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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: Acompaño la sentencia del Consejo de Estado del 19 de agosto de 2009 por la cual resuelve un recurso de anulación en el proceso arbitral
    Message 1 of 1 , Sep 24, 2009

    Apreciados señores:

    Acompaño la sentencia del Consejo de Estado del 19 de agosto de 2009 por la cual resuelve un recurso de anulación en el proceso arbitral que adelantaron los fondos de pensiones contra la ETB por razón del pago de dividendos y de la cual me remitió una copia la doctora Gabriela Monroy

    De dicha sentencia se puede destacar:

    Además de reiterar la competencia del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación proferido respecto de contratos en los que es parte una empresa de servicios públicos mixta y que las causales aplicables al recurso son las vigentes al momento de interponer el recurso, consideró el Consejo que el laudo debía ser anulado por “…Haberse (sic) recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido…”

    Señaló el Consejo de Estado que la causal mencionada desarrolla, de una parte, el principio de congruencia y de otra parte, sanciona eventos en los cuales el tribunal de arbitramento obra sin competencia.

    Observa el Consejo de Estado que una de las materias excluidas del conocimiento de los árbitros por virtud expresa de la ley es la acción de impugnación de las decisiones tomadas por una asamblea de accionistas o junta de socios, cuya competencia corresponde únicamente a la justicia ordinaria o contencioso administrativa.

    Si bien en la demanda presentada no se pidió la nulidad de las decisiones de la asamblea de accionistas, sino el pago de los dividendos correspondientes, determinar la procedencia o improcedencia de las pretensiones de la demanda  hace necesario realizar un análisis de legalidad de las decisiones de la Asamblea General de Accionistas de la ETB, estudio que sólo podía adelantarse mediante la acción de impugnación, ejercida o ventilada ante los jueces o ante la Superintendencia de Sociedades. Agregó que de conformidad con el Código de Comercio le corresponde a la Asamblea decretar dividendos y escapa a la competencia de los árbitros disponer, decretar y repartir utilidades sociales.

    Igualmente el Consejo de Estado reiteró la posición que ha expresado en otros fallos sobre la posibilidad de tramitar procesos ejecutivos ante árbitros, señalando que la tramitación de procesos ejecutivos en tribunales arbitrales sólo es posible si el Legislador de manera expresa así lo autoriza y regula para determinados eventos en los que lo considere pertinente y procedente y, además, las partes hayan acordado tal posibilidad en el respectivo pacto arbitral.

     Señala entonces que si lo que se pretendía el proceso era simplemente el cobro de dividendos, ello era propio de un proceso ejecutivo que no es competencia de los árbitros.

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