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Re: [comite_colombiano_de_arbitraje] Sentencia Corte Suprema Exequatur [1 Attachment]

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  • mariaegiraldo@telmex.net.co
    Apreciado Dr. Juan Pablo: Agradezco la información que me remitió, sobre el pronunciamiento de exequator de la Corte suprema de Justicia. De Usted, María
    Message 1 of 1 , Feb 2, 2012
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      Apreciado Dr. Juan Pablo:

      Agradezco la información que me remitió, sobre el pronunciamiento de exequator de la Corte suprema de Justicia.

      De Usted,

      María Elena Giraldo

      ----- Mensaje original -----

      De: JUAN PABLO CARDENAS <jpcm2001@...>

      Fecha: Martes, Enero 31, 2012 11:25 pm

      Asunto: [comite_colombiano_de_arbitraje] Sentencia Corte Suprema Exequatur [1 Attachment]

      > Apreciados señores:
      >
      > Acompaño una muy importante sentencia de la Corte Suprema de
      > Justicia  del 19 de diciembre de 2011, en la cual la Corte Suprema
      > de Justicia concedió el exequátur al laudo parcial y al laudo
      > final proferidos en un tribunal arbitral convocado para dirimir
      > las diferencias entre Drummond Ltd., reclamante, y Ferrovías,
      > Fenoco y el Grupo Dragados S. A., demandados.
      >
      > En dicha sentencia la Corte Suprema de Justicia reconoce dichos
      > laudos dictados en un tribunal con sede en Paris con base en la
      > Convención de Nueva York de 1958.
      >
      > Al respecto considero procedente destacar lo siguiente:
      >
      > 1.    La Corte reconoce tanto el laudo parcial como el laudo
      > final. Como se recordará en Colombia ha existido discusión sobre
      > el reconocimiento de laudos parciales. En el presente caso la
      > Corte lo reconoce señalando que “la misma ostenta, por su
      > naturaleza y alcance, el carácter de sentencia, por poner fin a
      > varias de las pretensiones de las demandas principal y de
      > reconvención.” A tal efecto, cita el importante trabajo sobre la
      > materia del profesor Eduardo Zuleta.(Que es una sentencia o laudo
      > arbitral? El laudo final y el laudo interino. En: El Arbitraje
      > Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York en
      > su 50° aniversario. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2008. Pag. 61).
      >
      > 2.    La Corte hace referencia a las causales contempladas por la
      > Convención de Nueva York y expresa que no es posible invocar para
      > negar el reconocimiento causales distintas de las que contempla la
      > Convención. Reitera entonces la Corte su sentencia de 27 de Julio
      > de 2011, exp. 2007-01956-00.
      >
      > 3.    De otro lado, la Corte  precisa y distingue los conceptos de
      > reconocimiento y ejecución y tal efecto señala: “El
      > "reconocimiento" tiene como propósito conferir al "laudo
      > extranjero" el carácter de acto jurisdiccional valido y eficaz en
      > el ordenamiento nacional en el cual se persigue su invocación como
      > fuente de derecho y obligaciones, pues, una decisión que carezca
      > del mismo, no representaría para las partes a las que concierne,
      > compromiso alguno; la ejecución, por su parte, "consisten en el
      > cumplimiento forzado de una sentencia o laudo extranjero
      > previamente reconocido por el Estado...Si bien toda sentencia
      > extranjera es susceptible de reconocimiento, la ejecución precede
      > solo respecto de aquellas que imponen la obligación de cumplir con
      > determinada prestación"(TAWlL , Guido Santiago. Reconocimiento y
      > ejecución de sentencias arbitrales. Concepto y diferencias. En: El
      > Arbitraje Comercial. Ob. Cit. Pag. 33).
      >
      > “En Colombia, el "reconocimiento" obedece a las regla: consignadas
      > en los artículos 693 a 695 del Código de Procedimiento Civil,
      > mismas que atañen al trámite del exequátur ante la Corte Suprema
      > de Justicia, el cual exige, como reflejo de la garantía básica al
      > debido proceso, el traslado de la solicitud a la "parte afectada
      > con la sentencia o el laudo y al procurador delegado en lo civil",
      > la primera por ser la llamada a responder, aun compulsivamente,
      > por las condenas impuestas en la decisión respectiva, y el segundo
      > por representar los intereses de la sociedad en general. Por su
