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Re: Sentencias sobre autenticidad de correos electrónicos y el principio de no contradicc ión

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: Por considerar que pueden ser útiles Remito las interesantes providencias de la Corte Suprema que me envió el doctor Luis Fernando
    Message 1 of 1 , Feb 11, 2011
    Apreciados señores:

     

    Por considerar que pueden ser útiles Remito las interesantes providencias de la Corte Suprema que me envió el doctor Luis Fernando Salazar:

     

    Una importante sentencia del  16 de diciembre de 2010 relativa a una unión marital de hecho y en la cual se analiza el valor de un correo electrónico que se pretendía demostraba una causa ilícita en la relación y que no fue reconocido por quien se dice lo envió. Los jueces de instancia consideraron que no estaba probada la autenticidad del correo y que adicionalmente no era veraz confrontado con los otros medios de prueba. Es importante destacar que en el caso concreto el presunto autor del documento fue citado a reconocerlo y no aceptó su autoria.

     

    En dicha sentencia la Corte analiza desde el punto de vista probatorio el valor de los correos electrónicos. En dicha sentencia la Corte distingue entre la autenticidad del documento y su valor probatorio. En relación con la autenticidad del documento distingue entre la firma electrónica y la firma digital  y concluye que la digital equivale a la ológrafa y que “el documento electrónico estará cobijado por la presunción de autenticidad cuando hubiese sido firmado digitalmente,…”

     

    Por el contrario cuando los documentos electrónicos carecen de firma (se refiere a la firma digital) el juez puede adquirir certeza de su autenticidad por otros medios. A este respecto expresa la Corte que “el reconocimiento regulado por el artículo 269 del C. de P. Civil se impondrá como insoslayable respecto del mensaje de datos desprovisto de una firma digital, habida cuenta que se trata de un documento que no ha sido suscrito ni manuscrito por su autor y carece de un signo de individualidad que permita imputar autoría”.

     

     

     

    Este fallo requiere un análisis detallado en la medida en que los procesos judiciales actualmente se incorporan a menudo correos electrónicos que carecen de firma digital y respecto de los cuales por lo demás no se procede al reconocimiento previsto por el artículo 269.

     

    Igualmente acompaño la sentencia de  la Corte del 24 de enero de 2011 relativo a un caso en que un deudor solicitó se revisara la forma como se había pagado un crédito para señalar que el mismo no se había ajustado a los términos pactados. El Tribunal Superior negó las pretensiones señalando que el deudor no había formulado observaciones al obtener prórrogas y al recibir el paz y salvo por lo que había una contradicción con sus propios actos. En su sentencia la Corte Suprema de Justicia analiza el principio de que no se puede volver contra los actos propios y señala: “la teoría de los actos propios o “venire contra factum proprium non valet”, que en definitiva conclusión, puede anunciarse que es la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de tal forma que lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez, como determinante o referente del proceder de otras o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no pueden ser contrariadas de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los demás.”

     

    Agrega la Corte que “de todas maneras, que la observancia irrestricta de sus propios actos no aparece como un deber u obligación absolutos, dado que existen hipótesis en las que ante situaciones similares ó con respecto a actos desplegados con anterioridad por la misma persona, que sirven de apalancamiento para su actuar en el inmediato futuro, le está deferida la posibilidad de apartarse de los mismos”

     

    En este sentido señala la Corte la necesidad de tener en cuenta la regulación que haya previsto el legislador para el efecto, pues esta regla es supletoria. “ Su vitalidad, entonces, se patentiza en la medida en que el asunto del que se trate no tenga una regulación legal general o especial ante la cual, por su naturaleza, el principio deba ceder”.

     

    Así existen casos en los que el ordenamiento permite apartarse de la conducta previa.  Igualmente señala el caso en que el individuo ha incurrido en errores en su conducta previa.

     

    En el caso concreto considera la Corte que el deudor podía solicitar la revisión a la luz del artículo 880 del C. de Co que dispone  El comerciante, que al recibir una cuenta pague o dé finiquito, no perderá el derecho de solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de la cuenta”.

     

    Igualmente analiza la Corte el efecto de la nulidad de la Resolución 18 de la Junta Directiva del Banco de la República en la que se establecía una relación del UPAC  con el DTF para sostener que no podría “retrotraerse al momento de su expedición los efectos de la sentencia anulatoria de la Resolución 18 de 1995,” y que debía era aplicarse lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional 383 de 1999.


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