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SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO

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  • HERNANDO HERRERA
    Apreciados doctores:  Para quienes aún no la conozcan, me permito remitir una sentencia expedida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
    Message 1 of 2 , May 18 5:19 AM
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    Apreciados doctores: 


    Para quienes aún no la conozcan, me permito remitir una sentencia expedida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró infundado el recurso de anulación interpuesto por la sociedad METROPARQUES E.I.C.E.


    Los principales tópicos tratados en este fallo son los siguientes: 


    1. La sentencia reitera que el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, razón por la cual no es admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del proceso. En otros términos, a través del recurso de anulación no pueden revocarse determinaciones del Tribunal de Arbitramento basadas en razonamientos o conceptos derivados de la aplicación de la ley sustancial, al resolver las pretensiones y excepciones propuestas. 


    2. De otro lado, al examinar la eventual procedencia de la causal de haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo, el Consejo de Estado anotó que el fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar necesariamente razonamientos de orden jurídico, prescindiendo de las normas jurídicas y de acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y la solución recta y justa del litigio. Adicionalmente, se anota que el fallo en conciencia no es sólo aquel que no se ha constituido sobre normas jurídicas, sino también que puede presentarse cuando se falla sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso. 


    3. En torno a la causal de presentarse disposiciones contradictorias o requisitos aritméticos en el laudo, la sentencia anota que se configura la causal siempre que habiéndose alegado oportunamente al Tribunal y éste no acceda a su corrección, no sea posible ejecutar la providencia total o parcialmente, porque lo decidido en su parte resolutiva en una o varios de los dictados de ésta se excluyen y oponen entre sí, de tal manera que lo fallado en una parte de pretender cumplirse simultáneamente veda o aniquila otra. De acuerdo con lo anterior, la procedencia de la causal está condicionada: i) a que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento; ii) a que las contradicciones que se alegan estén presentes en la parte resolutiva del laudo; y iii) a que determinen la imposibilidad de ejecutar sustancialmente la decisión contenida en la parte resolutiva, como cuando “...una afirma y otra niega, o si una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicación y la otra reconoce la prescripción adquisitiva, o una reconoce la obligación y la otra el pago...”. 


    4. En cuanto a la causal “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, el fallo determina que ella se configura cuando el laudo no decide todos los puntos objeto de arbitramento, evento en el cual se predica que el fallo es mínima o citra petita respecto de las pretensiones, excepciones procesales y demás aspectos de la relación jurídico procesal, añadiendo que en virtud de la filosofía del recurso de anulación de laudos, edificado por errores in procedendo y no in iudicando, el análisis de este vicio de construcción formal de la providencia debe realizarse de manera objetiva, es decir, verificar que formal y objetivamente el fallo se ajuste a las peticiones de las partes, independientemente de si éste es acertado o erróneo, para concluir si efectivamente se presentó o no una omisión de decidir algún extremo de la litis, pero no resulta dable examinar las consideraciones y los motivos determinantes que ha tenido el juzgador en su decisión. 


    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado


     
  • HERNANDO HERRERA
    Apreciados doctores,   Me permito remitirles una muy interesante y reciente sentencia del Consejo de Estado, mediante la cual se aborda el tema de los
    Message 2 of 2 , Aug 26, 2011
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    Apreciados doctores,

     

    Me permito remitirles una muy interesante y reciente sentencia del Consejo de Estado, mediante la cual se aborda el tema de los alcances de las figura de la interpretación unilateral del contrato y las reglas de interpretación contractual.

     

    A manera de síntesis, de esta sentencia emergen los siguientes significativos planteamientos:

     

    1. Se expone que el poder excepcional que tienen las entidades estatales de interpretar unilateralmente el contrato no supone, en ningún caso, la facultad de modificarlo al amparo de ésta potestad.

     

    2. Con relación a las reglas de interpretación de los contratos, se indica que mediante esta institución se persigue la constatación del convenio negocial, la determinación de sus efectos y la integración de estos, sin que ello comprenda la calificación del acto, actividad distinta que incumbe a valoración jurídica del acto celebrado.

     

    3. Al respecto se expone como regla primaria, que la interpretación del negocio jurídico, cuando de contratos se trata, no tiene como objeto primario el establecer el querer dispositivo de cada uno de los contratantes individualmente considerado sino la intención común de todos ellos. Esta búsqueda primordial de la común intención de las partes puede lograrse mediante la aplicación de una serie de reglas, las principales, también llamadas subjetivas por la doctrina, y de otro lado, las reglas de carácter subsidiario, también llamadas objetivas.

     

    4. Las subjetivas, que se compendian en que conocida la intención de los contratantes ha de estarse más a ella que a lo literal de las palabras (art. 1618 del C. C.), que las estipulaciones de un contrato pueden interpretarse por la de otro que las partes hayan celebrado sobre la misma materia (art. 1622 inc. 2º)  o por la aplicación práctica que de ellas hayan hecho (art. 1622 inc. 3º), que las cláusulas deben interpretarse unas por otras dándole a cada una el sentido que más convenga al contrato en su totalidad (art. 1622 inc. 1º), que si en un contrato se expresa un caso para explicar la obligación se entiende que esa mención no es restrictiva sino ejemplificativa (art. 1623), y que se entiende que la expresiones generales contenidas en el negocio sólo se aplican a la materia sobre la que se ha contratado (art. 1619).


    5. Ahora bien, el fallo manifiesta que en todo caso en que esa común intención de los contratantes no pueda ser verificada mediante la utilización de las reglas que precedentemente se mencionaron, el ordenamiento prevé la posibilidad de acudir a unas reglas de carácter subsidiario u objetivas, en las que ya no interesa la indagación de la voluntad de los contratantes sino la protección del acto dispositivo y sus principios o de las circunstancias particulares de alguna de las partes, reglas estas que se resumen en que el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no produzca efecto alguno (art. 1620 del C. C.), que deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato (art. 1621), que las cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deudor (art. 1624 inc. 1º), y que las cláusulas oscuras que hayan sido extendidas o dictadas por una parte se interpretarán contra ella si la ambigüedad proviene de una explicación que ésta ha debido dar (art. 1624 inc. 2º).

     

    6. El centro del litigio versaba sobre si el área de fondeo del Puerto de Santa Marta quedó comprendido dentro del contrato de concesión relacionado con dicho puerto. Al respecto se estimó por la sentencia que las reglas subjetivas de interpretación no permitían determinar si fue, o no, querer común de los contratantes que el área de fondeo quedara comprendido dentro de la concesión, razón por la cual debían analizar otros hechos. Principalmente, advirtió el Consejo de Estado que la Superintendencia General de Puerto, a pesar de ser la predisponente, al fijar los términos de la concesión no hizo claridad sobre el punto lo que dio lugar a la ambigüedad, razón por la cual se debía interpretar el asunto en discusión su contra. Con otras palabras, siendo la Superintendencia General de Puertos la predisponente ha debido ser clara al predisponer ya que si uno de los términos de la concesión era que dentro de ésta no quedara comprendida el área de fondeo del Puerto de santa Marta, ha debido expresarlo de manera clara e inequívoca pues de no hacerlo así cualquiera ambigüedad que no pueda ser superada mediante las reglas subjetivas de interpretación deben ser resueltas en su contra, esto es contra poferentem, bajo lo dispuesto por las reglas subsidiarias u objetivas.

     

    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado

     

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