Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

CIDH se pronuncia Mujeres, afro-lgbti-defensores de derechos humanos

Expand Messages
  • Germán H.Rincón-Perfetti
    Hola Remito el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al finalizar su 144 periodo de sesiones. En el comunicado de hace referencia
    Message 1 of 1 , Apr 1, 2012
    • 0 Attachment

      Hola

      Remito el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al finalizar su 144 periodo de sesiones.

      En el comunicado de hace referencia grupos poblaciones como niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, población afro,  mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, (destacados en color amarillo – dos partes) entre otros asuntos.

      El comunicado se puede ver en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/036A.asp, también lo remito en su integridad al final.

      Germán Humberto Rincón Perfetti

      Representante para America Latina de la International Lesbian and Gay Law Association  www.ILGLaw.org

      Representante Regional Gay Suplente ILGA-LAC ILGA www.ILGA.org

      Bogotá, Colombia

      571-2102534   2102530

      www.rinconperfettiabogados.com

      rinconperfettigerman@...

      Comunicado de Prensa

      Anexo al Comunicado de Prensa 36/12 emitido al culminar el 144 Período de Sesiones

      30 de marzo de 2012

      Compartir este comunicado

      ShareThis - Compartir

      Datos de contacto

      María Isabel Rivero

      Directora de Prensa de la CIDH

      Tel. (1) 202 458 3867

      mrivero@...

      Audios y Videos

      Video de la conferencia de prensa

      Enlaces Relacionados

      Comunicado principal

      Comunicados de Prensa de la CIDH

      Sitio web de la CIDH

      CIDH en Facebook

      CIDH en Twitter

      .Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 144o Período ordinario de Sesiones del 19 al 30 de marzo de 2012. La CIDH está integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.

      Durante el 144o Período de Sesiones se celebraron 41 audiencias y 23 reuniones de trabajo. Asimismo, se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los Afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.

      En primer lugar, la CIDH saluda la aprobación, el 13 de marzo de 2012 por el Senado de México, de una reforma constitucional que facultaría a las autoridades federales de dicho país a investigar y juzgar los delitos que “limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”. La reforma ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, y ahora espera la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Por otro lado, el 15 de marzo fue presentada en el pleno del Senado de la República una iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según la información recibida, la iniciativa fue suscrita por un número importante de senadores, y fue el producto de un trabajo conjunto entre el órgano legislativo y organizaciones de la sociedad civil. La CIDH manifiesta su satisfacción por estas iniciativas y considera que, de concretarse, constituirían avances importantes hacia el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010 en materia de protección de periodistas y lucha contra la impunidad.

      Asimismo, la Comisión valora y reconoce el cumplimiento sustancial por parte del Estado de Argentina de las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo en el Caso 12.324. En dicho informe, la CIDH concluyó que el Estado argentino era responsable por haber condenado al señor Rubén Luis Godoy a la pena de prisión perpetua y al pago de una indemnización como resultado de un proceso en que se habrían violado sus garantías judiciales. El Estado dio cumplimiento sustancial a las recomendaciones formuladas en el Informe de fondo sobre el caso, en particular mediante la interposición de una acción de revisión de la sentencia condenatoria, la reapertura de la investigación por las denuncia de tortura en perjuicio de la víctima y la conmutación de la pena de prisión perpetua. En consecuencia, la CIDH aprobó la publicación del Informe de Fondo sobre el caso.

      De igual manera, la CIDH saluda los avances registrados en los últimos meses en el combate contra la impunidad para graves violaciones a los derechos humanos. En Uruguay, el 21 de marzo el presidente José Mujica reconoció la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y pidió disculpas a su hija, María Macarena Gelman, quien nació cuando su madre estaba secuestrada y en cautiverio, durante la dictadura militar uruguaya. De esta manera, el Estado uruguayo cumplió con uno de los aspectos de la sentencia de la CorteIDH, que también ordenó al Estado a investigar los hechos a fin de esclarecerlos, determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones que correspondan.

      En este mismo sentido, la CIDH saluda los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y pedido de perdón realizados por diversos Estados. El 10 de diciembre de 2011, el Estado de El Salvador realizó un acto de conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada 30 años atrás. El Estado de Guatemala realizó el 20 de octubre de 2011 un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en el caso de Juan Jaboco Arbenz Guzmán, y el 15 de diciembre realizó una ceremonia de pedido de perdón a familiares y sobrevivientes de la masacre de la comunidad de Las Dos Erres, en Petén. Por su parte, el Estado de México realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas a Valentina Rosendo Cantú y su hija el 15 de diciembre de 2011. La CIDH saluda estos avances y espera que se continúe avanzando en el cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano en estos y otros casos.

      Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación ante información recibida respecto de Haití y de Suriname respecto de retrocesos en el combate contra la impunidad para crímenes de lesa humanidad.

      En este sentido, el 30 de enero de 2012 el juez de instrucción a cargo de la causa iniciada contra Jean-Claude Duvalier en Haití, decidió no procesar a Duvalier por violaciones a los derechos humanos. Las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas bajo el régimen de Jean-Claude Duvalier fueron documentadas por la CIDH en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití, publicado en 1979, preparado con base en la visita de observación in loco realizada en dicho país en agosto de 1978. La Comisión Interamericana reitera lo indicado en su pronunciamiento de mayo de 2011, en el sentido que el Estado haitiano tiene la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Duvalier.

