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Fw: [InfosecretarialCAC] Sentencia T - 511 de 2011

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    ... From: Lombana, Juan To: InfosecretarialCAC@yahoogroups.com; Fabricio Mantilla Sent: Tuesday,
    Message 1 of 2 , Feb 29, 2012
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    From: "Lombana, Juan" <jlombana@...>
    To: InfosecretarialCAC@yahoogroups.com; Fabricio Mantilla <fabricio_mantilla@...>
    Sent: Tuesday, February 28, 2012 12:14 PM
    Subject: [InfosecretarialCAC] Sentencia T - 511 de 2011

    Fabricio,
     
    Por considerarlo de interés para el grupo envío adjunto la sentencia T – 511 de 2011 proferida por la Corte Constitucional. Se trata de una decisión interesante en la que la Corte revoca la sentencia de diciembre 2 de 2010 proferida por la Sección 5ª del Consejo de Estado y deja sin efectos el fallo proferido en marzo 17 de 2010 por la sección tercera del Consejo de Estado (anulación) mediante la cual se había declarado la inexistencia jurídica del laudo arbitral que dirimió las controversias entre la UNION TEMPORAL MAVIG – DEPROCON y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, con fundamento en que el pacto arbitral que sirvió de base para la convocatoria y trámite del arbitraje era inexistente. EL pacto arbitral según el Consejo de Estado no contenía una decisión clara, inequívoca y vinculante de someter las diferencias al arbitraje y tenía ciertos defectos en su redacción.
     
    La parte convocada en la formulación del recurso de anulación había sostenido que el laudo arbitral debía anularse por cuanto la decisión había recaído sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros. El Consejo de Estado, en la sentencia de 17 de marzo de 2010 que declaró la inexistencia del pacto arbitral sostuvo que la cláusula compromisoria relativa al contrato que desencadenó la controversia no consignaba  “la decisión clara, inequívoca y vinculante de someter las diferencias que surjan entre los contratantes al juzgamiento de un Tribunal de Arbitramento” carecía de objeto, y en consecuencia, faltaba uno de los elementos esenciales requeridos por la ley sustancial para su surgimiento a la vida jurídica. El órgano máximo de la jurisdicción contencioso administrativa explicó que la estipulación contractual apenas “se limitaba a prever que en el futuro, cuando se presenten o configuren diferencias insalvables, las partes “acudirán de mutuo acuerdo al arbitraje…”.
     
    Frente a la decisión del Consejo de Estado de declarar la inexistencia del laudo arbitral y de la cláusula se presentó acción de tutela por la UNIÓN TEMPORAL MAVIG – DEPROCON. La Unión Temporal sostuvo que la decisión del Consejo de Estado vulneraba el derecho al debido proceso por cuanto se había incurrido en la sentencia objeto de tutela en (i) un defecto orgánico por haberse declarado la inexistencia jurídica de la cláusula compromisoria sin que ello hubiese sido alegado y estuviese contemplado como una de las causales legales de procedencia del recurso de anulación y en (ii) un defecto sustantivo por haber hecho una interpretación y aplicación contra evidente de las normas sustanciales relativas a los elementos del contrato de arbitraje al concluir que la cláusula compromisoria carecía de claridad , precisión y determinación concreta y específica.
     
    La Corte, luego de hacer un análisis del pacto arbitral como manifestación del principio de la voluntad y de hacer un análisis de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostiene que el Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo por interpretación defectuosa de las disposiciones legales que regulan lo relativo a los elementos del pacto arbitral, negando injustificadamente el derecho fundamental del acceso a la justicia de las partes por varias razones:
     
    (i)                 En primer lugar la Corte encuentra que el Consejo de Estado declaró la inexistencia del pacto arbitral verificando la ausencia de elementos diferentes a los establecidos en el artículo 117 Del Decreto 1818 de 1998, pues esta norma según la Corte no establece como elementos esenciales del pacto arbitral la “claridad o determinación concreta y específica de los MASCS que debían aplicarse”, que fueron precisamente los argumentos sostenidos por el Consejo de Estado para declarar la inexistencia del pacto. Para la Corte, “si bien la estipulación objeto de debate enunciaba no sólo al arbitramento, sino también a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos como instrumentos para dirimir las divergencias que surgieran a raíz del contrato, la falta de definición del orden en el cual debían emplearse, o el momento en que debían operar pueden entenderse como circunstancias que impidieran entender que los contratantes deseaban, con toda certeza, solucionar sus disputas a través de ellos. En realidad, lo que en esencia indicaba dicho pacto era la obligación de realizar un acercamiento directo antes de acudir a un tercero para dirimir la controversia. (…) En consecuencia, la Sala debe concluir que el Consejo de Estado, al exigir absoluta precisión y claridad sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que debía operar la habilitación de los árbitros como requisito para la existencia de la cláusula compromisoria, incurrió en un defecto sustantivo, ya que, conforme a la normativa vigente, basta que el pacto arbitral contenga la intención de acudir al arbitraje para solucionar una determinada controversia.
     
