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ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 336
Mayo 15 a 29 de 2002
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S.J., Teófilo Vásquez, Ingrid Bolívar, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Clemencia Rueda, CEPECS


COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos "Alguien"

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

ADMINISTRACIÓN
Fundación CEPECS
Calle 27A Nº 36-24
Tels. 244 0270 - 269 6152 - 571 5675
FAX 269 5700
  E-mail cepecs@...

Páginas Web: www.actcol.ibiblio.org
www.kolumbien-aktuell.ch/ka-index.htm
www.atcolfr.f2s.com


SUSCRIPCIÓN UN AÑO
Internacional  US$ 100
De apoyo  US$ 150
Nacional  $ 49.000
De apoyo  $ 60.000


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CONTENIDO


Sección: Paz y conflicto armado
Título: "¡El país es nuestro, la guerra no!"
Acápite: Entre el 9 y el 11 de mayo se realizó en Bogotá el Congreso
Nacional de Paz y País, en el que más de 1.000 representantes de ONG
nacionales e internacionales se dieron cita para decir que "¡El país es
nuestro, la guerra no!".

Sección: Política
Título: Las elecciones presidenciales y el conflicto armado
Acápite: En medio de una grave crisis humanitaria y política, el próximo
domingo 26 de mayo se realizarán las elecciones del nuevo Presidente de
Colombia para el período constitucional 2002-2006.

Sección: Derechos Humanos
Título: Bojayá: una masacre anunciada
Acápite: La masacre de 117 personas ocurrida en Bojayá, departamento del
Chocó, el pasado 2 de mayo, sorprendió al país y a la comunidad
internacional; sin embargo, no sorprendió a los habitantes de este lugar,
quienes habían solicitado al Gobierno de Andrés Pastrana protección a sus
vidas.

Sección: Movimientos sociales
Título: Desplazada y discriminada
Acápite: La siguiente es una crónica fruto del testimonio de una estudiante
de 17 años, quien, después de llegar desplazada a Bogotá, logró cupo en un
colegio oficial.




Sección: Paz y conflicto armado
Título: "¡El país es nuestro, la guerra no!"
Acápite: Entre el 9 y el 11 de mayo se realizó en Bogotá el Congreso
Nacional de Paz y País, en el que más de 1.000 representantes de ONG
nacionales e internacionales se dieron cita para decir que "¡El país es
nuestro, la guerra no!".


Con la convicción de que es mediante el diálogo y no la guerra como se dará
solución a los conflictos sociales, económicos, políticos y armados que
vive Colombia, se realizó el Congreso Nacional de Paz y País, en el que se
hicieron planteamientos acerca del papel que deben desempeñar de manera
coordinada el Estado, los actores armados, la sociedad civil y la comunidad
internacional.

Nueve puntos fueron señalados en las conclusiones, luego de dos días en los
que varias comisiones deliberaron sobre diversos tópicos, en todos los
cuales salió a relucir la guerra. Por eso, la búsqueda de la paz está en
todos los criterios: 1. Manifestaciones "inmediatas y unilaterales de
acatamiento del derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza
Pública y la insurgencia, expresamente en lo que se refiere a la exclusión
de la población civil del conflicto"; 2. Decisiones "inmediatas" del
gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para hacer realidad la
propuesta de tregua integral bilateral; 3. Recuperación de la agenda
acordada entre el gobierno y las FARC; 4. Facilitación y veeduría
internacional para dicho proceso; 5. "Habilitación de espacios de diálogo e
interlocución entre las Mesas de Negociación y diversas expresiones de la
sociedad civil"; 6. Reivindicación del papel de los diálogos regionales
para alcanzar acuerdos humanitarios, "la gobernabilidad y la aproximación a
la superación del conflicto"; 7. "Discusión de un modelo de tregua o cese
de hostilidades" ante el fracaso del esquema de negociación en medio de la
guerra; 8. Participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de paz, y 9.
"La construcción de paz implica la participación de la mujer en las
instancias visibles y definitorias del proceso".

En torno al tema político, el Congreso de Paz y País planteó "la urgencia
de una reforma política y social incluyente" que tenga en cuenta la
división de los poderes públicos, la relación Fuerza Pública - Estado -
Sociedad, el ordenamiento territorial y administrativo, el sistema de
participación política, y las múltiples formas de discriminación social,
étnica, de género, generacional y de orientación sexual, y en ese sentido
tome medidas concretas para evitarlas.

El Congreso insistió en la necesidad de "confluir en la promoción de todas
las formas de cooperación internacional que contribuyan a la solución
política del conflicto colombiano a partir del principio de soberanía
nacional".

En ese mismo sentido, se recalcó que la política antidrogas y el Plan
Colombia "violan nuestra soberanía, incrementan la guerra y tienen altos
costos humanitarios sobre todo para los campesinos pobres e indígenas", por
lo que exigieron su suspensión "y la definición de una política
antinarcóticos en concordancia con la construcción de la paz".

Por último, los organizadores y participantes se comprometieron "a
fortalecer los procesos locales y regionales que avancen en la construcción
de la convivencia por la paz y la resistencia a la guerra a partir de sus
propias dinámicas e intereses en el marco de la construcción de un nuevo
país".




Sección: Política
Título: Las elecciones presidenciales y el conflicto armado
Acápite: En medio de una grave crisis humanitaria y política, el próximo
domingo 26 de mayo se realizarán las elecciones del nuevo Presidente de
Colombia para el período constitucional 2002-2006.

La coyuntura política nacional está marcada por una creciente polarización
en torno al conflicto armado y por el rechazo a la manera como el
presidente Pastrana manejó las negociaciones con ese grupo guerrillero. Tal
situación ha producido cambios notorios en el comportamiento político de
los colombianos: el rechazo casi generalizado a la zona de despeje, causado
parcialmente por los abusos de las FARC, pero también por la falta de
estrategia clara por parte del gobierno Pastrana, que llevó a un apoyo
creciente al candidato Alvaro Uribe Vélez y a los parlamentarios que
habrían expresado su apoyo por la "línea dura" que él impulsa. Este apoyo
rompió las lealtades tradicionales a los partidos y a sus jefes locales y
regionales, que se han visto obligados a sumarse a Uribe, incluso en contra
de sus preferencias personales y lealtades previas a otros candidatos. En
ese sentido, la novedad de estas elecciones es la polarización en torno a
la solución negociada del conflicto armado, que ha superado la tendencia
histórica de la mayoría de la población colombiana a alinearse con sus
jefes tradicionales, regionales y locales, normalmente adscritos a los
partidos tradicionales . La polarización ha producido un significativo
aumento de los candidatos más identificados con salidas de línea dura, no
necesariamente ilegales (paramilitares).

A diferencia de lo que sucedía en otras campañas presidenciales en las que
el conflicto armado era un tema más, en esta ocasión los distintos
candidatos han tenido que pronunciarse sobre el desarrollo del conflicto y
sobre el tipo de tratamiento político que le darán a las distintas partes.
Precisamente, las posiciones políticas frente al conflicto definen la
favorabilidad de los candidatos. Horacio Serpa y Noemí Sanín aparecen muy
desdibujados ante la opinión pública, al no lograr presentarse como
alternativa real tanto frente a un proceso de paz con problemas de fondo
como a la reacción emocional de rechazo a los abusos de la guerrilla en la
zona desmilitarizada, que se han combinado para producir una crítica
generalizada al proceso de negociación. Fuera de insinuar la asociación de
Uribe con los paras y de Sanín con el neoliberalismo, Serpa parece haber
perdido toda capacidad de reacción, mientras que Sanín se limita a repetir
la fórmula de la crítica moralizante a los dos partidos y a presentarse
como alternativa independiente frente a los partidos tradicionales que le
generó tanto apoyo hace cuatro años, sin percibir que la coyuntura actual
es totalmente diferente. Serpa tienda ahora a concentrarse más en la plaza
pública, con un discurso político muy tradicional centrado en la
problemática social de los sectores populares urbanos, más encaminado a
recuperar la movilización de esos sectores que a consolidarse en la franja
del "voto de opinión" de los sectores medios y altos. Mientras que Sanín
trata de proyectarse como candidata con autoridad, culpando de su descenso
en las encuestas al tradicional "machismo" de la sociedad colombiana.

Por otro lado, distintos analistas coinciden en que el fenómeno Uribe es
"en gran parte, producto de las FARC", que produjo "un estado de ánimo
colectivo" de la gente, "que dejó de creer en un proceso de paz" que no
avanzó un centímetro hacia la paz "en tres años de negociaciones en medio
del fuego".

En ese marco se levanta y fortalece la candidatura política de Uribe Vélez.
Su predominio político en las encuestas expresa un olvido de los problemas
que representa su candidatura para la comprensión del tipo de conflicto que
hay en Colombia. En el desarrollo de la campaña de Uribe poco se han
explorado sus relaciones con militares y políticos cercanos a los grupos
paramilitares, su pasado ligado a grupos clientelistas de su departamento,
su apoyo a Serpa en las elecciones pasadas, su relación con el presidente
Samper, etc. De ahí que sea preciso destacar el fenómeno político que
implica el surgimiento de Uribe, con un hábil manejo de los medios de
comunicación y una gran sintonía con las mayorías nacionales opuestas a la
concesión de la zona de despeje a la guerrilla. Por eso, la mayoría de los
colombianos espera que todo cambiará con Uribe, que recuperará la autoridad
perdida, acabará militarmente con la guerrilla y, a partir de esa
recuperación de la autoridad, resolverá todos los problemas que aquejan al
país: un desempleo de casi 20%, inseguridad, impunidad, corrupción, etc.
Por otra parte, este ánimo colectivo que deposita toda serie de
expectativas en una imagen mesiánica de Uribe Vélez puede conducir a una
nueva frustración de la población colombiana, ya que es imposible que
ningún personaje político pueda responder satisfactoriamente a ellas.

Por otra parte, el que su candidatura sea tan personalista, de carácter
mesiánico y caudillista, muy basada en el carisma personal, con un discurso
autoritario y moralista, sin el apoyo ni el control de una fuerza política
organizada, puede acarrear los riesgos de Fujimori en el Perú o Chávez en
Venezuela. En ese sentido, llama la atención la manera como Uribe aceptó la
adhesión oficial del conservatismo, que despertó cierta resistencia de
algunos jefes a sumársele sin condiciones ni pactos (cuando los votantes de
ellos probablemente ya adhirieron a Uribe). Aunque son evidentes las
cercanías ideológicas de las mayorías conservadoras (sobre todo el antiguo
sector alvarista), los analistas se preguntan si estas cercanías hubieran
cristalizado en adhesiones si Uribe no encabezara las intenciones de voto.

El comentario sería que no se sabe qué sería peor: que Uribe cumpliera con
esas ilusiones, con las consecuencias para los derechos humanos y para el
fortalecimiento de las tendencias autoritarias, grupos paramilitares, etc.,
cuya actitud frente a los eventuales críticos de Uribe despierta muchas
preocupaciones, bastante fundadas como se ha visto en los casos del exilio
de Fernando Garavito y del asesinato del locutor de radio en Aguachica. O,
que no lo hiciera, lo que significaría un mayor desencanto de la población
con la política, una mayor deslegitimación del régimen político. De suyo, a
medida que crece el apoyo popular, Uribe ha tratado de suavizar su discurso
en materia de paz, derechos humanos, reforma política, etc. Así, su
discurso en materia de reforma política fue pasando de la propuesta de
revocatoria del mandato por referéndum a disminución de congresistas, a la
vez que retiraba su propuesta de supresión de las asambleas
departamentales, mientras que en materia de paz ha tratado de distanciarse
de posiciones cerradamente guerreristas para aceptar la salida negociada
basada en la recuperación de la autoridad del Estado. Esa moderación
paulatina de sus posiciones buscaría tal vez contrarrestar la posible
estigmatización de su imagen entre los sectores progresistas de Europa y
Estados Unidos, lo mismo que entre las ONG de DD.HH., como se hizo evidente
en el caso de la entrevista de la revista Newsweek y en el reciente informe
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Mary Robinson. En ese sentido, habría que leer el nombramiento de Luis
Carlos Restrepo como encargado del tema de los Derechos Humanos en la
campaña de Uribe y la designación del periodista Francisco Santos como
fórmula vicepresidencial.

Claro que la pregunta es meramente retórica: lo preocupante sería que Uribe
pudiera satisfacer esas expectativas. Además, el problema de fondo de una
salida militar sería, además de reforzar las tendencias autoritarias de
algunos políticos, el olvido de la problemática de desigualdades sociales y
económicas que constituyen "el caldo de cultivo de las opciones violentas",
la estigmatización de cualquier crítica en materia social como respaldo a
la guerrilla y el aumento del gasto militar en detrimento del gasto social.
Ahora bien, el desarrollo de estos acontecimientos puede ser bueno o malo,
según como se mire. La consolidación del voto de opinión y la mayor
correspondencia entre la vida política y la vida de la nación,
independiente de las maquinarias de los partidos, es un avance en materia
de cultura política moderna. Sin embargo, el que este voto de opinión pueda
ser resultado de un hábil manejo de los medios de comunicación para
montarse en el creciente descontento de la opinión pública en torno a la
zona de despeje resulta preocupante. También es preocupante el hecho de que
muchos de los candidatos en auge, de derecha o izquierda, apelen al rechazo
a "la Política" como estrategia política: una cosa es la crítica a los
vicios y corruptelas de la política tradicional y otra es la
descalificación de la actividad política en general, que puede profundizar
aún más la crisis de legitimidad de la vida política y favorecer el auge de
soluciones autoritarias.

Así pues, el fenómeno Luis Eduardo Garzón es lo único realmente novedoso en
estilo político, ideas y propuestas: habla de revisar el modelo de
desarrollo económico y social, de moratoria de la deuda externa, de las
relaciones con el capital financiero, de la necesidad de una profunda
reforma política. Se opone tanto a la guerra total defendida por Uribe y
las FARC como a la guerra relativa de Serpa: insiste en que Serpa no es la
paz, que Uribe fue serpista, sin que nadie lo cuestionara (¿excepto Piedad
Córdoba y algunos sectores liberales de Antioquia, que culparon a Uribe de
la derrota de Pastrana en Antioquia por su cercanía al proyecto
paramilitar?). Y Garzón se presenta como una fuerza política nueva, de
izquierda democrática, frente a una democracia cuestionada por la presencia
paramilitar en el Congreso, el manejo de recursos oficiales y cupos
indicativos, los dineros del narcotráfico, y los secuestros de congresistas
por la guerrilla. Su propuesta de reforma política por la vía del referendo
lo acercaría a las propuestas iniciales de Uribe Vélez. Pero no aparece muy
explícito el contenido de su propuesta de izquierda democrática, más allá
del señalamiento de los vicios del régimen actual y del deslinde frente a
cualquier opción armada. Deslinde que desde nuestra perspectiva resulta una
importante ganancia de los sectores de izquierda del país que abandonan la
ambigua y costosa combinación de todas las formas de lucha.

Así las cosas, la coyuntura colombiana resulta paradójica: un voto de
opinión que desconoce la naturaleza histórica del conflicto armado y
simplifica las salidas, y unas elecciones presidenciales que por vez
primera tienen en primer lugar el problema de la guerra, pero que lo
abordan de manera simplista y mesiánica. El conflicto armado es por primera
vez un objeto de disputa electoral importante. Sin embargo, las
intervenciones de los candidatos en torno al conflicto, tanto como las
demandas de los diferentes grupos sociales tienden a simplificar su
carácter histórico y a diluir la intensidad del conflicto en las "buenas o
malas voluntades" de las diversas partes. En el país hace falta una
discusión política sobre el conflicto armado. Esto es, una discusión
pública sobre sus causas, su carácter, su naturaleza, transformaciones
recientes y sus consecuencias. Sólo por la vía de una discusión pública se
puede construir un sentido compartido de lo que significa esta
confrontación armada en la vida nacional y se pueden redefinir las
relaciones entre guerra y política en el país.




Sección: Derechos Humanos
Título: Bojayá: una masacre anunciada
Acápite: La masacre de 117 personas ocurrida en Bojayá, departamento del
Chocó, el pasado 2 de mayo, sorprendió al país y a la comunidad
internacional; sin embargo, no sorprendió a los habitantes de este lugar,
quienes habían solicitado al Gobierno de Andrés Pastrana protección a sus
vidas.


¿Cuál es el interés de los grupos paramilitares y de la guerrilla en el
Chocó? El departamento del Chocó ha sido tradicionalmente olvidado por los
colombianos. Ubicado al occidente de Colombia, cuenta con una superficie de
46.530 Km2, 19 municipios y una población cercana a los 350.000 habitantes.
Limita al norte con la República de Panamá y el golfo de Urabá; al oriente
con los departamentos de Antioquia y Risaralda; al sur con el departamento
del Valle del Cauca y al occidente con el Océano Pacífico. Sus principales
vías de comunicación son fluviales, son escasas las carreteras y sólo
cuenta con un aeropuerto, ubicado en Quibdó, la capital.

La población del Chocó está en su mayoría conformada por comunidades
afrocolombianas. Cuenta con especificidades culturales y sociales frente al
resto del país, reconocidas en el artículo 7º de la Constitución política,
que le otorga a Colombia el carácter pluriétnico y pluricultural de nación.
Posteriormente, la Ley 70 de 1993 le dio el reconocimiento legal a estas
comunidades.

La actividad económica se fundamenta en la explotación minera: del Chocó se
extrae oro, pero también existen otros minerales, como bauxita, manganeso,
cobalto radioactivo, estaño, cromo, níquel, titanio, petróleo y carbón. De
la explotación de estos minerales los chocoanos nunca se han visto
favorecidos. El Chocó también se dedica a la explotación indiscriminada de
los bosques, hecho que está causando ya enormes problemas ambientales.

En este territorio selvático y húmedo se concentra gran parte de la
biodiversidad, riqueza que está en la mira de transnacionales farmacéuticas
y madereras. Sobre el Chocó caen también grandes expectativas de inversión:
desde hace más de 10 años se habla por parte del gobierno de la
construcción del canal interoceánico Atrato-Truandó, del oleoducto
transandino, de dos puestos marítimos -uno sobre la Bahía de Cupica y otro
en el Golfo de Urabá-, de la carretera Panamericana y la construcción de
innumerables micro centrales hidroeléctricas.

Sin embargo, pese a esta riqueza, el departamento afronta todo tipo de
problemas sociales. El Estado no presta adecuadamente los servicios de
salud, educación, energía y alcantarillado. Es uno de los departamentos más
pobres del país.

Para el grupo insurgente de las FARC y para los paramilitares, este
departamento es un lugar estratégico. En primer lugar, es centro de
operaciones militares para el suroccidente y noroccidente del país, pues
desde allí se despliegan acciones militares a los departamentos del Valle
de Cauca, Cauca y Antioquia; en segundo lugar, el Chocó se ha convertido en
ruta para el trafico de armas y contrabando. Por ejemplo, por esta vía los
paramilitares recibieron 10.000 armas provenientes de Centro América.

ALERTAS TEMPRANAS
El Chocó, como todo el país, siente desde hace muchos años los rigores de
la guerra. Los habitantes del municipio de Riosucio, en 1996 fueron
víctimas, por parte de paramilitares, de un genocidio con más 500 muertos,
que ocasionó además el desplazamiento de más de 2 mil personas; en el 2001
comunidades que habían retornado a sus territorios sobre el río Salaquí,
municipio de Riosucio, fueron atacadas por paramilitares, con un saldo de
200 muertos.

El municipio de Bojayá cuenta con una población aproximada de 950 personas.
Esta comunidad empezó a sentir el miedo el 21 de abril, día en el que
incursionaron los paramilitares a los casos urbanos de Bojayá y Vigía del
Fuerte -municipio antioqueño, al otro lado del río Atrato-. El 24 de abril
la Defensoría del Pueblo envió al gobierno una alerta temprana acerca de la
posibilidad de enfrentamientos entre paramilitares y las FARC por el
control de este territorio y del peligro que corría la población. Llamados
en el mismo sentido realizó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, Anders Kompass. Sin embargo, el gobierno no tomó
las medidas necesarias para proteger a la población civil.

En estas circunstancias, el 2 mayo se presentó el genocidio que dejó un
saldo de 117 personas masacradas, de las cuales 45 eran menores de edad, y
108 heridos en la iglesia de Bojayá, donde cerca de 300 personas se
refugiaban de los combates entre paramilitares y guerrilleros.

Las ONG y representantes de países amigos reunidos en Bogotá en el Congreso
Nacional de Paz y País, dijeron que la cifra de víctimas mortales es
superior y hablan de "cerca de 500 seres humanos entre combatientes y no
combatientes".

El pasado 8 de mayo, las organizaciones afrocolombianas reaccionaron frente
a lo que constituye para ellos un genocidio y realizaron a una marcha de
protesta y resistencia en Bogotá, en defensa de los derechos humanos, y de
protección a la diversidad étnica y cultural amparada en el artículo 7 de
la Constitución.

CORRESPONSABILIDAD
Las FARC admitieron su responsabilidad en el hecho en el que murieron los
civiles, y lo atribuyeron a equivocaciones de tipo táctico-militar; sin
embargo, esto no los exime de su responsabilidad. Tampoco exime de
responsabilidad a los paramilitares que se atrincheraron en el casco urbano
de Bojayá para enfrentar el ataque de las FARC y mucho menos al gobierno
del presidente Andrés Pastrana que hizo caso omiso a los continuos llamados
que los habitantes de Bojayá, la Defensoría del Pueblo y las Naciones
Unidas para que tomara las medidas que hubieran podido evitar esta masacre.

En ese mismo sentido, en el Congreso Nacional de Paz y País se dijo que "en
Bojayá se conjugaron la indolencia e irresponsabilidad del Estado ante las
alertas sobre graves amenazas para la población civil, la complicidad de la
fuerza pública con los operativos de los paramilitares y la acción brutal
de la guerrilla que recurrió a las armas de destrucción indiscriminada".

En medio de los combates, gran parte de la población de los municipios de
Bojayá y Vigía del Fuerte se desplazó a Quibdó, capital del departamento
del Chocó, donde se encuentran cerca de 6.000 desplazados en condiciones
inhumanas, ya que el departamento no cuenta con los recursos suficientes
para el cuidado de estas personas y los recursos del gobierno central son
insuficientes y demorados. Esta población está huyendo de la guerra y la
posibilidad de retorno a su territorio es remota. Tras la visita que
realizó al lugar de la masacre, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, Anders Kompass, afirmó que la amenaza continúa y dijo
que habían nexos entre paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas, en
especial de la Armada, encargada de patrullar las vías fluviales del Chocó.

En un discurso pronunciado en la Escuela de Policía General Santander, de
Bogotá, el 14 de abril el presidente Pastrana pidió que Kompass allegue las
pruebas que, incluso antes de conocer, el mismo Pastrana desestimó. Y
mientras el presidente busca adelantar un debate en el que asumirá la
defensa de las Fuerzas Armadas, las Naciones Unidas confirmaron lo que los
habitantes de Bojayá y el resto del Chocó sabían desde hace varios años,
cuando los paramilitares desplazaron del territorio a las FARC, que
volvieron a sangre y fuego a recuperarlo.


DESTACADOS:
En el territorio selvático y húmedo del Chocó se concentra gran parte de la
biodiversidad, riqueza que está en la mira de transnacionales farmacéuticas
y madereras.

La Defensoría del Pueblo envió al gobierno una alerta temprana acerca de la
posibilidad de enfrentamientos entre paramilitares y las FARC. Sin embargo,
el gobierno no tomó las medidas necesarias.



Sección: Movimientos sociales
Título: Desplazada y discriminada
Acápite: La siguiente es una crónica fruto del testimonio de una estudiante
de 17 años, quien, después de llegar desplazada a Bogotá, logró cupo en un
colegio oficial.

Según datos de Codhes y la Conferencia Episcopal, el 56% de la población
desplazada entre 1985 y 1999 son mujeres, de las cuales el 25% son jefas de
hogar, el 72% de las desplazadas son menores de 25 años, lo que equivale en
términos absolutos a un millón 400 mil niñas, niños y jóvenes".

Como lo señala Donny Meertens, las rupturas y pérdidas del tejido social y
familiar causadas por el desplazamiento afectan más a las mujeres, ya que
ellas participan mucho más en redes donde priman las relaciones primarias,
a diferencia de los hombres, cuya participación se inscribe más en el
ámbito de lo público".

Cuando llegamos a Bogotá, lo primero que hicimos fue ir a una ONG que nos
habían recomendado para podernos ubicar en alguna parte. Pasados cinco
meses, la Red de Solidaridad nos empezó a dar la ayuda humanitaria, después
de mucha lucha. Para estudiar también fue una lucha porque toca hacer fila
aquí, allá, llevar certificados, faltaba el de muerte. Yo ya pensaba que no
iba estudiar, cuando por fin me dieron un cupo en un colegio que queda a
dos horas de donde me estoy quedando, pero lo importante es estudiar.

Llegué como en julio del año pasado al colegio, a seguir en grado noveno,
pero me hicieron como tres exámenes a ver si yo era apta para el grado al
que iba a entrar. La directora me hizo una cara, pero luego le dijo a un
profesor que yo era desplazada y eso no importaba, que no supiera mucho.
Ella además dijo que no importaba lo que yo rindiera, porque era una excusa
para sacar a los desplazados del colegio. Que era que no eran buenos
académicamente y otro que eran indisciplinados y no se adaptaban fácil. Que
la Secretaría de Educación en eso estaba loca y que yo no iba a estar mucho
tiempo. Y que ella no se iba a poner a mirar como estaba mi vida. Yo estaba
en la otra oficina y por eso escuché eso. Desde ahí me sentí muy mal, no
entendía por qué ella decía eso.

Mi familia en Ambalema (Tolima) era pobre, pero teníamos como vivir, sin
necesidad de pedirle ni rogarle a nadie. Yo estudiaba en un colegio privado
del pueblo. Era bonito, los profesores me trataban bien. Molestaban mucho
por la falda alta y por maquillarse cuando se estaba con el uniforme. Yo
estudiaba por la tarde porque me gustaba más y era más chévere hacer las
tareas por la mañana. Soy la segunda de tres hermanos. Mi hermano mayor
está en el Ejército. Se regaló por la situación. Y mi hermanita estaba
estudiando en quinto de primaria, y no alcanzó a terminar allá y aquí ha
sido muy difícil cupo para ella. Mi papá dice que hay que esperar que se
mejore la situación para ponerla en un colegio privado, pero yo no sé si la
situación va a mejorar.

Cuando entré al colegio me sentí como si estuviera algo así como muestran
en las películas las cárceles. Ese colegio es muy frío y muy feo, lo que lo
salva son los estudiantes y algunos profes que son chéveres. Como no
teníamos plata no pude llevar el uniforme, y eso fue terrible, porque todos
los días algunos profesores me la montaron a toda hora por eso. Todo el
mundo sabía que yo era nueva y lo peor, que yo era desplazada. Nosotros le
preguntamos a la persona que nos mandó a ese colegio que si podía asistir
sin uniforme y nos dijo que sí. Pero allá adentro es otra cosa. La
directora hacía lo que quería con la gente.