      En relación con Suriname, la Comisión recibió información de que el gobierno de coalición del Presidente Desi Bouterse ha presentado al Parlamento de Suriname un proyecto de ley que busca dejar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos de la era militar (1982-1992). Este proyecto busca eliminar la excepción contenida en la Ley de Amnistía de 1992, que aplica a los crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra. Iniciativas de esta naturaleza obstaculizarían el cumplimiento de casos ya decididos por el sistema interamericano, incluido el caso de la Masacre de Moiwana, entre otros. La Comisión recuerda la incompatibilidad de las leyes de amnistía relacionadas con violaciones graves de derechos humanos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que impiden a los Estados investigar y castigar a los responsables.

       

      Participación de Estados y de Sociedad Civil en las Sesiones

      La participación en audiencias y reuniones de trabajo de representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de quienes lo hicieron en carácter de víctimas o peticionarios, constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del Hemisferio. Además de las 41 audiencias y las 23 reuniones de trabajo celebradas sobre peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron más de 40 reuniones adicionales, algunas de ellas con representantes de los Estados Miembros, y otras con representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación.

      El jueves 22 de marzo de 2012, la Comisión Interamericana recibió en su sede una delegación del Estado de Chihuahua encabezada por el Gobernador, Cesar Duarte Jáquez. La delegación hizo referencia a la voluntad del Gobierno del Estado de Chihuahua para profundizar las estructuras de protección de los derechos humanos en el referido Estado. El Gobernador mencionó asimismo a una serie de programas que se estarían implementando en el Estado a fin de trabajar con las problemáticas que se presentan en el mismo. En particular, se refirió a la estrategia de lucha contra la impunidad, a proyectos de educación, a la reforma integral del sistema judicial y a la atención de salud, entre otros.

      Por su parte, la CIDH destacó la importancia de que exista un diálogo vigoroso con los Estados, y que en los países que, como México, tienen un sistema de gobierno federal, este diálogo no se limite al nivel federal de gobierno. La Comisión considera positivo que se implementen programas de protección de los derechos humanos, en especial teniendo en cuenta la información preocupante que la Comisión continúa recibiendo con respecto a la situación de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua, que incluyen denuncias de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en perjuicio de mujeres y niñas, y altos índices de violencia e impunidad, entre otros graves problemas.

      Por otra parte, el 29 de marzo de 2012, la CIDH recibió a una delegación del Gobierno de Ecuador, integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño; el procurador General del Estado, Diego García; la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Johana Pesántez; el Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado; entre otros altos funcionarios.

      Tras tomar conocimiento de una convocatoria a una rueda de prensa con el Canciller ecuatoriano titulada “Gobierno del Ecuador expondrá ante la CIDH su posición sobre el pedido de medidas cautelares por el caso El Universo”, el Presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco, recordó a la delegación que la reunión había sido solicitada exclusivamente para discutir asuntos de carácter general, y explicó que la referencia a asuntos en trámite sin la presencia de la otra parte no podría ser tenida en cuenta por la CIDH dado que violaría el principio de igualdad procesal entre las partes.

      La Comisión Interamericana lamenta que, pese a esto, los representantes del Estado hayan optado por hacer referencias a la medida cautelar y el caso relacionados con el diario El Universo (Petición 1436/11 y MC 406/11). Asimismo, expresa ante la opinión pública, tal y como se alertó a la respectiva delegación del Estado, que dichas referencias no serán tenidas en cuenta en la evaluación de peticiones o casos concretos, y que no han sido ni serán registradas en sus archivos.

       

      Represalias contra personas que acuden a la CIDH

      La Comisión expresa su más profunda preocupación ante las amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de altas autoridades estatales.

      La Comisión considera inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. La Comisión Interamericana condena estos hechos, y les recuerda a los Estados el artículo 63 del Reglamento , que establece que éstos deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

       

      Personas Afrodescendientes

      La Comisión recibió información sobre la continuidad de los obstáculos que las personas Afrodescendientes deben enfrentar en la región, en relación con la protección de sus derechos humanos. Estos obstáculos se vinculan tanto con cuestiones de discriminación racial como con violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales. En particular, las personas afrodescendientes se encuentran desproporcionadamente afectadas en asuntos migratorios y se encuentran en grave riesgo de convertirse en apátridas. Asimismo, las personas afrodescendientes enfrentan desafíos particulares debido al incremento de las industrias extractivas, que desplazan comunidades con modos de vida tradicionales y culturas propias y que en algunos casos, ponen en peligro su vida e integridad personal. La Comisión también recibió información que indica que las mujeres afrodescendientes enfrentan desafíos especiales en cuanto a sus derechos humanos, en particular, en contextos de conflicto armado y desplazamiento. Estos desafíos incluyen principalmente actos de violencia sexual y de acceso a la justicia.

      Durante el transcurso de las sesiones, la Comisión tomó nota de la amplia cobertura de prensa sobre la muerte del joven Tryvon Martin en Florida, Estados Unidos. Los artículos indican que el 26 de febrero de 2012, George Zimmerman, un autodenominado guardián de la comunidad, decidió seguir a Trayvon Martin, un joven afrodescendiente de 17 años de edad, porque se veía “sospechoso”. Aunque los hechos del caso aún deben ser esclarecidos, la información disponible indica que Zimmeraman mató de un disparo al adolescente, que no estaba armado. No ha habido arrestos en el caso. Las autoridades de Florida han anunciado que un gran jurado va a ser convocado en abril. A nivel federal, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y el FBI han anunciado el inicio de investigaciones. El caso involucra temas importantes sobre el deber de las autoridades locales y federales en cuanto a la debida diligencia para responder a actos de violencia que podrían estar basados en la discriminación racial. La Comisión urge a las autoridades competentes a realizar pronto una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y que asegure que se haga justicia.

