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Sentencia Corte Suprema Exequatur

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: Acompaño una muy importante sentencia de la Corte Suprema de Justicia  del 19 de diciembre de 2011, en la cual la Corte Suprema de
    Message 1 of 2 , Jan 31, 2012
    Apreciados señores:

    Acompaño una muy importante sentencia de la Corte Suprema de Justicia  del 19 de diciembre de 2011, en la cual la Corte Suprema de Justicia concedió el exequátur al laudo parcial y al laudo final proferidos en un tribunal arbitral convocado para dirimir las diferencias entre Drummond Ltd., reclamante, y Ferrovías, Fenoco y el Grupo Dragados S. A., demandados.

    En dicha sentencia la Corte Suprema de Justicia reconoce dichos laudos dictados en un tribunal con sede en Paris con base en la Convención de Nueva York de 1958.

    Al respecto considero procedente destacar lo siguiente:

    1.    La Corte reconoce tanto el laudo parcial como el laudo final. Como se recordará en Colombia ha existido discusión sobre el reconocimiento de laudos parciales. En el presente caso la Corte lo reconoce señalando que “la misma ostenta, por su naturaleza y alcance, el carácter de sentencia, por poner fin a varias de las pretensiones de las demandas principal y de reconvención.” A tal efecto, cita el importante trabajo sobre la materia del profesor Eduardo Zuleta.(Que es una sentencia o laudo arbitral? El laudo final y el laudo interino. En: El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York en su 50° aniversario. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2008. Pag. 61).

    2.    La Corte hace referencia a las causales contempladas por la Convención de Nueva York y expresa que no es posible invocar para negar el reconocimiento causales distintas de las que contempla la Convención. Reitera entonces la Corte su sentencia de 27 de Julio de 2011, exp. 2007-01956-00.

    3.    De otro lado, la Corte  precisa y distingue los conceptos de reconocimiento y ejecución y tal efecto señala: “El "reconocimiento" tiene como propósito conferir al "laudo extranjero" el carácter de acto jurisdiccional valido y eficaz en el ordenamiento nacional en el cual se persigue su invocación como fuente de derecho y obligaciones, pues, una decisión que carezca del mismo, no representaría para las partes a las que concierne, compromiso alguno; la ejecución, por su parte, "consisten en el cumplimiento forzado de una sentencia o laudo extranjero previamente reconocido por el Estado...Si bien toda sentencia extranjera es susceptible de reconocimiento, la ejecución precede solo respecto de aquellas que imponen la obligación de cumplir con determinada prestación"(TAWlL , Guido Santiago. Reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales. Concepto y diferencias. En: El Arbitraje Comercial. Ob. Cit. Pag. 33).

    “En Colombia, el "reconocimiento" obedece a las regla: consignadas en los artículos 693 a 695 del Código de Procedimiento Civil, mismas que atañen al trámite del exequátur ante la Corte Suprema de Justicia, el cual exige, como reflejo de la garantía básica al debido proceso, el traslado de la solicitud a la "parte afectada con la sentencia o el laudo y al procurador delegado en lo civil", la primera por ser la llamada a responder, aun compulsivamente, por las condenas impuestas en la decisión respectiva, y el segundo por representar los intereses de la sociedad en general. Por su parte, la "ejecución", prevé el propio articulo 695 ibídem, corresponde a otro juez, el competente, "conforme a las reglas generales".

    “En otras palabras, dentro del "exequátur" se examina si la providencia extranjera cumple los presupuestos de reconocimiento de que trata el articulo III de la Convención, o si se configura alguna de las excepciones relacionadas, numerus clausus, en el canon V; mientras que en el proceso en el que se pretenda la ejecución, se analiza la idoneidad del título, y si el mismo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles frente al que se invoque como ejecutado, conforme lo exige el articulo 488 ejusdem”.
    4.    Por otra parte analiza la excepción de que el laudo es inoponible al INCO y señala que teniendo en cuenta cuándo se adelantó el proceso arbitral, FERROVIAS fue parte y señala que “no se llama a duda que a este trámite especial fueron convocadas las eventuales afectadas con los laudos extranjeros, pues, se cito a la Nación-Ministerio del Transporte como responsable de la "totalidad de los procesos judiciales" en los que fue parte Ferrovías, y al INCO como cesionario del contrato de concesión de la red Férrea del Atlántico, materia del juicio arbitral.”