Yo trataba de ser buena estudiante, hacía mis tareas y trataba de que no se
me notara mucho lo de desplazada, pero fue muy evidente un día cuando en el
patio estábamos todos formados a las siete de la mañana, y la directora
desde la tarima me gritó algo como "la niña desplazada que está sin
uniforme, tiene que traer el uniforme o no vuelve a entrar a clase".
Seguido de eso me dijo que había gente con más necesidades que los
desplazados y que si yo no estaba en condiciones pues que me devolviera por
donde llegué. Ese día me sentí muy mal. Y eso que no llevaba sino como dos
meses, cómo sería el resto del año. Yo le conté a mis papás y ellos fueron
inmediatamente a hablar con la directora y a contarle lo que nos pasó a ver
si cambia de forma de tratarme, pero no. Días después me trató peor en
clase. Ella dictaba álgebra y todo el tiempo me preguntaba a mí, yo ya
estaba cansada y ese día le dije que no sabía y me hizo firmar una hoja
verde por rendimiento académico. Eso era muy injusto. Nosotros denunciamos
con un amigo de mi papá lo que estaba pasando en el colegio e
inmediatamente hicieron visitas y hablaron con los profesores y trasladaron
a la directora. Este año es otra persona, no sé si sepa que soy desplazada,
pero me trata bien. Los profesores dejaron de montarla cuando me escucharon
las razones.

Allí en el colegio hice amigos por ser desplazada. Mis compañeros me veían
como extraña por serlo, pero yo conté algo de lo que nos pasó, entonces
ellos entendieron y ya. Uno teme que la gente se le acerque por pesar, pero
no con ellos. Lo que hacen es tratarlo como a los demás. Eso pasa conmigo.
No me pasan ni una. Extraño a mis amigos de Ambalema, los descansos, la
jornada en la tarde, porque ahora estoy en las mañanas. El trato que me
daban mis profes y el director, hasta el uniforme, pero no sé si podamos
regresar algún día. Bogotá no me molesta, me molesta alguna gente. En
Ambalema tenía novio en el colegio. Acá me gustan unos pero no sé… lo
bogotanos son muy extraños y muy tapados.

Los desplazados nos sentimos como estorbos porque la gente nos hace sentir
así. Somos pocos los que seguimos adelante y frentiamos las cosas. Eso para
una joven es muy duro.

DESTACADOS:

Cuando entré al colegio me sentí como si estuviera algo así como muestran
en las películas las cárceles.

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ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 333
Abril 3 a 17 de 2002
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S. J., Teófilo Vásquez, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal,
ILSA
Juan Francisco Aguilar, Clemencia Rueda, CEPECS

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

COLABORACIÓN
Martha Edith López

DIAGRAMACIÓN
Carlos "Alguien"

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
Dana Pérez
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

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Fundación CEPECS
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Los artículos de los colaboradores son responsabilidad de
sus autores y no comprometen la posición editorial de
Actualidad Colombiana.



CONTENIDO

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Tregua integral y bilateral

Sección: Movimientos Sociales
Titulo: ¿Existe otra opción?

Sección: Derechos Humanos
Título: Sigue arremetida contra sindicalistas

Sección: Movimientos sociales
Título: El privilegio de la educación

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Sección: Paz y conflicto armado
Título: Tregua integral y bilateral

La disposición de pactar una tregua "integral y bilateral"
por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, reabre
las puertas para que un proceso de paz sea adelantado en
Colombia, luego de la ruptura de los diálogos con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el
pasado 20 de febrero.

El anuncio fue hecho por Antonio García, considerado el
jefe militar del ELN, luego de la reunión que
representantes de esa organización alzada en armas
sostuvieran en La Habana, Cuba, con el Alto Comisionado
para la Paz, Camilo Gómez.

En un comunicado emitido luego de la reunión, el grupo
insurgente expresa que "un amplio espectro de la opinión ha
cuestionado la búsqueda de la paz en medio de la
confrontación", por lo que "al firmar un acuerdo de tregua
con el gobierno, el ELN se dispone a parar todas sus
acciones militares ofensivas durante seis meses, tiempo en
el cual no se realizarían ataques u operaciones ofensivas
contra la fuerza pública".

Además, "no se realizarían retenciones de personas, ni
sabotajes contra la infraestructura económica, vial,
eléctrica y petrolera".

De acuerdo con los cálculos hechos por los guerrilleros,
el Estado invierte altas sumas de dinero en la protección y
reparación de dicha infraestructura, las que podrían
destinarse a:

"- Abrir los hospitales públicos.
"- Resolver la crisis en la educación pública,
garantizando la estabilidad laboral de los profesores y el
pago puntual de su salario.
"- Rebajar las tarifas de los servicios públicos y
congelar los precios de la canasta familiar.
"- Financiar un plan de retorno con garantías y construir
tres campamentos para albergar desplazados, donde quienes
padecen el desarraigo de sus tierras y hogares, producto de
la violencia, puedan retornar y organizar su vida y su
futuro, contando con el apoyo de la comunidad internacional.
"- Suspender las fumigaciones en las zonas de cultivos
ilícitos, reparar los daños ocasionados con las
fumigaciones realizadas e impulsar programas alternativos
de desarrollo".

Ya un grupo de empresarios antioqueños se mostró
interesado en realizar inversiones en algunos sitios en los
cuales tradicionalmente ha ejercido dominio el ELN, como
una forma de apoyar el proceso.

En primera instancia, las inversiones se harían en el
oriente antioqueño y en la zona del sur de Bolívar,
prevista el año pasado para la realización de la Convención
Nacional, pero que se vio frustrada ante las presiones de
los grupos paramilitares y las transnacionales que tienen
intereses en la explotación de los recursos naturales.

El Ejecutivo también reaccionó con optimismo ante el
anuncio unilateral del ELN de pactar la tregua, esa sí
bilateral, tras el fracasado proceso con las FARC, el 20 de
febrero. En esa ocasión, el Presidente Pastrana declaró
rotos los diálogos y anunció una ofensiva para lo que los
militares denominaron "retoma" de la Zona de Distensión,
con un amplio despliegue bélico, que obligó al gobierno a
acortar el presupuesto de inversión social en dos billones
de pesos para destinarlo a la adquisición de armas y
municiones.

Algunos sectores, sin embargo, se han mostrado cautelosos
frente al anuncio del ELN, toda vez que consideran que
podría darse un manejo del proceso por parte del Ejecutivo,
para tratar de demostrar que sí tiene voluntad de paz ante
el fracaso de los diálogos con las FARC.

Ante esa eventualidad, el mismo ELN ha manifestado que se
trata de un proceso completamente independiente y que no se
pretende copar el espacio de las FARC sino que, por el
contrario, dicha agrupación desde el principio de la
Administración Pastrana ha expresado su interés por
contribuir a la paz.

El reto parece estar en cómo acumular capital político
para permitir que, como en los anteriores procesos, los
temas procedimentales no se conviertan en el escollo
principal sino que el eje sea la "agenda integral". El otro
reto, a mediano plazo, es cómo se generen las condiciones,
por parte del Gobierno y el establecimiento, para que se
permita el tránsito de una organización político-militar a
una organización político-social "fundamental para el
país", como dijo el comandante guerrillero Pablo Beltrán.

Para lograr ese acumulado político el punto es cómo
desencadenar tres procesos simultáneos: aspectos de la
tregua bilateral e integral, el proceso de preparación de
la Convención Nacional y el diseño y ejecución de planes de
desarrollo en aquellas regiones donde el ELN ha mantenido
influencia social, política y militar.

DESTACADO: "Al firmar un acuerdo de tregua con el
gobierno, el ELN se dispone a parar todas sus acciones
militares ofensivas durante seis meses"

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Sección: Movimientos Sociales
Titulo: ¿Existe otra opción?

Muchos sectores creen que la guerra es la única salida
después del rompimiento del proceso de diálogo entre el
gobierno y las FARC. Lo anterior se hace más evidente con
el apoyo que viene recibiendo el candidato Álvaro Uribe
Vélez por parte de sectores políticos y sociales que le
apuestan a la confrontación armada como la única salida de
la crisis del país, con la posible polarización de quienes
enfrentarán sus opciones por la guerra contra quienes
abogan por la salida política negociada. En este escenario
es previsible que se generalice, agudice y degrade el
conflicto armado.

A pesar de este oscuro panorama, se viene gestando otra
opción, que no le apuesta a la guerra. Esta otra opción
cree en la posibilidad de construir un país respetuoso de
los derechos humanos, del derecho internacional
humanitario, con justicia social, que mitigue los problemas
de pobreza, salud y desempleo, y en la salida negociada al
conflicto armado. Los que creen en esta segunda opción se
encuentran impulsando la realización del Congreso Nacional
de Paz y País, CNPP.

El Congreso Nacional de Paz y País se piensa como un
espacio donde los grupos de derechos humanos, los
movimientos sociales y políticos, los movimientos por la
paz y las organizaciones internacionales preocupadas por la
situación del país, confluyan con el propósito de incidir
políticamente en la definición del futuro de Colombia. El
objetivo principal del congreso es identificar propuestas y
estrategias comunes alrededor de las cuales se articule un
movimiento social para la construcción democrática de paz y
país, que incida en la transformación de las causas del
conflicto armado desde un escenario de convivencia pacífica
y democrática (ver recuadro).

El CNPP se presenta como una salida democrática y
participativa que busca promover cambios profundos frente a
la economía, la política y la sociedad, para lo cual está
convocando a diversos sectores que desde lo local, lo
regional y lo nacional, vienen desarrollando alternativas
frente a la violencia y a la crisis del país, sectores que
en la mayoría de los casos han sido excluidos y silenciados.

El Congreso es convocado por movimientos sociales,
iniciativas de paz, organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos, desarrollo y medio ambiente, iglesias,
autoridades departamentales y municipales; partidos y
movimientos políticos, grupos de solidaridad de colombianos
en el exterior, y cuenta con el apoyo de la comunidad
internacional.

Los temas centrales del CNPP giran alrededor de tres
aspectos: Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario; Modelo económico y deuda social, y Democracia
y reforma política. En estos momentos se vienen preparando
encuentros regionales previos al CNPP que convergerán en
Bogotá para discutir sus propuestas en el Congreso Nacional
Paz y País, los días 9, 10 y 11 de mayo de 2002.

RECUADRO
OBJETIVOS DEL CNPP
- Identificar y convenir las estrategias fundamentales
para la construcción democrática de convivencia pacífica, a
partir de un modelo de negociación integrado a una política
de Estado para la paz.
- Evaluar los procesos adelantados entre el actual
gobierno y las FARC y el ELN para identificar logros y
dificultades, recuperar la memoria histórica, analizar la
participación ciudadana y hacer seguimiento a sus
compromisos.
- Acordar una agenda común para la construcción de un
nuevo país a partir de un modelo de organización social y
político que garantice la convivencia pacífica e inclusión
política, económica y social de todos los colombianos.
- Convocar a la solidaridad con los sectores más afectados
por la guerra y la pobreza desde su reconocimiento como
sujetos políticos con capacidad de acción e incidencia en
la construcción de paz y país.
- Consolidar un proceso de relaciones internacionales
simétricas y de reconocimiento como interlocutores para la
toma decisiones entre los sectores de la sociedad civil que
participan de esta convocatoria y la comunidad
internacional que en los niveles de gobiernos, organismos
internacionales y sociedades locales, asuman el compromiso
de la paz, los derechos humanos, la democracia y la
justicia social.
- Procurar una opinión pública favorable a la convivencia
pacífica, a la democracia, los derechos humanos, la
justicia social, como sujeto participante en construcción
democrática de sociedad y país.

DESTACADO: El CNPP se presenta como una salida democrática
y participativa que busca promover cambios profundos frente
a la economía, la política y la sociedad.

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Sección: Derechos Humanos
Título: Sigue arremetida contra sindicalistas

Los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y
organización de los colombianos son vulnerados de forma
permanente, sin que el Estado asuma medidas para solucionar
lo anterior. Los siguientes son los principales hechos
ocurridos en el mes de marzo.

33 SINDICALISTAS ASESINADOS
En lo transcurrido del año, son 33 los sindicalistas
asesinados. El 11 de marzo fue asesinado Eduardo Chinchilla
Padilla, en la cabecera municipal de Puerto Wilches,
Santander. Chinchilla era miembro del sindicato de
industria de los trabajadores de empresas de palmas,
oleaginosas y similares -Sintrapalma-, filial de la Central
Unitaria de Trabajadores, CUT.

A pesar de las continuas denuncias de carácter nacional e
internacional, de las manifestaciones públicas y de lo
execrable de los crímenes cometidos, la masacre contra los
dirigentes sindicales continúa: el miércoles 20 de marzo
fue asesinado el tesorero de la Unión Sindical Obrera, USO,
en Barrancabermeja, Departamento de Santander, Rafael
Jaimes Torra. Dos días antes fueron asesinados Aury Sará
Marrugo, presidente de la esta organización sindical en
Cartagena, Departamento de Bolívar, y desaparecido Gilberto
Torres Martínez, dirigente en el oriental departamento de
Casanare.

Por estos hechos, la USO convocó a una huelga general
indefinida desde el 21 de marzo, solicitando que el
gobierno y la empresa Ecopetrol que tome las medidas
necesarias para evitar que la masacre continúe. La
respuesta de la empresa ha sido la de evitar que los
sindicalistas entren a las instalaciones del complejo
petrolero en Barrancabermeja y el gobierno sigue sin tomar
ningún tipo de medidas que evite el aniquilamiento de los
dirigente sindicales.

EN LA MIRA DE LOS PARAMILITARES
Desde el 6 de marzo, el municipio de Puerto Rondón,
Arauca, se encuentra en la mira de los paramilitares. En
esta fecha, apareció un panfleto firmado por este grupo, en
el que amenazaba a 21 pobladores sindicándolos de ser
presuntos auxiliadores de la guerrilla. A estas personas se
les dio plazo de un mes para abandonar el municipio. En
estos momentos diversas organizaciones de derechos humanos
han solicitado las medidas necesarias para que se respete
la vida de los habitantes del municipio de Puerto Rondón.

"TEATRO DE OPERACIONES"
En desarrollo de las atribuciones dados al Ejecutivo por
la Ley 684 del 13 de agosto de 2001, "Ley de organización y
funcionamiento de la seguridad y defensa nacional", parte
del Páramo de Sumapaz -al suroriente de la capital del país-
fue declarado el pasado 28 de febrero "teatro de
operaciones", cobijando, entre otros, al municipio de
Cabrera y la localidad 20 de Bogotá.

Existe el temor de los habitantes de la zona de que se
incremente la violación derechos humanos, ya que la Ley 684
otorga facultades especiales, como policía judicial, a las
fuerzas armadas. Además, al no tener límite temporal, este
teatro de operaciones, mediante una medida provisional, se
puede convertir en una medida de carácter permanente.

DESTACADO: A pesar de las continuas denuncias de carácter
nacional e internacional, de las manifestaciones públicas y
de lo execrable de los crímenes cometidos, la masacre
contra los dirigentes sindicales continúa
------------

Sección: Movimientos sociales
Título: El privilegio de la educación

Según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, acerca del derecho a la
educación en Colombia (Ginebra abril 2001), "la tasa de
matrícula disminuyó para todo el país, puesto que muchos
hogares no pueden seguir enviando a sus hijos a las
instituciones educativas por falta de ingreso o porque los
jóvenes se retiran a buscar empleo" .

Para la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá,
según su Plan Sectorial 2001 - 2004, serían "sólo" 85.960
niños y jóvenes en edad escolar de estratos 1 y 2 los que
no asisten a la escuela. Se debe tener en cuenta que la
cifra aumenta notablemente si se considera a los muchachos
de estrato 3 que se han tenido que retirar por las mismas
causas.

Las tasas de deserción son alarmantes: de 4.7% en el
sector oficial y de 3.5% en el no oficial, lo cual
significa que cada año se retiran de los colegios de Bogotá
cerca de 63.000 niños y jóvenes.

Las causas, según un estudio de la Universidad Nacional
que coincide con los datos de Naciones Unidas, están
relacionadas directamente con la pobreza. Para un 54%, los
altos costos educativos son aducidos para no ingresar a la
escuela; el 50% señala la falta de tiempo, ya que en el
tiempo que debieran estudiar deben cumplir con otras
responsabilidades como trabajar y ayudar en labores
domésticas. El pandillismo, el consumo de alcohol y drogas,
la adolescencia gestante o el "no me gusta", son señaladas
como otras de las razones por las cuales los jóvenes no van
a estudiar.

Buena parte de los jóvenes abandonan la escuela porque
deben atender otras necesidades más urgentes o porque no
encuentran allí un mecanismo de progreso y movilidad social.

Inciden también que la escuela haya perdido totalmente la
relación con el entorno en el cual se desenvuelven,
alejándose cada vez más no sólo de los contextos sociales,
es decir la desarticulación entre la escuela, el medio
social y el ámbito familiar, sino también de los
culturales, donde la brecha con los lenguajes, formas de
pensamiento y comunicación juveniles, es cada vez más
grande. Los jóvenes no encuentran ningún atractivo en
dedicar la mayor parte de su tiempo a un espacio en el que
no ven reflejados sus intereses y necesidades.

¿Qué pasa con los jóvenes que son privados del derecho a
estudiar? ¿Les espera un futuro?

Si la educación básica es fundamental en el proceso de
formación, de la cual depende en gran medida no sólo el
éxito de la educación futura, sino la posibilidad de
desarrollarse plenamente como persona, la educación es un
derecho fundamental de todo ser humano y  el hecho de
negarla u ofrecerla de mala calidad, afecta seriamente las
alternativas que tiene el sujeto para tener una vida digna.

Para ellos, la deserción es la posibilidad de adaptarse a
los rápidos cambios que está sufriendo el proceso
productivo, ampliando sus oportunidades laborales y
personales; es, también, la oportunidad de ejercer sus
derechos ciudadanos.

El que los jóvenes salgan prematuramente del sistema o que
no ingresen, además del riesgo de ser excluidos
socialmente, les impide el desarrollo individual y la
posibilidad de convertirse en mejores personas.

Los costos personales y sociales son muy altos. Además de
la frustración, el joven se enfrenta, en condiciones de
alta vulnerabilidad, a las problemáticas que debiera asumir
como adulto.

Para los que poseen algunos recursos económicos, la
educación no formal pasa a ser su principal opción,
representada en cursos de carácter práctico que les
capaciten en un oficio. Para los que no, pareciera que las
alternativas son ingresar prematuramente al mercado laboral
en condiciones precarias, trabajos inestables casi siempre
en el sector informal, o incorporarse al mundo de la
delincuencia social o grupos de milicias urbanas, o la
prostitución.

El panorama que se presenta es desalentador. Mientras que
para la Secretaría de Educación las causas del problema se
reducen fundamentalmente a la repitencia, para los 63.000
jóvenes que dejaron de matricularse este año, no existen
políticas estatales claras que permitan reintegrarlos al
sistema o al menos mitigar los efectos de su desvinculación.

La educación como "derecho de la persona y como servicio
público, que busca el acceso al conocimiento, la ciencia,
la técnica y los demás bienes y valores de la cultura",
como lo señala el artículo 67 de la Constitución Nacional,
no existe. Los jóvenes se ven enfrentados a un futuro
incierto, ya que detrás de la falta de educación viene la
falta de otras condiciones mínimas de supervivencia, como
empleo, salud, trabajo, vivienda y recreación.

El problema requiere medidas de fondo que permitan
abordarlo desde sus diferentes aristas. Por un lado, el
Estado debe replantear en la práctica, la función y sentido
de la educación, en medio de una sociedad globalizada y
altamente competitiva, en la cual convergen diferentes
maneras y estilos de vida, distintas formas de pensar y ver
el mundo, y en el que la educación se convierte en un
elemento estratégico no sólo para el desarrollo y
crecimiento económico sino, ante todo, en respuesta a la
necesidad de crear las condiciones básicas que le permitan
a las personas desarrollarse plena y satisfactoriamente,
teniendo una mejor calidad de vida, además, de la
oportunidad de generar nuevas alternativas de convivencia.

Es fundamental que el Estado cree mecanismos eficaces que
frenen el paulatino proceso de exclusión social, generando
las condiciones básicas para que las circunstancias
económicas dejen de ser un factor esencial que limita el
acceso a la educación, ya que es a él directamente al que
le corresponde salvaguardar los derechos de sus ciudadanos
y el que debe garantizar el acceso, la cobertura, la
permanencia y la calidad de la educación. Al menos así lo
señala la Constitución Nacional, las normativas
internacionales y los diferentes acuerdos y pactos firmados
por el Estado colombiano.

Es necesario que desde el Estado se emprendan acciones
rápidas que aseguren además del acceso al sistema educativo
en condiciones de calidad y equidad, la permanencia de la
población con menos recursos.

DESTACADOS: Para la Secretaría de Educación del Distrito
de Bogotá, serían "sólo" 85.960 niños y jóvenes en edad
escolar de estratos 1 y 2 los que no asisten a la escuela

Para los 63.000 jóvenes que dejaron de matricularse este
año, no existen políticas estatales claras que permitan
reintegrarlos al sistema educativo


    INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. (Enero 1 al 31 de Diciembre
de 2000. Ginebra. Abril de 2001.
    Datos de la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. PLAN
SECTORIAL DE EDUCACION 2001 - 2004. Bogotá, D.C.,
Septiembre de 2001
    RAMÍREZ GÓMEZ, Clara. JUVENTUD, POBREZA Y FORMACIÓN: Una
Mirada a los Programas de Capacitación en Bogotá.
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias
Económicas. Centro de Investigaciones para el Desarrollo.
Bogotá, D.C. 2000.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 331
Marzo 6 a 20 de 2002
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S. J., Teófilo Vásquez, , CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge
Carvajal, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Clemencia Rueda, CEPECS

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Carlos "Alguien"

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Los artículos de los colaboradores son responsabilidad
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comprometen la posición editorial de Actualidad
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CONTENIDO
Sección: Paz y conflicto armado
Título: La legitimación de la guerra
Acápite: El pasado 20 de febrero, a las 9 de la noche,
el presidente
Pastrana se dirigió al país para anunciar el
rompimiento del proceso de
diálogos con las FARC, lo que aleja las posibilidades
de alcanzar una
solución política al conflicto armado.

Sección: Paz y conflicto armado
Título: La oportunidad para la paz

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Y después qué sigue...
Acápite: Ante la suspensión del proceso de diálogo, las
Organizaciones No
Gubernamentales convocaron a la resistencia civil y al
Congreso Nacional de
Paz.

Sección: Derechos Humanos.
Titulo: Laboratorio de guerra
Acápite: Los habitantes que viven en los cinco
municipios escenario de las
conversaciones entre el gobierno de Pastrana y las FARC
hoy se encuentran
temerosos. Hace tres años esta zona fue proclamada
"laboratorio de paz" hoy
es un laboratorio de guerra.

Sección: Voces
Título: La guerra es una fiesta
Acápite: A propósito de la euforia de la guerra que se
vive en Colombia,
incluimos un artículo que con ocasión del conflicto de
las Malvinas, entre
Argentina e Inglaterra, publicó en 1985 el filósofo
colombiano Estanislao
Zuleta


Sección: Paz y conflicto armado
Título: La legitimación de la guerra
Acápite: El pasado 20 de febrero, a las 9 de la noche,
el presidente
Pastrana se dirigió al país para anunciar el
rompimiento del proceso de
diálogos con las FARC, lo que aleja las posibilidades
de alcanzar una
solución política al conflicto armado.

Tanto el Gobierno de Andrés Pastrana como las Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC, consideran que
tienen la legitimidad
para hacer la guerra y cejar en sus empeños por buscar
alternativas
políticas. Ambos, incluso, están convencidos -o eso
dicen- de que están en
capacidad de ganar la guerra. Y emplean todos los
recursos -bélicos y
mediáticos- para demostrar que así es.

Los medios masivos de comunicación, como es apenas
lógico, defienden la
institucionalidad y se encargan de resaltar o
desvirtuar elementos que
sirvan de apoyo o vayan en detrimento de la política
estatal. Así, y en
cuestión de horas, el nivel de popularidad de Pastrana
pasó del 20% a más
del 70%. Más que el porcentaje alcanzado por el
candidato Alvaro Uribe,
quien de forma monotemática hablaba de terminar la zona
de distensión,
pedía injerencia militar extranjera -y sigue
haciéndolo, a pesar de que ya
informes de prensa denunciaron la presencia de altos
oficiales
estadounidenses- e invitaba a conformar un ejército con
todos los
colombianos. "¡Un ejército de 40 millones de
colombianos es invencible!",
dijo en su alocución el presidente Pastrana y lo
repitió exactamente igual
ocho días después, con lo cual reiteró que las
posiciones están
polarizadas, como lo hiciera George Bush el 11 de
septiembre, cuando dijo
que "o están con nosotros o están con el terrorismo".

En sus alocuciones del 20 y el 27 de febrero, Pastrana
buscó demostrar que
no sólo tiene la legitimidad para hacer la guerra, sino
que el contrario no
la tiene. Y las FARC hicieron lo propio.

Tras presentar fotos satelitales -tomadas por aviones
estadounidenses-,
reseñar los ataques terroristas y militares de las FARC
y destacar sus
propios esfuerzos por la paz, Pastrana dijo tajante:
"desde el punto de
vista político, les hemos propinado la más grande
derrota de toda su
historia a las FARC y logramos que la guerrilla
perdiera el poco apoyo que
había logrado reunir en sus más de 30 años de
existencia". Y concluyó
diciendo: "Ellos mismos se han negado un espacio
político en el país".

Las FARC, por su parte, se apresuraron a decir que no,
que ellas no son las
culpables, sino el gobierno. Y lo hicieron en medio del
operativo militar
de despeje de la zona, despeje que habían iniciado
desde finales del año
pasado, pues apenas conservaban allí a menos de mil
combatientes que ahora
sí deberán ser eso: combatientes.

Aducen las FARC que "el bipartidismo
liberal-conservador se une en una
parafernalia sin precedentes en la historia de Colombia
a pedir más sangre
a las Fuerzas Militares, uno de los soportes básicos
del terrorismo de
Estado en ese país latinoamericano".

En otras palabras, las FARC, tildadas de terroristas
por el Estado, señalan
a éste de terrorista.

LOS INCUMPLIMIENTOS
Los argumentos de uno y otro son válidos, en la medida
en que sólo son
presentados de forma parcial.

El gobierno critica de las FARC el escalamiento de la
guerra y la
utilización de métodos terroristas "que alcanzaron los
117 en tan sólo los
últimos 30 días. Fueron cuatro carros bomba; cinco
ataques a instalaciones;
siete campos minados; el homicidio de 20 civiles,
incluyendo mujeres y
niños; la voladura de 33 torres de energía, de dos
tramos del oleoducto, de
tres puentes, entre otros actos de barbarie", según
dijo Pastrana.

Lo que para el gobierno rebosó la copa fue el secuestro
del avión de Aces
para plagiar al senador Eduardo Gechem Turbay, para lo
cual debieron
realizar otra violación al Derecho Internacional
Humanitario, pues la
aeronave civil cubría una ruta comercial y era ocupada
totalmente por civiles.

