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Tutela de la Corte caso Bancolombia

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  • JUAN PABLO CARDENAS
    Apreciados señores: A la presente acompaño la providencia de la Corte Suprema de Justicia del 28 de marzo de 2008, por la cual dicha Corporación resolvió
    Message 1 of 1 , Apr 4, 2008
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      Apreciados señores:

       

      A la presente acompaño la providencia de la Corte Suprema de Justicia del 28 de marzo de 2008, por la cual dicha Corporación resolvió la acción de tutela interpuesta por Bancolombia contra la decisión del Tribunal Superior que anuló el laudo arbitral en el proceso Bancolombia contra la familia Gilinski.

       

      Dicha sentencia concede el amparo transitorio al debido proceso y suspende los efectos de la sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por el término previsto en el artículo 8º del decreto 2591 de 1991, medida que se extenderá hasta la decisión del recurso de revisión.

       

      A mi juicio se trata de una providencia muy importante que es difícil sintetizar en todos los aspectos que trata. Sin embargo, algunos de los puntos que deben resaltarse son los siguientes:

       

      1.  Otorga un fundamento constitucional al arbitraje adicional a la invocación tradicional del artículo 116 de la Constitución Política. Señala el mismo  como “un rasgo sobresaliente de las libertades individuales, en particular de la libertad de contratación, así como el desarrollo cabal de la autonomía privada, en materia de tan señalada importancia como que se trata de la más genuina participación directa de los individuos en las decisiones que les afectan, (artículo 40 de la C.N .), lo cual se logra a plenitud cuando las partes eligen a su propio juez”.  Por lo cual “el Estado mediante la justicia permanente no puede erosionar la autonomía negocial, pues el querer de las partes en esta materia demanda tanto respeto como en cualquier otra y, por lo mismo, el celo y la prudencia deben ser la nota distintiva cuando de interferir esa voluntad expresada en el contrato de arbitraje se trata”.

       

      2. Destaca el carácter restrictivo del recurso de anulación, critica al Tribunal Superior por adoptar una posición amplia en esta materia.

       

      3. Advierte que el legislador no consagró como causal de anulación la falta de competencia. Por ello critica al Tribunal que la dedujo la causal de anulación de indebida constitución del tribunal arbitral, cuyo alcance es distinto.   Expresa que el legislador reguló la materia en el trámite arbitral y atribuyó a los árbitros la función de definir sobre su propia competencia mediante auto que sólo sería susceptible del recurso de reposición. “Entonces, que consciente el legislador de que en el proceso arbitral sólo caben los recursos de reposición, anulación y revisión, al insertar el adverbio “sólo” en el numeral 2º del artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, excluyó expresamente tanto el recurso de anulación como el de revisión, para impugnar las decisiones sobre la competencia del tribunal de arbitramento, para el cual reservó apenas el recurso de reposición”.  Agrega la Corte que “Es menester insistir en que la suerte del Tribunal de Arbitramento no podría quedar pendiendo de un debate sobre la competencia, cuando este es un asunto que regularmente se decide en el umbral de cualquier proceso; desde luego, no se refiere la Corte a la situación en que la falta de competencia viene de la nulidad del pacto arbitral, que corresponde a una causal específica, caso en el cual lo que se juzga es la fuente misma de la autoridad arbitral”.  

       

      4. Critica el análisis del Tribunal Superior en torno al hecho de que haya concluido que el Tribunal Arbitral no tenía competencia por razón de la cláusula que preveía la intervención de auditores para resolver ciertas controversias, pues si el Tribunal Arbitral no tenía competencia, la misma la tenía otro órgano. Agrega la Corte que si la competencia era de los auditores ello “implica afirmar que estos también estaban investidos de jurisdicción, lo cual riñe con la preceptiva del artículo 116 de la Constitución ”

       

      Igualmente advierte la Corte que  “si el Tribunal Superior hubiese considerado expresamente que la función de los árbitros era subsidiaria del fracaso del mecanismo de la firma de auditores, habría tenido que dar algún efecto al agotamiento o al bloqueo insalvable del mecanismo de auditores, como hecho habilitante de la competencia que ejerció el Tribunal de Arbitramento”.

       

       

      Expresa asi mismo que el hecho de que la decisión de los auditores fuera obligatoria “no descartaba la intervención del Tribunal de Arbitramento, o por lo menos la sentencia acusada no abona razones en torno a este respecto”.

       

      Señala que “… no hay duda que la fuerza del pacto arbitral subordina y desplaza el mecanismo de los auditores, pues ellos estaban en absoluta incapacidad legal y convencional de producir una decisión con fuerza de cosa juzgada, en tanto legalmente no son reconocidos con aptitud para ser investidos de jurisdicción y tampoco las partes les reconocieron como jueces o árbitros técnicos, menos en desdoro de la soberanía judicial…”

       

      5. Afirma que la competencia para interpretar el contrato incluyendo las cláusulas de arbitraje y la relativa a auditores internacionales es del Tribunal Arbitral, y que “de ninguna manera el Tribunal Superior adquiere la jurisdicción originaria de los árbitros, tampoco la facultad interpretativa a ellos reservada en el pacto arbitral, sin negar la integridad del pacto arbitral y resentir la voluntad de las partes”.  

       

      6. Señala que con el “entendimiento de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se ve sacrificado el derecho de acción, pues sobre la base de la supuesta necesidad de acudir previamente a un dictamen contable, se pospone indefinidamente la posibilidad de activar la jurisdicción -en este caso la arbitral-, cuando es bien sabido que el derecho de acción no puede sufrir mengua, ni una sentencia aniquilada, sino con estricta sujeción al régimen legal de nulidades”. A tal efecto reitera la doctrina del Consejo de Estado sobre los requisitos pactados por las partes para iniciar un proceso arbitral.

       

      7. Desde el punto de vista de la acción de tutela señala que el derecho fundamental al debido proceso, sufre mengua “por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales”.

       

      8. Precisa que el recurso de revisión “es el instrumento llamado por el ordenamiento jurídico a enmendar los graves yerros de argumentación que a lo largo de esta sentencia quedaron descritos, por lo que el amparo sólo procede como mecanismo transitorio mientras el interesado promueve el recurso extraordinario de revisión”.

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