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Fw: [comite_colombiano_de_arbitraje] Sentenci a del Tribunal Superior de Bogotá de 10 de m arzo de 2010

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: En torno a la decisión del Tribunal Superior acompaño dos mensajes: el primero del doctor Eduardo Zuleta y el segundo del doctor
    Message 1 of 1 , Mar 29, 2010
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      Apreciados señores:

      En torno a la decisión del Tribunal Superior acompaño dos mensajes: el primero del doctor Eduardo Zuleta y el segundo del doctor Fernando Mantilla.

      a) El doctor Zuleta expresa:

      Estimado Juan Pablo:

      Los mensajes de nuestros queridos colegas y amigos Hernan Fabio Lopez y Nicolas Gamboa plantean una serie de interrogantes que me atrevo a poner a consideracion de todos los que tienen interes en estos temas:

      1. Lo propuesto por el Dr. Hernan Fabio significaria que en Colombia es posible llevar la "deslocalizacion" del arbitraje internacional (la doctrina de Fouchard, Goldman y Paulsson, entre otros) hasta el punto de sustraer el laudo del recurso de anulacion?

      2. En cuanto a lo propuesto por el Dr. Nicolas, el art. 34 de la Ley Modelo dispone que el recurso de anulacion es el unico recurso disponible contra el laudo, pero no resuelve el problema de si el recurso es renunciable o no. En algunas jurisdicciones es renunciable por disposicion legal, en ciertas circunstancias (Belgica).  En otras porque los jueces han considerado, por ejemplo, que cuando el unico vinculo del arbitraje con un Estado es la sede, no hay interes real del Estado en la preservacion del orden publico y por ende el recurso puede renunciarse. Cabe plantearse entonces, cual es la situacion en Colombia?. Es irrenunciable la anulacion en arbitraje internacional o lo es en ciertas circunstancias?

      Saludos,

      El doctor Mantilla señaló:
       
      En mi opinión, dicha decisión pone de relieve los riesgos en que se puede caer si se confunden cuestiones tan importantes como (i) las reglas del procedimiento arbitral, con el marco jurídico del arbitraje; (ii) la finalidad y obligatoriedad del laudo, con los recursos sobre el fondo o la acción de anulación; y (iii) el control del laudo, con el respeto del convenio arbitral.
       
      En efecto, las partes pueden escoger libremente las reglas de procedimiento que regirán el arbitraje. Sin embargo, esa elección tiene por efecto impedir la aplicación de las disposiciones legales supletivas que rigen para el arbitraje en el lugar donde jurídicamente se desarrolle el mismo. Los requisitos y condiciones legales de validez y ejecución del laudo fijados por la ley de arbitraje del lugar del arbitraje continúan siendo, en principio, aplicables.
       
      Que el laudo sea final y obligatorio para las partes y que éstas deban ejecutarlo sin demora no quiere decir que contra el mismo no puedan ejercerse los recursos permitidos por el régimen arbitral imperante en el lugar del arbitraje. Una cosa es que las partes estén obligadas por el laudo desde el momento en que éste es proferido (y que el hecho de que haya sido recurrido no obste para perseguir su ejecución) y otra, muy distinta, la posibilidad que tienen las partes de recurrir el laudo. Corresponde al derecho del lugar del arbitraje determinar las condiciones para el ejercicio de los recursos contra el laudo, los cuales en la vasta mayoría de países se limitan a la acción (o recurso extraordinario) de anulación que, en principio, no es renunciable. Excepcionalmente y bajo ciertas circunstancias, países como Bélgica, Suecia, Suiza, Túnez y recientemente Perú, permiten renunciar a la acción de anulación (excepcionalmente también, países como Inglaterra permiten la revisión del fondo de los laudos arbitrales). En algunos casos, para que la renuncia al recurso sea válida se requiere (como lo insinuó la Corte del Distrito de Columbia en el caso Chromalloy) que dicha renuncia sea expresa y conste en el convenio arbitral (en el caso Chromalloy, el pacto arbitral expresamente rezaba: "The decision of the [arbitral tribunal] shall be final and binding and cannot be made subject to any appeal or other recourse").
       
      Finalmente, el respeto al pacto arbitral que imponen tanto la Convención de Nueva York de 1958 como la de Panamá de 1975, no impiden ni hacen mella alguna en el legítimo control que pueden ejercer los jueces del lugar del arbitraje (vía la acción de anulación) o los del lugar de ejecución (vía el exequátur).
       
      En el caso colombiano, me parece que aún no se ha dicho la última palabra (y quizás tampoco la primera), sobre si el recurso extraordinario (o acción) de anulación es renunciable en materia de arbitraje internacional. Entre tanto, me parece que, en el estado actual de la legislación colombiana (e independientemente del reglamento arbitral aplicable), el laudo que se dicte en un arbitraje internacional que se lleve a cabo en Colombia sigue siendo un laudo "colombiano" (no un laudo "extranjero" ); a ese título, se debe ejecutar como cualquier otro laudo dictado en el país y, por la misma razón, debería poder ser objeto de recurso de anulación de conformidad con la legislación arbitral en vigor.
       
      FMS
       


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