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Fallo Consejo de Estado

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: A la presente acompaño una sentencia del Consejo de Estado del 10 de junio de 2009, en el proceso arbitral del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
    Message 1 of 1 , Aug 24, 2009

    Apreciados señores:

     

    A la presente acompaño una sentencia del Consejo de Estado del 10 de junio de 2009, en el proceso arbitral del  PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y SUS TELEASOCIADAS-PAR contra PLESCOM LTDA.,  entre cuyos aspectos más importantes me parece importante destacar los siguientes: 

     

    1. En primer lugar, el Consejo de Estado precisa que como el laudo fue proferido con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1150, que unificó las causales de anulación para las controversias relativas a contratos sujetos a la ley 80 y contratos sujetos al derecho privado,  las causales de nulidad que resultan aplicables al momento de la interposición del recurso extraordinario contra el laudo arbitral (abril de 2008), corresponden a las establecidas por el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.

     

    2. Aclara el Consejo de Estado que aun cuando de acuerdo con el Decreto 1818 de 1998 existe la posibilidad de pedir la anulación del laudo por nulidad del pacto arbitral (lo que no existía en la ley 80 de 1993), cuando la cláusula compromisoria esté afectada en forma evidente de objeto o causa ilícita, el juez del recurso tiene la facultad y el deber legal de decretar oficiosamente la nulidad absoluta de la misma, siempre que esté plenamente probada en el proceso y que en el mismo intervengan las partes contratantes o sus causahabientes, de conformidad con lo previsto por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, lo que no obsta para que en uso de la causal primera del artículo 163 del decreto 1818 de 1998, la nulidad provenga de la petición de las partes.

     

    3. En cuanto a la acusación que formula el recurrente en el sentido que el laudo estableció un concepto distinto de los “cargos de acceso”, previsto por la regulación de la CRT, situación que opinión del recurrente genera objeto ilícito  tanto en el convenio como en el laudo que lo aplica,  precisa el Consejo de Estado que  el artículo 116 de la Ley 448 de 1996, le da autonomía a la cláusula arbitral y en tal virtud, aún en el evento de que se declarase la nulidad del Convenio 023 de 1996 ello no generaría necesariamente la nulidad de la cláusula compromisoria, toda vez que se trata de dos negocios jurídicos autónomos.

     

    4. En cuanto a la causal de anulación referida a la indebida integración del tribunal de arbitramento señala que ella atañe a situaciones relacionadas con las condiciones personales del árbitro (bien porque no reúnen los requisitos previstos por la ley o no cumplen los requisitos acordados en el pacto); con su designación (vgr. cuando no se hace con arreglo a lo establecido en la cláusula arbitral o cuando siendo institucional el nombrado no hace parte de la lista respectiva) o con el número de sus integrantes, entre otros eventos. De modo que esta causal apunta a controvertir exclusivamente a la integración y por ello no puede hacerse extensiva a situaciones que no se refieran a la misma.

     

    Advierte que el hecho que no se haya cumplido el trámite previo establecido en la cláusula vigésima del contrato, que consistía en el agotamiento de una etapa ante un Comité de Coordinador con el fin de lograr un acuerdo frente a cuyo fracaso era preciso acudir ante una segunda instancia conformada por los representantes de las partes, no puede suponer la modificación de las formas previstas en la ley para acceder a la jurisdicción, en tanto función pública constitucional.   De ahí que las condiciones previas que las partes establezcan para intentar resolver sus eventuales diferencias no constituye un requisito previo para poder acceder a la administración de justicia (art. 229 CN, art. 2º de la Ley 270 de 1996 LEAJ), en tanto ello supondría privar –o al menos- limitar a las personas de un derecho fundamental, que en tanto fundamento y límite del poder público exige para su configuración y regulación la intervención del legislador (reserva de Ley). En este sentido reitera jurisprudencia anterior del Consejo de Estado.