      > parte, la "ejecución", prevé el propio articulo 695 ibídem,
      > corresponde a otro juez, el competente, "conforme a las reglas
      > generales".
      > “En otras palabras, dentro del "exequátur" se examina si la
      > providencia extranjera cumple los presupuestos de reconocimiento
      > de que trata el articulo III de la Convención, o si se configura
      > alguna de las excepciones relacionadas, numerus clausus, en el
      > canon V; mientras que en el proceso en el que se pretenda la
      > ejecución, se analiza la idoneidad del título, y si el mismo
      > contiene obligaciones claras, expresas y exigibles frente al que
      > se invoque como ejecutado, conforme lo exige el articulo 488 ejusdem”.
      > 4.    Por otra parte analiza la excepción de que el laudo es
      > inoponible al INCO y señala que teniendo en cuenta cuándo se
      > adelantó el proceso arbitral, FERROVIAS fue parte y señala que “no
      > se llama a duda que a este trámite especial fueron convocadas las
      > eventuales afectadas con los laudos extranjeros, pues, se cito a
      > la Nación-Ministerio del Transporte como responsable de la
      > "totalidad de los procesos judiciales" en los que fue parte
      > Ferrovías, y al INCO como cesionario del contrato de concesión de
      > la red Férrea del Atlántico, materia del juicio arbitral.”
      >
      > Agrega además, “que la sentencia sea inoponible al referido
      > Instituto (se refiere al INCO), no es una circunstancia que se
      > adecue en las hipótesis de defensa enlistadas en el artículo V de
      > la Convención de Nueva York, amén de que su examen, según lo
      > anteriormente expuesto, correspondera al eventual juez de la
      > ejecucion, por ser un aspecto propio del análisis del título
      > ejecutivo.”5.  La Corte niega que se pueda negar de oficio el
      > reconocimiento por cualquier causa que aparezca probada, como lo
      > solicitaba uno de los opositores.
      > 6. En cuanto a la oposición fundada en que el laudo versa sobre
      > derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en el
      > territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en el que
      > se profirió el laudo, señala la Corte que ella no procede pues no
      > se encuentra en la Convención de Nueva York. Advierte la Corte
      > citando la ley 315 de 1996 que las disposiciones sobre arbitraje
      > internacional priman sobre las reglas del Código de Procedimiento
      > Civil . Por lo demás expresa la Corte que en todo caso el proceso
      > no versa sobre derechos reales, pues se falló una acción contractual
      > 7. En cuanto a la oposición fundada en la violación al orden
      > público, la Corte ratifica una doctrina ya sentada por ella en la
      > que dijo: “c. La noción de 'orden publico' en el 'Derecho
      > Internacional Privado', concuerda con el criterio de la doctrina,
      > al señalar, que es diferente a la concebida en áreas como el
      > 'Constitucional' y el 'Privado Interno', … e. Los anteriores
      > elementos sirven hoy a la Sala para establecer que el concepto de
      > 'orden publico' que en el foro nacional tiene la virtualidad de
      > enervar el reconocimiento o la ejecución de un 'laudo extranjero',
      > hecho bajo el amparo de la aludida Convención de Nueva York, se
      > limita a los principios básicos o fundamentales de las
      > instituciones, a lo cual servirían de ilustración: la prohibición
      > del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la
      > imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido
      > proceso. Por  lo tanto, en principio, el desconocimiento de una
      > norma imperativa
      > propia del 'foro' del juez del exequátur, per se, no conlleva un
      > ataque al mencionado instituto, lo será, señale trae como
      > consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior,
      > como las antes enunciadas' (sentencia de 27 de Julio de 2011,
      > expedientes 2007-01956).
      > Agrega entonces que en el presente caso no se violó el orden
      > público internacional, pues   “(i)      Las   órdenes  
      > impartidas   por  el   Tribunal   de Arbitramento,  dentro  de 
      > los  laudos  cuya  validación  aquí  se depreca, se limitaron a
      > aspectos propios del "contrato operacional para transporte
      > privado", precaución que se advierte al leer el propio texto de la
