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Fw: RV: Laudo Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company vs. Estado Ecuatoriano

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    A la presente acompaño el fallo proferido en el caso Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra La República del Ecuador, por violación al
    Message 1 of 1 , Apr 13, 2010

    A la presente acompaño el fallo proferido en el caso Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra La República del Ecuador, por violación al Tratado Bilateral de Inversiones (BIT) celebrado entre el Ecuador y los  Estados Unidos de América, que me remitió el doctor Felipe Mutiz con el excelente análisis preparado por él y que aparece en este correo a continuación.

     

    En todo caso me parece de fundamental importancia destacar este laudo por la importancia de los árbitros que lo profirieron el profesor Karl-Heinz Böckstiegel, el honorable Charles N. Brower y el profesor  Albert Jan van den Berg,  el contenido del mismo y el hecho que los temas que se analizan son relevantes para Colombia que tiene suscritos numerosos tratados de inversión.

     

     

    Entre otros temas particularmente importantes analiza el retraso en la administración de justicia como causa de denegación de justicia y la influencia que puede tener en esta materia la congestión judicial.

    ----- Forwarded Message ----
    From: Tangarife Torres & Asociados / Felipe Mutis <fmutis@...>
    To: jpcm2001@...
    Sent: Tue, April 13, 2010 4:54:29 PM
    Subject: RV: Laudo Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company vs. Estado Ecuatoriano

    Estimado doctor Cárdenas,

     

    Por considerarlo de su interés, adjunto estoy enviando un laudo arbitral adoptado el pasado 30 de marzo de 2010, dentro del proceso iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra La República del Ecuador, por violación al Tratado Bilateral de Inversiones (BIT) celebrado entre el Ecuador y los  Estados Unidos de América, arbitramento que se siguió conforme a las reglas de la UNCITRAL.

     

    En el presente caso los convocantes alegaron una violación del artículo II(7) del BIT por razón de una denegación de justicia por parte del estado ecuatoriano al no resolver siete casos iniciados por los convocantes ante las cortes ecuatorianas al comienzo de la década de los años 90. El texto del artículo II(7) del BIT es el siguiente:

     

    Cada parte establecerá medios eficaces para hacer valer las reclamaciones y respetar los derechos relativos a las inversiones, los acuerdos de inversión y las autorizaciones de inversión

     

    Al comentar esta cláusula del Tratado, el Tribunal reconoció que la misma establece una obligación para el estado receptor de la inversión que supera la prohibición de denegación de justicia, en los términos en que ha sido reconocida por el derecho consuetudinario internacional, habida cuenta de que la misma “busca implementar y hacer parte de una garantía general en contra de la denegación de justicia”. Por lo tanto, para el tribunal el artículo II(7) constituye una lex specialis que obligaciones así mismo especiales para las partes del BIT, y no es una mera reiteración de la prohibición del derecho internacional consuetudinario de denegación de justicia. De hecho, resaltó el tribunal que el artículo II(7) del BIT tuvo su origen en la falta de claridad del derecho internacional consuetudinario en punto de la denegación de justicia, lo cual llevó a los estados a incluir una mayor protección en el texto del tratado. Sin embargo, precisó también el tribunal que, con posterioridad, este tipo de cláusulas habían desaparecido de los BIT, dado que se consideró que el derecho internacional consuetudinario, junto con otros estándares de protección incluidos en el tratado, brindaban una protección suficiente en relación con la denegación de justicia, como por ejemplo ocurre con el estándar de trato justo y equitativo.

     

    Así mismo, para el Tribunal, la existencia del artículo II(7) del BIT suponía la aplicación de un test distinto y menos exigente que aquel que ordinariamente se aplica bajo las reglas del derecho internacional consuetudinario, para efectos de determinar si en el caso concreto se había configurado o no una denegación de justicia. Por ende, según dijo el tribunal, basta que se produzca una falla por parte de las cortes domésticas a la hora de hacer realmente efectivos los derechos del inversionista para que se materialice una violación del artículo II(7) del BIT, hecho que, en sí mismo, no es suficiente para dar lugar a la configuración de una denegación de justicia a la luz del derecho internacional consuetudinario.