    (ii)               En segundo lugar la Corte encuentra que el defecto sustantivo se configura porque el Consejo de Estado, al declarar la inexistencia del pacto arbitral, desconoció injustificadamente los principios de interpretación de los negocios jurídicos. La Corte sostiene que como cualquier contrato o negocio jurídico, el pacto arbitral debe analizarse a la luz de las reglas de interpretación de los contratos. En el caso concreto, la expresión contenida en la cláusula compromisoria revisada, que tan solo hacía referencia a que las partes “acudirían de mutuo acuerdo al arbitramento”, no suponía que en el futuro las partes debieran expresar nuevamente su voluntad de acudir al arbitraje si surgía una diferencia, sino que dicha expresión, debía ser interpretada como el deseo claro e inequívoco de las partes de acudir al Arbitraje. La Corte encuentra que la interpretación del Consejo de Estado privó de un efecto útil a la cláusula compromisoria “…, al razonar que la expresión “acudirán de mutuo acuerdo al arbitramento” suponía que era indispensable que las partes expresaran posteriormente su aquiescencia de someterse a la decisión de someterse a un Tribunal Arbitral una vez las diferencias de carácter “insalvable” se presentaran, privó de un “efecto útil” a la cláusula vigésimo cuarta del contrato objeto del litigio. La intención de los contratantes al consignar dicho pacto no se limitaba a reproducir una prerrogativa constitucional y legal que cualquier persona cuenta para resolver sus conflictos de carácter transigible – como lo es acudir a los métodos alternativos de solución de conflictos – sino que en realidad aludía al deseo claro e inequívoco de dirimir las diferencias que se presentaran en la celebración y ejecución del contrato a través del arbitramento. Sostener que la referida cláusula exigía que las partes prestaran nuevamente su consentimiento para acudir al arbitraje la reduce a la inutilidad, lo cual pugna flagrantemente con la intención de las partes de dejar de antemano, en forma expresa y por escrito, la posibilidad de someterse a un tribunal de tal naturaleza”.
     
    (iii)             Finalmente, la Corte encuentra que el Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo al haber inadvertido injustificadamente que la voluntad de las partes de acudir al arbitraje estaba contenida también en diversas pruebas documentales incorporadas al expediente.
     
    Bajo las consideraciones mencionadas la Corte encuentra que se configuró el defecto sustantivo y apunta que, “a pesar de las –eventuales- deficiencias de redacción y precisión de la cláusula, lo cierto es que a la luz de principios de hermenéutica contractual y de la conducta desplegada por las partes, se contaba con los elementos de juicio suficientes para acreditar, en grado de certeza, la voluntad libre e inequívoca de las partes de someterse a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, de manera que la cláusula sí cumplía los requisitos para nacer a la vida jurídica y tener plenos efectos, como finalmente ocurrió”.
     
    La Corte encuentra necesario para proteger los derechos fundamentales y evitar traumatismos, entrar a estudiar los cargos formulados en el recurso de anulación que es lo que debía hacer el Consejo de Estado una vez definido que la cláusula compromisoria sí existía, y procede a declarar que ninguno de los cargos contra el laudo proceda y en consecuencia declara el recurso de anulación infundado.
     
    Saludos
    JSL
     
     Juan Sebastián Lombana Sierra.
    Asesor Legal/Legal Advisor
    Talisman Colombia Oil & Gas Ltd.| Dir: Carrera 7 No. 77 – 07, P. 12 | Tel: 57-1-6464210| ext.4251
     jlombana@...
     


  • patricia zuleta garcia
    Gracias, muy oportuna!!!! PATRICIA ZULETA TR 6 No. 27-10 OF 302 Edificio Antares Tels: 2846187-2865241 Cel: 315-3965042 ________________________________ De:
    Message 2 of 2 , Feb 29, 2012
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      Gracias, muy oportuna!!!!