Las FARC también esgrimen argumentos, como que el
gobierno no ha cumplido
sus promesas de combatir el paramilitarismo ni
desmontado el modelo
neoliberal que afecta a las clases más pobres.

Prueba de lo primero han sido las acciones del Fiscal
General de la Nación
que ordenó la libertad del ex general Rito Alejo del
Río, acusado de
paramilitarismo, y destituyó a los fiscales que habían
recopilado pruebas
en contra del oficial. En torno al modelo neoliberal,
de manera "inocente"
pretendían las FARC hacer la revolución por decreto o
tener una excusa para
deslegitimar al gobierno cuando el proceso se rompiera,
como en efecto
sucedió.

TANATOS
Llamó la atención la forma como Pastrana puso punto
final a su discurso del
20 de febrero: "Que San Miguel Arcángel nos proteja".
El personaje
religioso es, según artículo de María Isabel Cerón
publicado en la revista
Cambio, el "jefe de la milicia celestial (...), el
santo que logró derrotar
el mal, quien está en capacidad de defendernos de
Satanás, de los espíritus
malignos y de los soberbios".

Pero, más sorprendente aún, fue el nombre que las
Fuerzas Armadas le dieron
a la operación de regreso a la antigua zona de despeje:
Tanatos, dios de la
muerte, de la eliminación del contrario. Con lo cual se
le estaría dando la
razón al candidato presidencial Luis Eduardo Garzón,
quien le advirtió a
gobierno y guerrilla en la audiencia de una semana
antes del rompimiento de
los diálogos que si éstos se suspendían, los próximos
diálogos serían
"dentro de un millón de muertos".



Sección: Paz y conflicto armado
Título: La oportunidad para la paz

Durante más de tres años, el país recorrió la
posibilidad de hallar una
fórmula que pusiera fin a uno de los conflictos armados
más antiguos del
hemisferio occidental. En estos dos últimos meses, y en
medio de una
campaña electoral para elegir el Congreso -que se
realizará el domingo 10-
y al próximo presidente de la república, el viraje ha
sido total. Sobre
todo después del secuestro de la candidata
presidencial, Ingrid Betancur,
por parte de las FARC, y el asesinato de la senadora
liberal Martha
Catalina Daniels, el domingo 3 de este mes.

Han sido diversos los factores que han concurrido para
que la oportunidad
para la paz se haya convertido en una oportunidad para
la guerra, y en esta
coyuntura electoral, al contrario que hace cuatro años,
el debate central
no sea sobre la más coherente formulación de la paz,
sino sobre la formula
más llamativa sobre la guerra

En primer lugar, el nuevo orden internacional,
posterior a los hechos del
11 de septiembre, tuvo como principal efecto la
tolerancia cero hacia la
búsqueda de salidas negociadas y el fortalecimiento de
las salidas de
fuerza por parte de la comunidad internacional,
especialmente, allí donde
los intereses de los Estados Unidos son vitales en esta
nueva etapa de
lucha contra el llamado terrorismo. Mas aun, cuando
para grandes sectores
de opinión la asociación entre la guerrilla y el
narcotráfico resultan ser
el mismo fenómeno. Lo anterior implica, para Colombia,
la legitimación en
la opinión pública nacional e internacional del Plan
Colombia y la
Iniciativa Andina, especialmente su principal
estrategia, la cual es la
rehegemonizacion y control de Estados Unidos en el área
andina, con el
argumento de la lucha contra el narcotráfico.

En el orden interno, el principal argumento para
deslegitimar la salida
política negociada fueron los pocos resultados que
presentó la mesa de
negociación con las FARC y los constantes titubeos en
la instalación de un
proceso en firme con la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional, ELN.
Así mismo, el sabotaje permanente por parte de los
paramilitares que a
sangre y fuego paralizaron y minaron las confianzas,
pocas o muchas, que
alcanzaban las partes en la mesa de negociación.

El capital político que tenía la negociación ante la
nación, entró en un
lento pero seguro proceso de erosión, porque nunca se
pasó de la etapa de
la agenda procedimental a la agenda sustantiva. En
síntesis, en estos tres
años asistimos a una vieja fórmula de los manuales de
negociación, que
consiste en hacerlo pero sin ceder; obviamente, lo que
de allí resulta es
un diálogo formal en el que ninguna de las partes cede
en asuntos
estratégicos para sus fines, ni renuncia a sus
intereses vitales.

En tercer lugar, la recesión económica y las medidas
neoliberales tomadas
por el Presidente Pastrana no fueron, sin duda, el
mejor escenario para
avanzar en una negociación política, económica y social
como lo proponía la
guerrilla. Al contrario, alejaban en la práctica a las
partes en este
aspecto de la agenda sustantiva.

El único ejercicio que en la mesa de negociación se
dotó para escuchar
aspectos sociales y económicos cruciales fueron las
llamadas audiencias
públicas, que resultaron ejercicios inútiles: de un
lado, no contaron con
la asistencia del gobierno nacional y, de otro, no
tuvieron consecuencias
en la mesa de negociación ni fueron sistematizadas y
tratadas por las
partes. En síntesis, demostraron la bilateralidad y la
exclusión que en
estos tres años realizaron el gobierno y las FARC con
respecto al
involucramiento de la llamada sociedad civil en la
negociación.

Una vez más, se perdió la posibilidad un acuerdo
político para dar por
terminada la guerra en Colombia. Los factores
mencionados de orden
estructural y coyuntural mencionados, pero
especialmente la actitud
cicatera de las partes, inclinaron, tal vez por un
largo tiempo, la balanza
hacia guerra.


Sección: Paz y conflicto armado
Título: Y después qué sigue...
Acápite: Ante la suspensión del proceso de diálogo, las
Organizaciones No
Gubernamentales convocaron a la resistencia civil y al
Congreso Nacional de
Paz.

El pasado 20 de febrero el presidente de la República
Andrés Pastrana
decidió romper no sólo el proceso de diálogo con las
FARC  y por ende
acabar con la zona de distensión, sino con las
audiencias públicas en las
que participaba la sociedad civil y donde se habían
concitado y regulado
las reglas de juego de las negociaciones.

Después de las declaraciones, que dieron cuenta de la
angustiada y poderosa
actitud del gobierno para acabar con lo poco que había
de voluntad de paz,
para darle paso a una tajante y orgullosa guerra, que
se concretó en una
incursión militar con bombardeos y arrasamientos hasta
de selva, que ha
producido muertes de inocentes en nombre de la paz.

Las organizaciones sociales que defienden la vida y la
paz de los
colombianos reclaman una resistencia de la sociedad
civil frente a la
guerra y hacen un llamado a la comunidad internacional
para que coadyuven
en el impedimento del derramamiento de sangre que se
avecina en la zona del
Caguán.

"Nuevamente ganaron los enemigos de la paz con justicia
social. Una vez más
se ha impuesto en el país el lenguaje y las acciones de
guerra. En
contravía de los acuerdos logrados con la participación
de la comunidad
internacional y los buenos oficios de las Naciones
Unidas que permitieron
despejar la zona del despeje, el presidente Andrés
Pastrana ha optado por
el peor camino, ponerle término al proceso de diálogo
entre el gobierno y
la insurgencia de las FARC, contrariamente en momentos
en que las partes
anunciaban acercamientos en torno a la posibilidad de
un acuerdo de cese al
fuego y hostilidades", afirma la Asociación Nacional de
Ayuda Solidaria,
Andas.

Los colombianos se han de atener a los bombardeos
indiscriminados,
desplazamientos de cientos de campesinos, muertes y
desapariciones en
nombre de la paz y, por consiguiente, una crisis
humanitaria.

Para las organizaciones sociales, el rompimiento de los
diálogos de paz es
sólo una cortina de humo que utiliza el gobierno
nacional para ocultar los
problemas sociales que tiene el país y que después de
treinta años no ha
podido solucionar. El gobierno colombiano quiere la
paz, pero no bajo
negociaciones ni procesos, sino a costa de muertes y de
incursiones militares.

La sociedad civil reclama a los dos partes enfrentadas
respeto y protección
a los habitantes de las zonas de conflicto y pide la
reactivación de los
diálogos de paz.

Los miles de bombas con que se va a sembrar el campo
colombiano no van a
producir otra cosa más que miseria y dolor para los
excluidos de siempre:
los campesinos. Ello es lo que en la práctica ha
sucedido en los últimos
días en Arauca, el Catatumbo y el Alto del Naya, con lo
que lamentablemente
se vienen haciendo realidad los designios del Plan
Colombia.

DESTACADO
Objetivo de los pilotos de la Fuerza Aérea:
"Acabar con todo lo que se mueva"
"Acabar con el enemigo"
"Retomar territorio colombiano"


Sección: Derechos Humanos.
Titulo: Laboratorio de guerra
Acápite: Los habitantes que viven en los cinco
municipios escenario de las
conversaciones entre el gobierno de Pastrana y las FARC
hoy se encuentran
temerosos. Hace tres años esta zona fue proclamada
"laboratorio de paz" hoy
es un laboratorio de guerra.

Cuando el Presidente Pastrana anunció la ruptura
definitiva del proceso de
diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, FARC, y ordenó
la entrada inmediata del ejército a la zona del
despeje, las organizaciones
sociales, las ONG, los alcaldes de los cinco municipios
pertenecientes a la
zona de distensión y los campesinos de la región
solicitaron al gobierno
que tomara todas las medidas necesarias para que se les
garantizara la vida.

Con el rompimiento de los diálogos son dos las
preocupaciones que
manifiestan los habitantes de lo que fuera considerado
"Laboratorio de
Paz": en primer lugar, están los efectos que la
operación de reconquista de
la zona por parte del Ejército puede ocasionar en
materia de desplazamiento
y posibles muertes de civiles; en segundo lugar, que se
conviertan en
blanco de los paramilitares.

Intensos bombardeos se han realizado a las zonas
rurales de los municipios
de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Uribe, Mesetas,
Vista Hermosa y la
Macarena (Meta), con el objetivo de recuperar la zona
del despeje. Estos
ataques han dejado como resultado al interior de
población civil cuatro
personas muertas -dos adultos y dos niños- en el
corregimiento Rubí, del
municipio de San Vicente del Caguán, y el
desplazamiento de la población
rural a los cacos urbanos.

Entre el 22 y el 24 de febrero se presentó un
desplazamiento hacia San
Vicente del Caguán de 132 personas. Estas se encuentran
en albergues, donde
una mujer afirmó que "la aviación militar está atacando
a todo lo que se
mueva en los campos". Cerca de mil personas se vienen
desplazando a
distintas ciudades, como Neiva, capital del Huila;
Florencia, capital del
Caquetá, y Villavicencio, capital del Meta.

El concejo municipal de San Vicente del Caguán solicitó
que el
representante de la Naciones Unidas en Colombia y los
embajadores de países
que acompañaron el proceso de negociación hagan
presencia en la zona para
garantizar la integridad de los habitantes de la región.

Por otra parte, el acceso a la zona es difícil una
misión de Médicos sin
Fronteras no había podido ingresar y se sabe que el
Hospital de San Vicente
del Caguán está sin insumos, sin luz, teléfono, ni
suficientes médicos.

Esta es la situación de la población civil en los cinco
municipios de la
zona de distensión. Los habitantes siguen preocupados
por efectos de los
bombardeos. Las garantías que prometió el Presidente de
la República
orientadas a fin de dar tranquilidad y seguridad a la
población se
encuentran ya en entredicho y continúa el temor de una
posible incursión
paramilitar.


Sección: Voces
Título: La guerra es una fiesta
Acápite: A propósito de la euforia de la guerra que se
vive en Colombia,
incluimos un artículo que con ocasión del conflicto de
las Malvinas, entre
Argentina e Inglaterra, publicó en 1985 el filósofo
colombiano Estanislao
Zuleta*

Pienso que lo más urgente cuando se trata de combatir
la guerra es no
hacerse ilusiones sobre el carácter y las posibilidades
de este combate.

Sobre todo de no oponerle a la guerra, como han hecho
hasta ahora casi
todas las tendencias pacifistas, un reino del amor y la
abundancia, de la
igualdad y la homogeneidad, una entropía social.

En realidad la idealización del conjunto social a
nombre de Dios, y como lo
decía Dostoyevski, su fórmula completa es "Liberté,
egalité, fraternité...
de la mort". Para combatir la guerra con una
posibilidad remota, pero real
de éxito, es necesario comenzar por reconocer que el
conflicto y la
hostilidad, son fenómenos tan constitutivos del vínculo
social, como la
interdependencia misma, y que la noción de una sociedad
armónica es una
contradicción en los términos. La erradicación de los
conflictos y su
disolución en una cálida convivencia no es una meta
alcanzable, ni
deseable; ni en la vida personal -en el amor y la
amistad- ni en la vida
colectiva.

Es preciso, por el contrario, construir un espacio
social y legal en el
cual los conflictos puedan manifestarse y
desarrollarse, sin que la
oposición al otro conduzca a la supresión del otro,
matándolo, reduciéndolo
a la impotencia o silenciándolo. Es verdad que para
ello, la superación de
"las contradicciones antinómicas" entre las clases y de
las relaciones de
dominación entre las naciones es un paso muy
importante. Pero no es
suficiente y es muy peligroso creer que es suficiente.

Porque entonces se tratará inevitablemente de reducir
todas las
diferencias, las oposiciones y las confrontaciones a
una sola diferencia,
una sola oposición y una sola confrontación; es tratar
de negar los
conflictos internos y reducirlos a un conflicto
externo; con el enemigo,
con el otro absoluto: la otra clase, la otra religión,
la otra nación; pero
éste es el mecanismo más íntimo de la guerra y el más
eficaz, puesto que es
el que genera la felicidad de la guerra.

Los diversos tipos de pacifismo hablan abundantemente
de los dolores, las
desgracias y las tragedias de la guerra -y esto está
muy bien, aunque nadie
lo ignora-; pero suelen callar ese otro aspecto tan
inconfesable y tan
decisivo, que es la felicidad de la guerra. Porque si
se quiere evitarle al
hombre el destino de la guerra hay que empezar por
confesar, serena y
severamente la verdad: la guerra es fiesta. Fiesta de
la comunidad al fin
unida con el más entrañable de los vínculos, del
individuo al fin disuelto
en ella y liberado de su soledad, de su particularidad
y de sus intereses;
capaz de darlo todo, hasta la vida. Fiesta de poderse
aprobar sin sombras y
sin dudas frente al perverso enemigo, de creer
tontamente tener la razón y
de creer más tontamente aún que podemos dar testimonio
de la verdad con
nuestra sangre.

Si esto no se tiene en cuenta, la mayor parte de las
guerras parecen
extravagantemente irracionales, porque todo el mundo
conoce de antemano la
desproporción existente entre el valor de lo que se
persigue y el valor de
lo que está dispuesto a sacrificar. Cuando Hamlet se
reprocha su indecisión
en una empresa aparentemente clara como la que tenía
ante sí, comenta:
"Mientras para vergüenza mía veo la destrucción
inmediata de vente mil
hombres que, por un capricho, por una estéril gloria
van al sepulcro como a
sus lechos, combatiendo por una causa que la multitud
es incapaz de
comprender, por un terreno que no es suficiente
sepultura para tanto
cadáveres". ¿Quién ignora que este es frecuentemente el
caso? Hay que decir
que las grandes palabras solemnes: el honor, la patria,
los principios,
sirven siempre para racionalizar el deseo de entregarse
a esa borrachera
colectiva.

Los gobierno saben esto, y para negar la disensión y
las dificultades
internas, imponen a sus súbditos la unidad
mostrándoles, como decía Hegel,
la figura del amo absoluto: la muerte. Los ponen a
elegir entre la
solidaridad y derrota. Es triste sin duda la muerte de
los muchachos
argentinos y el dolor de sus deudos y la de los
muchachos ingleses y de los
suyos; pero es tal vez más triste ver la alegría
momentánea del pueblo
argentino unido detrás de Galtieri y la del pueblo
inglés unido detrás de
Margaret Thatcher. Si alguien me objetara que el
reconocimiento previo de
los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad
y su conveniencia,
arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el
entusiasmo en la lucha
por una sociedad más justa, organizada y racional, yo
le replicaría que
para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de
tener mejores
conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir
no a pesar de ellos,
sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo
un pueblo escéptico
sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto
es un pueblo maduro
para la paz.


* Publicado inicialmente en "Sobre la idealización en
la vida personal y
colectiva" y otros ensayos, Ed. Procultura, Bogotá,
1985, y reeditado en
Gambito de torres, Fica, Bogotá, 2001.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 330
Febrero 20 a marzo 6 de 2002
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
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Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Clemencia Rueda, CEPECS

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DIAGRAMACIÓN
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Versión alemán Bruno Rütsche
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Los artículos de los colaboradores son responsabilidad de sus autores y no
comprometen la posición editorial de Actualidad Colombiana.





Contenido

Sección: Paz y conflicto armado
Titulo: Avanzan acuerdos humanitarios

Sección: Paz y conflicto armado
Titulo: La combinación de las formas de lucha

Sección: Derechos humanos
Título: Paramilitares contraatacan
Acápite: Comunidades del Pacífico colombiano denunciaron la preparación de
una nueva ofensiva paramilitar en la zona.

Sección: Derechos humanos
Título: No hay cama pa' tanta gente... joven



Sección: Paz y conflicto armado
Antetítulo: Con el ELN
Titulo: Avanzan acuerdos humanitarios

Entre el 29 y el 31 de enero, en la Habana, Cuba, se celebró la cumbre por
la paz entre el gobierno, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-,
representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. En
dicha reunión fueron tres los puntos de discusión: acuerdos humanitarios,
medios de comunicación y política de paz.

Frente al tema de los acuerdos humanitarios, se planteó la necesidad de
llegar a soluciones parciales y de ejecución inmediata, de carácter
bilateral. Estas deben estar apoyadas por representantes de los países
amigos del proceso y del representante del Secretario General de las
Naciones Unidas en Colombia. Los puntos de discusión de esta comisión son:

- Desvincular a los menores del conflicto armado.
- Inversión social en zonas de conflicto.
- Respeto a la estructura eléctrica, vial y petrolera.
- Análisis de políticas en los temas anteriores.
- Estudio de las experiencias de acercamientos humanitarios regionales.
- Suspensión de fumigaciones y ejecución de programas de sustitución de
cultivos de uso ilícito en regiones específicas.
- Localización y erradicación de todo tipo de minas antipersonales.
- Compromiso del Estado de desarrollar, con actos concretos, su deber de
combatir el fenómeno paramilitar.
- Atención a víctimas y formulación de políticas de prevención y retorno de
la población desplazada a sus lugares de origen.

Las propuestas discutidas y que se dieron a conocer en el documento público
de la Cumbre de la Habana, serán un insumo básico para la mesa de
negociación y la ronda bilateral de las partes. Además se planteó que será
misión de los equipos del gobierno y del ELN analizar, con base en el
documento de la Comisión de Personalidades, el tema de la tregua, el cese
de fuego y de hostilidades.

Con respecto al segundo punto de discusión, se planteó la necesidad de
consolidar una política de paz de Estado que permita que al término de este
gobierno y el comienzo del otro, el 7 de agosto próximo, el proceso no
sufra interrupciones.

Se destacó la importancia de la participación de la sociedad civil en el
desarrollo del proceso, al igual que de la Comisión Facilitadora, del
Consejo Nacional de Paz, del Frente Común por la Paz y de las iniciativas
populares.

Por último, se hizo un llamado especial a los medios de comunicación y su
papel en la formación de opinión pública con el fin de generar programas de
formación pedagógicas de paz, ser pluralistas en la información y
desarrollar estrategias de comunicación del proceso, con un lenguaje y una
actitud más decidida a favor de la paz.


Sección: Paz y conflicto armado
Titulo: La combinación de las formas de lucha

La guerra en Colombia ha implicado que las partes en confrontación hallan
combinado en su repertorio de acción de forma constante, simultánea y
paralela, diversas formas de lucha, orientación de la guerra de guerrillas
y revolucionaria atribuida a Lenin.

La anterior formulación no sólo es monopolio de los actores armados, sino
también de importantes sectores de la sociedad civil regional, para
defender sus intereses políticos y económicos o para pretender exigirlos y
hacerlos valer a través de la acción violenta.

Esa es precisamente la lógica política, militar y económica que los
denominados grupos paramilitares o de autodefensa han desplegado durante
estos 15 últimos años, intensificado a partir de mediados de la década de
los 90 y alcanzado niveles insospechados durante la actual administración
del presidente Andrés Pastrana.

En efecto, paralelo al desencanto en las negociaciones y sus virtuales
resultados, se ha dado la expansión numérica y geográfica del
paramilitarismo, y un gradual proceso de legitimación y búsqueda insistente
en convertirse en actor político y el tercer actor en discordia, lo que ha
sido interpretado por algunos como un proceso de búsqueda de autonomía del
fenómeno paramilitar frente sus mentores iniciales.

Así lo expresa la conversión del jefe paramilitar Carlos Castaño en
interlocutor válido políticamente de importantes sectores de los medios de
comunicación, las movilizaciones sociales tuteladas por éstos contra el
posible despeje de los municipios del sur de Bolívar para negociar con el
ELN y la participación en las movilizaciones en la región del Catatumbo
contra las fumigaciones por parte de los campesinos y raspachines, cuya
lealtad había sido previamente cambiada de la guerrilla a los
paramilitares, tras las dosis de violencia y terror a que los pobladores de
esta región fueron sometidos entre 1998 y 1999.

Igualmente, el proceso de expansión en el centro y norte del Valle del
Cauca durante 1998 y 1999, como una forma de contener la expansión de las
FARC y su estrategia de abrir un corredor desde la zona de despeje hacia el
océano Pacífico, que involucra las zonas aledañas al área de despeje, el
sur de Tolima y el control o asedio sobre la vía entre Cali y Buenaventura
o vía al mar.

En ese contexto de expansión geográfica, contención de la expansión de la
guerrilla y terror generalizado contra las poblaciones donde hace presencia
la insurgencia armada o tiene influencia social y política, se inscribe la
masacre del Naya realizada en el 2001 en los límites del Cauca y Valle del
Cauca, acción dirigida contra los asentamientos indígenas, los colonos
blancos y las comunidades negras que allí habitan.

En esa lógica también se inscribe el accionar paramilitar en el
departamento del Cauca a partir del año 2000 y que aún se mantiene. El
objetivo es evidente: no sólo ampliar geográfica y militarmente su accionar
contraguerrillero, sino también erosionar y reversar uno de los más
importantes fenómenos de movilización social, cívica y comunal del país
como el que representa el Bloque Social y Alternativo que tiene tanta
fuerza que fue capaz de llegar al poder en la gobernación de este
departamento a expensas de una de las élites tradicionales más
conservadoras de la nación.

Así mismo, ha sido su estrategia de sabotear constantemente el proceso de
paz o  negociación con las FARC. A la extrema debilidad del mismo, se le
han de sumar las acciones militares y políticas de los paramilitares para
lograr que ésta, tres años después de iniciadas y a pesar de la voluntad de
muchos sectores sociales y políticos de rodearlas de condiciones de
irreversibilidad, hoy se hallen en un punto muerto. Hacer inviable el
proceso fue uno de los objetivos en los cuales las autodefensas de Castaño
se emplearon a fondo durante la administración de Pastrana. En esa lógica
se inscribe el secuestro del hermano de Fabio Valencia Cossio,
representante del gobierno en la mesa de negociación y figura central del
partido de gobierno; el secuestro de la  senadora liberal Piedad Córdoba,
y, finalmente, el secuestro masivo de siete congresistas para advertirles
sobre lo que consideraban inconveniencias de una ley permanente de canje,
objetivo central de las FARC en la mesa de negociación.

El sabotaje al proceso de paz con las FARC no sólo se concretó en las
anteriores acciones, sino que también se trasladó al terreno militar. Así
lo expresa el cercamiento paramilitar en los municipios que rodean la zona
de despeje, la incursión y expansión paramilitar en el sur Caquetá y en el
departamento del Putumayo. En la práctica, construir un cerco paramilitar
-dicho literalmente- alrededor de la zona de distensión acordada entre las
FARC y el gobierno nacional.

Esta versión derechista de la estrategia de combinación de formas de lucha,
es decir acciones militares, de terror generalizado contra la población
civil y actos de violencia con repercusiones nacionales, hacen recordar la
divisa que a mediados del siglo pasado se planteó el jefe conservador
Laureano Gómez de "hacer la república invivible", la cual fue antecedente
de la violencia partidista que preparó el terreno para la crisis
generalizada y allanó el camino para el régimen corporativo de derecha que
por todos los medios quiso imponer el dirigente conservador al país.

En síntesis, la estrategia estos cuatro años fue convertirse en un actor
político y tercero en discordia a sangre, fuego y terror, objetivo para el
cual contaron con el beneplácito de sectores del establecimiento, la
aquiescencia y omisión de la Fuerza Publica y las simpatías mal disimuladas
de impactantes medios de comunicación.



Sección: Derechos humanos
Título: Paramilitares contraatacan
Acápite: Comunidades del Pacífico colombiano denunciaron la preparación de
una nueva ofensiva paramilitar en la zona.

El Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras, lanzó
una voz de alerta por el ingreso a la región del Pacífico colombiano, en el
Valle del Cauca, de una columna de aproximadamente 400 paramilitares, que
tienen proyectado recuperar el control de la zona luego de que sufrieran
reveses militares el año pasado tras haber perpetrado varias masacres
contra la población civil.

Según un comunicado que envió el 12 de febrero a la Vicepresidencia de la
República, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, el Proceso de Comunidades
Negras dijo que "cerca de 400 paramilitares y que al parecer vienen de la
zona Calima - Darién, atravesaron por el sitio conocido como Los Tubos -
San Cipriano - Aguaclara. Estos han sido vistos por pobladores de esta zona
y se dice que ya pasaron por la hidroeléctrica del Río Anchicayá.
Igualmente se dice que los paramilitares de la zona urbana de Buenaventura
están siendo concentrados para ser enviados a los ríos Naya y Yurumanguí.
La orden es entrar a estos ríos a sangre y fuego y sacar a la guerrilla".

Igualmente, afirman que "se han intensificado desde el viernes último hasta
hoy los retenes de los paramilitares en las veredas Zabaletas, Llano Bajo,
San Marcos, sobre el río Anchicayá. Los paramilitares controlan, en el caso
de Buenaventura, todos los accesos a la zona rural. La ruta que están
siguiendo es la de Calima - Darién, atravesando la carretera Nueva,
entrando a Anchicayá, Raposo, Cajambre, Yurumanguí y Naya".

Por último, esperan que el gobierno nacional "tome las medidas para evitar
que tal y como está anunciado, las comunidades negras, indígenas y
campesinas que viven en esta zona sean nuevamente agredidas, masacradas y
desplazadas".



Sección: Movimientos Sociales.
Titulo: Protesta contra la intervención de Estados Unidos

El 10 de febrero pasado, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos,
Marc Grossman, y la embajadora de este país en Colombia, Anne Patterson,
anunciaron que van a solicitar al congreso norteamericano un apoyo militar
y económico por cerca de 98 millones de dólares para la brigada XVIII, que
se encuentra en el departamento de Arauca, en el oriente colombiano. Este
apoyo va orientado a proteger los intereses estadoudineses en Colombia en
esta zona donde opera la petrolera Oxy y el oleoducto Caño Limón - Coveñas,
el cual transporta crudo de Arauca hasta el Caribe, para su exportación.