     

    Ahora bien, la parte convocada alegó, en su defensa, que la obligación contenida en el artículo II(7) del BIT hacía referencia a la existencia de un sistema o rama judicial ante el cual el inversionista pudiera elevar sus reclamaciones, pero que esa obligación no hacía referencia al funcionamiento u operación del sistema judicial en casos específicos. Es decir, para el estado Ecuatoriano esa obligación se cumple en la medida en que exista un sistema judicial al que el inversionista pueda acceder, independientemente de que ese sistema en realidad resuelva o no las controversias particulares elevadas por cada inversionista. El tribunal, por su parte, no acogió el criterio de la convocada, pues, en su concepto, la obligación contenida en el artículo II(7) no sólo se limitaba con unas leyes e instituciones legales capaces de resolver conflictos y proteger derechos, sino que se extiende también al debido y correcto funcionamiento del sistema judicial en los casos particulares que se presenten ante el mismo, sin que ello implique, ni mucho menos, que por esa razón el tribunal de arbitramento se convierta en una instancia superior con poder para revisar cada uno de los casos en donde, presuntamente, hubo una denegación de justicia.

     

    Adicionalmente, la parte convocada había señalado que el artículo II(7) solamente podía ser violado como consecuencia de una interferencia “extrema” del estado receptor en el proceso judicial. Para el tribunal ello no es así, dado que, según consideró, la obligación contenida en el artículo II(7) era una obligación positiva de “efectividad”, la cual puede ser incumplida en varias formas, una de las cuales es la interferencia del estado receptor. Es más, el tribunal precisó que resulta perfectamente posible que se configure una denegación de justicia sin interferencia alguna del estado receptor.

     

    Siguiendo con su análisis, el tribunal encontró que, por virtud de los tratados celebrados entre Estados Unidos y Ecuador en 1973, 1977 y 1986, se habían creado unos derechos para los convocantes en relación con su inversión en Ecuador, y que, en los términos del artículo II(7) del BIT, Ecuador tenía la obligación de proveer los medios efectivos para que los convocantes pudieran hacer efectivos esos derechos que se habían creado a su favor en relación con la inversión. Esos medios para hacer efectivos los derechos de los inversionistas son, precisamente, las acciones y recursos ante las cortes ecuatorianas.

     

    El tribunal pudo constatar que efectivamente los convocantes habían promovido siete (7) demandas ante las corte ecuatorianas, ninguna de las cuales había sido decidida con anterioridad al inicio de este arbitramento, esto es, al 21 de diciembre de 2006. Por lo tanto, al analizar el caso propiamente dicho, el tribunal encontró que todos los casos iniciados por los convocantes ante las cortes ecuatorianas habían tardado, por lo menos, 13 años en ser resueltos. Para el tribunal, si bien 13 años constituyen un período significativo de tiempo para la resolución de un proceso judicial, ese hecho, por sí sólo, no tiene la virtualidad de configurar una violación automática del artículo II(7) del BIT, habida cuenta de que, según dijo el tribunal, es preciso evaluar todas las pruebas tendientes a demostrar las razones por las cuales transcurrió ese período de tiempo sin que se decidieran los procesos, a fin de determinar si la demora es o no justificada.

     

    Señaló el tribunal que ni la complejidad de los casos ni el comportamiento de los convocantes daban lugar a que los mencionados procesos se demoraran 13 años en ser resueltos. Por una parte, porque se trataba de casos relativos a controversias contractuales en los que la disputa versaba sobre el pago de unas sumas de dinero, en los cuales la única complejidad estaba dada por el dictamen pericial y por la valoración de los daños y perjuicios. Y, por la otra, porque los convocantes no sólo habían realizado todas las actuaciones procesales tendientes a obtener una pronta resolución de su conflicto, es decir, fueron procesalmente diligentes, sino que, además, no habían ejecutado ningún acto tendiente a entorpecer el normal desarrollo de los procesos. Adicionalmente, el tribunal constató que en todos los casos presentados por los convocantes la etapa probatoria había finalizado en debido tiempo, estando todos listos para que se dictara sentencia desde hace varios años.