       

      Personas migrantes

      En la audiencia sobre la situación de personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México, organizaciones de la sociedad civil de México, El Salvador y Honduras, así como familiares de migrantes desaparecidos en México, manifestaron su preocupación respecto de la falta de criterios homologados para la identificación de migrantes no localizados y restos no identificados, los obstáculos que enfrentan los familiares de migrantes no localizados o que han desaparecido en su tránsito por México para acceder a información acerca del paradero de sus familiares, así como la falta de asistencia por parte de sus gobiernos y del Estado mexicano en la búsqueda de sus seres queridos. Las organizaciones peticionarias manifestaron que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se estima que, entre los años 2007 y 2011, hay más de 8.800 cuerpos no identificados y al menos 1.230 cadáveres recuperados en México, provenientes de 310 fosas clandestinas. Las organizaciones peticionarias manifestaron que esta situación hace necesaria la implementación de nuevos mecanismos forenses para lograr una respuesta más satisfactoria en términos de verdad y justicia para los varios miles de familiares de migrantes mexicanos y centroamericanos desaparecidos en México en su camino hacia los Estados Unidos. Propusieron la formación de una comisión multidisciplinaria de expertos forenses internacionales independientes para colaborar con sus pares mexicanos en la identificación de restos aún no identificados, recuperados en agosto de 2010 y abril de 2011 en Tamaulipas, México. Asimismo, indicaron que es necesario establecer bancos de datos forenses, a nivel nacional y regional. Por su parte, los representantes del Estado de México manifestaron su disposición a dialogar con las organizaciones peticionarias respecto de esta materia, al tiempo que reconocieron la compleja situación que se vive con relación a las personas no localizadas en México y explicaron las medidas que han adoptado para hacer frente a la problemática. En este sentido, destacaron el avance institucional que representa la reciente aprobación de la Ley sobre el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Extraviadas. En igual sentido, el Estado informó acerca de las acciones en materia pericial y forense para identificar los cuerpos y restos localizados, entre los cuales se encuentren personas migrantes, en particular de uno de los laboratorios periciales más grandes de América Latina. La CIDH reitera la necesidad de establecer mecanismos efectivos para la determinación de la identidad de las personas migrantes que han sido halladas muertas en México, así como de sancionar a los responsables de estas muertes. Asimismo, la Comisión expresó su disposición en colaborar con el Estado mexicano y otros Estados de la región para colaborar y acompañar en el establecimiento de estos mecanismos.

      La Comisión también celebró una audiencia sobre la situación de los derechos humanos de migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur de Estados Unidos. Las organizaciones peticionarias de la audiencia informaron acerca de abusos y violaciones a los derechos humanos que se comenten en perjuicio de los migrantes por parte de miembros de la Patrulla Fronteriza, así como la impunidad de estos hechos y las falencias existentes en términos de las políticas y prácticas en las que se basan los procedimientos para el procesamiento y sanción de los miembros de la Patrulla Fronteriza que cometen estos actos. Por su parte, los representantes de la delegación de los Estados Unidos informaron acerca de los procedimientos y cuidados que se brindan a los migrantes una vez que se encuentran bajo su custodia. Adicionalmente, señalaron que los procedimientos establecidos en la actualidad al interior de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no promueven ni toleran abusos en contra de las personas migrantes y que en caso de que éstas ocurran son debidamente reportadas, procesadas y sancionadas.

       

      Defensoras y defensores de derechos humanos

      En las sesiones se recibió información sobre la persistencia de la violencia en algunos países en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, la cual se manifiesta en los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra su vida e integridad, el uso de procesos penales injustificados en su contra, discursos de descrédito dirigidos a desalentar sus labores, así como las restricciones indebidas para el ejercicio de la libertad de asociación.

      En relación con Cuba, la CIDH recibió denuncias sobre reiteradas detenciones y hostigamientos en contra de defensoras de derechos humanos. Se informó que en el marco de las detenciones ocurridas durante manifestaciones de protesta social, los métodos de represión infringidos tendrían un especial ensañamiento contra las mujeres. En lo que va del año, habrían ocurrido mas de mil arrestos arbitrarios contra defensores de derechos humanos en Cuba, de los cuales, más del 50% corresponderían a arrestos contra mujeres defensoras. Durante el fin de semana del 24 y 25 de marzo de 2012 se reportaron 104 detenciones de Damas de Blanco en Cuba, presuntamente para evitar el desarrollo de actividades en el aniversario de la llamada Primavera Negra de 2003. Según la información recibida en la audiencia, los actos de agresión que las mujeres defensoras sufren en la isla por parte de agentes de seguridad del Estado se habrían recrudecido desde 2011. Según la información proporcionada, a las constantes golpizas, allanamientos de viviendas, amenazas de muerte y arrestos arbitrarios de las que son constantemente víctimas, se agregaron actos de acoso y amenazas sexuales, desnudos forzados y mordidas, tanto en la calle como en centros de detención. Según las solicitantes de la audiencia, las amenazas y maltratos también se habrían extendido a las y los hijos de las mujeres defensoras.

      En relación con Guatemala, la Comisión recibió información sobre la especial exposición al riesgo en que se encontrarían líderes y lideresas sindicales, defensoras y defensores de personas cuyos derechos fueron violados durante el conflicto armado, así como defensoras y defensores del derecho al medio ambiente. Asimismo, se recibió información sobre la falta de implementación efectiva de un Programa de Protección para Defensoras y Defensores en Guatemala y sobre la fragilidad que tendría su Instancia de Análisis de Ataques contra Defensoras y Defensores, al no tener una base legal que asegure su funcionamiento y continuidad. Igualmente, la Comisión continuó recibiendo información sobre la especial exposición a sufrir agresiones en que se encontrarían líderes y lideresas sindicales en Venezuela.