    Agrega además, “que la sentencia sea inoponible al referido Instituto (se refiere al INCO), no es una circunstancia que se adecue en las hipótesis de defensa enlistadas en el artículo V de la Convención de Nueva York, amén de que su examen, según lo anteriormente expuesto, correspondera al eventual juez de la ejecucion, por ser un aspecto propio del análisis del título ejecutivo.”
    5.  La Corte niega que se pueda negar de oficio el reconocimiento por cualquier causa que aparezca probada, como lo solicitaba uno de los opositores.
    6. En cuanto a la oposición fundada en que el laudo versa sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en el territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en el que se profirió el laudo, señala la Corte que ella no procede pues no se encuentra en la Convención de Nueva York. Advierte la Corte citando la ley 315 de 1996 que las disposiciones sobre arbitraje internacional priman sobre las reglas del Código de Procedimiento Civil . Por lo demás expresa la Corte que en todo caso el proceso no versa sobre derechos reales, pues se falló una acción contractual
    7. En cuanto a la oposición fundada en la violación al orden público, la Corte ratifica una doctrina ya sentada por ella en la que dijo: “c. La noción de 'orden publico' en el 'Derecho Internacional Privado', concuerda con el criterio de la doctrina, al señalar, que es diferente a la concebida en áreas como el 'Constitucional' y el 'Privado Interno', … e. Los anteriores elementos sirven hoy a la Sala para establecer que el concepto de 'orden publico' que en el foro nacional tiene la virtualidad de enervar el reconocimiento o la ejecución de un 'laudo extranjero', hecho bajo el amparo de la aludida Convención de Nueva York, se limita a los principios básicos o fundamentales de las instituciones, a lo cual servirían de ilustración: la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso. Por  lo tanto, en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del 'foro' del juez del exequátur, per se, no conlleva un ataque al mencionado instituto, lo será, señale trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior, como las antes enunciadas' (sentencia de 27 de Julio de 2011, expedientes 2007-01956).
    Agrega entonces que en el presente caso no se violó el orden público internacional, pues   “(i)      Las   órdenes   impartidas   por  el   Tribunal   de Arbitramento,  dentro  de  los  laudos  cuya  validación  aquí  se depreca, se limitaron a aspectos propios del "contrato operacional para transporte privado", precaución que se advierte al leer el propio texto de la respectiva resolución: "exclusivamente en tanto y en cuanto ello se encuentra regido por las disposiciones del contrato y de la cesión: (1) corresponde a Ferrovías, o a la autoridad estatal competente según las leyes de Colombia, aprobar o denegar las autorizaciones solicitadas por la demandante para modificar la estructura del Rama/ del Puerto, establecer la tabla de arrastre de los trenes de la demandante y aplicar multas bajo la clausula decimoquinta del contrato; (2) Ferrovías ha incumplido sus obligaciones de pronunciarse, bajo la clausula 8.9 del contrato, en relación con los pedidos de autorización formulados por la demandante relativas a la tabla de arrastre de sus trenes y la modificación de la estructura del Rama/ de Puerto; (3) Fenoco no está facultado por el contrato a aplicar la multa de US$ 500.000 que impuso a la demandante bajo dicha clausula; y (4) a partir de la fecha efectiva de la cesión (3 de marzo de 2000), corresponde a Fenoco pronunciarse acerca de de las solicitudes de autorización de la demandante de equipos ferroviarios para circular por la vía férrea en función de la dureza de las ruedas de tales equipos, aunque los pronunciamientos de Fenoco sobre esta materia al respecto, por los cuales se limita o rechaza la admisión de tales equipos, carecen de fundamentación suficiente o apropiada sobre la base del contrato y la información a su disposición".

