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SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

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  • HERNANDO HERRERA
    Apreciados doctores,   Adjunto la Sentencia C-186/11 de la Corte Constitucional, en la cual se tocan importantes aspectos atinentes al arbitraje, que pueden
    Message 1 of 2 , Sep 15, 2011
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    Apreciados doctores,

     

    Adjunto la Sentencia C-186/11 de la Corte Constitucional, en la cual se tocan importantes aspectos atinentes al arbitraje, que pueden resumirse así:

     

    1. En primer lugar se anota que es constitucionalmente legitima la restricción de la autonomía de la voluntad privada respecto de acuerdos suscritos entre particulares para acudir a la justicia arbitral. Bajo este criterio la Corte justifica la imposición de limites a la denominada arbitrabilidad objetiva. Se señala entonces al respecto que: “No todas las cuestiones litigiosas pueden ser sometidas a arbitramento. Como ha señalado la Corporación “[e]n términos generales, únicamente se pueden sujetar a este tipo de procedimiento los asuntos de naturaleza transigible, que pueden ser objeto de libre disposición, negociación o renuncia por las partes en conflicto y, en consecuencia, se incluyen dentro de la órbita de su voluntad”. En distintas providencias se han identificado algunas controversias reservadas a la jurisdicción permanente del Estado. Por ejemplo, en la sentencia C-242 de 1997 la Corte señaló que no pueden someterse a decisión arbitral los temas relacionados con el estado civil de las personas. Luego, en la sentencia C-294 de 1995, se indicaron como ejemplos de asuntos no sujetos a transacción: las obligaciones amparadas por leyes “en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres”, al tenor del artículo 16 del Código Civil; las cuestiones relacionadas con los derechos de los incapaces; o los conflictos relacionados con derechos de los cuales la ley prohíbe a sus titulares disponer. También han sido incluidos en esta categoría, el conjunto de derechos mínimos de los trabajadores. Por otra parte con ocasión del examen de constitucionalidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Estatal), que regulan el tema del arbitramento en los contratos administrativos, la Corte Constitucional en la sentencia C-1436 de 2000 precisó el alcance del arbitramento en esta materia. La Corte reiteró, en primer lugar, que de la definición legal del arbitramento, se infiere que la competencia de los árbitros es restringida por límites materiales atinentes al asunto objeto de arbitramento, dado que sólo pueden pronunciarse sobre materias transigibles. En ese orden de ideas, se afirmó que los árbitros no pueden pronunciarse sobre asuntos que involucran el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, que están reservados por su naturaleza a la decisión de los órganos jurisdiccionales del Estado.”

     

    2. También se manifiesta que el arbitraje es una institución de orden procesal. Al respecto se anota por parte de dicho fallo, que ello significa “que el arbitramento “garantiza los derechos de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aún, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros”. 

     

    3. Se hace énfasis en la función jurisdiccional que ejercen los árbitros. La providencia en tratativas expone que “la jurisprudencia de esta Corporación ha concebido el arbitramento como una modalidad por medio de la cual se ejerce función jurisdiccional, lo que visto desde otra perspectiva significa que se trata un mecanismo que permite la realización material del derecho de acceso a la administración de justicia.”

     

    4. Por último se reitera que el arbitraje se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad privada. Al respecto se anota: “La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el principio de la autonomía de la voluntad privada es el fundamento del arbitramento, pues “si los sujetos de derecho, según las regulaciones legales, tienen la capacidad de gobernar sus derechos según  les plazca, siéndoles posible adquirirlos, gozarlos, gravarlos, transferirlos, o extinguirlos, posible también les es acordar la solución de los conflictos que comprometen sus derechos subjetivos”.

     

    Por consiguiente siendo que el principio de habilitación voluntaria de la justicia arbitral por las partes ha sido uno de los ejes cardinales de la doctrina constitucional sobre el tema, la sentencia expresa que el Legislador debe respetar este aspecto capital. Por ello, se manifiesta en el fallo que la Corte ha concluido que el arbitraje forzoso no es predicable por reforma legal. Así, se dice que son contrarias al principio esencial de habilitación ”las normas legales que (i) imponen a los particulares en determinados contextos la obligación de acudir al arbitraje; (ii) exigen a ciertas empresas estatales someter las diferencias que puedan surgir en los contratos que celebran a procesos arbitrales; (iii) obligan a las partes en ciertos tipos de contratos a incluir una cláusula compromisoria; o (iv) atribuyen funciones arbitrales a entidades o individuos que no han sido expresamente habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma.”