      Asimismo, la CIDH recibió información sobre la falta de adopción de medidas efectivas de protección por parte de los Estados y sobre los obstáculos en la implementación de medidas de cautelares o provisionales dictadas por los órganos del sistema interamericano, particularmente, en cuanto a la práctica de algunos Estados de sujetar a un nuevo análisis de riesgo las solicitudes de adopción de medidas para determinar su procedencia. La Comisión reitera lo establecido en su Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores en las Américas en el sentido de que “la fase que le corresponde al Estado ante una solicitud de medida de protección proveniente del sistema interamericano, es la de su implementación y seguimiento, pero no así la valoración de los elementos que dan motivo a la solicitud, dentro de los cuales se enmarca la calificación del nivel de riesgo”.

      En relación a Colombia, varias organizaciones expresaron su preocupación porque autoridades estarían utilizando el término “guerra jurídica” contenido en glosarios utilizados por las fuerzas armadas, para descalificar las denuncias interpuestas por defensoras y defensores y asociarlas con actividades destinadas a desalentar la paz social. Asimismo, la Comisión recibió información sobre las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados por la nueva Unidad Nacional de Protección a fin de proteger la vida e integridad de defensoras y defensores en riesgo, no obstante, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de idoneidad y efectividad de algunos esquemas de protección, especialmente, cuando se trata de beneficiarios de carácter colectivo, como lo son las organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos y las comunidades indígenas y campesinas.

      La CIDH también recibió información sobre algunos de los obstáculos que debilitan la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia en Centroamérica. Entre los obstáculos, la falta de aplicación efectiva de marcos normativos relacionados con la carrera judicial impediría en algunos Estados que los ascensos de jueces y magistrados se hagan tomando en cuenta criterios objetivos y predecibles. Asimismo, según se informó, en algunos países habría precarias condiciones salariales para los operadores de justicia y persistiría la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia y protección ante actos de agresión provenientes de agentes externos, tales como del crimen organizado.

      La Comisión recibió información sobre los obstáculos a la libertad de asociación en la región, particularmente en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Perú. Según la información aportada en algunos países existirían prácticas complejas y requisitos onerosos y discrecionales que han llevado al rechazo de varias solicitudes de personalidad jurídica solicitadas por organizaciones de defensoras y defensores. Se informó, asimismo, que en algunos países el financiamiento internacional por parte de las organizaciones de defensoras y defensores habría tenido por consecuencia la iniciación de investigaciones penales en contra de sus miembros así como la disolución de las organizaciones.

      Durante el presente período de sesiones, se recibió información sobre la presentación de una iniciativa de ley para la creación de un mecanismo de protección a defensoras y defensores en México. La CIDH ha dado seguimiento a la implementación de este mecanismo y espera que en el proceso de su construcción se garantice la participación activa de defensoras y defensores y tenga en consideración los estándares establecidos por la CIDH en su Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores en las Américas.

       

      Pueblos Indígenas

      Durante el 144o periodo ordinario de sesiones de la Comisión, se realizaron ocho audiencias sobre derechos de los pueblos indígenas, en concreto relativas a los derechos sobre sus tierras y recursos naturales, y a derechos de mujeres indígenas.

      En particular, se llevaron a cabo audiencias sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales en Argentina, Colombia, Panamá y Suriname. Con base en la información recibida, la Comisión reitera que la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, dado que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica, sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural, así como su vida espiritual e identidad, en la relación con la tierra. Por ello, la CIDH llama a los Estados a adoptar mecanismos legales e institucionales que garanticen los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Asimismo, la CIDH insta a los Estados a dar cumplimiento efectivo a su obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios.

      Por otro lado, tuvieron lugar audiencias relativas a los derechos de mujeres indígenas en Argentina, Canadá, Colombia, Guatemala y México. Al respecto, la CIDH reitera la triple discriminación histórica que han enfrentado las mujeres indígenas, por ser mujeres, por ser indígenas, y por ser pobres. En atención a ello, la CIDH enfatiza la importancia de que los Estados incorporen las necesidades específicas de las mujeres indígenas en sus actuaciones, respetando su identidad cultural, etnia, lengua e idiosincrasia, incluso creando sistemas y métodos de peritaje cultural en casos de violencia. Asimismo, la Relatora destaca que las manifestaciones de discriminación y violencia que afectan a las mujeres indígenas se ven agravadas durante el conflicto armado, por lo que enfatiza la importancia del esclarecimiento judicial de estos hechos, así como la adopción de una política de reparaciones acorde con la situación de las víctimas y su pertenencia étnica, que incluye estructuras de asistencia a las mujeres y niñas durante el proceso de denuncia y demanda de reparaciones.

      Es de especial preocupación para la Relatora la información recibida respecto del alto número de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas indígenas en Canadá. La CIDH valora positivamente los planes de prevención e investigación adoptados para atender la situación, tal como el establecimiento de la Comisión de Investigación de Mujeres Desaparecidas; asimismo, la CIDH llama al Estado a realizar esfuerzos dirigidos a desarrollar e implementar un plan integral y coordinado que permita responder de modo efectivo a la seriedad de la violencia y la discriminación de la que son víctimas las mujeres y niñas indígenas. La CIDH destaca la importancia de eliminar las condiciones sociales y económicas causantes de esta situación, así como del cumplimiento de las obligaciones de prevenir, investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables.