    Agrega la Corte que “Con ellas, entonces, no se desconocen los principios básicos o fundentes del ordenamiento jurídico patrio, advirtiéndose, por lo demás, que nada ilegal hay en la existencia de contratos, para la explotación de bienes del Estado, “

    Advierte que “(ii) Ningún precepto de "orden público" contrarió el Tribunal mencionado al decidir sobre multas. Si  el decreto 222 de 1983 reguló, expresamente, lo concerniente a ellas, artículos 71 y 72, y la obligación de las entidades estatales, con algunas excepciones, de pactar la clausula respectiva, los árbitros circunscribieron su examen a la posibilidad de un particular para imponerlas, por vía de la cesión del contrato, asunto que lejos está de ser refractario a los pilares en los que se soporta el derecho colombiano, porque resulta ser mas el análisis de una cuestión contractual, que el escrutinio de una función administrativa”.

    “Las anteriores reflexiones sirven, igualmente, para desterrar el alegato relativa a la sanción o indemnización por efecto de la aplicación del alegado silencio administrativo, dado que, en ese caso, el estudio de las actuaciones u omisiones de las partes, se dio en el marco de un acuerdo de voluntades”.

    Agrega la Corte que  “(iii) En todo caso, de haberse presentado un desconocimiento de normas nacionales concernientes a multas y consecuencias del silencio administrativo, ello per se no implica ir en contra del orden público, porque eso se dará si "trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior", situación que no se da en este escenario.
    “En este sentido, ha dicho la Corte que "Tocante con el respeto a las normas de orden publico interne, es importante señalar que este requisito no traduce que la decisión proferida por el tribunal extranjero, deba ser respetuosa de todas las normas imperativas que hagan parte del derecho material colombiano, como lo sugiere la parte opositora, pues ello equivaldría a decir que, por lo menos en parte, la decisión de aquel tuvo que proferirse al amparo del derecho nativo, argumento que contraria la esencia misma del exequátur, como procedimiento necesario para otorgar fuerza en Colombia a sentencias pronunciadas en un país extranjero, desde luego que al amparo del derecho que rige a la respectiva nación en la que se desarrollo el litigio." (Sentencia de 6 de agosto de 2004, exp. 11001-0203-000-2001-0190-01)

    Destaca la Corte que “la contraposición debe ser de tal magnitud que no sea posible su ejecución en el ámbito nacional y no una simple disconformidad o exposición de desacuerdo del afectado,..”
    8. Por otra parte en cuanto a la defensa de que “Los laudos recayeron sobre asuntos de competencia exclusiva de los jueces colombianos”, la Corte hace referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado que señaló que la Convención de Nueva York “también es aplicable frente al contrato estatal, dado que reconoce valor a las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un estado distinto de aquel en que se pide su reconocimiento y ejecución y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas; no distingue la convención entre personas jurídicas de derecho público o de derecho privado;…. " (auto de la sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativa, del 22 de abril de 2004, exp. 2003-00034-01).
    Por ello dice la Corte “3°) Los mencionados elementos sirven para establecer que las controversias dimanadas de los contratos estatales colombianos, no son del resorte exclusivo de sus jueces de lo contencioso administrativo, resultando por lo tanto valida la clausula compromisoria que se suscriba para que árbitros extranjeros eluciden las disputas que se presenten entre los interesados.”

    Agrega la Corte que” Ahora bien, es cierto que la facultad de esos terceros no puede ser omnímoda, como lo preciso la Corte Constitucional en la sentencia C-1436 de 2000, al concluir que "los árbitros nombrados para resolver los conflictos suscitados como consecuencia de la celebración, el desarrollo, la terminaci6n y la liquidación de contratos celebrados entre el Estado y los particulares, no tienen competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos dictados por la administración en desarrollo de sus poderes excepcionales", pero, las disputas resueltas por la Corte Internacional de Arbitraje fueron de naturaleza contractual, como ya se explico por esta Sala en líneas precedentes, a propósito de la excepción de "orden público".