     

    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado 

  • HERNANDO HERRERA
    Apreciados doctores, Les pongo de presente la Sentencia T-225/10 de la Corte Constitucional, que aunque posee fecha anterior tiene plena actualidad, debido a
    Message 2 of 2 , Mar 15 1:13 PM
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    Apreciados doctores,


    Les pongo de presente la Sentencia T-225/10 de la Corte Constitucional, que aunque posee fecha anterior tiene plena actualidad, debido a que no había sido circulada, y por qué su nulidad fue recientemente denegada por parte de la Sala Plena de esta corporación. 


    En este pronunciamiento de gran interés para el tema arbitral, la Corte conoció de una tutela interpuesta contra un laudo y contra la sentencia de negación de la anulación proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.  


    La tutelante alegaba que el tribunal de arbitramento había violado su derecho fundamental al debido proceso, en razón a que el auto de aclaración, corrección y complementación del laudo se expidió por fuera de término. Argumentaba entonces que ello se hizo sin tener competencia para ello, y que dado que este auto conforma un todo íntegro con el laudo mismo, tal providencia estaba viciada. 


    De otro lado manifestaba que el laudo había abarcado asuntos que no estaban sometidos a la cláusula arbitral, como lo concerniente a la adopción de decisiones para efectos de garantizar las restituciones mutuas a sociedades que supuestamente no fueron parte del contrato de compraventa de acciones, cuya nulidad por cierto se decretaba en el laudo. 


    Sobre la materia expuesta vía tutela la Corte señaló lo siguiente:


    1. Las reglas sobre procedencia y viabilidad de la acción de tutela cuando ella se dirige contra una providencia judicial, son aplicables también a aquellos casos en los cuales la providencia cuestionada es un laudo arbitral, o incluso alguna otra decisión proferida dentro de un trámite arbitral. 


    2. Sobre el tema de fondo la Corte manifestó que el asunto tenía que ver con una discrepancia en cuanto la interpretación jurídica de las normas que regulan el tema de la duración de los tribunales de arbitramento; discusión en la que, sostuvo, se aprecian las siguientes dos tesis doctrinales: 


    a. La primera, en el sentido de que el mencionado auto debe expedirse dentro de los seis meses de duración del Tribunal; y la otra; 

    b. según la cual, lo importante es que en ese lapso de seis meses se expida el laudo, mientras que sus aclaraciones pueden resolverse después de cumplido ese término. 


    Para la Corte esta discusión interpretativa es propia del trámite ordinario, y por ello si la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, "con base en sustentada y razonable hermenéutica", optó por la segunda, ello resultaba perfectamente válido. 


    En tal sentido, la corporación expresa pues, que la Sala Civil no había ignorado el dato fáctico según el cual el auto de complementación, aclaración y corrección del laudo se había expedido después de que los seis meses expiraron, sino que lo que aconteció es que de ese hecho derivó unas consecuencias jurídicas distintas a las pretendidas por quien interpuso el recurso de anulación y luego la acción de tutela. 

       

    Adicionalmente la Corte agregó, que la supuesta principal irregularidad procesal que la sociedad actora invocaba como vulneradora de sus derechos fundamentales –el auto de complementación, aclaración y corrección del laudo, proferido extemporáneamente- tampoco tuvo, ni pudo haber tenido un efecto decisivo sobre la controversia por dos razones adicionales elementales: (i) fue expedido con posterioridad al laudo materia de la tutela y; (ii) en dicho auto se negaron todas las solicitudes formuladas, lo que hacía que el laudo quedara en firme tal cual y cómo se había expedido originalmente. 


    3. En cuanto a los otros defectos, según el cual la decisión judicial atacada contenía órdenes dirigidas a sociedades que no fueron parte de los contratos anulados, la Corte manifestó que este asunto carecía totalmente de relevancia constitucional, pues se trata de una cuestión probatoria propia del trámite arbitral.  


    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado 

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