      Asimismo, durante el periodo de sesiones, la CIDH recibió información de suma preocupación sobre la situación del pueblo indígena Nasa en los Resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló; y del pueblo indígena Awá de los Departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia, ambos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. De acuerdo a la información recibida, la grave situación de riesgo existente estaría asociada a múltiples factores, tales como la disputa territorial entre diferentes actores armados, actividades de narcotráfico, el otorgamiento de licencias por parte del Estado para la extracción de recursos naturales, los ataques hechos por grupos armados ilegales y el fuego cruzado generado por la respuesta del Ejército Nacional.

      Al respecto, la CIDH condena enérgicamente la muerte de los miembros del pueblo Nasa Luis Ever Casamachín y Milciades Trochez Conda, así como la afectación a la integridad de tres niños por la manipulación de artefactos explosivos encontrados en la escuela de Jambaló. Condena igualmente el asesinato de los miembros del pueblo Awá Armando Guanga Nastacuas, Bolívar Guanga, Gilberto Paí Canticús y Giovanni Rosero. La Comisión Interamericana considera de suma gravedad la muerte de estas personas, más aún teniendo en cuenta las medidas cautelares vigentes otorgadas por la CIDH y la situación de amenazas, hostigamiento y asesinatos a la que han sido sujetas. La CIDH insta al Estado colombiano a dar cumplimiento a su obligación de investigar de oficio estos crímenes y sancionar a los responsables, así como también llama al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los otros beneficiarios de estas medidas.

      Es de especial preocupación para la Comisión la información recibida respecto a enfrentamientos armados que habrían tenido lugar el 23 de marzo de 2012 entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y miembros de grupos armados ilegales en zonas rurales y urbanas del Resguardo de Jambalo, hechos que habrían ocasionado lesiones al menos a dos personas. En vista de ello, la CIDH hace un llamado a los actores del conflicto armado a cumplir las reglas del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, insta al Estado colombiano a evitar la realización de acciones armadas que pongan en peligro la vida o integridad de la población civil.

       

      Personas privadas de libertad

      La CIDH convocó por iniciativa propia a una audiencia en este período de sesiones sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, después del incendio en la Penitenciaría Nacional de Comayagua el 14 de febrero de 2012 en el que murieron 361 personas. El Estado reconoció los graves problemas que enfrenta la situación penitenciaria e informó que cumplirá con el acuerdo de solución amistosa firmado en el marco del Rafael Arturo Pacheco Teruel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Estado de Honduras se comprometió a avanzar en las investigaciones conducentes a establecer la verdad de los hechos ocurridos en el penal de Comayagua y a establecer las responsabilidades penales correspondientes. La CIDH dará estrecho seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. Asimismo, los representantes del Estado informaron que entre las medidas adoptadas, se declaró estado de emergencia en varias cárceles del país, en julio de 2010 y marzo del 2012. A este respecto, el Relator enfatizó que los estados de emergencia se deben decretar en situaciones coyunturales, pero que lo que actualmente enfrenta Honduras es un problema estructural.

      Durante la celebración de las sesiones, el 29 de marzo de 2012 fueron asesinados 13 internos de la Penitenciaría de San Pedro Sula, incluido uno decapitado, y otros habrían resultado heridos en un motín iniciado desde horas de la mañana. De acuerdo con la información disponible, en el contexto de estos hechos se produjo un conato de incendio en una de las áreas del penal, se dispararon armas de fuego y el orden fue restablecido luego de la acción mediadora del Obispo Auxiliar de San Pedro Sula y Presidente de la Pastoral Carcelaria, Rómulo Emiliani. La CIDH condena la muerte violenta de 13 reclusos e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.

      Asimismo, en el marco de una audiencia sobre los derechos de las personas privadas de libertad en México, los solicitantes hicieron énfasis en la persistencia de serios problemas estructurales que afectan a la generalidad de las cárceles en ese Estado, como por ejemplo: la falta de gobernabilidad y los altos índices de violencia en determinadas cárceles; el hacinamiento; la falta de provisión de agua potable y alimentos; los golpes y malos tratos del personal penitenciario hacia los reclusos; la aplicación arbitraria de castigos disciplinarios, como las restricciones a las visitas de los presos; los actos reiterados de corrupción por parte de las autoridades penitenciarias; y las violaciones cometidas contra mujeres y personas LGTBI. En la audiencia, el Relator sobre Personas Privadas de Libertad hizo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la seguridad en las cárceles del Norte de México, donde operan grupos del crimen organizado y de donde se ha recibido información sobre actos de violencia, incluso de naturaleza sexual, cometidos contra las mujeres privadas de libertad.

      Por otro lado, la Comisión Interamericana celebró una audiencia de seguimiento a la visita de trabajo que realizó el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad a Uruguay en julio de 2011. En esta audiencia el Estado aportó información acerca del nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH luego de dicha visita. Los Comisionados, por su parte, hicieron énfasis en el cierre de los módulos 1, 2 y 4 de COMCAR y la clausura de la Cárcel Departamental de Rocha; en la adopción de medidas concretas para reducir el uso generalizado y sistemático de la detención preventiva; y en la atención a los adolescentes internados en la Colonia Berro. La Comisionada Rosa María Ortiz manifestó su interés en que el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario de Uruguay tenga también entre sus funciones el monitoreo de la situación de niñas, niños y adolescentes privados de libertad.