     

    5. Agrega que el fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico, prescindiendo de las normas jurídicas y de acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y la solución recta y justa del litigio, luego de examinar los hechos, las pruebas y de valorar bajo su libre criterio y el sentido común las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la controversia.  Expresa que de conformidad con reiterada jurisprudencia, el fallo en conciencia se presenta cuando el juez toma determinaciones siguiendo lo que le dicta su propio fuero interno, según su leal saber y entender, basado exclusivamente en el principio de la equidad, de manera que bien puede identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada (“ex aequo et bono”). Igualmente, señala que la Sala ha sostenido que el fallo en conciencia puede presentarse cuando se falla sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso. Advierte que con base en esta causal no será posible verificar el fondo del fallo, ni menos aún modificar el valor probatorio que el juzgador le otorgó a cada una de las pruebas, en atención a los límites que la ley ha fijado a este recurso. Por vía de esta causal no es, pues, viable plantear y menos aún estudiar una violación indirecta a la norma sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas en el asunto concreto.  Agrega que cuando el juez llega a la convicción con sustento en las normas jurídicas y en la valoración jurídica del acervo probatorio ese fallo será en derecho, pese a que no señale el mérito que le otorga a determinado medio de convicción.  Precisa que una mala práctica de una prueba no convierte a una decisión arbitral en un laudo en conciencia.

     

     

    6. En cuanto al cargo por incongruencia por haber desconocido el Tribunal los actos administrativos expedidos por la CRT , que consagraron el concepto de cargos de acceso, y frente a la afirmación del recurrente que el Tribunal de Arbitramento no podía resolver las diferencias sobre cargos de acceso, sino con arreglo a los actos administrativos de la C.R.T., señala el Consejo de Estado que tal caso no es un evento de incongruencia sino de aplicación del derecho sustancial, asunto ajeno  a este tipo de recursos como a la misma causal invocada. El hecho de que el Tribunal haya encontrado que las normas de interconexión expedidas por el ente regulador no eran aplicables al convenio C-023-96, dada su naturaleza de contrato de asociación a riesgo compartido, no es un asunto que sea ventilable en sede de anulación por la causal invocada.  Precisa el Consejo de Estado  que si bien es cierto que no es posible que la justicia arbitral conozca y determine la legalidad de actos administrativos generales y de aquellos actos particulares contractuales que involucren el ejercicio de potestades exorbitantes no lo es menos que el análisis realizado en el sub examine por los árbitros no corresponde a los eventos censurados por la jurisprudencia, sino que se refiere al ejercicio hermenéutico propio de cualquier fallador, inclusive -claro está- de los árbitros, para resolver el asunto que se les somete a su consideración por voluntad de las partes de un litigio.

     

    7. En cuanto a la invocación de incongruencia por no aplicar las normas sobre caducidad, la tesis mayoritaria del Consejo de Estado en este caso considera que se trata de un asunto in iudicando, en tanto implica reabrir el debate sobre el fondo de la cuestión litigiosa dirimida por los árbitros.

     

    Aclaración de voto de la doctora Ruth Stella Correa.

     

    En la aclaración de voto de la doctora Ruth Stella Correa se señala que la caducidad es una institución procesal y -por lo mismo- de orden público que  no es susceptible de renuncia o limitación por convenio particular. Por ello si un Tribunal arbitral se pronuncia sobre este fenómeno jurídico y declara la caducidad, sin que esta haya operado, el fallo se torna incongruente y, por tanto, citrapetita, por no pronunciarse sobre aspectos sujetos a decisión, al no haberse extinguido la acción.

     

    Para efectos de determinar la caducidad en el caso concreto señala la doctora Correa que  la liquidación de mutuo acuerdo no es privativa de los contratos del Estado sometidos a la Ley 80 de 1993, sino que también se hace extensivo a aquellos sometidos al derecho común que así lo exigen como es el caso de los contratos de tracto sucesivo, esto es, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo. Agrega que en tal caso  si no se logra la liquidación de mutuo acuerdo, la entidad estatal tiene competencia para proceder a liquidar unilateralmente y a aprobar tal liquidación a través de un acto administrativo, con todos los efectos impositivos que de su firmeza se deriven. Agrega, además de otras razones, que la ley 1107 atribuye a la administración la facultad de liquidar unilateralmente los contratos en los que es parte sin diferenciar si estos se gobiernan por el estatuto de contratación pública o si se rigen exclusivamente por el derecho común. Por todo ello considera que en el caso concreto había operado el  fenómeno jurídico de la caducidad respecto de la demanda de reconvención.

     

    Aclaración de voto de la doctora Myriam Guerrero

     

    Por su parte la doctora Myriam Guerrero en su aclaración de voto señaló que también se configura la causal de fallo en conciencia cuando el juez no obstante haber hecho referencia al derecho positivo y efectuado la valoración de la prueba en forma detallada y conjunta y de armonizarla en debida forma, finalmente y sin razón que lo justifique, se aparta de ella y falla  a su leal saber y entender, manteniéndose al margen de su contenido y de lo que se ha demostrado a través de su análisis

     

     Cordialmente


    Juan Pablo Cárdenas Mejía

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