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665SENTENCIA CONSEJO ESTADO

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  • HERNANDO HERRERA
    Mar 11 5:36 AM
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    Apreciados doctores,

    Adjunto un muy reciente fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que decidió un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en donde se declaraba administrativamente responsable al Municipio de Ibagué de la ocupación permanente de los predios de propiedad de las sociedades demandantes.

    El tema posee relevancia para el tema arbitral, por cuanto se debatía la procedibilidad de una excepción denominada “FALTA DE JURISDICCIÓN POR PACTO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA”, que en la primera instancia del proceso había sido despachada negativamente. Dicha excepción se apoyaba en el hecho de que el contrato de compraventa celebrado entre las partes en una de sus cláusula, estipulaba que las diferencias que surgieran entre las partes y que fueran susceptibles de transacción serían sometidas a un Tribunal de Arbitramento.

    Al respecto, se determinó inicialmente por parte del Tribunal de Tolima, que dicha excepción no estaba llamada a prosperar, debido a que en su criterio, de lo que se trataba era de determinar los perjuicios causados con la ocupación permanente de parte de unos predios por la construcción de una obra pública, tramitada mediante una acción de reparación directa, evento fuera del ámbito de acción del pacto arbitral.

    Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo de Estado entró a estudiar los siguientes problemas jurídicos:

    a. ¿Cuando existe un convenio, (acuerdo de voluntades) para propósitos urbanísticos que incluye cláusula compromisoria, como en este caso, pueden las diferencias derivadas de ese acuerdo resolverse en sede judicial contencioso administrativa a través de la acción de reparación directa?

    b. Si existe un pacto arbitral, ¿Está habilitada la Jurisdicción Contencioso Administrativa para hacer un pronunciamiento de fondo sobre las diferencias que el mismo demandante admite que han surgido con ocasión del convenio celebrado con la administración?

    En cuanto al primer punto, la sentencia advierte que desde luego la acción de reparación directa procede cuando se invoque la pretensión indemnizatoria en razón de la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos; más sin embargo señaló, que la indemnización reclamada por la parte demandante dimanaba de un contrato administrativo entre los demandantes y el municipio de Ibagué, en el cual por cierto se había pactado cláusula compromisoria.

    En tal evento el asunto encajaba más bien en la acción de controversias contractuales, que atiende a que cualquiera de las partes de un contrato estatal pueda pedir, entre otras pretensiones, que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales. Lo anterior para concluir también por parte de la sentencia en comento, que de conformidad con las normas constitucionales relativas al ejercicio de autoridad judicial por los particulares, en concordancia con los artículos 70 a 72 de la ley 80 de 1993 incorporados en el decreto 1818 de 1998 o norma anterior compiladora de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la acción contractual evidentemente que puede ser ejercida ante tribunales de arbitramento.

    En relación con el segundo tópico indagado, el fallo indica que la existencia del pacto arbitral enervaba cualquier posibilidad de actuación por parte de las autoridades contencioso administrativas, en cuanto la configuración de ausencia sustancial de jurisdicción para actuar válidamente en relación con el litigio.

    Por ello, siendo evidente para el Consejo que la parte demandante hizo consistir el daño antijurídico en el incumplimiento por parte del municipio de Ibagué de un convenio, no era viable desatender el contenido de la cláusula en la cual se acordó pacto arbitral; en este orden, no cabía duda que esta parte desconoció abiertamente la referida cláusula, impulsando una acción improcedente para reivindicar sus derechos, comoquiera que lo acordado en ese sentido, establecía el juez competente para decidir sobre el alegado incumplimiento de la administración al acuerdo suscrito.

    Lo anterior, reitera la sentencia, independientemente de la validez del contrato que contenía dicha cláusula, ya que no debe perderse de vista que el pacto arbitral es autónomo y por consiguiente la inexistencia o invalidez del contrato que la contiene no incide en él.

    Se concluye entonces por la citada providencia, que la existencia de la cláusula compromisoria excluía la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

    Por las anteriores razones, en resumen, se declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y se revocó la decisión de primera instancia.

    Cordialmente, Hernando Herrera Mercado


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