       

      Mujeres

      La Comisión observa con gran preocupación información recibida durante el presente periodo de sesiones destacando formas de discriminación, violencia y exclusión que las mujeres a través de las Américas enfrentan de forma persistente que afectan el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Comisión ha recibido información de forma consistente que revela que estos obstáculos son particularmente graves en el caso de las mujeres indígenas, dada la intersección de formas de discriminación que han sufrido de forma histórica por su etnia, raza, sexo y situación de pobreza.

      Diferentes organizaciones han reportado ante la Comisión en varias audiencias sobre las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres indígenas en base a su sexo, raza y etnia; el impacto pernicioso de la violencia en su vida cultural y espiritual; los vacíos existentes en el sistema universal de derechos humanos para abordar sus necesidades específicas; y la necesidad de identificar metodologías distintas para abordar sus preocupaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión recibió información sobre 600 desapariciones y asesinatos de mujeres aborígenes documentadas en Canadá; el efecto desproporcionado del conflicto armado en Colombia en las mujeres indígenas, incluyendo el uso de la violencia sexual como una estrategia de guerra; y la ausencia de una educación intercultural y bilingüe en la provincia de Jujuy en Argentina, aún con la más alta población indígena en el país, entre otros asuntos prioritarios. La Comisión recuerda a los Estados de su obligación de garantizar que toda legislación, política pública y programa orientado a abordar los derechos de las mujeres, considere las necesidades específicas y la concepción del mundo de las mujeres indígenas; tome en consideración el riesgo incrementado que enfrentan a violaciones de derechos humanos; e incorpore la dimensión colectiva e individual de sus derechos humanos.

      La Comisión también expresa su preocupación por información recibida en el contexto de las audiencias verificando el incremento de los niveles de violencia contra las mujeres en países a través del hemisferio. En concreto y como ejemplo, la Comisión recibió información sobre los altos niveles de violencia en Colombia; la gravedad del problema de la violencia sexual en contra de las adolescentes en Bolivia; y el legado de los actos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado en Guatemala. Aunque la Comisión reconoce esfuerzos significativos de parte de los Estados a través de las Américas en abordar este problema, la Comisión manifiesta su preocupación sobre el hecho que muchos de estos actos no son sancionados y culminan en la impunidad. La Comisión exhorta a los Estados a continuar adoptando esfuerzos legislativos, políticos, y programáticos con debida diligencia para enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres en colaboración con las mujeres afectadas y sus representantes. Estos esfuerzos deben incluir el otorgamiento adecuado de reparaciones desde una perspectiva de género a las víctimas – con la participación de los beneficiarios involucrados – y el mejoramiento de esfuerzos de recopilar información para abordar la dimensión real de este problema a un nivel nacional. La Comisión también promueve que los Estados continúen llevando a cabo esfuerzos para erradicar las barreras legislativas, políticas, sociales, económicas y geográficas que las mujeres y las niñas aún enfrentan para recibir una adecuada protección judicial cuando son víctimas de violencia y discriminación; un componente crucial de su obligación de actuar con debida diligencia.

      La Comisión está también preocupada por el riesgo particular a violaciones a los derechos humanos enfrentado por mujeres que trabajan en la defensa de los derechos en base a su género. Información fue recibida de Bolivia, Cuba y Colombia en el contexto de audiencias sobre actos de intimidación, violencia y amenazas que aún afecta a este grupo de mujeres. La Comisión reitera la necesidad de legitimar y proteger las acciones de las defensoras de los derechos de las mujeres, y recuerda a los Estados de su obligación positiva de crear las condiciones necesarias en que las defensoras puedan ejercer de forma plena su trabajo, libre de toda forma de violencia y discriminación basada en su género.

       

      Lesbianas, Gays y Personas Trans, Bisexuales e Intersexuales

      En la audiencia sobre Derecho a la Identidad de las Personas Trans, la CIDH recibió información preocupante sobre el grave impacto negativo que tiene la falta de reconocimiento de la identidad de género en el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas transgénero. El transgenerismo es una categoría dentro de la identidad de género, que incluye a su vez las subcategorías transexualidad y travestismo, así como otras variaciones. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Una mujer trans es una persona cuyo sexo biológico es de hombre y la identidad de género de mujer; un hombre trans es cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género de hombre; una persona trans es cuando no existe una convicción de identificarse dentro de una categorización binaria de hombre o mujer.

      Como resultado de la falta de reconocimiento de su identidad de género, las personas transgénero se ven sometidas, por su identidad de género, a una situación de exclusión y marginación en todos los aspectos de la vida pública. En particular, preocupa a la CIDH la información recibida en relación con los obstáculos que enfrentan en las esferas de participación política, y en el acceso a la justicia, a los servicios de salud, a la educación y al trabajo, entre otros. Se denunció asimismo la impunidad de los crímenes contra las personas trans, incluyendo la gran cantidad de homicidios en toda la región, lo cual ha sido relevado en varias ocasiones por la CIDH.

      La Comisión expresa su preocupación por la información recibida sobre las violaciones a sus derechos humanos, en particular la violencia y discriminación extrema a la que son sometidas por parte de miembros de la fuerza pública, incluyendo detenciones arbitrarias y abusos policiales. Estas situaciones se deben, entre otras razones, a que no cuentan con un documento de identidad que refleje legalmente su identidad de género. Esta situación se agrava por los obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia, ya que muchas veces no se les reciben las denuncias, al presentar documentos de identidad que no se corresponden con su identidad y expresión de género. Asimismo, la Comisión considera alarmante la información recibida en relación con las violaciones a la integridad personal, a la vida privada, y dignidad de las personas intersexuales.