    9. Por otra parte en cuanto a la oposición de que los laudos recayeron sobre asuntos que ya habían sido objeto de laudo arbitral. La corte la rechaza porque no están en las causales de la Convención de Nueva York

    10. En cuanto a la defensa formulada porque no se cumplió la debida citación y contradicción de los demandados, cita la Corte doctrina y jurisprudencia de otros países y afirma:
    “Como los estándares de la Convención de Nueva York son imprecisos, al momento de examinar el reconocimiento o ejecución de los laudos, las Cortes encargadas de los tramites de exequátur han optado, en muchas ocasiones, por efectuar el escrutinio a la luz de los principios procesales de su país; esto, sin ir a la particularidad de las reglas, sino a las garantías fundamentales del procedimiento.

    Señala entonces “Las garantías mínimas que se deben ofrecer en cualquier actuación que se surta en Colombia, se explicitan, naturalmente, en la jurisprudencia sobre derechos fundamentales; la sentencia C-641 de 2002, por ejemplo, indica …”

    “2°) De conformidad con el material probatorio arrimado al plenario, se tiene que Ferrovías acudió al proceso arbitral por intermedio de dos apoderados judiciales, uno de ellos el que en este escenario agenda los derechos del Ministerio de Transporte (folio 23 del cuaderno 7 de anexos); que contestó la demanda arbitral el 12 de marzo de 2002, planteando las respectivas defensas; y que Ferrovías informó de su estado de liquidación.

    “3") De los anteriores elementos, la Corte deduce razonadamente que en el tramite que dio origen a la decisión cuya homologación ahora se pide, se respetaron las garantías mínimas que constituyen el núcleo del derecho al debido proceso, pues, en verdad, que a la alii demandada Ferrovías se le entero de la iniciación del tramite; se le ofreció la oportunidad de "presentar su caso", al punto que en realidad lo hizo.”

    Cordialmente,

    Juan Pablo Cárdenas
  • JUAN PABLO CARDENAS
    Reenvio un comentario del docto Eduardo Zuleta: ... Me llama la atención el aparte 5.1 de la sentencia cuando afirma:   En primer lugar, ha de excluirse del
    Message 2 of 2 , Dec 11, 2013
    Reenvio un comentario del docto Eduardo Zuleta:

    ...

    Me llama la atención el aparte 5.1 de la sentencia cuando afirma:  "En primer lugar, ha de excluirse del presente asunto la Convención de las Naciones Unidas sobre el Arbitramento Comercial dado que su aplicación, conforme el artículo VII citado, es residual, lo que significa que ante la presencia de los otros instrumentos internacionales de carácter particular, a saber, el Tratado sobre Derecho Internacional Privado, por un lado, y la Convención Interamericana, por el otro, ha de ceder la norma subsidiaria."
     
    La Corte había dado pasos importantes en la aplicación de la Conveción de Nueva York con las decisiones de Petrotesting y Drummond pero aquí parece que volvemos a análisis puramente textuales que llevan a conclusiones discutibles. Un análisis del artículo VII (ampliamente revisado por la doctrina y los jueces quienes lo han considerado como una norma que da prelación a la regla que sea favorable al reconocimiento y ejecución y no como una regla que le de a la Convención un carácter residual) y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, habría llevado a la conclusión de que la Convención de Nueva York no es "residual", menos aún frente a un tratado que regula la ejecución de sentencias, y por lo tanto ha debido aplicarse. 

    La aplicación (o mejor no aplicación) de la Ley 1563 es también discutible. Según la Corte se seguirán aplicando las normas derogadas al exequatur de laudos hasta que haya laudos proferidos en el exterior con posterioidad a la vigencia de la Ley 1563?


    Un abrazo,



    Eduardo Zuleta J. 
    Socio / Partner 
    ezuleta@... 
    www.gpzlegal.com
      
    Gómez-Pinzón Zuleta Abogados S.A. 
    Calle 67 No. 7-35 Oficina 1204 Bogotá - Colombia 
    Tel.: (571) 319 2900 Ext. 928, Fax: (571) 321 0295

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