      PATRICIA ZULETA
      TR 6 No. 27-10 OF 302
      Edificio Antares
      Tels: 2846187-2865241
      Cel: 315-3965042

      De: comite_colombiano_de_arbitraje@yahoogroups.com [comite_colombiano_de_arbitraje@yahoogroups.com] En nombre de JUAN PABLO CARDENAS [jpcm2001@...]
      Enviado el: miércoles, 29 de febrero de 2012 10:10 a.m.
      Para: Comité Colombiano de Arbitraje
      Asunto: [comite_colombiano_de_arbitraje] Fw: [InfosecretarialCAC] Sentencia T - 511 de 2011 [1 Attachment]

       
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      From: "Lombana, Juan" <jlombana@...>
      To: InfosecretarialCAC@yahoogroups.com; Fabricio Mantilla <fabricio_mantilla@...>
      Sent: Tuesday, February 28, 2012 12:14 PM
      Subject: [InfosecretarialCAC] Sentencia T - 511 de 2011

      Fabricio,
       
      Por considerarlo de interés para el grupo envío adjunto la sentencia T – 511 de 2011 proferida por la Corte Constitucional. Se trata de una decisión interesante en la que la Corte revoca la sentencia de diciembre 2 de 2010 proferida por la Sección 5ª del Consejo de Estado y deja sin efectos el fallo proferido en marzo 17 de 2010 por la sección tercera del Consejo de Estado (anulación) mediante la cual se había declarado la inexistencia jurídica del laudo arbitral que dirimió las controversias entre la UNION TEMPORAL MAVIG – DEPROCON y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, con fundamento en que el pacto arbitral que sirvió de base para la convocatoria y trámite del arbitraje era inexistente. EL pacto arbitral según el Consejo de Estado no contenía una decisión clara, inequívoca y vinculante de someter las diferencias al arbitraje y tenía ciertos defectos en su redacción.
       
      La parte convocada en la formulación del recurso de anulación había sostenido que el laudo arbitral debía anularse por cuanto la decisión había recaído sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros. El Consejo de Estado, en la sentencia de 17 de marzo de 2010 que declaró la inexistencia del pacto arbitral sostuvo que la cláusula compromisoria relativa al contrato que desencadenó la controversia no consignaba  “la decisión clara, inequívoca y vinculante de someter las diferencias que surjan entre los contratantes al juzgamiento de un Tribunal de Arbitramento” carecía de objeto, y en consecuencia, faltaba uno de los elementos esenciales requeridos por la ley sustancial para su surgimiento a la vida jurídica. El órgano máximo de la jurisdicción contencioso administrativa explicó que la estipulación contractual apenas “se limitaba a prever que en el futuro, cuando se presenten o configuren diferencias insalvables, las partes “acudirán de mutuo acuerdo al arbitraje…”.
       
      Frente a la decisión del Consejo de Estado de declarar la inexistencia del laudo arbitral y de la cláusula se presentó acción de tutela por la UNIÓN TEMPORAL MAVIG – DEPROCON. La Unión Temporal sostuvo que la decisión del Consejo de Estado vulneraba el derecho al debido proceso por cuanto se había incurrido en la sentencia objeto de tutela en (i) un defecto orgánico por haberse declarado la inexistencia jurídica de la cláusula compromisoria sin que ello hubiese sido alegado y estuviese contemplado como una de las causales legales de procedencia del recurso de anulación y en (ii) un defecto sustantivo por haber hecho una interpretación y aplicación contra evidente de las normas sustanciales relativas a los elementos del contrato de arbitraje al concluir que la cláusula compromisoria carecía de claridad , precisión y determinación concreta y específica.
       
      La Corte, luego de hacer un análisis del pacto arbitral como manifestación del principio de la voluntad y de hacer un análisis de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostiene que el Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo por interpretación defectuosa de las disposiciones legales que regulan lo relativo a los elementos del pacto arbitral, negando injustificadamente el derecho fundamental del acceso a la justicia de las partes por varias razones:
       