      La CIDH recibió asimismo información preocupante en relación con la imposibilidad de las personas trans de acceder a servicios de salud que tomen en cuenta sus necesidades específicas, las cuales son distintas a las de los hombres, las mujeres y las personas lesbianas y gays. Por otro lado, la Comisión se encuentra preocupada por información relacionada con los obstáculos que enfrentan en el ámbito educativo, relacionados, entre otros, con la imposibilidad que tienen de manifestar libremente su expresión de género. Ello conlleva a un alto nivel de deserción escolar, lo que aumenta el analfabetismo y la desigualdad de oportunidades laborales, incrementándose su situación de exclusión. La Comisión se encuentra también preocupada por la información de las barreras que enfrentan las personas trans para ejercer plenamente sus derechos políticos como el derecho al voto en los países que distinguen los puestos de votación por sexo biológico. La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RED LACTRANS) y la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad le pidieron a la Comisión, entre otros, que dé seguimiento a esta materia y presente recomendaciones para su integración en el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad.

      Al respecto la Comisión observa que el derecho a la identidad de género de las personas trans es esencial para el ejercicio de sus derechos humanos. La CIDH insta a los Estados a tomar las medidas necesarias en todas las esferas de la intervención pública para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas trans, sin discriminación alguna. Para ello, es esencial, entre otros, la adopción de políticas públicas y protocolos que incluyan una perspectiva que tome en cuenta la identidad de género de las personas trans y sus necesidades específicas.

      Por otro lado, en una audiencia relacionada con los derechos humanos en Perú, las organizaciones de la sociedad civil recomendaron al Estado peruano, avanzar en la adopción de medidas que permitan generar cambios y sancionar la violencia contra las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales; y en particular, la construcción de un registro oficial de casos de crímenes de odio contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans.

       

      Niños, niñas y adolescentes

      La Comisión celebró audiencias en las cuales se presentó información sobre situaciones que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en la región. Específicamente, se recibió información sobre la situación de niños, niñas y adultos en instituciones de salud mental en México y sobre los problemas que enfrentan las adolescentes en Bolivia cuando intentan acceder a la justicia en casos de violencia sexual.

      La Comisión recibió información preocupante sobre la segregación a la cual están sometidas las personas con discapacidad que ingresan a instituciones en México, con una alta incidencia de niños, niñas y adolescentes afectados. La Comisión recuerda que de conformidad con los estándares internacionales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño habitualmente utilizada por los órganos del sistema interamericano para interpretar disposiciones de la Convención Americana, los niños y niñas no deben ser separados de sus padres, salvo que tal separación se encuentre debidamente justificada en el interés superior el niño o niña y se establezca preferentemente de manera temporal. Durante la audiencia, la Comisión enfatizó en la importancia de que la presencia de niños, niñas y adolescentes en estas instituciones obedezca a estos principios básicos y se dispongan los medios necesarios para explorar alternativas a la institucionalización. Además, la Comisión hizo referencia a la necesidad de desarrollar mecanismos de prevención y detección temprana de discapacidades, enfatizando el enfoque interdisciplinario y comunitario. La Comisión se encuentra actualmente elaborando un informe temático sobre la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en las Américas. En el proceso de elaboración de dicho informe la Comisión ha recibido información que incluye la situación de niños, niñas y adolescentes en instituciones de salud mental.

      Además, la Comisión recibió información preocupante sobre la continuidad de los obstáculos que enfrentan adolescentes víctimas de violencia sexual en Bolivia cuando intentan acceder al poder judicial. Dentro de los obstáculos se encuentran cuestiones normativas y de práctica. Así, por ejemplo, se planteó la situación de revictimización a la que se enfrentan desde el momento de presentar la denuncia, los estereotipos que afectarían la imparcialidad de diversas autoridades a cargo de recibir y procesar estas denuncias, como por ejemplo, la presunción de que las denuncias contienen mentiras, la falta de capacitación de las autoridades de investigación para esclarecer casos de violencia sexual en cuanto a un enfoque de género y abordaje culturalmente adecuado, y la demora en los procesos, entre otros. Según lo denunciado, existe una situación de impunidad frente a este tipo de violaciones con una mínima incidencia de condenas en comparación con las denuncias recibidas. La Comisión ha dado seguimiento cercano a este tema a través de diversos medios. Así, en su informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social en Bolivia, del año 2007, en el capítulo sobre situación de acceso a la justicia de las mujeres y en el capítulo sobre la situación de niñas y niños, la CIDH tomó nota de algunas de estas problemáticas y formuló recomendaciones. De igual forma, en su informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, la Comisión abordó el tipo de obstáculos descritos en la audiencia. La Comisión continuará dando seguimiento a esta situación.

       

      Libertad de expresión

      El 27 de marzo la Comisión celebró una audiencia pública sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, a solicitud del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Asociación Civil Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Venezuela (SNTP). Los solicitantes de la audiencia señalaron que en Venezuela existen restricciones ilegítimas que reducen el efectivo ejercicio de la libertad de expresión, entre las cuales mencionaron: agresiones y ataques a periodistas, problemas de acceso a la información pública, autocensura, usurpación a cuentas electrónicas de críticos del gobierno, transmisiones obligatorias de radio y televisión, y restricciones y sanciones judiciales y administrativas contra medios de comunicación y periodistas. El Estado venezolano por su parte afirmó que en Venezuela existe la más amplia libertad de expresión y que no existe la más mínima limitación a este derecho. La Comisión manifestó preocupación por diversos temas, entre ellos la ausencia de investigaciones sobre agresiones contra periodistas, las restricciones al goce efectivo del derecho de acceso a la información, el alcance de las normas de desacato, y el estado de procesos judiciales como el que se adelanta contra los directivos del semanario Sexto Poder.