      > respectiva resolución: "exclusivamente en tanto y en cuanto ello
      > se encuentra regido por las disposiciones del contrato y de la
      > cesión: (1) corresponde a Ferrovías, o a la autoridad estatal
      > competente según las leyes de Colombia, aprobar o denegar las
      > autorizaciones solicitadas por la demandante para modificar la
      > estructura del Rama/ del Puerto, establecer la tabla de arrastre
      > de los trenes de la demandante y aplicar multas bajo la clausula
      > decimoquinta del contrato; (2) Ferrovías ha incumplido sus
      > obligaciones de pronunciarse, bajo la clausula 8.9 del
      > contrato, en relación con los pedidos de autorización formulados
      > por la demandante relativas a la tabla de arrastre de sus trenes y
      > la modificación de la estructura del Rama/ de Puerto; (3) Fenoco
      > no está facultado por el contrato a aplicar la multa de US$
      > 500.000 que impuso a la demandante bajo dicha clausula; y (4) a
      > partir de la fecha efectiva de la cesión (3 de marzo de 2000),
      > corresponde a Fenoco pronunciarse acerca de de las solicitudes de
      > autorización de la demandante de equipos ferroviarios para
      > circular por la vía férrea en función de la dureza de las ruedas
      > de tales equipos, aunque los pronunciamientos de Fenoco sobre esta
      > materia al respecto, por los cuales se limita o rechaza la
      > admisión de tales equipos, carecen de fundamentación suficiente o
      > apropiada sobre la base del contrato y la información a su
      > disposición".
      > Agrega la Corte que “Con ellas, entonces, no se desconocen los
      > principios básicos o fundentes del ordenamiento jurídico patrio,
      > advirtiéndose, por lo demás, que nada ilegal hay en la existencia
      > de contratos, para la explotación de bienes del Estado, “
      >
      > Advierte que “(ii) Ningún precepto de "orden público" contrarió el
      > Tribunal mencionado al decidir sobre multas. Si  el decreto 222 de
      > 1983 reguló, expresamente, lo concerniente a ellas, artículos 71 y
      > 72, y la obligación de las entidades estatales, con algunas
      > excepciones, de pactar la clausula respectiva, los árbitros
      > circunscribieron su examen a la posibilidad de un particular para
      > imponerlas, por vía de la cesión del contrato, asunto que lejos
      > está de ser refractario a los pilares en los que se soporta el
      > derecho colombiano, porque resulta ser mas el análisis de una
      > cuestión contractual, que el escrutinio de una función
      > administrativa”.
      > “Las anteriores reflexiones sirven, igualmente, para desterrar el
      > alegato relativa a la sanción o indemnización por efecto de la
      > aplicación del alegado silencio administrativo, dado que, en ese
      > caso, el estudio de las actuaciones u omisiones de las partes, se
      > dio en el marco de un acuerdo de voluntades”.
      >
      > Agrega la Corte que  “(iii) En todo caso, de haberse presentado un
      > desconocimiento de normas nacionales concernientes a multas y
      > consecuencias del silencio administrativo, ello per se no implica
      > ir en contra del orden público, porque eso se dará si "trae como
      > consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje
      > superior", situación que no se da en este escenario.
      > “En este sentido, ha dicho la Corte que "Tocante con el respeto a
      > las normas de orden publico interne, es importante señalar que
      > este requisito no traduce que la decisión proferida por el
      > tribunal extranjero, deba ser respetuosa de todas las normas
      > imperativas que hagan parte del derecho material colombiano, como
      > lo sugiere la parte opositora, pues ello equivaldría a decir que,
      > por lo menos en parte, la decisión de aquel tuvo que proferirse al
      > amparo del derecho nativo, argumento que contraria la esencia
      > misma del exequátur, como procedimiento necesario para otorgar
      > fuerza en Colombia a sentencias pronunciadas en un país
      > extranjero, desde luego que al amparo del derecho que rige a la
      > respectiva nación en la que se desarrollo el litigio." (Sentencia
      > de 6 de agosto de 2004, exp. 11001-0203-000-2001-0190-01)
      >
      > Destaca la Corte que “la contraposición debe ser de tal magnitud
      > que no sea posible su ejecución en el ámbito nacional y no una
      > simple disconformidad o exposición de desacuerdo del afectado,..”