Por esta razón, diversas organizaciones sociales y organizaciones no
gubernamentales convocaron para el día martes 19 de febrero a las 10:00
a.m. a una protesta en contra de la política que los Estados Unidos viene
realizando para "proteger los intereses norteamericanos".

No deja de sorprender esta solicitud que la embajadora hace para el apoyo a
la Brigada XVIII, ya que ésta, junto con la Brigada XVI, adscrita a la II
División del Ejército Nacional que operan en la región, han sido
fuertemente cuestionadas por su posible apoyo a grupos paramilitares. La
población de la zona ha sido víctima de sistemáticos ataques de grupos
paramilitares. El último hecho fue el asesinato, el pasado 24 de enero, de
Ángel Trifilo Riveros Chaparro, Mario González Ruiz y Heliberto Delgado.

Además, esta zona ha sido punto de disputa entre el pueblo indígena U´wa y
los intereses de la Oxy, concretamente en Gilbraltar Bloque Samoré, donde
la multinacional está desarrollando exploraciones petroleras. Dicha región
es reconocida como resguardo indígena de la comunidad U´wa, que, hoy se
encuentra amenazada y desplazada de sus territorios sagrados a consecuencia
de la represión militar que acarrearon las exploraciones petroleras.

Esta política, además de ir en contra de la soberanía del país, es un
desconocimiento de la Ley Leahy, que prohíbe cualquier tipo de ayuda para
unidades militares involucradas en violaciones a los derechos humanos, como
lo está la Brigada XVIII.

En esta jornada de protesta busca que la comunidad internacional se
pronuncie, por medio de cartas, comunicados y movilizaciones, con el
objetivo de rechazar el Plan Colombia en su conjunto, ya que ha demostrado
ser, más que una política de lucha antidrogas, una estrategia
intervencionista de Estados Unidos que conlleva una sistemática violación a
los derechos humanos con un irrestricto apoyo al paramilitarismo;
investigar el papel de las multinacionales en Colombia comprometidas en la
violación a los derechos humanos y promoción del paramilitarismo, en
especial de la Oxy; apoyar de manera descrita las acciones populares
emprendidas en Arauca que buscan develar la impunidad y el paramilitarismo
como estrategia del Estado colombiano apoyado por el Estado norteamericano.

Exigir al Estado colombiano: detener la implantación de fenómeno
paramilitar; develar, juzgar y suspender las acciones encubiertas del
Ejército colombiano a nombre del paramilitarismo; crear una comisión de
investigación para el caso del testigo del tribunal de opinión Angel
Riveros, con veeduría internacional.

Exigir al Estado norteamericano: cumplimiento absoluto de la Ley Leahy,
cesar el apoyo al Plan Colombia, sancionar a las multinacionales
norteamericanas comprometidas con la violación a los derechos humanos en
Colombia y el mundo.


Sección: Derechos humanos
Título: No hay cama pa'tanta gente... joven


Hasta hace siete años era un pueblo tranquilo o, por lo menos, las
atrocidades de la guerra no se vivían tan de cerca. Habían peleas, robos y
todo lo que puede pasar en cualquier pueblo normal, si es que ahora todavía
los hay... Con mi hermana, dos años menor que yo, asistíamos al colegio.
Ella cursaba cuarto y yo once. Nos íbamos y nos regresábamos juntos. En las
tardes ayudábamos a mis papás a sembrar cuando había que sembrar y a
recoger y vender cuando había que hacerlo... A mí me gustaba mucho porque
iba al pueblo y conocía gente, daba vueltas, me tomaba una que otra cerveza
a escondidas de mis papás, y me devolvía a la hora que fuera, muy
tranquilo, no pasaba nada.

Un día, hace tres años, llegaron a la casa unos señores vestidos de
militares o por lo menos eso aparentaban ser. Pidieron que les diéramos
posada y que ellos pagaban la alimentación y la quedada. Eso no era del
todo malo, porque como no había mucha plata, cualquier centavo que se
pudiera conseguir servía... Como se suponía que eran militares, pues no
había problema... Ellos eran cuatro y se quedaron cuatro días. Como a los
diez días de eso, nos pintaron la fachada de la casa con unos letreros
acusándonos de guerrilleros y nosotros nada que aterrizábamos... A los dos
días nos llegaron otras personas a pedirnos lo mismo que los anteriores,
pero en otros términos, algo así como a la fuerza, o les dábamos posada o
nos mataban a mí y a mi hermana o a algún miembro de la familia. Ante eso,
a uno le toca agachar la cabeza. Estos señores se quedaron como cuatro días
también y entraban y salían como Pedro por su casa: comían, dormían, veían
televisión y hasta se emborrachaban... Era terrible, a mi hermana la veían
mucho y eso a mí me asustaba... Ibamos a la escuela y regresábamos con
mucho miedo por lo que hubiera pasado en nuestra ausencia. No podíamos
estudiar tranquilos. Nosotros teníamos que decir que la gente que estaba en
la casa eran parientes nuestros, si alguien llegaba a preguntar. A los
cuatro días se fueron y no volvieron a molestar como por los siguientes
ocho meses. Nosotros pensábamos que esos visitantes habían sido paras o
guerrillos, porque qué más, pero como no teníamos para donde arrancar
decidimos quedarnos.

Al cabo de estos ocho meses llegaron los mismos de la última vez, pero esta
vez con una persona que se veía que era de la ciudad y de muy buena familia
por la manera como iba vestida... Lo que nos dijeron era que nadie podía ya
salir de la casa y que teníamos que quedarnos callados y si salíamos a algo
era con uno de ellos.

Como el señor que tenían se estaba enfermando porque no comía y ni dormía
nos tocó ir al pueblo por unas medicinas y allí fue donde yo creo que nos
boleteamos. Eso pasó durante casi un mes, porque esta gente se fue para
otro lado. Eso nos asustó mucho porque vimos y vivimos un secuestro muy de
cerca, hasta nos convertimos en cómplices. Después de esto mi papá se vino
a Bogotá a ver si nos podían ayudar algunas de las entidades que aparecen
en la televisión, porque en el pueblo el alcalde nos dijo que para qué nos
poníamos a denunciar si lo único que lograríamos era buscarnos una muerte
por ahí... Mientras mi papá estaba en Bogotá, a nosotros nos volvieron a
visitar y como no estaba mi papá pues sospecharon que era que estaba
avisándole a alguien... Ese día estuvimos de suerte porque no nos hicieron
nada y se fueron, no sin antes advertirnos que esa casa ya hacía parte de
uno de los frentes de las FARC y que por tal motivo nosotros nos teníamos
que ir de la zona o esperar a que nos fueran matando.

Mi papá llegó como a los ocho días y no encontró nada acá, ni quien
comprara La Virgen (la casa) ni quien nos ayudara a darnos posada. Los
siguientes ocho días nos visitaron los paramilitares, sabíamos que eran
ellos por la forma de vestirse, pero además porque se identificaron como de
este grupo. Mataron a mi papa y a mi mamá, pretendían llevarnos a nosotros
dos a trabajarles a ellos, pero nos alcanzamos a volar, gracias a Dios.

Eso fue terrible, ver a mis padres y una vida completa acabada en segundos
sin razón ni nada. A mí me dieron ganas de matarlos también...

Llegamos a Bogotá al Ministerio del Interior, luego a la Red de
Solidaridad, donde tuvimos posada, comida por tres meses.

Yo no culpo a nadie aquí en Bogotá, pero la gente sí nos culpa por
invadirle el espacio. Si la gente supiera lo que siente uno cuando tiene
tanto dolor en tan poco tiempo, sería diferente. Ahora yo trabajo y mi
hermana también, ambos por el mínimo, porque no sabemos más que lavar y
hacer aseo en las casas de la gente de la capital.

Quisiera estudiar, terminar mi bachillerato, hacer una carrera y ganar
mejor, comprar una casita y hacer una familia. Lo mismo quiere mi hermana,
aunque ella no quiere ni piensa en tener hijos.

Yo quisiera que se hiciera justicia con la paz, no con la muerte de tantos
inocentes... Extraño a mis padres y mi pueblo, pero no quisiera volver, eso
me daría muy duro. Yo sé que a ellos que ya están en otro lado y las cosas
las hacemos bien acá, honestamente y sin quitarle nada a nadie. Somos
honestos y dignos de vivir en esta ciudad aunque para los que viven acá no
lo seamos.

Es indudable que el Gobierno Nacional ha sido incapaz de hacerle frente,
oportuna y definitivamente al flagelo del desplazamiento en Colombia. Lo
poco que se ha hecho por parte de las autoridades encargadas de proteger la
vida, la honra y los bienes de los colombianos, no son más que paños de
agua tibia y el problema persiste y aumenta cada día.

Para resolver una situación catalogada por los organismos multilaterales y
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como de "Crisis
Humanitaria", por el dolor producido, el número de vidas en juego, la
viabilidad y sostenibilidad del propio país, así como por la fehaciente,
persistente y continua violación a los derechos humanos de las personas
desplazadas, quienes han tenido que bajar la cabeza, rogar y hasta
arrodillarse en espera de un poco ayuda o por lo menos de un plato de
comida para lograr sobrevivir al frío y a las inclemencias del clima de Bogotá.

Dentro de este innumerable grupo de personas desplazadas, se encuentran los
y las jóvenes, quienes de alguna manera se han convertido en el sector al
que menos se le presta atención y, por supuesto, ayuda. Debido a que no se
encuentran ubicados en ningún sector específico, pero hacen parte a la vez
de los niños y/o de los adultos en el caso que sean mayores de 18 años.

Para los jóvenes que llegan de otra ciudad o de un pueblo determinado,
Bogotá significa progreso, futuro, avance, pero al llegar acá se encuentran
con una ciudad fría, esquiva y bastante excluyente.

"Pensé que Bogotá, por ser la capital de Colombia, me iba a brindar mejores
oportunidades. No tenemos como jóvenes ninguna identidad con esta ciudad,
nos discriminan por ser jóvenes, venir de una ciudad diferente y, como si
fuera poco, por ser desplazados", afirma Guillermo, procedente de Barranca.

"Aquí la gente piensa que por ser uno desplazado, es un delincuente, un
hampón, un ladrón y nos ven como animales raros. Más con miedo y fastidio
que con solidaridad", dice Lorena también de Barranca

"El Gobierno no se alcanza a imaginar lo que nosotros sentimos, cuando nos
toca 'mendigar' la ayuda humanitaria. Sufrimos mucho, pareciera que le
estamos quitando algo a la gente y al gobierno", dice Jhon, desplazado de
Apartadó.

"Donde vivíamos, aunque no era lo mejor, teníamos educación, salud, empleo,
gente amiga, y lo mejor: la vida Los jóvenes extrañamos eso. Hasta el clima
es diferente", asegura Nadia, deplazada de Córdoba

"A los jóvenes nos gustaría que se nos brindara más apoyo, más solidaridad,
nosotros somos víctimas de un conflicto armado que vive el país, y eso no
es culpa nuestra. Si Colombia no tuviera este problema tan grave, no
estaríamos nosotros acá. Además, creo que los colombianos, sabiendo todo
esto, deberían ser más comprensibles", enfatiza Luis Carlos, desplazado de
Caldas.

"En Bogotá hemos aprendido a tener más ganas de salir adelante. Lo que poco
a poco conseguimos, lo valoramos mucho, por el trabajo que no ha costado",
complementa Lorena.

¿Qué va a pasar con los millares de jóvenes desplazados que llegan a diario
a ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Cali o Bogotá?.

Lo que está sucediendo -evidencian las políticas oficiales- es que si antes
el Estado "atendía" u orientaba su limitada intervención humanitaria a la
población más "pobre de los pobres", (estratos 0, 1 y 2), ahora éstos
tendrán que esperar a ver si acaso los desplazados les dejan "algo".

Lo que no quiere decir que unos y otros hayan tenido una respuesta eficaz
del Estado.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 329
Febrero 6 a 21 de 2002
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S. J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, Angélica
Vásquez, CINEP
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Carlos "Alguien"

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Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

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Los artículos de los colaboradores son responsabilidad de sus autores y no
comprometen la posición editorial de Actualidad Colombiana.


CONTENIDO

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Proceso sin credibilidad
Acápite: Mientras una delegación de Estados Unidos visita nuestro país para
evaluar las inversiones del Plan Colombia, el proceso de paz continúa en
veremos, por una creciente falta de credibilidad.

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Viviendo para la guerra

Sección: Derechos humanos
Título: La historia sin fin

Sección: Perfil
Título: Acción Permanente por la Paz
Acápite: Mientras el gobierno de Estados Unidos insiste en impulsar la
guerra en Colombia, un grupo de "gringos" se instaló en nuestro país para
apostarle y aportarle a la paz.





Sección: Paz y conflicto armado
Título: Proceso sin credibilidad
Acápite: Mientras una delegación de Estados Unidos visita nuestro país para
evaluar las inversiones del Plan Colombia, el proceso de paz continúa en
veremos, por una creciente falta de credibilidad.


El anuncio de los candidatos presidenciales en el sentido de que no
acudirán a la cita en San Vicente del Caguán con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC, como una forma de presión para que cesen
los ataques a la población civil, parece marcar el grado de baja
credibilidad que hay en torno al proceso de diálogo con ese grupo
guerrillero, mientras en Cuba y Europa continúan los contactos con el
Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Al mismo tiempo, una delegación de congresistas y del gobierno de Estados
Unidos inició el 4 de febrero una visita al país para evaluar las
inversiones del dinero que ese país ha girado para la implementación del
Plan Colombia. Aunque no se habla de un estudio de la incidencia social, de
derechos humanos ni de las consecuencias medioambientales de las
fumigaciones de cultivos de uso ilícito, el subsecretario para Asuntos
Políticos, Marc Grossman, insistió en la posibilidad de que dichos
recursos, y otros que están siendo preparados, se destinen de manera
directa a la lucha antiguerrillera.

En primera instancia, el Plan Colombia estaba concebido sólo para la lucha
contra el narcotráfico, y diversas ONG defensoras de derechos humanos
alertaron sobre el peligro de que fueran desviados los recursos a la lucha
antiguerrillera, con lo cual se podría ampliar el espectro de la guerra en
nuestro país, como en efecto ha venido sucediendo, en especial en el
suroccidente y particularmente en el departamento del Putumayo, punta de
lanza del Plan Colombia.

Ya el presidente estadinense, George Bush, anunció un nuevo paquete de 538
millones de dólares que serían entregados a Colombia en el año 2003. Dicha
partida -que debe ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos- se
utilizaría para la creación de un nuevo batallón en el Putumayo y el
suministro de helicópteros para operar también en Putumayo y en las zonas
donde actúa el ELN.

El argumento del gobierno de Estados Unidos es el mismo que esgrime desde
el 11 de septiembre pasado, cuando ocurrieron los atentados contra las
torres gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Ya se ha
hablado de que cuando cese la resistencia talibán en Afganistán, se
dirigirán baterías "antiterroristas" hacia otros países, como Irán, Irak,
Corea y, eventualmente, Colombia.

EL PROCESO DE DIÁLOGO
Mientras tanto, en nuestro país se continúa hablando de paz y soportando
una ofensiva por parte de las FARC, que ha dejado decenas de víctimas entre
civiles, militares y guerrilleros.

El Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, le pidió púbicamente a ese
grupo guerrillero que cese los ataques contra la población civil y contra
la infraestructura eléctrica y vial, como una forma de darle cumplimiento a
los acuerdos firmados el 20 de enero pasado que buscaban darle continuidad
al proceso de diálogo.

En esa ocasión, fue importante el papel jugado por la comunidad
internacional a fin de que no se suspendiera el proceso y que, por el
contrario, se le diera cumplimiento a los distintos acuerdos suscritos
entre el gobierno y las FARC acerca del respeto al Derecho Internacional
Humanitario, y se avanzara en restarle intensidad al conflicto.

Sin embargo, y en una pretendida demostración de fortaleza militar, las
FARC iniciaron una ofensiva en todo el país. Por tal razón, los candidatos
presidenciales hicieron saber que no acudirán a la cita del 13 y 14 de
febrero en San Vicente del Caguán -sede de los diálogos-, hasta tanto no
cesen lo que califican como ola "terrorista".

El anuncio se produce en medio de un gran escepticismo de la sociedad civil
acerca del futuro del proceso, por la continuación del diálogo en medio de
la guerra; contradictoriamente, al mismo tiempo se produjo la reactivación
del proceso con el ELN, tras la reunión que voceros de esa organización
insurgente sostuvieron en Cuba con el Alto Comisionado de Paz, con la
asistencia del Presidente cubano, Fidel Castro, quien continuó su mediación.

Una propuesta que hiciera la Comisión de Notables a fines del año pasado
fue revivida, para que no se continúen los procesos paralelos entre las
FARC y el ELN, que pueden ser utilizados como una forma de presión cuando
alguno de los dos sufra tropiezos: la unificación de los mismos.


DESTACADO: El presidente estadinense, George Bush, anunció un nuevo paquete
de 538 millones de dólares que serían entregados a Colombia en el año 2003,
para la lucha antiguerrillera.




Sección: Paz y conflicto armado
Título: Viviendo para la guerra
ACAPITE: Estos son algunos testimonios de los cientos de niños, niñas y
jóvenes que anualmente son reclutados por alguno de los actores armados
colombianos, y que desafortunadamente, por falta de oportunidades, como
empleo, educación y salud, deciden venderse al mejor postor, en algunos de
los casos, y en otros son obligados, es decir, quien le brinde la
posibilidad de mejorar su calidad de vida, pese a lo que sea y a como dé lugar.

Hace ya más de 50 años Colombia vive un conflicto interno, que el mundo
entero conoce. Conoce las consecuencias que para el país esto trae:
desaparecidos, masacres, desplazamientos, pero lo que la sociedad aun no ha
reaccionado como debería. Es la vinculación a la guerra de personas a las
que, aún sin comprender, tan siquiera, qué le pasa a esta nación, ya las
ponen de "carne de cañón". Son aquellas personas cuyas vidas pasaron del
carro de madera al AK 47, de las carretillas de plástico a los carros
camuflados y de metal, de jugar a Bruce Lee y a las pistolas con sus
amiguitos a matar y a acabar con el enemigo. Por una orden, simplemente
pasaron de tener una inocente y hermosa sonrisa en los labios a tener una
expresión de rabia y dolor en sus rostros.

"…A mí me ofrecieron que me fuera a trabajar con los fierros, y como aquí
la situación está tan dura, pues decidí irme para allá; lo que no sabía era
que me iban a obligar a hacer cosas tan horribles y que además iba a dejar
de ser yo para convertirme en un asesino a sueldo…Me cansé y finalmente me
pude volar. Uno allá no tiene vida, sólo suerte...". (Ex guerrillero de 17
años de edad).

"…Entraron al pueblo donde vivíamos y a todos los muchachos entre los 14 y
26 años nos llevaron, que no habíamos prestado el servicio militar. Allá
aprende uno muchas cosas, por lo menos a defenderse de los quienes llamamos
malos. Dejar obligatoriamente y sin poder decir nada, toda su familia, su
pobreza y su tierra, para ser otro, eso me parece muy tonto y más tonto ver
morir tanto pelao, eso es aún más peor, porque uno piensa que eso no le va
a pasar a uno…". (Ex militar de 19 años de edad).

"Nosotros sabemos que estamos en guerra y que eso puede traer muchos
problemas, pero los que no tenemos nada que ver en ese conflicto y los que
a duras penas sólo sabemos coger el café y sembrar por qué nos tienen que
tratar así… a mi hermano se lo llevaron por tener supuestos nexos con la
guerrilla y lo mataron, a mí me tocó hacer parte de su grupo armado o si no
me mataban también. Tuve suerte y me pude escapar. La guerra es una
porquería...". (Ex paramilitar de 16 años).

"A mi hermano lo mataron por hacer resistencia para no dejarse llevar,
nosotros simplemente éramos campesinos y ni siquiera estudiamos porque no
tenemos cómo, no hay plata, si a duras penas hay para el pan diario cómo va
a haber para la universidad. No le hacíamos daño a nadie. Sólo estábamos en
una zona donde tiene uno que ser feliz, así no lo esté y ponerle la cara a
lo que se pase por el frente. A todo hay que decir que sí. Si uno quiere
vivir, o salirse, como yo lo hice, pero lo piensa uno mucho porque irse a
dónde y para qué, si la vida de uno está en su campo, con su gente"
(Jovencita de 15 años).

Estos jóvenes, como muy pocos, han podido escaparse de esa vida oscura y
triste llena de soledad, angustia y desolación para pensar y tratar de
rehacer lo que la vida que tienen por delante, estudiar, trabajar
dignamente o empezar de ceros. Para ellos existe una oportunidad porque ya
de alguna manera se encuentran fuera de los actores armados, pero los que
aún permanecen allí, los que reclutan día a día, lo que ya viven de matar y
les gusta y los que dejaron ya de existir.

Esta situación se presenta a diario en este país y aunque existan procesos
de paz, negociaciones, treguas, reglas y normas y hasta decretos que lo
castiguen, esto parece no importarle a los actores armados. No es una
guerra ideológica, es una guerra que quiera acabar con todo, no importando
el precio que se tenga que pagar, así consigo se lleve la población
esperanza del país.

"A nosotros nos gustaría que nos sacaran del conflicto, que a cambio de
guerra nos dieran educación y la posibilidad de mejorar nuestra calidad de
vida, ser mejores personas, no ser peores personas…"

"Si no existiera guerra, Colombia estaría nuy bien con todas las riquezas
del mundo, por lo menos se podría caminar tranquilamente por las calles y
los pueblos... la gente saldría a pasear".

"Los niños y los jóvenes no tenemos la culpa, no se debería matar a nadie".

Estos son algunos de los clamores que exigen los chicos vinculados al
conflicto, no sólo para que no se les maltrate sino para que se acabe esta
guerra fraticida en la que poco a poco los jóvenes colombianos sienten que
se están quedando sin futuro.

DESTACADO: "Si no existiera guerra, Colombia estaría nuy bien con todas las
riquezas del mundo, por lo menos se podría caminar tranquilamente por las
calles y los pueblos... la gente saldría a pasear".

DESTACADO:
"No hay educación, ni empleo, ni salud, ellos y ellas no se preparan para
la vida, se preparan para la muerte"





Sección: Derechos humanos
Título: La historia sin fin

El informe de Amnistía Internacional del año 2001, da cuenta de la
situación de derechos humanos en nuestro país, así: "En Colombia, el
conflicto armado en constante escalada hizo que se intensificara aún más la
crisis de derechos humanos, con más de 4.000 homicidios políticos, más de
300 'desapariciones' y unos 300.000 desplazados internos. La inmensa
mayoría de las víctimas eran civiles atrapados en el fuego cruzado entre
las fuerzas armadas, los grupos armados de oposición y los paramilitares
respaldados por el Ejército. Amnistía Internacional manifestó su oposición
al plan de ayuda militar conocido como Plan Colombia, pues temía que sólo
sirviera para agravar el conflicto y las violaciones de derechos humanos
que se derivaban de él, y condenó la decisión de eliminar las condiciones
respecto a los derechos humanos incluidas en el plan."

Ni el Estado ni la sociedad reaccionan frente a las continuas masacres,
asesinatos selectivos, desapariciones, secuestros, atentados y amenazas que
a diario se presentan contra los campesinos, líderes de organizaciones
sociales, maestros y trabajadores. Gran parte de la atención del país está
dirigida a un proceso de paz que se enfrenta al dilema constante de
negociación o guerra.

EL SINDICALISMO SIGUE EN LA MIRA
En tan sólo los primeros quince días de enero, el saldo contra el
sindicalismo en Colombia es aterrador: tres asesinatos, un desaparecido, un
secuestrado, dos atentados y dos amenazas se han registrado, de la
siguiente manera:

El 8 de enero, Carlos Alberto Bastidas, del sindicato del magisterio, fue
asesinado en cercanías del Municipio de Aldana, departamento de Nariño, al
sur del país; el 11 de enero, Luis Alfonso Jaramillo Palacios, quien era
delegado de la seccional del sindicato de trabajadores y empleados de
servicios públicos y autónomos e institutos descentralizados de Colombia,
fue asesinado en Medellín, Departamento de Antioquia; el 12 de enero, fue
asesinado Enoc Samboni, dirigente de la Central Unitario de Trabajadores,
CUT, por paramilitares, en el Departamento del Cauca al sur del país.

Leonardo Avendaño, activista sindical de la seccional de Yondó, Antioquia,
perteneciente al Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios
Públicos y Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia, se
encuentra desaparecido.

Daniel Orlando Gutiérrez, coordinador del departamento de derechos humanos
del Sindicato Nacional de Choferes de Colombia, Sindinalch-CGTD, fue
víctima de un atentado contra su vida el 3 de enero; de igual manera
Sigilfredo Grueso, del Sindicato de Trabajadores de las Empresas
Municipales de Cali, Sintraemcali-CUT, recibió un atentado en su
residencia, el 10 de enero.

Por último, se han presentado dos amenazas contra trabajadores, la primera
dirigida a Carlos Alberto Florez, miembro de la junta directiva del
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos y Autónomos e
Institutos Descentralizados de Colombia, Sintraemsdes-CUT, y contra José
Homer Moreno, perteneciente al mismo sindicato seccional Palmira, en el
departamento del Valle del Cauca.

NI LAS PETICIONES INTERNACIONALES SIRVEN
Enoc Samboni, trabajador, líder social perteneciente al "Comité de
integración del Macizo Colombiano-CIMA-" y presidente del Concejo Municipal
de Santa Rosa, municipio ubicado en el Cauca, fue asesinado el 12 de enero,
a la 1:30 p.m., por paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas
de Colombia lideradas por Carlos Castaño.

En este caso, de nada sirvieron las medidas cautelares propuestas al
gobierno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ni
que Enoc Samboni estuviera vinculado al sistema de protección para líderes
sociales y de derechos humanos del Ministerio del Interior, ya que éstas
nunca llegaron. El 12 de enero, a pesar de todos los llamados realizados
para proteger la vida de Enoc Samboni, éste fue interceptado por
paramilitares, llevado a su residencia donde tomaron varios documentos, y
fue asesinado con tres disparos en la cabeza.

PARAMILITARES EN LAS CALLES
En Tame, Departamento de Arauca, los paramilitares transitan libremente por
las calles al parecer con la complacencia del Ejército. Esto se deja
entrever por los últimos hechos ocurridos en este municipio, donde fueron
asesinadas tres personas.

El 25 de enero, a las 2:50 p.m., aproximadamente 12 hombres que portaban
fusiles y se desplazaban en dos camionetas y dos motocicletas, dieron
muerte a Mario González Ruiz, Ángel Trifilo Riveros y a Heriberto Delgado.