       

      Próximos Períodos de Sesiones

      El 145º Período de Sesiones será del 16 al 20 de julio; en dichas sesiones no se realizarán audiencias ni reuniones de trabajo.

      El 146º Período de Sesiones se realizará del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012; el plazo para solicitar audiencias y reuniones de trabajo se anunciará oportunamente.

       

      I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES

      La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos. A continuación se ofrece la lista de peticiones y casos sobre los cuales se aprobaron informes durante el 144 Período de Sesiones. Una vez que sean notificadas las partes, la Comisión Interamericana publicará en su página en Internet los informes en que la decisión sea de carácter público.

      A. Informes de Admisibilidad

      Durante el 144 Período de Sesiones se aprobaron los siguientes informes de admisibilidad:

      • 4115-02 - Ricardo Javier Kaplun, Argentina

      • 12.315 – Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, Argentina

      • 93-05 – Analía Verónica Tapia y familia , Argentina

      • 609-98 – Guillermo Armando Capo, Argentina

      • 302-07 – Flavio Mendes Pontes et al., Brasil

      • 341-01 – Márcio Manoel Fraga y Nancy Victor da Silva, Brasil

      • 6-07 – Jurandir Ferreira de Lima et al., Brasil

      • 1447-05 – Omar de Jesús Lezcano y otros. Colombia

      • 1064-05 – Luis Fernando Guevara Diaz, Costa Rica

      • 670-06 – Carlos Andrés Rodríguez Cárdenas, Ecuador

      • 786-02 – Ester Avigail Fajardo Garcés y Claudio Alfonos Naser Leal, Ecudor

      • 1528-11 – Ivan Teleguz, Estados Unidos

      • 900-08 – Djamel Ameziane, Estados Unidos

      • 161-06 – Adolescentes condenados a candena perpetua sin libertad condicional, Estados Unidos

      • 1127-05 – Familia de Sergio Arturo Canales Gálvez, Honduras

      • 1119-02 – Aura de las Mercedes Pacheco Briceño y Balbina Francisca Rodríguez Pacheco, Venezuela

      • 266-03 - Lilia Aljejandra García Andrade y otros, México

      • 1471-05 - Yenina Esther Martínez Esquivia, Colombia

      • 179-05 - Jesús Amado Sarria Agredo e hijos, Colombia

      • 1762-11 – Virgilio Maldonado Rodríguez, Estados Unidos

      • 1671-02 – Alejandro Peñafiel Salgado, Ecuador

      B. Informes de Inadmisibilidad

      Durante el 144 Período de Sesiones se aprobaron los siguientes informes de inadmisibilidad:

      • 11.996 – Márcia Cristina Rigo Leopoldi, Brasil

      • 885-03 – Valentina de Andrade, Brasil

      • 398-02 – José Xavier Gando Chica, Ecuador

      • 1180-04 – Edgar Manuel de León Lemus, Guatemala

      • 859-03 – María Elena Macedo García viuda de Uribe, México

      • 700-04 – Aurora Cortina González, México

      • 736-03 – Hernán Alberto Chumpitaz Vásquez, Perú

      • 12.222 – Sindicato Unitario de trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa, Perú

      • 170-00 – José Hernán Susanivar Susanivar y otros, Perú

      • 12.202 – Sindicato de Docentes ordinarios de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Perú

      • 513-04 – José Carlos Ramírez, México

      C. Informes de Solución Amistosa

      Durante el 144º Período de Sesiones, la Comisión aprobó los siguientes acuerdos de solución amistosa, al considerar que los acuerdos alcanzados por las partes se ajustan al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos:

      • 12.546 – Juan Jacob Arbenz Guzmán, Guatemala

      • 12.174 – Israel Geraldo Paredes Acosta, República Dominicana

      • 11.706 – Pueblo indígena Yanomami de Haximú, Venezuela

      D. Informes de Fondo

      Durante el 144 Período de Sesiones, la CIDH aprobó 4 informes sobre el fondo.

      Asimismo, aprobó una decisión de publicación de informe de fondo, en el Caso 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina.

      E. Informes de Archivo Durante el 143 Período de Sesiones se aprobaron los siguientes informes de archivo:

      • 907-03 – Ricardo Alberto Barreda, Argentina

      • 12.227 - Maria Madalena Goulart Soares et al., Brasil

      • 12.276 – Jose P. dos Santos, Brasil

      • 12.588 - Alexandre Ribeiro de Oliveira, Brasil

      • 11.841 – Paraplegic persons deprived of liberty in Auxiliary Hospital of the State Penitentiary of Sao Paulo, Brasil

      • 689-04 – Eduardo Jiménez Jiménez, Costa Rica

      • 871-01 – Francisco Moya Solano y otros, Costa Rica

      • 3226-02 – María Yamileth Scott Hernández, Costa Rica

      • 12.364 – Luís Mazón y trabajadores del Ministerio de Salud, Ecuador

      • 55-03 – Hugo Napoleón Sánchez Garcés, Ecuador

      • 661-01 – Pedro Muñoz Ulloa y Miriam García Gutiérrez, Ecuador

      • 146-03 – Williams Neftaly Valenzuela Saravia, El Salvador

      • 12.352 – Bruce Campbell Harris Lloyd, Guatemala

      • 12.438 – Guy André Francois, Haití

      • 468-03 – Asdrúbal Araujo Castillo, México

      • 1145-05 – Jorge Alberto Huezo, Nicaragua

      (Message over 64 KB, truncated)

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.