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286ARBITRAJE FORZOSO

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  • HERNANDO HERRERA
    Jun 1, 2010
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      Por considerarlo de interés para la comunidad jurídica y en especial para la actividad arbitral por punto que pasará a comentarse, me permito enviarles a continuación el resumen ejecutivo que recoge las deliberaciones realizadas por la denominada Comisión de Reforma a la Justicia, que culminaron recientemente. 


      Sin hacer comentario alguno sobre las propuestas en el documento expresadas, desearía sí, centrarme en una recomendación que ahí se plantea, relacionada con permitir que la ley habilite directamente el uso del arbitraje. Lo anterior supondría que el arbitraje, por lo menos en ciertos casos, fuera forzoso u obligatorio. 


      Ahora bien, en la medida que con ocasión del estudio de la exequibilidad de algunas leyes que han intentado precisamente instaurar para ciertas controversias el llamado arbitraje forzoso, la  Corte Constitucional ha declarado su inconstitucionalidad, la propuesta de la Comisión es elevar dicha propuesta a reforma constitucional. Observemos la cuestión, en varios fallos la Corte ha reiterado el carácter voluntario del arbitraje, como por ejemplo en la sentencia C-035/08, según la cual determinó: "La Constitución establece el arbitramento como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual, las partes de una controversia, en ejercicio de su autonomía someten la resolución del conflicto sobre materias transigibles a unos árbitros que han sido investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia y cuya decisión es definitiva". 


      Por consiguiente, lo que propone la citada Comisión es reformar directamente el artículo 116 de la C.N.,  añadiéndose que la también la ley puede habilitar el uso del arbitraje, con lo que éste no sólo quedaría librado a la voluntad de las partes. Dice así dicha propuesta: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes o por la ley para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

      Apreciados doctores: 


      El fundamento de este planteamiento se resume así en el texto: "La utilización del Arbitraje no es de la magnitud que pueda servir para señalar que es un elemento de descongestión judicial; su utilización como mecanismo útil para dirimir controversias es limitada por la creencia de que es oneroso el servicio, aunque el resultado por tiempo pueda resultar favorable.


      En la medida que en los contratos se pacte la cláusula compromisoria, la posibilidad de la utilización de este mecanismo será favorable para apoyar el acceso al servicio de justicia. Igualmente, en la medida en que la ley habilite el arbitraje forzoso, este mecanismo podrá ser potenciado.".


      Independientemente o no de que se comparta este aspecto, punto que obviamente resulta de gran debate, en lo que si se podrá coincidir es que ello supondría una reforma estructural al arbitraje.

       

      Cordialmente, Hernando Herrera Mercado

       

      Adjunto: Resumen Ejecutivo.

      COMISIÓN DE REFORMA A LA JUSTICIA


      Propuestas resumidas


      Como producto de las deliberaciones realizadas, la Comisión de Reforma a la Justicia concluye que se deben debatir y evaluar las siguientes reformas constitucionales, medidas legislativas y políticas públicas:


      Transformar al Consejo Superior de la Judicatura en el Consejo Nacional de la Administración Judicial, órgano de gobierno de la Rama integrado por los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y por otros tres miembros, uno elegido por cada una de dichas Cortes.


      Crear dentro del Consejo Nacional de la Administración Judicial, una Dirección General de la Administración Judicial, de índole técnica y ejecutiva, que cumpla funciones de planeación, recursos humanos, presupuesto, informática, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo.


      Instituir la Escuela Judicial a cargo del Consejo Nacional de la Administración Judicial. Su función central debe ser la formación, capacitación y actualización de los servidores de la Rama Judicial.


      Adicionar en la Constitución una disposición que establezca que los conflictos de competencia entre jurisdicciones, no asignados especialmente, serán dirimidos por una sala de conflictos integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.


      Otorgar a la Corte Suprema de Justicia la función de dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar, así como, entre la ordinaria y las especiales. Adicionalmente, otorgar al Consejo de Estado la competencia para dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción contencioso administrativa y las jurisdicciones especiales.


      Destinar a la Rama Judicial un monto no inferior al 2,5% del presupuesto anual. Este es independiente del presupuesto de la Fiscalía.


      Escindir el Ministerio del Interior y Justicia y restablecer el Ministerio de Justicia. 


      Ubicar en cabeza del Ministerio de Justicia las funciones de formulación de políticas y planes de enmienda al ordenamiento jurídico y la política criminal, en coordinación con las instituciones jurisdiccionales; coordinar sus entidades adscritas y vinculadas; y actuar como órgano de interlocución entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial. 


      Mantener la Fiscalía General de la Nación dentro de la Rama Judicial. 


      Incrementar el período del Fiscal General de la Nación a cinco años.


        Modificar el proceso de selección del Fiscal General de la Nación, de manera que la Corte Suprema de Justicia envíe una lista de seis candidatos al Presidente de la República, y éste lo elija. 


      Consolidar la jerarquía del Fiscal General de la Nación, eliminando de la Constitución la disposición que reconoce la autonomía de los fiscales delegados al interior de la

      Fiscalía. 


      Estudiar la posibilidad de unificar el esquema procesal penal para dar aplicación exclusiva a la ley 906 (Sistema Penal Acusatorio), dando fin a la aplicación de la ley 600. 


      Suprimir en el marco del sistema penal acusatorio la intervención de la Procuraduría en los procesos penales.


