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ANULACION CONSEJO

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  • HERNANDO HERRERA
    Apreciados doctores,   Les remito una muy reciente sentencia de anulación expedida por el Consejo de Estado, que sin duda será objeto de análisis y
    Message 1 of 1 , May 7, 2012
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    Apreciados doctores,

     

    Les remito una muy reciente sentencia de anulación expedida por el Consejo de Estado, que sin duda será objeto de análisis y discusión; y sobre la cual me privo de surtir comentarios positivos o negativos adicionales a la mera reseña que sigue, toda vez que soy conjuez de dicha institución, y creo de elemental elegancia jurídica, aunque no hice parte de la sala que la expidió, abstenerme de debatirla. Anticipo que el mayor punto de reflexión será el criterio jurisprudencial, según el cual, en los tribunales de arbitramento que se diriman diferencias derivadas de contratos regidos por la ley 80, sólo procede la prórroga por orden oficiosa del tribunal -siempre y cuando ello sea necesario para proferir el laudo correspondiente-, no resultando procedente ésta si las partes o sus apoderados lo solicitan.

     

    En este fallo se resolvió el recurso de anulación interpuesto por la UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES DE SANTA MARTA y por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA; la primera, con fundamento en la causal 5ª  del artículo 163 del Decreto 1818 de 1993 -esto es no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento-, y la segunda, con sustento en la causal 9ª del citado artículo -relacionada con haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga-. Sin embargo, como quiera que esta última causal condujo a la nulidad del laudo, se hizo improcedente, por sustracción de materia, considerar y resolver sobre una causal que como la 9ª hubiere llevado a la adición de la providencia arbitral.

     

    1. La primera consideración de la sentencia de anulación fue tener en cuenta la naturaleza jurídica de la convocada en el proceso arbitral, esto es de la Universidad del Magdalena, y como quiera que ésta es una entidad universitaria de carácter “estatal”, el arbitramento no podía ser sino legal. Señala al respecto el Consejo de Estado, que el artículo 6º de la Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, ordenó en su numeral 3º que “tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso”, precepto éste del que se infiere, contrario sensu, que en los procesos arbitrales en los que intervenga una entidad estatal sólo ha lugar el arbitramento legal, y por consiguiente es inadmisible el arbitraje institucional y el independiente.

     

    2. Cosa complementaria a lo anterior, era lo atinente a determinar la naturaleza del contrato, con el fin de discernir, cuál régimen legal resultaba aplicable al referido procedimiento arbitral. Al respecto el Consejo estimó, que según lo dispone la Ley 30 de 1992, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se rigen por las normas del derecho privado. En consecuencia, a los tribunales de arbitramento relacionados con contratos que tengan como marco el régimen privado no les son aplicables las normas que sobre arbitramento trae la Ley 80 de 1993, sino el procedimiento general de arbitraje.

     

    Para el Consejo, aplicar este criterio al contrato y a su trámite arbitral, reporta una especial trascendencia, atinente al término de duración del proceso, el origen y condiciones de las prórrogas y las suspensiones, entre otras materias. Y precisamente para efectos de exhibir de forma metodológica estos tópicos, me he permitido presentarlos bajo la siguiente taxonomía:

     

    3. DURACIÓN: Con relación al término de duración del proceso arbitral, el fallo establece lo siguiente, distinguiendo si el contrato se ejecuta por la Ley 80 de 1993 o el derecho privado. Señala entonces en el primer caso, “en los procedimientos arbitrales adelantados para resolver diferencias derivadas de los contratos regidos por la Ley 80, el término de duración del proceso arbitral es el que las partes hayan acordado y a falta de convenio sobre éste punto, el término es el legalmente establecido, esto es el de 6 meses.” Por el contrario, anota el fallo, “en los procedimientos arbitrales que se adelanten para dirimir diferencias derivadas de los contratos regidos por el derecho privado se aplica por entero el artículo 103 del la Ley 23 de 1991 y por consiguiente el término de duración del proceso arbitral puede prorrogarse una o varias veces sin que el total de estas exceda de 6 meses”.

     

    4. PRÓRROGAS: En cuanto éste aspecto, según el pronunciamiento bajo reseña se dice lo siguiente: “en los procedimientos arbitrales que se adelanten para dirimir diferencias derivadas de contratos que se rijan exclusivamente por el derecho privado” -a la luz del artículo 103 del la Ley 23 de 1991-, “las prórrogas pueden ser hasta por un total de 6 meses pero no pueden ser ordenadas de oficio por el tribunal, mientras que en los procedimientos arbitrales que se adelanten para dirimir diferencias derivadas de los contratos que se rijan por la Ley 80 de 1993 la prórroga puede ser hasta por la mitad del término inicialmente acordado o del legalmente establecido y puede ser ordenada de oficio por el Tribunal”, condicionada a que la ampliación fuere necesaria para la producción del laudo respectivo.

