2000; 10, 11 y el parágrafo del artículo 12 de la Ley 681 de 2001; parágrafo 3o del artículo 19 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 5o de la Ley 1383 de 2010; parágrafo 2o del artículo 7o de la Ley 872 de 2003; 26, inciso 2o del artículo 28 de la Ley 1150 de 2007; 32 y 33 de la Ley 1176 de 2007; artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 exceptuando su inciso segundo; parágrafo 2o del artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010 y el parágrafo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
      Deroga las Leyes 188 de 1995; 812 de 2003 y 1151 de 2007, a excepción de las disposiciones citadas en el segundo inciso del presente artículo.
      Del artículo 3o, literal a) numeral 5 de la Ley 1163 de 2007 la expresión “y cruces de información no sujeta a reserva legal de las bases de datos de la entidad” y del numeral 8 suprímase la expresión “Servicios de procesamiento, consulta de datos de identificación”.
      Suprímanse del artículo 424 del Estatuto Tributario los siguientes bienes, partida y subpartida arancelaria: 82.01 Layas, herramientas de mano agrícola y el inciso primero del parágrafo del artículo
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