Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: Sentencia importantes

Expand Messages
  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: Acompaño varias sentencias que pueden ser útiles. Las dos primeras me fueron enviadas por el doctor Fabricio Mantilla: 1. La
    Message 1 of 1 , Dec 14, 2009

    Apreciados señores:

     

    Acompaño varias sentencias que pueden ser útiles. Las dos primeras me fueron enviadas por el doctor Fabricio Mantilla:

    1.      La primera sobre vicios ocultos del  4 de agosto de 2009, en la que se rememoran los antecedentes romanos  de la acción de saneamiento por vicios ocultos y la jurisprudencia de la propia Corte. En el caso concreto el problema se refería a un vehículo que presentó daños por el cambio del sistema de frenos a que se comprometió el vendedor. Señala entonces la Corte Suprema de Justicia refiriéndose a la institución de los vicios ocultos: “el vendedor incurre en responsabilidad si el objeto que entrega carece de las aptitudes y características funcionales, que pueden ser legítimamente esperadas por el comprador, expectativas fallidas como consecuencia de los vicios ocultos que hay en la cosa, ignorados por el adquirente sin su culpa, siendo indiferente que el desperfecto venga de la conducta del vendedor, anterior a la entrega del bien en desarrollo de los compromisos de este, o subyazga en el objeto mismo, porque en ambos casos, el contratante debe salir al saneamiento del bien y en consecuencia asumir los efectos negociales que su contraparte aguarda ante la frustración de sus expectativas” Agrega la Corte que “Rememórase que el planteamiento de la censura atañe a que las modificaciones iniciales realizadas por el vendedor al vehículo objeto de la venta y las reparaciones posteriores generadas por tales cambios, repercutieron de tal manera en el funcionamiento del vehículo, que estructuraron los vicios ocultos…”

     

    2.      La segunda del 5 de junio de 2009 en materia de contrato de obra en la que la Corte expresamente señala que la garantía del 2060 beneficia al subadquirente  y a tal efecto precisa: “como esa garantía se activa cuando el edificio pereciere o amenazare ruina, en todo o en parte, en los “diez años subsiguientes a su entrega”, causados por los vicios referidos, la responsabilidad del constructor durante ese lapso sigue siendo la misma, sin consideración a las mutaciones del dominio…”. Agrega la Corte que “se trata de una garantía indisoluble y temporalmente ligada al edificio que no desaparece por las enajenaciones que del mismo o parte de él se hagan”.  Señala entonces que “siempre que se enajene un edificio o parte de él, la garantía en cuestión se transfiere automáticamente, para ser reclamada en el caso de que el edificio pereciere o amenazare ruina”. Precisa la Corte que no se trata de la transmisión de un derecho sujeto a las normas de la cesión o de la subrogación.


    3.      La tercera sobre vicios ocultos del 19 de octubre de 2009, en la cual la Corte recapitula diversos aspectos del saneamiento por vicios ocultos, distingue entre las diferentes acciones, precisa que la acción por vicios ocultos es incompatible con la acción de nulidad pues supone un contrato válido y señala  que el término que contempla el Código de Comercio es un término de prescripción y no de caducidad y que se cuenta a partir de fecha de la entrega.


    4.      La cuarta  del 28 de septiembre de 2009 referida a un caso de reivindicación en el cual el demandante había adquirido el bien de alguien que a su turno había adquirido derechos y acciones.  Este caso según se puede apreciar del texto de la sentencia, generó gran debate en la Corte pues fue objeto de dos salvamentos de voto y dos aclaraciones. En dicha sentencia la Corte reitera su jurisprudencia anterior en materia de acción reivindicatoria para señalar que en estos casos “no se trata de establecer la suficiencia de los “títulos” de propiedad del actor mediante la verificación de la existencia, validez y eficacia de las diferentes transferencias de la propiedad referidas al inmueble cuya restitución se depreca, sino simplemente de poner en contradicción o enfrentar la posesión del accionado con la calidad de dueño que ostenta el demandante, produciendo protección y prevalencia el que logre comprobar mayor antigüedad”. Alude entonces la Corte a la variada jurisprudencia sobre el tema reiterando entre otras cosas “no es de ley exigir que se acredite la suficiencia del título en juicio de reivindicación, en los que no se trata de demostrar sumariamente el dominio, sino justificar, con relación al demandado, el derecho que se tiene para que la cosa que éste posee pase a poder del demandante, estableciendo probatoriamente, con una confrontación de títulos, una situación jurídica más arreglada a derecho”

     

    5.      Finalmente una sentencia del  18  de septiembre de 2009 en la que la Corte después de reiterar el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas precisa que “el ejercicio ilícito de una actividad de esta naturaleza, por ejemplo, el transporte público de pasajeros o carga sin autorización ni permiso de las autoridades competentes y en tales hipótesis, el ejercicio ilícito, no excluye la aplicación del régimen jurídico de la responsabilidad por actividades peligrosas”. Analiza la Corte igualmente la concurrencia de la actividad de la víctima en la producción del daño para precisar que “cuando la víctima se expone o crea el riesgo o ejerce igualmente una actividad peligrosa,  no se exceptúa su régimen normativo, ni el asunto se desplaza a otros regímenes, sino que se gobierna por las normas jurídicas que le son propias” por lo cual “el  juzgador con sujeción a la libre convicción y la sana crítica valorará los elementos probatorios para determinar cuál de las actividades peligrosas concurrentes es la causa del daño y la incidencia de la conducta de la víctima en la secuencia causal”. Precisa la Corte que “cuando atendidas las particularidades del caso concreto con los elementos de convicción, el juzgador concluye que ninguna incidencia causal tiene la conducta de la víctima, desde luego, no aplica la reducción (cas.civ. 21 de febrero de 2002, SC-021-2002, exp.6063), puesto que en tales condiciones es imputable a la exclusiva conducta del agente” la indemnización no debe ser reducida.  Hace referencia al concepto de daño moral para reiterar que “el daño moral, aún en la hipótesis de provenir de la lesión concurrente de otros intereses, por ejemplo, los derechos de la personalidad, la salud e integridad, es una entidad separada e independiente, cuyo resarcimiento es diferente, al tratarse recta y exclusivamente, del detrimento experimentado por el sujeto en su espectro interior, afectivo y sentimental, sin comprender su órbita exterior, proyecto, calidad de vida, actividad o desarrollo vivencial.” Agrega que no es aplicable el  Código Penal para determinar el monto del daño moral y que le corresponde al juez determinarlo, para lo cual la Corte ha fijado “no a título de imposición sino de referentes” una suma de cuarenta millones de pesos.

     

    Cordialmente


    Juan Pablo Cárdenas


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.