     

    De otra parte, la parte convocada había alegado en su defensa que la mencionada demora se debía a la cantidad de trabajo y a la congestión de la rama judicial. No obstante, dijo el tribunal que la congestión judicial no es ni puede ser una defensa absoluta. Además, precisó el tribunal que por razón de la suscripción del BIT Ecuador había adquirido una obligación internacional de que su justicia tuviera un funcionamiento adecuado, de manera que pudiera dar cumplimiento a lo dispuesto el artículo II(7). Por ende, aun cuando la mencionada demora en los procesos tuviere su causa en la congestión judicial, para el tribunal ello constituye un claro incumplimiento del artículo II(7) del BIT, dado que, a la luz del tratado, el debido funcionamiento de la justicia se medía por un estándar internacional y no por uno nacional. En ese mismo sentido, el tribunal desestimó el argumento de la parte convocada que pretendía fundamentar su defensa, y, por ende, excusar la mencionada demora, en las alteraciones políticas que había vivido el país.

     

    Así las cosas, para el tribunal el hecho de que la justicia ecuatoriana se hubiera demorado más de 13 años en resolver esos casos constituida una demora irrazonable e injustificada en el sistema judicial, la cual equivalía a negar el acceso a esos medios para hacer efectivos los derechos de los inversionistas. En otras palabras, para el tribunal una demora irrazonable e injustificada en la resolución de un caso por parte de la administración de justicia equivale a una negación del acceso a la rama judicial, pues para el tribunal no hay diferencia alguna, y el efecto es el mismo, entre prohibir el acceso a las cortes y permitirlo pero sin resolver la controversia. Por consiguiente, consideró el tribunal que el Ecuador había vulnerado el artículo II(7) del BIT, al no proveer a los convocantes los medios efectivos para reclamar y hacer valer sus derechos relacionados con la inversión ante las cortes ecuatorianas.  

     

    Por lo tanto, el laudo reconoce que el Ecuador incumplió la obligación contenida en el artículo II(7) del BIT al haber incurrido en una denegación de justicia, y, en consecuencia, condenó a la parte convocada a indemnizar a los convocantes. Así mismo, el tribunal reservó para un segundo laudo la determinación de aspectos relacionados con eventuales compensaciones a favor del Ecuador por razones tributarias.

     

    Adicionalmente, importa destacar los siguientes aspectos:

     

    a.       La cuestión relativa a la competencia del tribunal fue objeto de debate, ya que los siete (7) procesos de los convocantes habían empezado entre 1991 y 1993, mientras que el BIT entre Ecuador y Estados Unidos sólo vino a entrar en vigencia el 11 de mayo de 1997. Ello obligó al tribunal a realizar la siguiente diferenciación: si la demora en la resolución de los procesos de los inversionistas hubiera configurado una denegación de justicia con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia del tratado, indudablemente el tribunal hubiera carecido de competencia para resolver esta controversia. No obstante, como la denegación de justicia por demora en la resolución de los procesos se configuró con posterioridad al 11 de mayo de 1997 (como quiera que para esa fecha la demora no era constitutiva de una denegación de justicia), el tribunal declaró su competencia, pues si bien la controversia versaba sobre hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia del tratado, los árbitros consideraron que ellos eran competentes para conocer de tales hechos, toda vez los mismos debían ser tenidos en cuenta para decidir sobre una violación del tratado que se produjo con posterioridad a su entrada en vigencia;

     

    b.      En respuesta a lo planteado por la defensa de la parte convocada, señaló el tribunal que el hecho de que los convocantes hubieran intentado, en primera medida, llevar el caso ante las cortes norteamericanas, en donde cuestionaron la imparcialidad y la eficiencia de las cortes ecuatorianas, ciertamente no constituía un impedimento para haber promovido la presente demanda arbitral cuya causa era un incumplimiento del BIT por razón de una demora irrazonable e injustificada de la justicia de ese país; y

     

    c.       Tampoco aceptó el tribunal el planteamiento de la convocada en relación con el hecho de que los convocantes han debido demostrar un uso exhaustivo de todos los recursos y acciones de que disponían en el ámbito interno ecuatoriano para obtener una solución a esta situación. De hecho, señaló el tribunal que no sólo los convocantes habían hecho uso de todos los instrumentos procesales de que disponían, sino que, además, la parte convocada no había demostrado que todos esos otros recursos y acciones (como la acción disciplinaria en contra de los funcionarios judiciales) efectivamente hubieran contribuido a reducir el tiempo que se tomaron las cortes para resolver esos siete casos.

     

     

    Por lo demás, doctor Cárdenas, reciba un muy cordial saludo.

     

     

    Felipe Mutis T.

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