      Establecer el régimen de carrera al interior de la Defensoría Pública, vinculando a los defensores como servidores públicos de la Defensoría mediante concurso de méritos.


        Introducir las siguientes modificaciones a la acción de tutela contra sentencias judiciales:

      - Establecer un término de caducidad de dos meses 

      - Exigir la intervención de abogado 

      - Exigir que se demuestre la incidencia de la violación del derecho invocado en la decisión del juez 

      - Limitar la intervención del juez constitucional para evitar que se sustituya la competencia del juez ordinario 

      - Hacer respetar el principio de jerarquía en la interposición de la acción; 

      - Definir la improcedencia de la acción de tutela frente a decisiones de tutela.


      Evaluar, frente a providencias de Altas Cortes, las siguientes posibles reformas a la acción de tutela:

      - Improcedencia de la acción contra providencias de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado por concepto de apreciación probatoria o de aplicación o interpretación de la ley, procediendo únicamente por grave violación del derecho fundamental del debido proceso en que incurra la respectiva corporación en el trámite del recurso o del proceso. Interposición ante la misma corporación.

      - Procedencia de la acción frente a providencias de Altas Cortes, únicamente ante la Sala o Sección de la misma Corporación que indique su reglamento, dentro de los diez días siguientes a su ejecutoria, y el fallo definitivo que se profiera no será revisable por ninguna autoridad.

      - Establecer un recurso de anulación contra sentencias de las Altas Cortes, procedente por violación constitucional de los derechos fundamentales y de la jurisprudencia que legalmente resulte obligatoria para cada caso. Dicho recurso deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la expedición de la sentencia y será resuelto incidentalmente previo concepto de la Corte Constitucional que podrá ser emitido, dentro de los diez días siguientes al recibo de su comunicación.


      Expedir nuevos códigos procesales que conviertan el principio de oralidad en la regla general de las actuaciones procesales, simplifiquen los trámites judiciales, procuren la unificación en los esquemas de los procedimientos y erradiquen los ritualismos y dilaciones.


      Aprovechar las tecnologías dentro de los esquemas procesales, para avanzar en la eficiencia y transparencia de la administración de justicia.


      Promover la utilización intensiva de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.


      Aprovechar en el interior de las Altas Cortes las medidas incorporadas en el artículo 16 de la ley 1285/09.


      Diseñar y ejecutar un plan de corto plazo para lograr la descongestión judicial. 


      Modificar el artículo 230 de la Constitución para introducir el deber de los jueces de seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en lo de su competencia. Sin embargo, se podrán apartar de dicha jurisprudencia, exponiendo de manera expresa y clara los motivos que justifiquen tal separación.


        Atribuir a las Relatorías de las Altas Cortes la función de elaborar las líneas jurisprudenciales que definan la jurisprudencia vigente de cada Corporación.


      Establecer el deber en las Corporaciones judiciales, de que los cambios jurisprudenciales sean aprobados por la mayoría de sus miembros. Dichos cambios deben surtir efectos únicamente hacia futuro. En todo caso, los cambios jurisprudenciales deben ser razonados.


      Establecer mecanismos para asegurar, bajo apremio de sanciones, que las autoridades públicas resuelvan los asuntos de su competencia de acuerdo con las líneas jurisprudenciales vigentes frente a casos similares.


      Establecer en la Constitución que los aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sean elegidos por dichas Corporaciones, siendo previamente oídos en audiencia pública.


      Incrementar el requisito de experiencia para ser Magistrado de las Altas Cortes, a 15 años.


      Consagrar la edad de retiro forzoso de 70 años para los Magistrados de las Altas Cortes.


      Incrementar a 12 años el período de ejercicio de los Magistrados de las Altas Cortes. 


      Modificar el régimen disciplinario para que los superiores jerárquicos funcionales de los magistrados de tribunales, jueces y empleados, conozcan de las faltas e impongan las correspondientes sanciones por las faltas que cometan. 


      Reformar la Constitución para que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación y el Procurador cuando fuere postulado por la Corte Suprema de Justicia, sean examinados y sancionados disciplinariamente por el Consejo de Estado; y los Magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Nacional de la Administración Judicial y el Procurador cuando fuere postulado por el Consejo de Estado y el Presidente de la República, sean examinados y sancionados disciplinariamente por la Corte Suprema de Justicia.


      Adoptar las estrategias necesarias para dar aplicación al Código Iberoamericano de Ética Judicial en Colombia.


      Crear la Colegiatura Nacional de Abogados que ejercerá la función disciplinaria de los profesionales del derecho.


      Establecer la selección de los funcionarios sujetos a carrera judicial con una seria base objetiva, combinando la calificación como factor para ingresar a una lista de elegibles y facultando a la Corporación elegir a cualquier miembro de dicha lista.


      Permitir que la ley habilite directamente el uso del arbitraje. Crear el Departamento Administrativo de la Abogacía del Estado, dependiente de la Presidencia de la República, cuya función principal será la defensa judicial de la Nación. 


      Eliminar la facultad que tienen los Tribunales Superiores y los Tribunales Administrativos para nominar a los candidatos a las Contralorías territoriales. 


      Reflexionar sobre la experiencia de la participación de las Cortes en la elección del Auditor General de la Nación, Contralor General de la República y el Registrador

      Nacional. 


      Promover la imparcialidad y la divulgación de información veraz por parte de los medios de comunicación dentro del ejercicio de su labor periodística, alrededor de la administración de justicia.



       
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