Ángel Trifilo Riveros, dirigente de la Asociación Municipal de Usuarios
Campesinos, fue testigo presencial del bombardeo del 13 de diciembre de
1998 realizado por la Fuerza Aérea de Colombia contra el caserío de Santo
Domingo, en Arauca. Su testimonio hace parte de los elementos probatorios
de estos hechos, en el desarrollo del tribunal internacional de opinión
realizado en Chicago, Estados Unidos. El señor Riveros sirvió con su prueba
testimonial para que el juicio internacional diera a conocer la verdad
sobre el bombardeo a Santo Domingo, donde murieron varios campesinos.

DESARROLLO DEL CONFLICTO
Los hechos ocurridos en los departamentos del Cauca y Nariño, al sur del
país, están relacionados con el bloque occidental de las autodefensas, que
ha venido ocupando territorios al sur del país y atacando a las
comunidades. Dicho bloque, integrado por los frentes Calima, Farallones,
Pacífico y el Páez, desde mayo del 2000 hace presencia en la zona. Para el
2001, y solamente en la zona de Tumaco, Nariño, los paramilitares han
dejado un saldo de 156 víctimas, entre profesores, estudiantes y defensores
de derechos humanos, sin que hasta el momento se presente una sola
detención por estos hechos.

Esta historia no parece tener fin, las víctimas siguen siendo las mismas,
hombres y mujeres, trabajadores y campesinos que luchan por el
reconocimiento de sus derechos y la impunidad sigue al orden del día.


DESTACADO: Para el 2001, y solamente en la zona de Tumaco, Nariño, los
paramilitares han dejado un saldo de 156 víctimas, entre profesores,
estudiantes y defensores de derechos humanos.



Sección: Perfil
Título: Acción Permanente por la Paz
Acápite: Mientras el gobierno de Estados Unidos insiste en impulsar la
guerra en Colombia, un grupo de "gringos" se instaló en nuestro país para
apostarle y aportarle a la paz.

La captura de tres irlandeses, supuestamente pertenecientes al Ejército
Republicano Irlandés -IRA, por su sigla en inglés-, a fines del año pasado;
el derribamiento de una avioneta cargada de municiones para la guerrilla y
procedente de Venezuela, en los últimos días de enero; el papel jugado por
la ONU en el aire que se le dio al diálogo con las FARC, y la reunión de la
embajadora de Estados Unidos, Anne Patterson, con la cúpula militar
colombiana horas antes de que se iniciara la hipotética ofensiva contra la
zona de distensión, son sólo cuatro de las más recientes muestras de cómo,
cada vez más, el proceso de guerra o de paz en Colombia se ha
internacionalizado.

El aporte de dinero y armas al Plan Colombia, en un principio destinados a
la lucha contra el narcotráfico y últimamente de forma directa a la lucha
antiguerrillera, han hecho que, también cada vez más, Estados Unidos
desempeñe un papel trascendental en el conflicto armado colombiano. Pero no
todos los "gringos" están de acuerdo con la agudización de dicho conflicto
ni de meterle más leña al fuego, o, más exactamente, más armas al fuego.
Por eso, decidieron dejar su país e instalarse en una casa del barrio La
Soledad, en Bogotá, desde donde orientan su accionar a favor de la paz. Son
varios jóvenes integrantes de Whitness for Peace que, traducido al español,
significa Acción Permanente por la Paz.

Su retaguardia está constituida por 20 mil personas que desde Washington y
varias ciudades estadinenses rechazan la guerra y otras políticas
internacionales de su país con respecto a Latinoamérica. El trabajo comenzó
en 1983 en Nicaragua y en la actualidad hay delegaciones en Honduras,
Guatemala, Haití y Colombia.

"El papel de nuestro gobierno es preocupante y tenemos que
contrarrestarlo", afirma Jesús Hunter, quien agrega que su labor no es
participar en el conflicto, ni siquiera ayudar a las negociaciones, sino
educar a la ciudadanía sobre los efectos de la política de su país. "Si
Estados Unidos apoya la salida militar, por nuestro compromiso con la no
violencia, exigimos ser escuchados como ciudadanos".

Han realizado visitas al Catatumbo, al Cauca y al Putumayo, especialmente,
y conocido de primera mano la situación de los desplazados en Soacha, al
sur de Bogotá, por lo que realizan informes que son publicados en Estados
Unidos y entregados de manera directa a los congresistas que influyen en la
implementación de las políticas del gobierno estadinense. Editan un boletín
trimestral y un documento anual sobre una situación particular, como el que
elaboraron en noviembre pasado sobre los efectos de las fumigaciones en el
Putumayo.

Su pinta de gringos es innegable: de piel muy blanca, cabello rubio, ojos
claros, estatura superior a los 1:80 metros, y un acento que no deja dudas.
"La primera impresión de la gente es si seremos de la CIA o qué, pero al
final se pone contenta de que la comunidad internacional se interese por
ella, en lugares a los que ni el mismo gobierno colombiano ha llegado".

"Siempre vamos a una comunidad con contactos establecidos por personas o
entidades colombianas, y tomando medidas de seguridad", complementa Ryan
Calkins, quien llegó al país hace menos de seis meses.

La mayor dificultad, sin embargo, es que muchas personas "creen que venimos
con plata a apoyar proyectos y no a divulgar y denunciar". Pese a ello, al
fin logran que las víctimas del conflicto armado hablen sin reservas, "casi
como una terapia" y con la tranquilidad de que las denuncias van a ser
publicadas fuera del país, sin arriesgar la seguridad de quienes
suministran la información, explica Calkins. Fue complementado por Hunter,
al decir que, por ejemplo en Barrancabermeja, varios representantes de
organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos han sido
asesinados "y eso nos hizo reflexionar que si fuéramos colombianos, a
cuántos de nosotros ya nos hubieran matado".

De lo que se trata, según él, "es que se mueva el pueblo de Estados Unidos,
pues cuando el pueblo se mueve, desde las universidades, desde las
Iglesias, el gobierno tiene que escucharlo".

"El reto más grande -explica- es la desinformación del gobierno y los
medios de comunicación acerca de lo que pasa en Colombia, pero como saben
que estamos acá directamente y somos estadinenses, como ellos, tenemos
credibilidad".

Tienen proyectado abrir una oficina en Mocoa, Putumayo, para medir más de
cerca los efectos sociales y ecológicos de las fumigaciones, pues "no
queremos otra intervención gringa". Saben que establecerse en el
departamento que es punta de lanza de la implementación del Plan Colombia,
acarrea riesgos que están dispuestos a correr. "Sabemos que son los
colombianos los que llevan lo difícil -concluye Hunter-. Los colombianos
corren los riesgos y eso nos impresiona e inspira para seguir luchando por
la paz".


DESTACADO: De lo que se trata "es que se mueva el pueblo de Estados Unidos,
pues cuando el pueblo se mueve, desde las universidades, desde las
Iglesias, el gobierno tiene que escucharlo".

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 328
Enero 23 a Febrero 6 de 2002
Bogotá, Colombia

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CONTENIDO

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Carrera de relevos

Sección: Derechos humanos
Título: Plazos paralelos

Sección: Informe regional Sur del país
Título: El sur se moviliza

Sección: Informe regional Sur del país
Título: El sur evalúa el Plan Colombia

Sección: Informe regional Sur del país
Título: Devoción forzada

Sección: Informe regional Sur del país
Título: Comisionado de Paz en el exilio




Sección: Paz y conflicto armado
Título: Carrera de relevos

Una vez más el proceso de diálogo adelantado durante gran parte de la
administración del gobierno de Andrés Pastrana y las organizaciones
guerilleras se parece a una carrera de relevos. Es decir, cuando hace
crisis o se suspenden con una de éstas, toma alientos el proceso con la otra.

El proceso se mantuvo constantemente entre los esfuerzos por crear
condiciones de irreversibilidad que aseguren el camino hacia un acuerdo de
paz y la incertidumbre sobre su ruptura, que se constituye en el camino
hacia la generalización y la agudización de la guerra en Colombia.

Durante estos cuatro años, se pasó del exagerado optimismo mediático,
suscitado a raíz del acto audaz de la entrevista personal entre el entonces
candidato conservador y el jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda, a un
pesimismo generalizado sobre la viabilidad de la negociación y la
posibilidad de llegar a acuerdos políticos con las guerrillas del ELN y las
FARC.

En síntesis, se adelantaron diálogos con las guerrillas en medio de la
profundización de la guerra y su escalamiento, siendo tres los factores que
contribuyeron a crear escenarios de incertidumbre sobre el proceso de paz:
las acciones militares de la guerrilla que afectan la población civil, el
Plan Colombia y la expansión de los grupos paramilitares que adelantan una
guerra sucia contra la sociedad civil, los sectores populares y la
oposición política.

Esta profundización de la guerra, la erosión de la legitimidad de la salida
política negociada y el frustrado intento de sentar las bases de un proceso
de negociación irreversible, expresan dramáticamente que hace mucho tiempo
las causas estructurales del conflicto se imponen a las coyunturas y las
vicisitudes de corto plazo, y que el actual proceso de paz con Pastrana no
ha sido sino, visto en el largo plazo, una estructura de oportunidad
política, en el que la voluntad de paz no se contradice con el escalamiento
de la guerra y el convencimiento de la posibilidad de una victoria militar
y política de alguna de las partes.

LA CRISIS CON LAS FARC
La reciente crisis del proceso de paz que se adelanta con esta organización
guerrillera, sin duda la de mayor envergadura en esos tres años y medio,
dejó en claro que se trata de un forcejeo entre crear condiciones de
irreversibilidad o aumentar los factores de incertidumbre.

Lo anterior esta relacionado con otro dilema básico del proceso y de la paz
en Colombia, el cual está centrado en lo siguiente:

Para las FARC, es necesario desarrollar los aspectos económicos, sociales y
políticos de la agenda de negociación que fueron objeto central de la
discusión de las audiencias publicas en San Vicente del Caguán como
condición previa para acometer los temas de cese al fuego, disminución de
hostilidades y tregua.

El gobierno nacional tiene un planteamiento absolutamente contrario: es
necesario sacar la población civil del conflicto, sentar las bases de un
cronograma claro y preciso en materia de tregua, cese al fuego y
disminución de la intensidad del conflicto armado, como prerrequisito para
abordar los temas de empleo, reformas políticas y sociales que están
acordados en la agenda.

La crisis y la fórmula que allanó el camino, saca en claro la importancia y
fuerza que los siguientes tres aspectos tienen como factores que presionan
condiciones de irreversibilidad: el papel de la comunidad internacional, la
acción ciudadana y el movimiento social por la paz y la capacidad de las
partes de retomar, cumplir y desarrollar los acumulados con los que cuenta
la mesa de negociación.

Ha sido realmente importante durante este último periodo crítico del
proceso, la intermediación de los países amigos y la comunidad
internacional. Su papel como actor y facilitador ha sido la tabla de
salvación para un proceso que tenía ya cuenta regresiva. Aun más, la crisis
generada sirvió como una oportunidad para relanzar y aumentar el papel de
la comunidad internacional en el proceso de diálogo.

Las acciones ciudadanas por la paz, aunque ignoradas esta vez, fueron
vitales al momento de ejercer presión sobre las partes, pero especialmente
en hacer contraste con la posición de los medios de comunicación, algunos
gremios y los candidatos presidenciales: Horacio Serpa, Álvaro Uribe y
Noemí Sanín, quienes se encargaron de ahondar la incertidumbre que existía
sobre el futuro del proceso de paz con las FARC.

En contraste, a favor de la paz y de la guerra fue importante el aval que
los gobernadores del sur del país le dieron a la sociedad civil, como en el
caso de los mandatarios de Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo; Nariño,
Parmenio Cuéllar Bastidas, y Cauca, Floro Tunubalá, quienes el 14 de enero
se reunieron en Bogotá con representantes de varias ONG para exigir al
gobierno y las FARC que no pusieran fin al proceso.

El nuevo papel de la comunidad internacional, ahora con mayor margen de
acción sobre las partes, un movimiento social menos fragmentado y con más
capacidad proactiva, y el rol jugado por Monseñor Alberto Giraldo, rompen
con el esquema bilateral del proceso desarrollado en estos cuatro años y lo
acercan a un esquema multilateral de carácter incluyente y participativo.

El reto para estos actores de la negociación, que ahora de nuevo son
centrales en este proceso, será convertirse en verdaderos garantes del
cumplimiento de los términos de los acuerdos y que la partes tomen
conciencia de los costos políticos y humanos que acarrearía dar por
finalizado el proceso de paz.

Por último, es importante que las partes retomen el acuerdo de los Pozos,
el acuerdo de Caquetania y el acuerdo de San Francisco de la sombra, pero
especialmente retomar lo planteado por la comisión de personalidades o de
notables, la cual, al indicar que se deberían trabajar de manera simultánea
y paralela los temas políticos, sociales y económicos y los relacionados
con cese al fuego, disminución de las hostilidades y tregua, allanó un
camino donde las partes habían encontrado un obstáculo insalvable.




Sección: Derechos humanos
Título: Plazos paralelos

Eran las 7:10 de la mañana. Faltaban exactamente 14 horas y 20 minutos para
que venciera el plazo perentorio dado por el presidente Pastrana a las FARC
para abandonar la zona de distensión donde durante más de tres años se
había hablado de paz. Una patrulla de la Policía inició la persecución de
un delincuente, quien procuraba escapar en una bicicleta con su peligrosa
carga. El camión con los uniformados tomó la transversal 29, a la altura de
la calle 40, al norte de Bogotá. El hombre fue alcanzado pronto, y sometido
a la justicia.

Como en la canción de Rubén Blades, de las casas vecinas "nadie miró
pa´fuera". Cuando la captura estuvo consumada, unos pocos curiosos
decidieron correr las cortinas. Era un hombre de aproximadamente 20 años de
edad, imberbe. Los policiales requisaron la peligrosa carga: una olla con
agua hirviendo, cinco docenas de vasos desechables de icopor, tres atados
de yerbas aromáticas, y la bicicleta con un remolquecito incorporado.

El camión se acercó en reversa, para facilitar la recogida de la carga. Una
valiente señora les pidió a los agentes del orden que le permitieran, al
joven, trabajar. "No está haciendo nada malo", argumentó, infructuosa.

De pronto apareció. Robusta, de poco menos de 50 años de edad, el pelo
agitado y la rolliza cara descompuesta por el pánico. "¡No se lleven a mi
hijo!", suplicaba, también infructuosa. "Tenemos dos horas para recoger
plata y pagar la droga del otro hijito que está en el hospital", explicó.

El comandante de los policiales cerró la ventanilla en la cabina del
camión, para ahogar los gritos de la mujer. Un guardia bachiller, menor que
el delincuente, se apeó del vehículo y con su cara preguntó: "¿Qué
hacemos?". Las órdenes eran precisas. Reprendido con otro gesto, volvió a
custodiar al delincuente.

Pero, por esas inexplicables cosas de la justicia, éste fue dejado en
libertad. Las pruebas, sin embargo, debían ser confiscadas. La mujer se
desmayó en el andén, el delincuente procuró auxiliarla y pocos vecinos se
acercaron, como lo hicieran algunos parisinos para solidarizarse con un
africano vendedor ambulante de flores, detenido por la Policía, según
consignó Marguerite Duras en el France-Observateur. En esa ocasión, una
mujer, "sin decir palabra, se inclina, recoge unas flores, se acerca al
joven argelino, y le paga. Después de ella, llega otra mujer, recoge y
paga. Después de ésta, llegan otras cuatro mujeres, se inclinan, recogen y
pagan. Quince mujeres. Siempre en silencio. Aquellos señores patalean. Pero
¿qué hacer? Esas flores están en venta y no se puede impedir que se quiera
comprarlas".

Eso fue en París, en 1957. En Colombia, el lunes 14 de enero de 2002, el
reloj presidencial se detuvo antes del plazo perentorio dado a las FARC y
el país entero pudo respirar con tranquilidad. No sabemos si el delincuente
colombiano, su madre y su hermanito hicieron lo mismo, porque el camión, en
una de cuyas barandillas un letrero aseguraba que "La Policía garantiza la
seguridad y la paz", se llevó consigo la olla con aguas aromáticas que
pretendían tranquilizar los nervios de los peregrinos que siempre que el
calendario marca los días 14 y 28, se congregan en la iglesia de San
Alfonso de Ligorio, a venerar la milagrosa imagen del Señor Caído.



Sección: Informe regional Sur del país
Título: El sur se moviliza

La convocatoria a una gran movilización de los habitantes del sur del país
que se llevará a cabo en el primer semestre de este año, y el rechazo al
componente militar del Plan Colombia y a las fumigaciones de cultivos de
uso ilícito, son tres de las más importantes conclusiones a las que llegó
el Segundo Foro Regional "El sur evalúa el Plan Colombia" que con la
asistencia de 250 delegados de organizaciones sociales y entidades
gubernamentales de los ámbitos nacional e internacional se realizó en
Puerto Asís, Putumayo, en diciembre último.

En el evento, organizado por Codhes, Cinep y Minga, se insistió en la
necesidad de darle vida real a los Pactos Sociales suscritos por 36 mil
familias en diciembre de 2001 como una forma que pretende sustituir manual
y voluntariamente los cultivos de uso ilícito. Gerardo De Francisco,
Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, aceptó que dichos Pactos
no se han podido cumplir por parte del Estado debido a la tramitología,
pero dijo que éstos "se mantienen" y que son más convenientes que las
fumigaciones, acerca de las cuales hubo consenso entre los asistentes en el
sentido de que no pueden continuar llevándose a cabo.

Representantes de los gobiernos de Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo
y Tolima fueron enfáticos en rechazar las fumigaciones debido a que afectan
no sólo la salud humana sino también el entorno ecológico y social y no
permiten construir una nueva legitimidad del Estado, "porque el mecanismo
represivo no ha surtido ni surtirá efectos disuasivos y, por el contrario,
ocasionará un incremento de las hectáreas cultivadas", afirmó uno de los
asistentes.

El gobiernador del Putumayo, Iván Gerardo Guerrero, dijo que "el problema
de la coca no es delincuencial sino social" y que "los campesinos del
Putumayo le han querido dar una nueva oportunidad al gobierno y a la
comunidad internacional" para que después de tantos años de ausencia apoyen
los Pactos Sociales de erradicación voluntaria y manual de los cultivos de
uso ilícito, en lugar de las fumigaciones.

Puso como ejemplo el caso de 22 familias de Orito que por iniciativa
propia, aun sin haber firmado pactos con el gobierno, están erradicando
cien hectáreas de coca.

"Los pactos han tenido muchas dificultades, porque no se tenía experiencia
en su ejecución; los hemos ido construyendo y hemos ido avanzando en el
transcurso de los meses, para que sea un desarrollo lícito, sostenible y
rentable. Los campesinos no le creen al gobierno porque en múltiples
ocasiones el gobierno les ha incumplido. Los acuerdos adquiridos por
administraciones anteriores y que le costaron la vida a muchos dirigentes y
comunidades, como las marchas campesinas del 96, sólo se han cumplido en un
20%", enfatizó el mandatario regional.

VEEDURÍA INTERNACIONAL
Las organizaciones sociales, por su parte, reiteraron la necesidad de hacer
realidad una veeduría internacional que está acordada en los pactos. "La
veeduría garantiza que los recursos del Plan Colombia sean invertidos en el
sector social y no en el fortalecimiento del aparato militar del Estado.
Sin comunidad internacional estos pactos fracasarán", dijo Éder Sánchez,
diputado a la Asamblea del Putumayo y vicepresidente departamental de la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Esta propuesta fue
recogida por delegados de las Naciones Unidas, Acnur, Undcp, y las
embajadas de Ecuador, Suecia, Gran Bretaña y Canadá, así como por
representantes de agencias internacionales de cooperación presentes en el Foro.

Sánchez propuso, además, que los pactos sean integrales e involucren a toda
la población y no sólo a los cultivadores de coca; que estén relacionados
con obras de infraestructura vial, salud, educación, vivienda,
comercialización y servicios públicos, y no únicamente con proyectos de
seguridad alimentaria.

Adicionalmente, "la sostenibilidad de los pactos en un año es insuficiente
para cualquier programa de sustitución", lo cual fue aceptado por Gonzalo
De Francisco. Las comunidades propusieron entonces que los pactos sean
asumidos como una política de Estado para poder darles continuidad y no
fenezcan el 7 de agosto próximo, cuando culmina la administración Pastrana.

Francisco Angulo, representante de las organizaciones sociales de Nariño,
dijo que se deben "reparar los daños causados a las personas afectadas por
las fumigaciones" y que para evaluar probables efectos nocivos de la
aspersión aérea y estudiar alternativas para frenar el incremento de los
cultivos de uso ilícito en el país, es necesario constituir una Comisión
Internacional de Evaluación de la política antidrogas aplicada en Colombia.

EL PLAN COLOMBIA
Aunque aceptan que la situación de orden público ha sido difícil desde hace
varias décadas en el sur del país, los asistentes al Foro coincidieron en
afirmar que ésta se ha agravado desde cuando se comenzó a implementar el
Plan Colombia con 1.077 millones de dólares y la llegada de helicópteros
Huey, en marzo del año pasado.

Con dicho Plan, fue creada la Segunda Brigada contra el Narcotráfico, que
inició labores con un batallón y hoy cuenta con dos más, y se tiene
proyectado engrosar hasta alcanzar un total de 4.000 combatientes. Porque,
aunque en teoría el dinero del Plan Colombia sólo podía ser destinado a
luchar contra el narcotráfico, a principios de febrero el gobierno de
George Bush presentará al Congreso de su país un proyecto para autorizar
más recursos para la lucha antiguerrillera en nuestro país, de forma directa.

Para febrero y marzo de este año está prevista la llegada de 54 nuevos
helicópteros dotados con los más modernos equipos para la guerra, muchos de
los cuales operarán en el sur del país, en especial en Putumayo, y otros lo
harían en el Magdalena Medio, específicamente en la frustrada Zona de
Despeje para los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Por eso, porque ya el Plan Colombia ha producido asesinatos,
desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y porque se prevé
que dicha con la intensificación del conflicto la situación de la crisis
humanitaria en el suroccidente del país se agudizará, los pobladores e
incluso los gobernadores de los seis departamentos han decidido conformar
un frente común para impedir que su territorio, que conforma el 20% del
área nacional, sea escenario de guerra.




Sección: Informe regional Sur del país
RECUADRO

Departamento Capital Area  Municipios Habitantes

Caquetá  Florencia 88.965 15  268.000
Cauca 	 Popayán 29.308 38  910.000
Huila 	 Neiva  19.890 37  751.000
Nariño  Pasto  33.268 62  1´152.000
Putumayo  Mocoa 24.885 13  154.000
Tolima  Ibagué 23.562 46  1´110.000
Total 			 219.978 211  4´345.000




Sección: Informe regional Sur del país
Título: El sur evalúa el Plan Colombia

Nosotros y nosotras, representantes de organizaciones sociales, comunidades
del sur colombiano, participantes en el II Foro el Sur Evalúa el Plan
Colombia, reunidos los días 10 y 11 de diciembre en el Colegio Técnico
Industrial de Puerto Asís, Putumayo y considerando:

1. Que si bien el espíritu de las comunidades y organizaciones sociales
participantes en el Foro es evaluativo, pero sobre todo propositivo, ello
no oculta los graves problemas estructurales que tiene la región y que no
han sido ni serán resueltos por el Plan Colombia que está en ejecución;

2. Que desde distintos sectores sociales y autoridades locales se han
elaborado propuestas de desarrollo regional, sostenibles, participativas,
integrales y equitativas que dan cuenta de nuestra riqueza geográfica,
cultural y de las potencialidades económicas y políticas para la región
surcolombiana;

3. Que pese a las múltiples propuestas sociales que tienen los
departamentos del sur de Colombia, el gobierno nacional ha respondido con
medidas profundamente militaristas, y significativamente lesivas como las
fumigaciones y demás formas de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito;

4. Que el fortalecimiento bélico del Estado, el control territorial y
poblacional de los grupos paramilitares, la presencia y presión de la
insurgencia, han generado una profunda crisis humanitaria y de violaciones
de derechos humanos e infracciones al DIH en la región, que se expresan en
desplazados forzados y refugiados en los países vecinos, asesinatos
selectivos, masacres, desapariciones forzadas y deterioro de las
condiciones de vida de los habitantes de la región surcolombiana;

5. Que aún estamos a tiempo de evaluar el camino recorrido y las falencias
de las políticas implementadas; siendo ésta la oportunidad para que el
gobierno nacional, las autoridades locales y las comunidades podamos
diseñar una región vivible para todos y todas, desde la reflexión, la
participación y el compromiso indeclinable de todos los sectores sociales,
políticos e institucionales que creemos firmemente en que éste es el mayor
aporte a la construcción de una Colombia con un presente y un futuro, aquí
y ahora,

PROPONEMOS

EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y
DESPLAZAMIENTO FORZADO:

1. Rechazar la actitud arrogante y prepotente del gobierno nacional al no
escuchar y atender las inquietudes de las comunidades de la región sur,
como fue la limitada participación del señor Gonzalo de Francisco, en el II
Foro Regional.

2. Solicitar al gobierno nacional en cabeza de los ministros de Defensa
Nacional y del Interior, así como a los organismos estatales de control, un
informe a las comunidades del sur donde se explique por qué en la medida en
que se han fortalecido los tres batallones antinarcóticos y se ha aumentado
el pie de fuerza, esto no se ha traducido en mayor protección para la
población civil y, por el contrario, los índices de violación de los
derechos humanos se han incrementado así como la problemática de impunidad.

3. Revisar, ajustar y modificar la Ley 387/97 sobre desplazamiento forzado
y sus decretos reglamentarios para un mejor tratamiento de los grupos
étnicos e incluyente de las personas afectadas por las fumigaciones.

4. Crear una comisión especial de la Fiscalía General para que monitoree y
adelante las investigaciones relacionadas con la crítica situación
humanitaria y de derechos humanos en los tres departamentos, tales como:
amenazas a los miembros del comité intersectorial de Derechos Humanos de
Cauca y Nariño; amenaza y muerte a la unidades médicas en el Putumayo;
presiones a animadores de la iglesia católica; abusos de autoridad
denunciados por campesinos firmantes de pactos sociales, etc. Así mismo,
por las características del conflicto en la región, es conveniente que las
investigaciones sean asumidas directamente por la Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

5. Al gobierno nacional adoptar mecanismos excepcionales y de emergencia
para atender efectivamente la crítica situación de desplazamiento que viven
los departamentos de Nariño, Cauca, y Putumayo.

6. A la Defensoría del Pueblo una presencia más efectiva en el Putumayo,
pues no es visible el trabajo de protección a las comunidades.

7. Al Estado colombiano y al gobierno nacional, exigimos el fortalecimiento
de los mecanismos de prevención al desplazamiento forzado y dar respuestas
a las alertas tempranas, como parte de los mecanismos a que está obligado
para la protección efectiva de la población civil.

8. A todos los actores armados el respeto al Derecho Internacional
Humanitario para que: las mujeres, jóvenes, niños, niñas y ancianos no sean
involucrados en el conflicto armado; la fuerza pública respete las
escuelas, viviendas de civiles y demás espacios protegidos por este
derecho; que la guerrilla y los grupos paramilitares detengan el
reclutamiento forzado de jóvenes, niños y niñas.