      (i)                 En primer lugar la Corte encuentra que el Consejo de Estado declaró la inexistencia del pacto arbitral verificando la ausencia de elementos diferentes a los establecidos en el artículo 117 Del Decreto 1818 de 1998, pues esta norma según la Corte no establece como elementos esenciales del pacto arbitral la “claridad o determinación concreta y específica de los MASCS que debían aplicarse”, que fueron precisamente los argumentos sostenidos por el Consejo de Estado para declarar la inexistencia del pacto. Para la Corte, “si bien la estipulación objeto de debate enunciaba no sólo al arbitramento, sino también a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos como instrumentos para dirimir las divergencias que surgieran a raíz del contrato, la falta de definición del orden en el cual debían emplearse, o el momento en que debían operar pueden entenderse como circunstancias que impidieran entender que los contratantes deseaban, con toda certeza, solucionar sus disputas a través de ellos. En realidad, lo que en esencia indicaba dicho pacto era la obligación de realizar un acercamiento directo antes de acudir a un tercero para dirimir la controversia. (…) En consecuencia, la Sala debe concluir que el Consejo de Estado, al exigir absoluta precisión y claridad sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que debía operar la habilitación de los árbitros como requisito para la existencia de la cláusula compromisoria, incurrió en un defecto sustantivo, ya que, conforme a la normativa vigente, basta que el pacto arbitral contenga la intención de acudir al arbitraje para solucionar una determinada controversia.
       
      (ii)               En segundo lugar la Corte encuentra que el defecto sustantivo se configura porque el Consejo de Estado, al declarar la inexistencia del pacto arbitral, desconoció injustificadamente los principios de interpretación de los negocios jurídicos. La Corte sostiene que como cualquier contrato o negocio jurídico, el pacto arbitral debe analizarse a la luz de las reglas de interpretación de los contratos. En el caso concreto, la expresión contenida en la cláusula compromisoria revisada, que tan solo hacía referencia a que las partes “acudirían de mutuo acuerdo al arbitramento”, no suponía que en el futuro las partes debieran expresar nuevamente su voluntad de acudir al arbitraje si surgía una diferencia, sino que dicha expresión, debía ser interpretada como el deseo claro e inequívoco de las partes de acudir al Arbitraje. La Corte encuentra que la interpretación del Consejo de Estado privó de un efecto útil a la cláusula compromisoria “…, al razonar que la expresión “acudirán de mutuo acuerdo al arbitramento” suponía que era indispensable que las partes expresaran posteriormente su aquiescencia de someterse a la decisión de someterse a un Tribunal Arbitral una vez las diferencias de carácter “insalvable” se presentaran, privó de un “efecto útil” a la cláusula vigésimo cuarta del contrato objeto del litigio. La intención de los contratantes al consignar dicho pacto no se limitaba a reproducir una prerrogativa constitucional y legal que cualquier persona cuenta para resolver sus conflictos de carácter transigible – como lo es acudir a los métodos alternativos de solución de conflictos – sino que en realidad aludía al deseo claro e inequívoco de dirimir las diferencias que se presentaran en la celebración y ejecución del contrato a través del arbitramento. Sostener que la referida cláusula exigía que las partes prestaran nuevamente su consentimiento para acudir al arbitraje la reduce a la inutilidad, lo cual pugna flagrantemente con la intención de las partes de dejar de antemano, en forma expresa y por escrito, la posibilidad de someterse a un tribunal de tal naturaleza”.
       
      (iii)             Finalmente, la Corte encuentra que el Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo al haber inadvertido injustificadamente que la voluntad de las partes de acudir al arbitraje estaba contenida también en diversas pruebas documentales incorporadas al expediente.
       
      Bajo las consideraciones mencionadas la Corte encuentra que se configuró el defecto sustantivo y apunta que, “a pesar de las –eventuales- deficiencias de redacción y precisión de la cláusula, lo cierto es que a la luz de principios de hermenéutica contractual y de la conducta desplegada por las partes, se contaba con los elementos de juicio suficientes para acreditar, en grado de certeza, la voluntad libre e inequívoca de las partes de someterse a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, de manera que la cláusula sí cumplía los requisitos para nacer a la vida jurídica y tener plenos efectos, como finalmente ocurrió”.
       
      La Corte encuentra necesario para proteger los derechos fundamentales y evitar traumatismos, entrar a estudiar los cargos formulados en el recurso de anulación que es lo que debía hacer el Consejo de Estado una vez definido que la cláusula compromisoria sí existía, y procede a declarar que ninguno de los cargos contra el laudo proceda y en consecuencia declara el recurso de anulación infundado.
       
      Saludos
      JSL
       
       Juan Sebastián Lombana Sierra.
      Asesor Legal/Legal Advisor
      Talisman Colombia Oil & Gas Ltd.| Dir: Carrera 7 No. 77 – 07, P. 12 | Tel: 57-1-6464210| ext.4251
       jlombana@...
       


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