     

    Por consiguiente, se deduce una diferencia fundamental consistente en que a la luz de la Ley 23 de 1991 –régimen general arbitral-, los árbitros no pueden prorrogar oficiosamente el término de duración del tribunal de arbitramento mientras que de conformidad con la Ley 80 de 1993 sí pueden hacerlo.

     

    Sin embargo, el análisis de este punto deriva para la sentencia en una importante consecuencia a tener en cuenta para evitar futuras nulidades en casos similares al analizado. Se señala que, en los procedimientos arbitrales que se adelanten para dirimir diferencias derivadas de los contratos regidos por la Ley 80, la prórroga no puede ser concedida a solicitud de las partes o de sus apoderados, aunque estén facultados para ello. Al respecto dice la aludida sentencia: “a esta conclusión se llega si se tiene en cuenta, de un lado, que el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 no prevé expresamente la ampliación del término a solicitud de las partes o de sus apoderados y que, de otro lado, “las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. Y lo que se acaba de concluir se refuerza si además se considera que la ley no le concedió expresamente a las partes en estos casos la posibilidad de pedir la ampliación del término de duración, a no dudarlo, por la necesidad de resolver cuanto antes el conflicto pues la prestación del servicio público y la satisfacción del interés general que envuelven los contratos estatales así lo exigen y lo imponen.”

     

    Lo anterior, como se rescata en otro aparte de esta sentencia, implica ni más ni menos que en los procedimientos arbitrales que se adelanten para dirimir diferencias derivadas de los contratos regidos por la ley 80, la prórroga sólo procede por orden oficiosa del tribunal -siempre y cuando ello sea necesario para proferir el laudo correspondiente-, expresándose también por la aludida jurisprudencia: “lo que en otros términos significa que no resulta procedente la prórroga si las partes o sus apoderados lo solicitan.”

     

    Y esta fue fundamentalmente la razón para declarar la nulidad del laudo, ya que como el procedimiento a seguir era exclusivamente el del derecho privado sin que hubiera lugar para las disposiciones arbitrales que prevé la Ley 80 de 1993, se sigue que en cuanto a las prórrogas del término de duración del proceso era aplicable lo consagrado en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, es decir que el término de duración del proceso arbitral podía prorrogarse una o varias veces sin que el total de esas prórrogas excediera de 6 meses pero éstas sólo podían ordenarse a solicitud de las partes o de sus apoderados facultados para ello. En otras palabras, en el proceso arbitral cuyo laudo se enjuicia por la vía del recurso de anulación, el Tribunal no podía oficiosamente ampliar su término de duración pues esta facultad sólo la podía tener en el caso de que fuera aplicable el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, lo que no ocurría por tratarse de diferencias derivadas de un contrato que se rige por el derecho privado y no por estatuto contractual del estado.

     

    5. SUSPENSIONES: En cuanto este tema, el fallo trae a colación que el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 prevé que si las partes no señalan término para la duración del arbitramento, éste será de 6 meses que se cuentan a partir de la primera audiencia de trámite pero deben adicionarse los días que por causas legales se suspenda o se interrumpa el proceso. Sobre el particular añade, que los artículos 168 y 170, entre otros, prevén las causales de interrupción y de suspensión del proceso, pero sin que figure entre las unas o las otras que el juez por causas diferentes a las allí consignadas pueda tenerlo por interrumpido o que pueda ordenar oficiosamente su suspensión.

     

    En tal caso se dice que si bien el numeral 3º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil permite que el juez ordene la suspensión del proceso por un tiempo determinado si las partes lo solicitan de común acuerdo, el juez no puede oficiosamente dar tal orden y mucho menos por causas no previstas.

     

    Por consiguiente, si se suspende el proceso oficiosamente o por una causa que no está legalmente prevista, “se tiene por no realizada por ser ineficaz de pleno derecho, el trámite procesal habrá continuado su curso de todas maneras y con él habrán corrido los respectivos términos previstos en la ley.”

     

    Entonces, como el Tribunal además de prorrogar indebidamente el término de duración del proceso, suspendió de oficio el trámite procesal en varias ocasiones por causas no contempladas en la ley, sin que pudiera hacerlo de ésta manera y por los motivos atrás explicados, se anuló el laudo arbitral.

     

    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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