9. Exigimos del gobierno nacional y de los países vecinos un tratamiento
humanitario, social y económico a las diferentes problemáticas de violencia
social y política de la zona de frontera, especialmente la relacionada con
desplazados y refugiados, antes que el incremento de la militarización en
esta importante zona de integración binacional y andina.

10. Iniciar desde las comunidades, organizaciones sociales, de derechos
humanos y administraciones locales del Sur, procesos de sensibilización
para posicionar en la agenda pública la grave crisis de derechos humanos y
la ausencia de mecanismos estatales de seguimiento a esta problemática que
viven los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.

EN LA COMISIÓN DE FUMIGACIONES:
Reunida la Comisión sobre el tema de las fumigaciones áreas indiscriminadas
con glifosato y demás formas de erradicación forzada, y luego de escuchar
las denuncias sobre sus impactos negativos en la salud, el medio ambiente y
la seguridad alimentaria de las comunidades y los testimonios sobre
enfermedades, muerte y destrucción de la diversidad biológica, la Comisión,
integrada por diferentes sectores sociales e institucionales de la región
sur de Colombia, llegó a las siguientes propuestas:

1. Suspensión inmediata de las fumigaciones y todas las formas de
erradicación forzosas, por ser violatorias a la Constitución Política
Nacional y demás leyes, normas y decretos que la desarrollan. Para este
propósito se utilizarán los mecanismos de participación comunitaria, tales
como consultas previas, audiencias públicas, movilizaciones y demás
mecanismos contemplados por la Constitución Política.

2. Mitigación, restauración y compensación de los daños ocasionados por las
fumigaciones a todas las formas de vida. Para la evaluación del daño a la
salud, a los cultivos de uso lícito, a la piscicultura y demás bienes, las
autoridades competentes tendrán en cuenta pruebas supletorias en razón a
que no se tomaron pruebas inmediatamente después de ocurridas las
fumigaciones. Además de las denuncias realizadas en las Personerías,
Defensorías del Pueblo, Centros de Salud, Alcaldías, Corporaciones y demás
instituciones relacionadas con las fumigaciones y sus efectos.

3. Descriminalización de los cultivos y pequeños productores de los
denominados cultivos de uso ilícito.

4. Respetar el uso de plantas de manejo tradicional, medicinal y sagrado.

5. Replantear la política social y económica actualmente vigente en la
región sur colombiana por un nuevo modelo socio-económico y político que
sea compatible con las características ecosistémicas y culturales,
involucrando los saberes y conocimientos autóctonos en el uso y manejo de
los recursos naturales y en los sistemas de producción sostenibles a
implementar.

6. Los programas y proyectos del nuevo modelo de desarrollo del sur, deben
ser integrales, sostenibles y participativos, y haber sido previamente
discutidos, concertados y legitimados por las comunidades locales.

7. Establecimiento de autoridades externas a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, donde participen organizaciones sociales, sabedores,
técnicos y profesionales idóneos de la región sur colombiana.

8. Creación de una Comisión Internacional del alto nivel y con
personalidades internacionales independientes, para que hagan una
evaluación, valoración, veeduría y seguimiento a la política antidrogas y
los planes de manejo ambiental, a la normatividad y a los acuerdos
referidos al proceso social que busca la sustitución de cultivos de uso
ilícito por economías campesinas e indígenas consolidadas en el sur de
Colombia.

9. Exhortar a la cooperación internacional que llegue a Colombia para que
priorice la defensa del medio ambiente y el desarrollo social, económico,
político y cultura de las comunidades.

EN LA COMISIÓN DE PACTOS SOCIALES:
Las Propuestas de la Comisión de Pactos Sociales del Foro el Sur evalúa el
Plan Colombia están divididas en 4 bloques.

1. Propuestas al gobierno nacional, departamental y local.

2. Propuestas a la comunidad internacional.

3. Propuestas regionales.

4. Propuestas organizativas y proceso de coordinación de los campesinos,
indígenas, comunidades afrocolombianas de los departamentos de Nariño,
Cauca y Putumayo.

Propuestas al gobierno nacional, departamental y local

1. Las comunidades de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo exigen
al gobierno nacional que los diferentes planes, proyectos y programas de
desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos de uso ilícito no se
realicen bajo el chantaje o amenaza de la fumigación y se adopte como único
mecanismo la erradicación manual, gradual y voluntaria.

2. Los planes, proyectos y programas de desarrollo alternativo de
sustitución de cultivos de uso ilícito y de desarrollo alternativo deben
ser articulados a una política de Estado permanente y duradera y no
solamente dentro de las coyunturas de cada una de las administraciones
gubernamentales.

3. El gobierno nacional y la cooperación internacional deben cambiar el
concepto de erradicación y/o sustitución por planes, proyectos y programas
de desarrollo alternativo.

4. Reactivación y adecuación de la ley de fronteras en los departamentos de
Nariño y Putumayo como un instrumento para la reactivación económica y social.

5. Los planes, proyectos y programas de sustitución de cultivos ilícitos
deben incluir como beneficiarios a las comunidades campesinas, colonos,
indígenas y afrocolombianos vinculados directa o indirectamente a los
circuitos económicos de las economías cocaleras y amapoleras.

6. Los programas o proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito
deben priorizar la inversión en educación, salud, vivienda, infraestructura
y generación de empleo productivo de manera integral y equitativa entre los
casos urbanos y las zonas rurales.

7. Los pactos y los programas de desarrollo alternativo deben cubrir las
etapas de seguridad alimentaria, proyectos productivos y comercialización.

8. Los proyectos de sustitución de cultivos y los proyectos de desarrollo
alternativo deben enmarcarse en la vocación agrícola de cada una de las
regiones y la voluntad de las comunidades, igualmente deben realizarse
previos estudios técnicos de los suelos, agroecológicos y de la estructura
de la tenencia de la tierra.

9. Impulsar un modelo de desarrollo que integre las obras de
infraestructura básica con el desarrollo social y humano.

10. Descriminalizar y despenalizar a los campesinos, indígenas, negritudes
y colonos cultivadores de coca y amapola, reconociéndolos como
interlocutores válidos y legítimos y parte integral de la solución de esta
problemática. Lo anterior exige realizar cambios en la legislación interna
y la ley 30 del 86 "Criminaliza y penaliza dando tratamiento igual a los
pequeños, medianos y grandes cultivadores y procesadores de coca".

11. Incrementar los recursos, dentro de los programas de sustitución de
cultivo de uso ilícito y desarrollo alternativo para la capacitación de las
comunidades y el fortalecimiento de sus procesos organizativos.

12. Que el Estado adopte "El Plan Sur" (elaborado por los gobernadores de
Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima y Caqueta), como un proceso de
desarrollo alternativo que es sostenible, integral, equitativo, de amplia
participación ciudadana y de los movimientos sociales, como un mecanismo de
búsqueda de un modelo de desarrollo humano y social, teniendo en cuenta las
particularidades regionales, amazónicas, andino y andinoamazónicas de los
departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima y Caqueta.

13. Creación y puesta en marcha de un instrumento e instancia de carácter
técnico-financiero que tenga amplia participación social con la finalidad
de canalizar recursos para la elaboración de proyectos, recopilación de
información técnica y estadística y que fortalezca los planes, programas y
proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y de desarrollo
alternativo que han sido presentados o presentarían las comunidades.

14. Articular los POTM (Planes de Ordenamiento Territorial Municipal), los
planes de vida a los programas, proyectos y planes de sustitución o
desarrollo alternativo para realizar un sistema de planificación con base
en los sistemas de producción de cada una de las regiones para asegurar su
sostenibilidad en el marco de una economía global; lo anterior exige
procesos de participación, coordinación entre los entes territoriales y las
comunidades.

15. Se debe tener en cuenta en las propuestas agrícolas de desarrollo
alternativo planes de manejo ambiental y de impacto ecológico de los
cultivos alternativos.

16. Instar a las instancias estatales de vigilancia, control e
investigación para que realicen un constante seguimiento a las fumigaciones
y su impacto en el medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria. E
igualmente realicen seguimiento a los planes, poyectos y programas de
erradicación, sustitución y desarrollo alternativo, es decir que cumplan y
realicen sus labores entidades como la Defensoría, Contraloría,
Procuraduría y Fiscalía.

17. Hacer un llamamiento e instar a los actores armados para que dejen
desarrollar la acción y gobernabilidad de las Alcaldías, y las
Gobernaciones, así mismo dejen desarrollar autónomamente la organización y
la movilización social y los procesos o pactos que definan las comunidades
frente a los cultivos de uso ilícito.

18. Las ONG operadoras de la parte social del Plan Colombia y de los pactos
sociales en el Putumayo, deben enfatizar y priorizar la capacitación,
empoderamiento y fortalecimiento de las comunidades, en lugar de insistir
en una concepción paternalista en la implementación y ejecución de estos
recursos.

19. Los planes, proyectos y programas de desarrollo alternativo y de
sustitución de cultivos de uso ilícito deben ser un proceso económico
gradual y de largo plazo con el objetivo de realizar la reconversión de la
economía cocalera y amapolera. Lo anterior implica que el gobierno nacional
y la cooperación internacional reformulen la concepción de corto plazo que
tienen sobre la problemática de sustitución de los cultivos de uso ilícito.

20. Los proyectos productivos deben enfatizar las formas asociativas
campesinas y la vocación agroforestal particular de cada una de las
regiones del sur del país.

21. Articular los planes de ordenamiento territorial y los planes de
desarrollo de las Alcaldías y las Gobernaciones al documento CONPES con el
objetivo de diseñar una propuesta de desarrollo sostenible e integrado.

22. Los programas y proyectos de desarrollo alternativo deben enfatizar el
fortalecimiento de la institución educativa y la escuela como eje central
de una política de paz y convivencia.

23. Realizar proyectos y programas que enfaticen la agricultura biológica y
mercados verdes como una concepción alternativa a los proyectos productivos
basados en la agroindustrialización.

24. Dentro de los planes y programas de desarrollo se deben diseñar e
implementar acciones encaminadas al fortalecimiento y empoderamiento de las
mujeres jóvenes, niños y niñas quienes son los sectores más vulnerables de
las regiones y economías donde predominan los cultivos de uso ilícito.

Propuestas a la Comunidad Internacional

1. Veeduría internacional del proceso de los pactos y de otras propuestas
de sustitución de los cultivos de uso ilícito como mecanismos de
verificación independiente e imparcial de seguimiento y monitoreo de su
cumplimiento, tanto por parte del gobierno nacional como de los campesinos
y comunidades firmantes o beneficiarias.

2. Exigir a la Comunidad Internacional programas y proyectos de
transferencia tecnológica que consulten y se adecúen a las particularidades
humanas y ecológicas de cada una de las regiones y de los departamentos de
Cauca, Nariño y Putumayo.

3. La Comunidad Internacional en su acción y lucha contra el problema de
las drogas debe colocar en la práctica el concepto de corresponsabilidad,
asegurando la compra y comercialización de los productos campesinos.

4. Formación de una comisión de seguimiento y evaluación del desarrollo del
Plan Colombia y los planes, programas y proyectos de desarrollo alternativo
conformada por la Comunidad Internacional particularmente por la Unión Europea.

Propuestas regionales

1. Fedepanela, organización regional de Nariño, exige detener el proyecto
empresarial panelero y fortalecer a los pequeños y medianos productores de
panela del departamento de Nariño.

2. Agilizar y hacer más eficiente y eficaz los procesos de entrega de la
seguridad alimentaria que han sido pactados en el departamento del Putumayo
o que se realicen en el futuro con otras comunidades de los departamentos
de Nariño y Cauca.

3. Divulgación y socialización del tratado de cooperación amazónica
realizado por el Instituto de Estudios Amazónicos.

4. Las comunidades firmantes de los pactos sociales en el departamento del
Putumayo piden se reivindique la importancia de tales pactos. Igualmente
exigen que se les dé mayor oportunidad y participación en su implementación
y ejecución a las organizaciones sociales y a las ONG del departamento.
Dicha participación debe contemplar capacidad de contratación, ejecución e
implementación de recursos en coordinación con las autoridades locales y
regionales (alcaldías y gobernaciones).

5. Constitución de una veeduría internacional para los pactos sociales
firmado con las comunidades del Putumayo durante el año 2000.

6. Las comunidades y organizaciones del Cauca y Nariño exigen veeduría
internacional, seguimiento y monitoreo sobre los pactos y acuerdos que se
firmaron con estas comunidades y tras las movilizaciones sociales en los
departamentos de Nariño en el año 96 y 97 y en el departamento del Cauca en
el 99.

7. Los proyectos de ganadería que se vienen implementando en el municipio
de Santa Rosa, en el departamento del Cauca, deben ser reformulados, ya que
hasta el momento sólo han beneficiado a los ganaderos ricos y grandes
propietarios.

8. Fortalecer y hacer más eficientes y eficaces los programas de la
política de gobierno (Empresa Colombia) en las regiones y con las
comunidades donde ya se está ejecutando.

9. Establecer mecanismos e instancias por parte del gobierno nacional para
facilitar las denuncias de las comunidades indígenas, campesinas y
afrocolombianas en materia de Derechos Humanos, DIH y sobre el impacto de
las fumigaciones en la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Propuestas organizativas y proceso de coordinación de los campesinos,
indígenas, comunidades afrocolombianas de los departamentos de Nariño,
Cauca y Putumayo.

10. Convocar y realizar una gran movilización campesina de Nariño, Cauca y
Putumayo contra el Plan Colombia.

11. Constituir un proceso organizativo de las comunidades y campesinos
firmantes de los pactos sociales en el departamento del Putumayo con el
objetivo de ampliar y fortalecer la capacidad de negociación frente al
gobierno nacional.





Sección: Informe regional Sur del país
RECUADRO
Título: Testigos de Paz

Una delegación de 50 estadounidenses representantes de sindicatos, ONG de
ambientalistas y de derechos humanos, iniciaron el 19 de enero una visita
al país para evaluar el impacto del Plan Colombia y de las políticas
antidrogas en diversos aspectos, como el proceso de paz.

La delegación está encabezada por Testigos de Paz, ONG que en el Putumayo
analizará los efectos sociales, económicos y ambientales de las
fumigaciones de cultivos de uso ilícito.

La ONG se mostró preocupada por las pretensiones del gobierno de George
Bush de legitimar el uso de los fondos del Plan Colombia en la lucha
antiguerrillera y, según Janeth Hostetler, quien preside la delegación, "la
ayuda militar que está dando Estados Unidos a Colombia ha contribuido de
manera significativa a que se pierda la confianza de las partes en el
proceso de paz".




Sección: Informe regional Sur del país
RECUADRO
Título: Habla un campesino

"Una hectárea produce cuatro cosechas de coca al año, que equivale a $10
millones, y generalmente son dos hectáreas por familia, igual a $20
millones al año. El gobierno ofrece como ayuda alimentaria para la
sustitución de los cultivos, $2 millones al año, con lo cual busca que el
Pacto Social fracase y así justificar las fumigaciones y el componente
militar del Plan Colombia. E incluso así, ni siquiera ha entregado los $2
millones que ofreció hace más de un año".




Sección: Informe regional Sur del país
Título: Devoción forzada

El 7 de diciembre pasado, cuando el mundo católico prendía velitas en la
víspera del Día de la Inmaculada Concepción, en Puerto Asís, Putumayo, la
gente salió masivamente a encender velas, velones, faroles y otros adornos
que engalanaron las calles del municipio.

De los postes de la luz pendían piolas que al templarse en los antejardines
de las casas formaban conos multicolores, pues atados a éstas, decenas de
moños en celofán amarillo, azul, rojo, verde, blanco, naranja, conformaban
arbolitos de Navidad hermosamente pueblerinos. A ras de piso, y apuntando
al cielo, los bombillos se encendieron a las 7 en punto de la noche. Puerto
Asís se veía bonito y así permaneció durante todo diciembre.

Brigadas de peatones, ciclistas, motociclistas, taxistas, conductores de
vehículos sin placas, vigilaban que así fuera. Eran los mismos que habían
dado la orden de que se dispusiera la iluminación navideña: los
paramilitares. Ninguna casa, ningún almacén, ningún hotel, ningún
prostíbulo, ninguna discoteca, ninguna panadería o farmacia podían dejar
pasar el 7 de diciembre sin encender las luces en honor de la Virgen María.

Ese día, hubo una especie de toque de queda a partir de las 5 de la tarde
en todo el perímetro urbano de Puerto Asís -hay otro toque de queda rural
en todo el departamento del Putumayo, a partir de las 7 de la noche-. El
comercio cerró y los habitantes se prepararon para santificar la fiesta
religiosa, como manda el tercero de los Mandamientos.

El año terminó y Puerto Asís pudo ser desengalanado. Otro municipio
putumayense, Puerto Caicedo, siguió muy majo, pues también cumplió las
órdenes de los paramilitares. A fines de 2001, éstos mandaron que las
fachadas de todas las casas fueran pintadas. Dieron un plazo de dos meses
para cumplir la labor y a quienes se negaran a hacerlo les impondrían una
multa de $200 mil y otra semana de plazo para pagar y, de todas formas,
pintar. Si transcurrido ese tiempo, la fachada de la casa continuaba fea,
sus habitantes debían desocupar el municipio o someterse a las
consecuencias. Puerto Caicedo, por eso, empezó el año muy lindo, con todas
sus casas estrenando pintura.

Es que, en Putumayo, que se convirtió en punta de lanza del Plan Colombia,
hay dos fuerzas con sus dominios perfectamente establecidos: los
paramilitares controlan los trece cascos urbanos y la guerrilla domina el
área rural. La movilización de pobladores de un lado a otro levanta
sospechas en ambos bandos, y muchos campesinos y pueblerinos se han visto
obligados a desplazarse a otros lugares del país, en especial al
departamento de Nariño, donde sufren no sólo el exilio dentro de su propio
país, sino la estigmatización de los actores armados, legales e ilegales.

La Policía, el Ejército, los paramilitares y los frentes guerrilleros
persiguen a quienes no les colaboran, razón suficiente para considerar que
son colaboradores del contrario y, por ende, convertirlos en objetivo
militar. Por eso, en Puerto Caicedo, como en todo campo de concentración,
la gente obedeció la orden de engalanar el pueblo, y en Puerto Asís los
pobladores acataron la de ser devotos, aunque fuera a la fuerza. Amén.




Sección: Informe regional Sur del país
Título: Comisionado de Paz en el exilio

Después de haber visto caer asesinados a varios amigos, copartidarios y a
anónimos luchadores populares, a Alfonso Pardo Martínez, un curtido
dirigente comunista de Nariño y desde hace siete años Comisionado de Paz en
ese departamento, no le quedó más remedio que seguir el camino del exilio,
pues los paramilitares lo declararon "objetivo militar". Desde fines de
2001 añora los discos, los libros y los amigos que dejó en su terruño, pero
está convencido de que todavía no puede volver.

Para él, el mayor miedo "es quedarme callado", pues desde su cargo asumió
lo que considera la vocería de la gente, ya que ésta es silenciada a la
fuerza. Desde donde se encuentre, semiclandestino, pretende dar a conocer
los casos de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario en Nariño, donde para el común de los colombianos "no pasa nada".

Asumió dicha vocería, porque el silenciamiento ha sido no sólo contra las
personas individualmente, sino contra los medios de comunicación, como
contra El otro, periódico dirigido por Ricardo Romero Sánchez, reinsertado
del M-19. En el año 2000, precisamente el 19 de abril, cuando se
conmemoraba un aniversario de la fundación de ese grupo que fue guerrillero
y se reintegró a la vida civil, paramilitares hicieron explotar dos
granadas de fragmentación en la sede.

Han sido varios los intentos por impedir la circulación de Voz, el
periódico del Partido Comunista, en el que Pardo Martínez colabora con
información. En Llorente, "y como en las épocas del fascismo italiano", en
una hoguera quemaron todos los ejemplares. Al corresponsal de Voz en
Tumaco, Fabio Bedoya, lo mataron el 27 de abril de 2001. El 15 de agosto,
paramilitares atentaron en Espriella (jurisdicción de Tumaco) contra Marcos
Salazar Guerrero, un hombre de 75 años quien logró salir ileso; sin
embargo, su hijo, Marcos Salazar Prado, dirigente estudiantil de la
Universidad de Nariño, y quien a raíz de ese atentado había pedido
protección especial, cayó asesinado el 7 de enero de este año, en Pasto.
Pedro Vicente Obando Ordóñez, rector del claustro, envió a la Coordinadora
en el Ministerio del Interior del Grupo de Protección a Testigos y Personas
Amenazados, la siguiente e ilustrativa carta:

"Con extrañeza hemos recibido en la fecha de hoy, 8 de enero de 2002, su
comunicación fechada el 10 de diciembre del año inmediatamente anterior, en
la cual solicita se acompañe a la solicitud de protección del estudiante
MARCOS SALAZAR PRADO, algunos requisitos para hacerse acreedor a ese
beneficio. Coincidencialmente, en este día se realizan las exequias
fúnebres de nuestro estudiante". Concluye el rector diciendo que
"Lamentamos profundamente que por falta de la diligencia oportuna,
colombianos de bien sean sacrificados por injustas razones".

Han sido asesinados otros colombianos de bien, como Yolanda Cerón, en
Tumaco; Adriana Benítez, de la Universidad de Nariño; Angela Andrade y
Felipe Sabala, del Movimiento Multiétnico del Pacífico; dirigentes
campesinos; indigentes, prostitutas, rateros, en "matanzas sociales en las
que nadie ve nada".

Para el Comisionado de Paz de Nariño, aunque la situación venía de tiempo
atrás, se ha agudizado a raíz de la implantación del Plan Colombia y puso
como ejemplo el caso del corregimiento de Llorente, en Tumaco, donde vivían
entre 1.000 y 2.000 personas y por el desplazamiento de campesinos desde el
Putumayo, ahora hay unos 10.000 pobladores. Dijo que, adicionalmente, las
fumigaciones de cultivos de uso ilícito, están seguidas por la llegada de
paramilitares que copan territorios.

Resaltó la labor que han hecho los gobernadores de los departamentos del
sur del país al crear un bloque plural, pues "han demostrado alternativas
de gobernabilidad, diferentes al centralismo" y "han abierto espacios y
jugado un papel importante en la búsqueda de recursos para que la comunidad
internacional mire a Colombia y en especial al sur, que es donde,
precisamente, empieza Colombia".

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 327
Diciembre 14 de 2001 a Enero 23 de 2002
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S. J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, Angélica
Vásquez, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, Clemencia Rueda, CEPECS

COLABORACIÓN
Néstor Iván Moreno
Úrsula Mendoza

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos "Alguien"

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
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Los artículos de los colaboradores son responsabilidad de sus autores y no
comprometen la posición editorial de Actualidad Colombiana.


CONTENIDO

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Lo imprevisible de la paz

Sección: Derechos humanos
Título: Las víctimas de siempre

Sección: Movimientos sociales
Antetítulo: Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia
Título: "Somos pueblos en resistencia"
Acápite: Vinieron de cada rincón de Colombia, de todas las regiones, 3.350
delegados y autoridades indígenas representantes de 49 pueblos, se
reunieron del 25 al 30 de noviembre de 2001 en Cota, Cundinamarca,
mostrándole al país que así se construyen propuestas de paz, entre todos,
en minga.

Sección: Informe Especial: Chocó
Título: Chocó: región marginal y vulnerable

Sección: Informe Especial: Chocó
Antetítulo: Las comunidades negras
Título: Titulación vs. desalojo

Sección: Informe Especial: Chocó
Antetítulo: Las comunidades indígenas
Título: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía


Sección: Paz y conflicto armado
Título: Lo imprevisible de la paz

Este año, los procesos de paz con el ELN y las FARC han salido de los
parámetros de lo previsible, primero porque se pensaba que con las FARC se
podría llegar a un acuerdo mínimo sobre cese al fuego y hostilidades y
avanzar en la Agenda Común; por otra parte, se pensaba que los diálogos con
el ELN, sólo se reactivarían con el nuevo presidente, mas la realidad ha
sido otra: un congelamiento con las FARC y una sorpresiva reactivación de
diálogos con el ELN. Estos procesos tienen como trasfondo un proceso
electoral a nivel nacional, e internacionalmente la lucha antiterrorista.

Respecto al proceso de diálogo con las FARC, es de anotar que éste sólo ha
llegado a consensos procedímentales mínimos, donde además algunas acciones
militares de las FARC, durante el segundo semestre del año, coadyuvaron a
que algunos sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad
internacional priorizaran la salida militar como forma de "resolver" el
conflicto armado interno.

Tal vez lo más relevante del proceso Gobierno- FARC ha sido el documento de
recomendaciones presentadas por la Comisión de Notables a la mesa nacional
de diálogo, que aunque no fue resultado de una negociación entre las
partes, plantea, entre oros puntos clave, la conformación de una Asamblea
Nacional Constituyente como punto final del proceso de negociación.

En cuanto al proceso con el ELN, a pesar de la ruptura de los diálogos y de
las declaraciones de sus comandantes en torno a la falta de voluntad de
este gobierno para llevar a cabo una negociación, en el último mes se
presentó una reactivación de los diálogos con el Gobierno y se acordó una
agenda de transición para continuar el proceso con el próximo presidente.
Puede decirse que esta reactivación obedeció, en parte, a la insistencia de
varios sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional.

De todas maneras, para el ELN el tema de la Zona de Encuentro sigue siendo
prioritario y con seguridad será punto de tensión en la concreción de la
futura agenda.

En cuanto a lo electoral, es necesario señalar que el actual escenario
dista mucho del de hace cuatro años, cuando el movimiento insurgente aún
contaba con algún grado de legitimidad política. En este momento, dados los
errores acumulados en tres años de diálogos, se ha generado en la opinión
pública nacional e internacional una tendencia a exigir y apoyar el
endurecimiento de las acciones estatales y a definir a las guerrillas como
organizaciones militares con fines terroristas.

Por su parte, sectores de la derecha han empezado a fortalecer su presencia
en el escenario político y electoral, contribuyendo a una mayor
polarización de la sociedad colombiana y posicionando una concepción de paz
restringida a procesos de entrega de armas y reinserción a la vida civil, o
incluso contemplando la necesidad de una intervención militar externa.

El imaginario social de muchos colombianos, entonces, está determinado por
un proceso de tres años que no muestra resultados, que ha profundizado y
degradado el conflicto armado y que ha mermado la credibilidad y confianza
en una posible salida política.

La apuesta final, en los meses que le quedan al Gobierno Pastrana, será con
el ELN, que ha demostrado mayor intención de diálogo. El proceso de nuevo
quedará en manos de otro gobernante que ojalá convierta la construcción de
la paz en prioritario tema estatal. Con ello la paz se politizará y no
estará sujeta a los vaivenes de los procesos electorales, los intereses
coyunturales, las presiones internacionales y los manejos patrimoniales y
clientelares de los gobiernos de turno. Si no se avanza de manera
significativa en los procesos de diálogo y negociación, las iniciativas
ciudadanas quedarán cada vez más subsumidas por la guerra y los actores
armados continuarán definiendo el futuro del país.