      > 8. Por otra parte en cuanto a la defensa de que “Los laudos
      > recayeron sobre asuntos de competencia exclusiva de los jueces
      > colombianos”, la Corte hace referencia a la jurisprudencia del
      > Consejo de Estado que señaló que la Convención de Nueva York
      > “también es aplicable frente al contrato estatal, dado que
      > reconoce valor a las sentencias arbitrales dictadas en el
      > territorio de un estado distinto de aquel en que se pide su
      > reconocimiento y ejecución y que tengan su origen en diferencias
      > entre personas naturales o jurídicas; no distingue la convención
      > entre personas jurídicas de derecho público o de derecho
      > privado;…. " (auto de la sección tercera de la sala de lo
      > Contencioso Administrativa, del 22 de abril de 2004, exp. 2003-
      > 00034-01).
      > Por ello dice la Corte “3°) Los mencionados elementos sirven para
      > establecer que las controversias dimanadas de los contratos
      > estatales colombianos, no son del resorte exclusivo de sus jueces
      > de lo contencioso administrativo, resultando por lo tanto valida
      > la clausula compromisoria que se suscriba para que árbitros
      > extranjeros eluciden las disputas que se presenten entre los
      > interesados.”
      > Agrega la Corte que” Ahora bien, es cierto que la facultad de esos
      > terceros no puede ser omnímoda, como lo preciso la Corte
      > Constitucional en la sentencia C-1436 de 2000, al concluir que
      > "los árbitros nombrados para resolver los conflictos suscitados
      > como consecuencia de la celebración, el desarrollo, la terminaci6n
      > y la liquidación de contratos celebrados entre el Estado y los
      > particulares, no tienen competencia para pronunciarse sobre los
      > actos administrativos dictados por la administración en desarrollo
      > de sus poderes excepcionales", pero, las disputas resueltas por la
      > Corte Internacional de Arbitraje fueron de naturaleza contractual,
      > como ya se explico por esta Sala en líneas precedentes, a
      > propósito de la excepción de "orden público".
      >
      > 9. Por otra parte en cuanto a la oposición de que los laudos
      > recayeron sobre asuntos que ya habían sido objeto de laudo
      > arbitral. La corte la rechaza porque no están en las causales de
      > la Convención de Nueva York
      >
      > 10. En cuanto a la defensa formulada porque no se cumplió la
      > debida citación y contradicción de los demandados, cita la Corte
      > doctrina y jurisprudencia de otros países y afirma:
      > “Como los estándares de la Convención de Nueva York son
      > imprecisos, al momento de examinar el reconocimiento o ejecución
      > de los laudos, las Cortes encargadas de los tramites de exequátur
      > han optado, en muchas ocasiones, por efectuar el escrutinio a la
      > luz de los principios procesales de su país; esto, sin ir a la
      > particularidad de las reglas, sino a las garantías fundamentales
      > del procedimiento.
      >
      > Señala entonces “Las garantías mínimas que se deben ofrecer en
      > cualquier actuación que se surta en Colombia, se explicitan,
      > naturalmente, en la jurisprudencia sobre derechos fundamentales;
      > la sentencia C-641 de 2002, por ejemplo, indica …”
      >
      > “2°) De conformidad con el material probatorio arrimado al
      > plenario, se tiene que Ferrovías acudió al proceso arbitral por
      > intermedio de dos apoderados judiciales, uno de ellos el que en
      > este escenario agenda los derechos del Ministerio de Transporte
      > (folio 23 del cuaderno 7 de anexos); que contestó la demanda
      > arbitral el 12 de marzo de 2002, planteando las respectivas
      > defensas; y que Ferrovías informó de su estado de liquidación.
      >
      > “3") De los anteriores elementos, la Corte deduce razonadamente
      > que en el tramite que dio origen a la decisión cuya homologación
      > ahora se pide, se respetaron las garantías mínimas que constituyen
      > el núcleo del derecho al debido proceso, pues, en verdad, que a la
      > alii demandada Ferrovías se le entero de la iniciación del
      > tramite; se le ofreció la oportunidad de "presentar su caso", al
      > punto que en realidad lo hizo.”
      >
      > Cordialmente,
      >
      > Juan Pablo Cárdenas
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