Sección: Derechos humanos
Título: Las víctimas de siempre

Acercarse a la realidad de la tragedia colombiana es asunto que obliga en
no pocas ocasiones a aprovisionarse de prótesis psicológicas para no
sucumbir. Y es que por muchos años se viene repitiendo la misma expresión:
"el agravamiento de la crisis de los derechos humanos y la degradación
humanitaria". Pero no es simplemente una expresión, es el reflejo de una
realidad que se condensa en cada masacre, en cada acto de guerra sucia, en
cada infracción grave al Derecho Internacional Humanitario, DIH, o en cada
acción bélica cuyos medios o métodos extienden sus efectos indiscriminados
contra la población civil. Por ello, ofrecer un balance de lo que se ha
sistematizado hasta la fecha en materia de violencia política, no es
simplemente comentar unas cifras, es también intentar comprender y sentir
en carne viva la tragedia, el miedo y la desolación que embarga a cada
familia, a cada comunidad y a todos los colombianos que han sido
victimizados en medio de una guerra, cuyas peores consecuencias se radican
en cabeza de las víctimas de siempre: los pobres y excluidos.

Lo que ha sucedido en materia de violencia política es simplemente la
constatación que el caso colombiano, es el peor en todo el hemisferio
occidental, frente al cual, los llamados por la paz o la solidaridad
internacional, son apenas cantos de sirena, pero lejos se está de
constituir un apoyo efectivo y real para la solución de un conflicto que es
armado, pero también social, económico, político y cultural, que hunde sus
raíces en la historia de injusticias al amparo de las cuales se han
consolidado odiosos privilegios sociales, los que, a su vez, sirven de
combustible a la confrontación de nuestro tiempo.

En fin, no hay que leer estas cifras como datos pétreos. Por el contrario,
es urgente comprender las lógicas que ellas develan, a efectos de acercarse
a la tragedia que soportan las víctimas en Colombia, para ver si es
posible, cuando menos, sentir indignación ante la injusticia.

En los primeros nueve meses del año 2001 (enero - septiembre), las cifras
sobre la violencia política trabajadas por el Banco de Datos del Cinep &
Justicia y Paz, constatan, una vez más, que la violencia en Colombia no
cede y que, por el contrario, se exacerba. Cabe aclarar, que para el
efecto, se entiende por violencia política, aquella ejercida como medio de
lucha político social con el fin de mantener, modificar, substituir o
destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también, para destruir o
reprimir a un grupo humano por su afinidad social, política, gremial,
racial, ideológico o cultural, esté o no organizado. Esta violencia se
expresa, entonces, en una sociedad como la colombiana, a través de
violaciones a los derechos humanos, infracciones graves al derecho
internacional humanitario, acciones bélicas y violencia político-social.

Durante el período en estudio, se registró un total de 4.425 casos (786 por
violaciones a los derechos humanos, 1.175 infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, 2.592 hechos de violencia político-social y 891
acciones bélicas), los que arrojaron un total de 10.925 víctimas (2.944 por
violaciones a los derechos humanos, 2.606 por infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, 5.149 por violencia político-social y 1.944 en
acciones bélicas), lo cual indica que en los nueve meses que se examinan,
se produjeron 41 víctimas diarias por causa o con ocasión de la violencia
política, la que en términos generales representa apenas un 30%
aproximadamente de la violencia general que soporta el país.

DERECHOS HUMANOS
Se presenta una violación a los derechos humanos, cuando por una conducta
positiva o negativa, es decir, por acción u omisión de un agente estatal,
se vulnera un derecho contenido en las normas del derecho internacional de
los derechos humanos. De igual modo, los particulares pueden violar los
derechos humanos pero cuando actúan con la aquiescencia, tolerancia,
colaboración o complicidad de los agentes estatales, en donde aparece claro
que las acciones de los grupos paramilitares constituyen violaciones a los
derechos humanos.

En el período en consideración, se presentaron 3.208 victimizaciones,
siendo los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y
Santander, las regiones del país con mayor número de violaciones. Tal
situación confirma como Antioquia desde hace mucho tiempo, es el
departamento donde más se violan los derechos humanos, tendencia que ha
sido constante en los últimos cinco años. Llama la atención la situación
que se presenta en los departamentos de Cauca y Chocó en los que se cruzan
múltiples problemáticas relacionadas con el conflicto armado, la crisis
social y especialmente, por la agresión que significan las fumigaciones
aéreas en zonas campesinas y resguardos indígenas y la arremetida contra
comunidades que luchan por autonomía y por defender sus territorios.

Las conductas mediante las cuales se violan con mayor frecuencia los
derechos humanos, son las ejecuciones extrajudiciales (1.377), las
detenciones arbitrarias (661), las amenazas (434), las desapariciones
forzadas (231), heridos (547) y las torturas (146), conductas cuya
responsabilidad es endilgable, en primer lugar a los grupos paramilitares
con un 81%, mientras que el restante 19%, fueron actos cometidos por las
distintas armas oficiales, de manera independiente o en complicidad y
colaboración efectiva con los grupos paramilitares. Cabe aclarar que la
cifra total de víctimas no necesariamente coincide con el de las
víctimizaciones, debido a que en muchos casos existen responsabilidades
compartidas entre dos o más actores armados, o puede suceder que una misma
víctima sea vulnerada en más de uno de sus derechos y por más de un agente
responsable. Ello explica por qué, el número total de víctimas es
ampliamente superado por el de las victimizaciones, condición que se repite
en cada una de las modalidades de la violencia política.

A las anteriores cifras se deben sumar los colectivos amenazados o
desplazados, los que ascienden a 584, comunidades que arriban a las
ciudades abandonando sus pocas pertenencias y arrastrando consigo el
conflicto mismo, pues cada vez es más claro, que las amenazas y los
desplazamientos forzados, además de ser una estrategia de guerra y de
violación integral de todos los derechos, es también una forma de urbanizar
el conflicto.

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
En los primeros nueve meses del año 2001, se cometieron 1.175 conductas que
constituyen infracciones graves al derecho internacional humanitario, las
que produjeron 2.745 víctimas. Estos actos fueron ejecutados por los grupos
que participan en el conflicto armado de carácter no internacional que
soporta el país, en desconocimiento de preceptos básicos relacionados con
la protección de la persona humana, en especial, de la población civil, aun
en situaciones extremas, en donde, de todas maneras, existe la obligación
para los combatientes de preservar la vida e integridad de las personas
protegidas. Conviene entender que las normas del Derecho Internacional
Humanitario, aunque constituyen un mínimo aplicable en los casos de
confrontación bélica, son también, y ante todo, una garantía adicional para
los derechos humanos, pues en todo tiempo y lugar, opera en cabeza del
Estado, la obligación de su observancia y la responsabilidad por sus
garantías efectivas.

Ahora bien, entre las 2.745 víctimas de infracciones al DIH, se cuentan:
1.542 homicidios intencionales de personas protegidas, 112 civiles muertos
en acciones bélicas y 19 más por la utilización de métodos o medios de
guerra prohibidos; 191 heridos intencionales, 128 en acciones bélicas y 139
más por métodos y medios; 185 personas fueron torturadas, 211 amenazadas y
38 fueron tomadas como escudo. Los departamentos que presentan el peor
récord en materia de infracciones al derecho internacional humanitario,
están de lejos encabezados por Antioquia, seguido por Cauca, Tolima, Norte
de Santander y Chocó, señal inequívoca respecto a que la crisis de los
derechos humanos, tiene su correlato en las infracciones graves al derecho
internacional humanitario, lo cual puede significar que el conflicto armado
se está utilizando como justificante para la violación masiva y sistemática
de los derechos humanos.

La responsabilidad por estos hechos gravita en primer lugar en cabeza de
los grupos paramilitares, seguidos por las FARC, la Fuerza Pública y el
ELN, y al igual que acontece con las violaciones a los derechos humanos,
los campesinos constituyen el sector social mayormente vitimizado, seguido
por empleados, profesionales, comerciantes e indígenas.

A las anteriores infracciones se agregan las cometidas contra comunidades
entre las que se cuentan 482 amenazadas, 299 desplazadas y 3 fueron tomadas
como escudo. En general, la responsabilidad por estos hechos, los sectores
sociales y las regiones del país mayormente victimizadas, sigue las mismas
lógicas y autorías que las infracciones relacionadas antes.

VIOLENCIA POLÍTICO-SOCIAL
En este apartado se registran aquellos hechos que si bien no constituyen
violaciones a los derechos humanos, ni tampoco infracciones graves al
derecho internacional humanitario, en tanto que no existen indicios que
conduzcan a establecer su presunta autoría, sí configuran claramente un
tipo de violencia cuyos móviles políticos aparecen como determinantes, dado
el modus operandi de los victimarios, las características de la víctima y
las motivaciones que impulsaron a los perpetradores de tales acciones.

Por esta modalidad de violencia que se funda en motivaciones de persecución
política o de intolerancia social, se cometieron en el trimestre en comento
un total de 2.592 hechos, los cuales ocasionaron 5.233 victimizaciones y al
igual que en las anteriores modalidades de violencia, los departamentos que
más la padecen, están nuevamente encabezados por Antioquia, Norte de
Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, siendo las modalidades más
socorridas el asesinato, el secuestro, los heridos y las desapariciones
forzadas y, a la vez, el sector social que más soporta este tipo de
violencia, también es el campesinado, seguido por los empleados, los
comerciantes y los profesionales.

ACCIONES BÉLICAS
Se entiende por acciones bélicas, aquellos hechos y comportamientos
ejecutados por los grupos armados que participan en el conflicto de
carácter no internacional que se desarrolla en el país, conforme a los
preceptos y mandatos contenidos en las normas del derecho internacional
humanitario, las que en consecuencia devienen legítimas. En tal sentido, se
cuentan en los nueve meses que comprende este análisis un total de 1.000
acciones bélicas, entre ellas las de mayor ocurrencia fueron los combates
(498), los ataques a objetivos militares (109), los bloqueos de vías (245)
y los sabotajes (87). Estas acciones bélicas ocasionaron un total de 1944
víctimas entre las filas de los combatientes.

Como se puede observar, avanzamos hacia atrás en el futuro, sin un solo
indicio que nos permita pensar que en el mediano tiempo las cosas puedan ir
mejor, sobre todo ahora, cuando hasta en la propia casa del imperio de
nuestro tiempo, se quiebra el discurso de los derechos humanos y las
garantías y libertades civiles, se sustituyen por el derecho del Estado,
léase, como el de declarar terroristas a todos los que no son ellos.



Sección: Movimientos sociales
Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia
"Somos pueblos en resistencia"
Acápite: Vinieron de cada rincón de Colombia, de todas las regiones, 3.350
delegados y autoridades indígenas representantes de 49 pueblos, se
reunieron del 25 al 30 de noviembre de 2001 en Cota, Cundinamarca,
mostrándole al país que así se construyen propuestas de paz, entre todos,
en minga.

Como lo hemos presenciado las últimas semanas, los indígenas caucanos han
abierto experiencias de resistencia muy valiosas frente a las agresiones y
ataques de los actores armados, y cabe precisar su "enérgico rechazo a los
intentos de los medios de comunicación, del gobierno nacional y algunos
candidatos presidenciales de utilizar la defensa de las comunidades de
Caldono como ejemplo de una supuesta acción contrainsurgente de los pueblos
indígenas", porque lo que defienden es "la vida y nuestra dignidad". Y eso
fue el lema del congreso "Vida y dignidad para los pueblos indígenas Y para
todos los colombianos".

A pesar de los graves problemas logísticos y de las divisiones internas y
fracciones que subsisten entre las organizaciones indígenas (se retiraron
la Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, convocante, tres días antes del
inicio del Congreso), los pueblos indígenas de Colombia sí respondieron a
la convocatoria de congreso que no fue un evento de la ONIC (aunque hay que
subrayar los aportes muy grandes de ésta en la organización y desarrollo
del encuentro) sino un Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia.

Se trató de una muestra de la capacidad de los pueblos indígenas a
movilizarse y sentarse juntos para discutir, escuchar al otro e
intercambiar experiencias, pensar en propuestas de nuevo país. En ningún
momento, alguien se aprovechó del congreso para fines electorales,
reduciéndolo a un espacio para la politiquería.

El congreso se instaló el domingo 25 de noviembre en la tarde con una
ceremonia de apertura celebrada por los Muiscas pertenecientes a lo que era
hasta hace poco tiempo resguardo de Cota. Del lunes al miércoles, las
autoridades y delegados indígenas divididos en 15 comisiones reflexionaron
sobre los siguientes temas:

· Conflicto armado, la búsqueda de la paz y la participación indígena en
ese proceso.
· El modelo de desarrollo que los Pueblos Indígenas les proponen a los
colombianos para un nuevo país.
· Política territorial de los Pueblos Indígenas y estrategias de
resistencia para la defensa de su territorio.


UN PRIMER PASO SIGNIFICATIVO
Este Congreso significó un paso significativo para el movimiento indígena
de Colombia. Se trata "de que el movimiento indígena cumpla un nuevo papel,
que asuma una responsabilidad más grande. Significa superar ese papel de
víctimas que a veces nos obliga a adoptar la guerra" (discurso de
instalación) y asumir "nuestra responsabilidad y deber de aportar a la
construcción de un nuevo país", "asumir el compromiso desde nuestros
principios de respeto, solidaridad, reciprocidad, equilibrio y
complementaridad, de apoyar iniciativas de paz y convivencia para los
colombianos".

La meta era muy grande, todavía hay tensiones no resueltas, queda mucho por
hacer, pero sin duda alguna, se dio el primer paso.

Cabe precisar que la participación y los intereses fueron más intensivos
cuando se trabajó el tema de paz y resistencia indígena frente al conflicto
armado. Por lo que se refiere al tema de ordenamiento territorial, las
propuestas fueron más tímidas y se limitaron a lo indígena, a lo propio,
sin una visión global de lo que podría ser una política de ordenamiento
territorial para todo el país. Igualmente, se puede pensar que hay un
desconocimiento de las problemáticas del país por parte de los pueblos
indígenas, y no se lograron realmente elaborar propuestas sólidas de modelo
de país.

DE SECTOR A ACTOR SOCIAL
El Congreso permitió a los pueblos indígenas reunidos enfrentar sus
problemáticas propias, "buscar lo que nos falta, averiguar lo que
desconocemos y recordar lo que hemos olvidado", reordenar su propia casa,
ya que "hoy estamos en una profunda crisis cultural, social y política, la
polítiquería, la corrupción, la división, el personalismo, la pérdida de
horizonte y de espiritualidad, nos están haciendo agujeros", "tenemos una
cantidad de problemas particulares, conflictos internos, dolores profundos".

Si bien no se lograron cumplir todos los objetivos tan ambiciosos
planteados en la convocatoria en ese congreso, el movimiento indígena logró
afirmarse como un nuevo sujeto y actor político, surgiendo con propuestas.
Se abrió un nuevo camino al mismo tiempo que se reafirmaron posiciones.

"Reafirmemos nuestro ser indígena y desde nuestro pensamiento seguir
trabajando en la unidad, en la defensa territorial, en el fortalecimiento
de nuestras autoridades, en el respeto de la madre tierra y en la posición
de autonomía que hemos asumido como pueblos".

También se reafirmó la sacralidad de los territorios indígenas ancestrales,
la demanda de cese de políticas neoliberales, y la exigencia de respeto y
garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos y colectivos de los
pueblos indígenas y de los colombianos, ya que en ningún caso la guerra
puede ser una excusa ni para el Estado ni para los actores armados para que
se violen los derechos humanos y se infrinja el Derecho Internacional
Humanitario. "La paz no puede entenderse como silencio de las armas, sino
como garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en
general de todos los colombianos."

Desgraciadamente, el congreso no significó una tregua para los "enemigos de
la paz", como lo mostró la matanza de Caldas en la cual los paramilitares
asesinaron a siete personas entre las cuales, el ex presidente de la ONIC,
Chaurra, y al día siguiente a dos de sus hijas.

Frente al modelo de desarrollo vigente, los pueblos indígenas reunidos en
el congreso manifestaron su "rechazo al modelo de desarrollo que impone el
gobierno nacional", su "decisión de unirnos a otros sectores en torno a la
lucha contra el neoliberalismo, el Plan Colombia, los proyectos de ley
orgánica de ordenamiento territorial, el Código de Minas, la Ley de
Seguridad Nacional, así como a la política ambiental, porque no responden a
nuestras formas de vida y violan los derechos de la población colombiana".
Denunciaron este "modelo de desarrollo implementado históricamente" como
"excluyente, homogeneizante, depredador del medio ambiente, desconocedor de
las particularidades culturales y no responde a las aspiraciones, intereses
y derechos que los colombianos, y que por el contrario es la causa del
ecocidio y del etnocidio".

En cuanto al llamado proceso de paz gobierno - FARC, se expresó que éste
era "excluyente de los indígenas y los sectores sociales" y que los
indígenas no se sentían "recogidos ni representados por el Estado ni por
las FARC ni por ninguno de los actores armados del conflicto".

DE LA RESISTENCIA A LAS PROPUESTAS
Por lo tanto, se decidió "conformar la Mesa de Trabajo Indígena para la
Paz, la cual debe servir para acordar acciones en el proceso de búsqueda y
movilización por la convivencia, adelantar procesos de interlocución con
los actores armados y con el Estado en defensa de los derechos humanos de
los pueblos indígenas".

También se resolvió impulsar una gran Campaña Nacional e Internacional por
la Vida y la Autonomía de los Pueblos Indígenas.

Otra decisión contundante además de lanzar la candidatura simbólica de Kimy
Pernía Domicó a la Presidencia, es la de realizar un "Juicio Político al
Estado -desde la justicia indígena- por los atropellos históricos, la
discriminación y el exterminio sistemático de pueblos indígenas".

Unido a ello, se reclama "de la comunidad internacional, su concurso y
solidaridad con el pueblo colombiano y en particular con nuestros pueblos
para que no financie al Estado colombiano proyectos que comprometan la
integridad étnica y cultural, el medio ambiente y los Derechos Humanos, así
como mantenerse alerta frente al desarrollo de procesos tendientes a
solucionar el conflicto social y armado del país".

POR "UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"
Partiendo del reconocimiento que durante varios años, el movimiento
indígena ha estado distante de las demás organizaciones populares, y que "
eso hay que corregirlo", el Congreso de los pueblos indígenas propuso "al
conjunto del movimiento popular la creación de una Alianza para la Paz,
para sumarnos al trabajo con otros, campesinos, negros, sindicales,
raizales, mujeres, en la construcción de una propuesta alternativa de paz,
abierta, de cara al país, donde tengamos el derecho de decirle a los grupos
armados y al Estado lo que pensamos y queremos en relación con la paz, y el
derecho de decidir sobre el tipo de sociedad al cual aspiramos".

Y para construir una alternativa de país, una sociedad con dignidad,
justicia social y equidad, se propone partir "del pensamiento colectivo, la
no individualidad, la solidaridad, la dignidad, porque esa es la fuerza que
nos ha permitido sobrevivir, y es la fuerza de los sectores populares, de
los campesinos, de los afro descendientes".

Ese nuevo país que sueñan y que proponen los pueblos indígenas requiere una
real y efectiva reforma agraria, una política de ordenamiento territorial
que interprete las regiones, contemple la realidad étnica y cultural, y
reconozca la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Si bien es cierto que sigue siendo un reto volver realidad una alianza
permanente con otros sectores populares (todavía existe una gran distancia
con los trabajadores, por ejemplo), la cual todavía no es convincente, se
plantearon en el congreso lo que podrían ser las bases de esta alianza, y
la firme voluntad del movimiento indígena de concretarla.

SIGUE EL DIÁLOGO DE SORDOS
El Gobierno hizo acto de presencia a la clausura del Congreso a través de
la larga y tumultuosa intervención del ministro del Interior, Armando
Estrada Villa, quien realmente no respondió a las preguntas que se le
plantearon, lo que llevó al presidente de la ONIC, Armando Valbuena, a
reafirmar contundentemente la ruptura de las relaciones con el gobierno.

Finalmente, se puede preguntar qué significó este Congreso para el
Gobierno, teniendo en cuenta la presentación del proyecto de ley sobre
servicio militar que pretende acabar con los "privilegiados", categoría que
incluye a los indígenas, para reclutarlos en las filas de las fuerzas
armadas. "Eso no se llaman privilegios, señores, sino derechos consagrados
en la Constitución del 91 para con los Pueblos Indígenas, derechos que otra
vez se pretenden desconocer y pasar por encima", dijo un asistente. "No es
política de los pueblos indígenas participar del conflicto armado y en este
sentido, defenderemos sin pausa la autonomía, la ley y el gobierno indígena".

Por eso se debe reiterar que "a todos les quede bien claro que de nuestros
territorios no nos vamos, que somos sin quererlo parte del conflicto y que
como tal somos pueblos en resistencia, dispuestos a luchar por nuestros
derechos contra todo aquel que nos quiera sojuzgar y así como ayer no nos
rendimos ante la invasión y por eso somos culturas vivas, hoy tampoco
estamos dispuestos a rendirnos".




INFORME ESPECIAL: CHOCÓ
Título: Chocó: región marginal y vulnerable

El Departamento del Chocó comprende 21.310 Km, lo que lo convierte en la
división político-administrativa con mayor extensión en todo el litoral
pacífico colombiano. Su población se estima en 365.782 habitantes, que
representan el 0.9% del total de la población colombiana. De éstos el 40.5%
reside en las cabeceras municipales y el 59.5% en la zona rural.

Es una región marginal y vulnerable en el aspecto económico debido al
efecto histórico de la economía extractiva impuesta y su relación
dependiente con Antioquia, el eje cafetero y el Valle del Cauca. La
extracción irracional de los recursos no ha permitido una acumulación de
capital que pueda ser invertido en bienes y servicios en beneficio de su
población. En las estadísticas del gobierno se reporta que las necesidades
humanas básicas de casi el 70% de la población no están satisfechas.

Se estima que el Chocó proporciona el 65% de la madera y pulpa que se
consume en Colombia, el 20% del sector pesquero y el 35% de la producción
aurífera. La mayoría de estos recursos se compran a precios sumamente bajos
y sin ningún valor agregado. Sin embargo, estando el Chocó fundamentalmente
poblado por diferentes etnias, es aún posible que este bosque húmedo
tropical siga siendo un pulmón vivo y esencial para la humanidad.

Es el departamento donde menos condiciones de vida digna tienen sus
pobladores, lo que se demuestra en los siguientes datos:

¨ La cobertura del servicio de acueducto alcanza un promedio del 40% y el
alcantarillado sólo un 10% en las cabeceras municipales
¨ El grado de escolaridad es dos tercios inferior al promedio nacional: de
cada 100 niños que se matriculan en primer año de primaria, sólo 25 logran
terminar el quinto grado.
¨ Los servicios de transporte son precarios, costosos y lentos. El medio
más común es el río y para las embarcaciones el precio del combustible es
más del doble que el promedio nacional.
¨ Sólo en las cabeceras municipales del eje carreteable
Medellín-Quibdó-Pereira, cuentan con servicio de energía. En los demás
centros, el servicio se limita a algunas horas por día.

Sin embargo, todos saben que es uno de los departamentos con mayores
riquezas del país. Por ello, dentro de la política de apertura económica,
el Estado identificó a la Cuenca del Pacífico como la región del mundo con
la tasa más elevada de expansión económica y por ello como un área
prioritaria para establecer relaciones comerciales.

Y es aquí donde se agudiza la contradicción existente entre el modelo
económico y los derechos étnicos territoriales contemplados en la
Constitución colombiana: a medida que se hace un despliegue propagandístico
por el respeto a la diferencia, se promueve la inversión de capitales
privados y la intervención de empresas multinacionales en el futuro del
departamento. Se diseñan planes de intervención y construcción de obras de
infraestructura, tales como el puerto marítimo de Tribugá; la construcción
de grandes carreteables, como las rutas sur y norte de la carretera
Panamericana (Animas - Nuquí y Tapón del Darién); la instalación de centros
de abastecimiento de combustibles y construcción de ciudadelas industriales
en la desembocadura del Río san Juan (Bahía Málaga); la construcción de
microcentrales hidroeléctricas en Juradó y Mutatá; la adecuación de esteros
y el proyecto de construcción del Canal Interoceánico Atrato - Truandó.
(Datos de "Lo que queremos y pensamos hacer en nuestro territorio"
publicación reciente de la Orewá).

Las múltiples violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internaciona
Humanitario, DIH, en los últimos años, encuentran su origen en estos planes
de inversión que dan pie a la disputa por el territorio; los grupos
paramilitares han sido los que más víctimas de asesinatos, masacres y
desplazamientos ha causado en el Chocó, comenzando su incursión de manera
evidente a finales de 1996 con los bombardeos perpetrados contra la
población de Riosucio en operativo realizado de manera conjunta con el
Ejército colombiano, según testimonios de los pobladores.

En la actualidad esta problemática ha empeorado, extendiéndose a casi la
totalidad del departamento; en la presente edición presentamos algunos
aspectos de esta situación a partir de testimonios e informes de las
comunidades organizadas.



INFORME ESPECIAL: CHOCÓ
Antetítulo: Las comunidades negras
Título: Titulación vs. desalojo

Uno de los elementos de persecución a líderes de comunidades negras y el
acoso a sus comunidades ha sido el proceso de titulación colectiva del
territorio. Por ejemplo, en la zona del Alto Baudó, el 23 de mayo de este
año fueron entregadas de 174.000 hectáreas del título colectivo para un
total de 240.000 hectáreas legalmente tituladas para las comunidades
negras; pero así mismo se ha agudizado el desalojo de la región: este año
hubo desplazamientos de la Vereda La Playita, Pie de Pató, Puerto Martínez,
Cocalito, Amparradó, Marea y Apartadó, luego de que personas armadas que se
identificaron como pertenecientes a las AUC obligaran a los habitantes de
esa región a asistir a una reunión el 4 de junio, en la que les exigieron
el inmediato desalojo de esa región.

Cerca de 2.000 pobladores se desplazaron hacia Quibdó, Istmina y hacia el
lugar llamado "La Punta", en la Carretera Panamericana

Igual situación se ha dado en la zona del río Juguamiandó, en el bajo
Atrato antioqueño, desde que la población está siendo atacada y hostigada
por grupos paramilitares que en diversas incursiones dejaron varias víctimas.

Como lo plantea la Diócesis de Quibdó e Istmina - Tadó, "este tipo de
acciones sólo es posible realizarlas porque los grupos paramilitares en los
centros urbanos de Quibdó, Istmina, Bahía Solano y Buenaventura, gozan
desde hace varios años de plena libertad para asegurar sus fuentes de
financiación y logísticas, facilitadas en muchas ocasiones por la omisión,
permisividad y connivencia de algunas instituciones del Estado Colombiano,
permitiéndoles organizar y desarrollar sus operaciones en la total
impunidad". (Comunicado a la Opinión Pública del 10 de junio de 2001).

Nebaldo Perea, de la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA,
comenta que "en el Medio Atrato, región donde ellos desarrollan su labor,
jóvenes campesinos han sido reclutados a la fuerza; durante meses los
pobladores de esta sector del río tenían que sufrir retenes de grupos
paramilitares que los requisaban y no les dejaban pasar alimentos ni sal;
ahora siguen los retenes pero de las FARC, quienes quitan comida y
gasolina, además de afectar la libre movilidad". Hay zonas que ya están
minadas y aunque en el momento no hay presencia paramilitar desde los
enfrentamientos con las FARC, acechan la zona desde Jiguamiando y Murindó.

El conflicto armado hace posible la vulneración de los derechos y el
desplazamiento ha sido uno de los más dolorosos. "Todo ha cambiado, ya
nadie caza ni sale de noche; el Ejército tiene el control solo en el
perímetro urbano de Quibdó. Nuestros programas de tiendas comunitarias han
permitido sostener en el aspecto alimentario a las comunidades, pero la
fuerza pública dice que eso va es para la guerrilla".

Comunidades desplazadas del Medio Atrato, de la zona llamada la X y
Munguirrí, están en Quibdó y son aproximadamente 60 familias; otros son los
desplazamientos internos de Arquía. Nebardo comenta que "el Estado no se
fija en los desplazamientos internos, pero igual la gente deja su
territorio; hay aproximadamente 40 familias en el monte y riberas de los
ríos. El Estado no les ha dado nada; solo han recibido la ayuda de la ACIA
y la Diócesis de Quibdó. Se han hecho siete retornos y la red ha apoyado
muy poco, en algo de combustible y no más. Tampoco esta respondiendo con la
ayuda humanitaria que dice la Ley 387".

La situación de los desplazados asentados en el Coliseo de Quibdó no es
menos angustiante y se ve recrudecida por los cinco años que ya llevan
allí, exigiendo el cumplimiento del Estado en la protección de sus derechos.

Ya la mayoría no piensa en retornar. En el coliseo quedan 232 familias, las
otras están en Villa España, asentamiento construido con recursos de la
Cruz Roja Española y en el barrio la Cascorva. Las condiciones en el
coliseo son sumamente precarias y se generan enfermedades por las
inadecuadas instalaciones para efectos de un albergue; hace dos meses
presentaron una serie de tutelas reclamando sus derechos fundamentales y
hasta el momento están esperando que el Gobierno cumpla.

En la Cascorva hay 38 familias con 140 niños; un 15% no están en el colegio
porque no les dieron cupo. En cuanto a lo estipulado en la Ley 387 sobre
proyectos productivos, no se ha cumplido, ya que los pocos intentos fueron
apoyados por la Diócesis y agencias de cooperación internacional. La gente
vive de trabajos ocasionales, rebusque, venta de pescado, plátano, yuca.
Como ya no hay la ayuda humanitaria de emergencia en materia alimentaria,
el Plan Mundial de Alimentación de la ONU, en compañía con el Bienestar
Familiar, da un complemento alimenticio que ha evitado una mayor
desnutrición de los niños y niñas.

Se sienten muy desatendidos por parte del Gobierno; el comité
interinstitucional para desplazados no les informa oportunamente de
reuniones ni circula información necesaria para su bienestar; "les han
dicho a conocidos nuestros que ellos (los funcionarios) no quieren ni ver a
los líderes" dice Doña Susana, quien desde el comienzo ha sido parte del
grupo que lidera el proceso organizativo de los desplazados.

Esta situación ha sido el reflejo de las políticas estatales con respecto a
los desplazados y el trato tradicional de las instituciones hacia la gente
humilde del Chocó: dejarlos a su suerte, dilatar las soluciones y
empantanar los recursos en el velo espeso de la corrupción, uno de los
principales problemas del departamento.


RECUADRO
Vocero de los desplazados en el Coliseo de Quibdó
Llegamos hace cinco años y desde entonces no ha pasado nada. A las
entidades se les ha dado que si no es con un manejo la gente no puede
sobrevivir y a mí me parece que eso es falso, que es inaudito, porque en
ningún momento van a aceptar que se les vaya a manejar un dinero para
sobrevivir y nosotros tampoco podemos aceptar eso. Y la plata que llega,
dicen tome lo suyo, y a los pendejos que se los lleve el diablo. Ellos
quieren que uno trabaje en las áreas que ellos quieren y no en lo que uno
sabe trabajar y a la gente la ponen a trabajar es como esclavos de ellos.


RECUADRO
ELEUTERIO MOSQUERA BLANDÓN
Representante de la comunidad de Mesopotamia, ex desplazados

Desde que retornamos, nuestros derechos no han sido violados más, de pronto
llegaron ahí cinco personas armadas, inmediatamente los reprendí, yo me les
identifiqué porque no le tengo miedo a nadie porque no tengo compromiso con
ninguno. Les dije que por reglamento debían dejar sus armas en la canoa y
volver con ropa de civil y que de lo contrario no hablábamos nada porque
somos una comunidad de paz. Eso fue a principios del año, eran de las FARC,
se regresaron, dejaron sin armas y se quedó uno armado en la canoa. La
gente con tembladera, hubo algunos que no salieron de su casa, uno necesita
tener coraje. Dijeron que conocían el reglamento pero que ellos podían
entrar a cualquier territorio porque el territorio era colombiano y ellos
también eran colombianos. Les dijimos que si de pronto iban a hacer un
aposento por aquí cercano no se los podemos impedir, pueden acampar a una
distancia que no nos perjudique. Se echaron a reír, caminaron el pueblo de
aquí para allá manivacíos y cuando oímos fue el motor que arrancó y se
fueron. Simplemente como por montarle pánico a uno.
El retorno fue el 13 de marzo de 2000. Estamos cultivando, plátano, yuca,
arroz. Vamos a la isla, cogemos su pescado, intercambiamos producto,
sembramos maíz, arroz, yuca y antes del desplazamiento, se metió un
proyecto por la Red de Solidaridad y hace dos meses nos llegó el primer
desembolso y estamos en capacidad de empezar a arrancar, y el plátano que
está produciendo fue con ayuda de la CRS, que nos compró la semilla para
sembrar media hectárea por cada una de las 28 familias y en este momento
habemos 25 familias.


INFORME ESPECIAL: CHOCÓ
Antetítulo: Las comunidades indígenas
Título: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía

Orewá es un proceso organizativo, que parte del principio de unidad en la
diversidad. Reconoce las diferencias étnicas y culturales que existen entre
los pueblos Embera, Katío, Chamí, Wounaan y Tule y sus principios son de
Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, por lo que sus lineamientos
básicos de trabajo son el fortalecimiento cultural y organizativo,
autoridad y gobierno propios para la consolidación de la autonomía, lucha
por el territorio, preservación y conservación de los recursos naturales,
fortalecimiento del sistema tradicional de producción, ordenamiento
territorial interno, la participación como eje dinamizador de la
organización y de las relaciones con el Estado y la Sociedad Nacional.

Para estas comunidades, que se extienden a todo lo largo del territorio
chocoano, el desarrollo se relaciona con términos como "ombligar" la
cultura en el presente para construir el futuro, o es propender por la
"jovenciada" permanente de la cultura o inaugurar "tambos" y hacer "mingas"
donde todos sean igualmente importantes.

Su riqueza cultural, su identidad, su relación integral y ecológica con el
territorio, están amenazados. Desde hace algunos años, estas comunidades
vienen siendo expulsadas por efectos del conflicto armado y del interés
sobre las riquezas bioenergéticas y mineras que sectores poderosos ostentan
sobre ellos.

El 13 de septiembre de este año, realizaron un informe que presentaron a
diversas instituciones estatales y ONG de derechos humanos, del cual
publicamos apartes, ya que refleja la angustiante situación por la que
atraviesan comunidades que han resistido de manera heroica la colonización
la aculturación y el despojo de sus medios de vida y que, en las actuales
circunstancias, requieren de toda la solidaridad para continuar encarnando
el derecho a la diferencia como etnia y como cultura.

"Desde hace muchos años nuestras comunidades vienen siendo atropelladas por
los grupos armados y por la falta de una política clara de parte del Estado
Colombiano, para garantizar los derechos de nuestros pueblos; es así como
podemos constatar que en los últimos 3 años, han sido asesinados 34
indígenas de los cuales no se tienen resultados de las investigaciones que
se han adelantado, ni mucho menos responsables de los mismos.

"Igualmente, el Desplazamiento ha sido una constante, para nuestros
pueblos; en los últimos 4 años se han desplazado las siguientes comunidades.

"Zona Carretera Quibdo-Medellín: Junio de 1998. Se desplazaron 305 personas
pertenecientes a la comunidad de Sabaleta, a la cabecera municipal del
Carmen de Atrato, debido a las amenazas que les hicieran los grupos
paramilitares: " de que abandonaran su comunidad sino los matarían por ser
colaboradores de la guerrilla".

"Durante el desplazamiento, fueron asesinados dos jóvenes de esta
comunidad, por parte de los grupos paramilitares, mientras esperaban los
buses escalera que los estaba transportando hacia el Carmen de Atrato.

"Este desplazamiento duró 6 meses, pues en Diciembre de 1998, la Orewá y el
Cabildo Indígena de Sabaleta definieron a partir de su posición de
Autonomía, que no van a abandonar sus territorios y que por lo tanto debían
retornar nuevamente a su comunidad.

"Zona Juradó: Agosto 8 de 1999. Se desplazaron 165 personas, 26 familias de
las comunidades de Guayabal y Aguacaliente del río Partadó del Municipio de
Juradó. La razón del desplazamiento fue el asesinato de dos líderes
indígenas de parte de los grupos paramilitares: Porfirio Chajito,
Secretario del Cabildo Mayor Indígena de la zona de Juradó; Argemiro
Chajito, Gobernador Indígena de Agucaliente, y un menor de 5 años, Alonso
Chajito, hijo de Porfirio Chajito. Después de estos asesinatos los
paramilitares amenazaron a la comunidades: 'que debían abandonar sus
comunidades o sino los iban a matar a todos'.

"Esta población se desplazó a la cabecera municipal de Juradó. El período
de este desplazamiento duró 1 año y nueve meses. El Estado no hizo
presencia en la zona, para atender a la población. La Red de Solidaridad
hizo en el año y 9 meses que duró el desplazamiento 3 entregas de mercado.

"Zona Carretera Quibdo-Medellín. Septiembre 19 de 2000. Se desplazaron de
la comunidad de Motordó, de la comunidad del 21 y de la comunidad del 90,
216 personas, debido al asesinato del indígena Andrés Dumaza, duraron 1 mes
en las instalaciones de la catedral y luego por iniciativa de la Orewá se
trasladaron a la comunidad indígena del 20 en una propuesta de atención al
desplazamiento indígena denominada Dearade, casa para todos.

"En la actualidad se están construyendo los 6 tambos indígenas que servirán
para recibir a la población indígena que se desplace por la violencia. En
la actualidad estas comunidades no han sido suficientemente atendidas de
conformidad con la Ley 387 de 1997. Igualmente tenemos en la actualidad 60
indígenas, que retornan de Urrao, Antioquia, de la comunidad indígena de
Abejero, así como 50 indígenas de la comunidad de Parecito que se
encuentran en el municipio de Cértegui.

"En lo que va transcurrido de este año, llevamos 4 indígenas asesinados. De
igual forma se presentan casos graves en Lloró, Tadó y Certeguí".


RECUADRO
MARCO TULIO BAUDADE
Comunidad de Zabaleta, carretera Medellín-Quibdó

Estamos amenazados por todos los actores armados: ahora están el ELN y el
ERG (Ejército Revolucionario Guevarista), ellos entran a la casa de uno y
eso es un peligro y al decirles que no entren a la casa de nosotros, dicen
que uno está torcido, que uno no quiere a ellos. Yo les dije que como ellos
dicen que están luchando por el pueblo, ellos están es destruyendo al
pueblo, entonces el comandante dijo que iban a hacer asamblea para evaluar
y mirar qué hacer sobre lo que les dije. El ERG son como 40, y las FARC han
pasado pero se retiraron de la zona. Donde había una base paramilitar,
ahora es base de los elenos, que le dieron de baja a los paramilitares y se
retiraron y hubo también un indígena muerto porque los enfrentamientos
fueron cerca a los indígenas y lo mataron porque lo acusaron de no haber
avisado de la presencia de la guerrilla. Eso fue en septiembre de 2000. Hay
retenes del Ejército y de los elenos, y la gente tiene que viajar casi
todos los días por cuestiones de salud u otra emergencia. El Ejército dice
que si uno lleva más de $100 mil en alimentos ya no los deja pasar, dicen
que es por seguridad.
Hemos hablado de la autonomía y de la justicia indígena y por eso nos
respetan, aunque eso mismo nos trae amenazas. Hemos hablado de neutralidad,
de que los pelados no se vayan para la guerra, pero en algunas comunidades
se están yendo, pues donde ellos ven más a los jóvenes, mandan a las
muchachas para que las muchachas empiecen a hablar con ellos, y donde hay
muchachas meten a jóvenes, ya lo tenemos pillado todo. Así se los están
llevando.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 325
Noviembre 28 a diciembre 12 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S. J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, Angélica
Vásquez, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, Clemencia Rueda, CEPECS

COLABORACIÓN
Néstor Iván Moreno
Úrsula Mendoza

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos "Alguien"

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
Dana Pérez
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

ADMINISTRACIÓN
Fundación CEPECS
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Tels. 244 0270 - 269 6152 - 571 5675
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   E-mail cepecs@...

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Los artículos de los colaboradores son responsabilidad de sus autores y no
comprometen la posición editorial de Actualidad Colombiana.


CONTENIDO

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Una nueva esperanza
Acápite: Después de más de tres meses de suspendidos y rotos los diálogos
entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno que los había
declarado rotos el 7 de agosto, se reabre la esperanza a partir del acuerdo
firmado por las partes en la Habana, Cuba, que contó con la presencia del
grupo de países amigos del proceso.

Sección: Derechos Humanos
Título: Angustiosa situación de las mujeres y las niñas por la violencia
Acápite: La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra
la Mujer, Radhika Coomaraswamy, estuvo en Colombia desde el 31 de octubre
hasta el 7 de noviembre. La Relatora Especial vino invitada por el Gobierno
colombiano a recopilar información sobre la situación de violencia contra
las mujeres, en el contexto del conflicto armado interno.

Sección: Derechos humanos
Título: Desplazados ocupan Defensoría del Pueblo

Sección: Cultura
Título: El rock, combustible para mentes jóvenes



Sección: Paz y conflicto armado
Título: Una nueva esperanza

Después de más de tres meses de suspendidos y rotos los diálogos entre el
Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno que los había declarado
rotos el 7 de agosto, se reabre la esperanza a partir del acuerdo firmado
por las partes en la Habana, Cuba, que contó con la presencia del grupo de
países amigos del proceso.

Esta nueva esperanza es resultado de diversos acontecimientos, hechos y
gestiones de buena voluntad para darle continuidad y aliento a un proceso
de paz que por el tono de las partes, una vez fue suspendido, pareciera
haber quedado aplazado hasta el próximo gobierno.

Acontecimientos como los del 11 de septiembre en Estados Unidos y la
posterior cruzada antiterrorista, sumada a la inclusión unilateral del ELN
como grupo terrorista, al lado de las AUC y las FARC, se constituyeron en
señales de alarma para las partes en el sentido que era necesario mantener
abiertas las puertas del diálogo y la negociación como una forma de
disminuir la posibilidad de acciones unilaterales de la comunidad
internacional frente a la situación colombiana.

Igualmente, el hecho de contar con una activa participación de la sociedad
civil y la comunidad internacional, es decir de tener un esquema más
abierto e integral, que el esquema bilateral establecido con las FARC,
terminó por rendir sus frutos. El cabildeo de la comisión de facilitación,
de la comisión de conciliación, de los diversos sectores que se han reunido
con el ELN, desde la pasada administración gubernamental de Samper,
expresan que el proceso cuenta con un importante capital político y social,
que rebasa las partes y se sobrepone a los acontecimientos y vicisitudes
típicos de una negociación y sus respectivos cálculos políticos,
denominados eufemísticamente falta de voluntad política.

En esa misma dirección actuó de manera positiva el grupo de países amigos
del proceso, mediante una presión de bajo perfil y gestiones de buena
voluntad, señalándoles a las partes la necesidad del camino del diálogo y
la dificultad que representa para sus países y la comunidad internacional
contribuir a la paz y el desarrollo con un proceso de diálogo suspendido y
roto.

También a este restablecimiento contribuyeron las reuniones que los
representantes a la Cámara Antonio Navarro, Benjamín Higuita y Luis
Fernando Velasco mantuvieron con el ELN, quienes auscultaron la voluntad de
esa organización guerrillera de volver a la mesa.

Por último, el proceso de diálogos regionales con carácter humanitario que
el frente Carlos Alirio Buitrago estableció con los alcaldes del oriente
antioqueño, el cual cuenta con el apoyo del obispo de la región y los más
diversos sectores del departamento -tal vez uno de los más golpeados por la
violencia y la guerra- dan cuenta de la fuerza que tienen las regiones, sus
comunidades y autoridades locales cuando deciden tener una actitud más
proactiva frente a los actores armados y al tema de la paz o la guerra en
nuestra nación. Sin embargo, una vez más en este proceso regional para
acuerdos humanitarios, develan dos problemas estructurales de la
negociación con la insurgencia: de un lado, el gobierno nacional, que
además de llegar tarde a estos proceso regionales, deja claro el excesivo
centralismo con el que concibe la negociación, y, de otro lado, el
paramilitarismo que al secuestrar a los alcaldes de esta región, una vez
más intenta sabotear cualquier intento de diálogo y negociación bajo el
argumento de defensa del establecimiento y las instituciones.

EL ACUERDO Y LA AGENDA DE TRANSICIÓN
Tras varias reuniones entre el equipo de negociación del gobierno nacional
y los representantes del Comando Central del ELN en Cuba, se dio a conocer
el documento de siete puntos denominado "Acuerdo por Colombia ".

Este acuerdo busca establecer solución de continuidad entre los acumulados
en materia de negociación entre esta administración y la que salga elegida
en el próximo debate electoral presidencial. Lo anterior con la finalidad
de sentar las bases de una política de paz de Estado que involucre de
manera integral, amplia y participativa a la sociedad civil y la comunidad
internacional para establecer condiciones de permanencia, durabilidad y
sostenibilidad en el proceso de paz.

Por lo anterior, gran parte de los puntos del acuerdo de la Habana se
refieren a una agenda de transición temática y de eventos que sentarían las
bases de los principales puntos y ejes de discusión sobre los cuales
discutiría la Convención Nacional, evento político y social sobe el cual el
ELN sigue insistiendo como instancia central en la negociación. En este
sentido, y como prolegómenos de la Convencional Nacional, se inscriben la
Cumbre por la Paz (punto 5 del acuerdo) y los encuentros temáticos y
especializados acordados en los puntos 2, 3, 4 y 6 del acuerdo.

Cabe destacar que los foros temáticos que se realizarán en el exterior
deben ser una excelente oportunidad para medir la real voluntad política y
de recursos que tiene la comunidad internacional sobre el proceso de paz en
Colombia, especialmente tras los cambios en materia de las relaciones
internacionales y los intereses geopolíticos desatados tras los
acontecimientos del 11 de septiembre.

También cabe destacar que el punto 7 de los acuerdos se constituye en el
reconocimiento de la necesidad e importancia que tiene la articulación
entre las dinámicas nacionales y regionales de paz y guerra, que hasta el
momento en el plano formal eran desconocidas por las partes, pero que a
diario y por doquier se venían dando desde los hechos por toda la geografía
nacional.

Por último, sería una grave equivocación que esta agenda de transición,
donde quedan aplazados puntos que fueron anteriormente motivo de ruptura,
como la zona de despeje por oposición al dialogo en el exterior y los
alcances de la Convención Nacional, sean interpretados como una señal de
debilidad del ELN y su consecuente afán de negociación. Este nuevo aire
debe interpretarse como la capacidad de buscar caminos diferentes y sortear
en el momento oportuno aspectos que se constituyen en una traba en el proceso.


RECUADRO

El siguiente es el texto del "Acuerdo por Colombia", suscrito entre el
Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

La Habana, 24 de noviembre de 2001

El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reunidos en
La Habana, Cuba teniendo en cuenta la voluntad que nos asiste para buscar
una salida política al conflicto que azota al país y en presencia de los
representantes del Grupo de Países Amigos, hemos acordado:

1. Reiniciar formalmente el proceso de diálogo mediante una agenda de
transición hasta la terminación del actual gobierno.

2. Estimular la realización de encuentros entre las partes y los distintos
sectores de la sociedad.

3. Propiciar encuentros entre las partes y los candidatos presidenciales
con el propósito de fortalecer la paz como una política de Estado y
garantizar la continuidad de la ejecución de la agenda de transición.

4. Realizar foros temáticos en el exterior, para propiciar iniciativas y
propuestas en temas específicos que son del interés nacional, tales como el
Derecho Internacional Humanitario, los recursos energéticos, y otros que
serán decididos de común acuerdo entre las partes. Las conclusiones de
dichos foros permitirán adelantar ideas y propuestas para la realización de
la Convención Nacional en un próximo gobierno. En la siguiente reunión
estableceremos el cronograma de trabajo.

5. Impulsar la celebración de una "Cumbre por la Paz" con la participación
de diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional para hacer
una evaluación de los alcances, aciertos y obstáculos que ha enfrentado el
proceso de diálogo adelantado por el ELN y el Gobierno Nacional.

6. Realizar rondas de trabajo entre los voceros de las partes en las que
abordaremos los siguientes temas:
i. Cese de fuegos y las hostilidades.
ii. Medidas para la reducción del conflicto.
iii. Problemas del sector energético.
iv. Análisis de las conclusiones obtenidas en los foros realizados.

La primera ronda se llevará a cabo el próximo 12 de Diciembre en la ciudad
de la Habana.

7. Establecer un mecanismo para que las iniciativas regionales de paz sean
estudiadas por los voceros de las partes, quienes se encargarán de
dirigirlas y articularlas con la política de paz del Gobierno Nacional y
del Comando Central del ELN.

Agradecemos al Estado y al Gobierno de la hermana República de Cuba, por
habernos brindado las garantías, hospitalidad y facilidades para nuestro
encuentro. Igualmente agradecemos al grupo de países amigos y a la Comisión
de Facilitación Civil por su empeño para sacar adelante este proceso.

Por el Gobierno Nacional             Por el Ejército de Liberación
Nacional, ELN

Camilo Gómez Alzate. 	 Ramiro Vargas
Julio Londoño Paredes. 	 Oscar Santos.
	 Milton Hernández.




Sección: Derechos Humanos
Título: Angustiosa situación de las mujeres y las niñas por la violencia
Acápite: La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra
la Mujer, Radhika Coomaraswamy, estuvo en Colombia desde el 31 de octubre
hasta el 7 de noviembre. La Relatora Especial vino invitada por el Gobierno
colombiano a recopilar información sobre la situación de violencia contra
las mujeres, en el contexto del conflicto armado interno.

Por Mesa de Trabajo sobre Mujer y Conflicto Armado

Muchas de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres no se ven,
no se denuncian y, por consiguiente, no se conocen. En el contexto de una
cultura que discrimina y subordina a las mujeres y las niñas y de una
situación de violencia tan generalizada, la violencia contra las mujeres
termina convirtiéndose en un asunto secundario.

En el marco de la violencia sociopolítica , mujeres y niñas son víctimas de
violaciones a sus derechos humanos por vivir en zonas de conflicto, por
tener relaciones afectivas o familiares con algún actor armado, por ser
líderes comunitarias, por trabajar a favor de las víctimas, porque son
obligadas a albergar o a alimentar a los actores armados, o por otras
razones relacionadas con su condición de mujeres.

La suma de las mujeres, los niños y las niñas desplazados en Colombia, se
acerca al 74% de la población desplazada . Se calcula, además, que un 65%
de los refugiados  en zonas de frontera con Ecuador, Venezuela y Panamá son
también mujeres, niños y niñas. El desplazamiento forzado rompe el tejido
social, despoja a los hombres y mujeres desplazados de su identidad, de su
familia, de su comunidad, de sus vínculos de afecto y de sus medios de
vida. Las mujeres son quienes asumen la responsabilidad de la supervivencia
física de la familia y enfrentan la tarea de construir una nueva identidad
social en un medio urbano desconocido y hostil:

"Estamos muertas en vida. Estar muerta en vida es no poder tirarse uno a su
río, es no poder montar uno en su canoa, no poder coger el animal que uno
crió. El Pacífico era un paraíso, pero en este momento es un mar de llanto.
Eso que está pasando no es de nosotros, no es de nuestra cultura. Nosotras
somos gente alegre, sin embargo el proceso de organizarnos ya no es
alegría", dijo una mujer afrocolombiana del Pacífico.

La violencia sociopolítica amenaza también las organizaciones de mujeres
campesinas, indígenas y afrocolombianas en todo el país. Estas mujeres son
perseguidas por el trabajo que realizan para mejorar las condiciones de
vida de sus comunidades. Esta forma de violencia contra las mujeres y sus
organizaciones, no solamente ha causado la pérdida de vidas humanas por los
asesinatos de muchas líderes mujeres, también está rompiendo procesos
sociales de participación y empoderamiento femenino.

La lógica de la guerra afecta especialmente a niñas y niños que continúan
siendo reclutados por parte de las guerrillas, los grupos paramilitares,
las milicias urbanas, en contra de lo dispuesto en la Convención sobre los
Derechos del Niño. Según la Unicef, se estima que unos 6.000 niños y niñas
participan en las filas de alguno de estos grupos. A esto se añade la
presión de las pandillas urbanas sobre niñas y niños de los barrios
populares. Según datos de Save the Children UK, se calcula que, sólo en
Medellín, hay entre 9 y 10 mil niños y niñas que forman parte de las pandillas.

Hay testimonios de niñas desvinculadas de algunos grupos armados que
indican que fueron objeto de diversos tipos de violencia en razón de su
género: violaciones, acoso sexual por parte de superiores jerárquicos,
prácticas de anticoncepción y aborto forzado. De otro lado, presenciar y
participar en hechos violentos, implica para las niñas traumas emocionales
profundos, poco valorados entre los costos de la guerra. El Estado no tiene
una política integral para prevenir la vinculación de niñas y niños a
grupos armados, ni para atender adecuadamente con una perspectiva
diferenciada por género, su problemática, como víctimas -que son- del
conflicto armado. Además, los actores armados no cumplen en esta materia
con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

La violencia sexual como crimen de guerra contra mujeres, jóvenes y niñas
por parte de miembros de la fuerza pública, grupos paramilitares y grupos
guerrilleros, es una realidad que aún no ha sido suficientemente
investigada y documentada. Las mujeres víctimas de violencia sexual se ven
obligadas a ocultar su drama por diversas razones, entre las cuales están
el miedo, las amenazas de muerte proferidas por los actores armados que
cometen la violación y la falta de funcionarios competentes, con la
preparación necesaria para atender estos casos.

La Relatora Especial, quien recopiló esta información en el curso de su
visita, desempeña sus funciones en el marco de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, en particular la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y reporta
a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Su mandato
consiste en solicitar y recibir información sobre la violencia contra la
mujer, sus causas y sus consecuencias; recomendar disposiciones y medios
aplicables en los planos nacional, regional e internacional para eliminar
la violencia contra la mujer y sus causas, y para remediar sus consecuencias.

Al culminar su visita, la Relatora Especial expresó su preocupación por los
altísimos niveles de impunidad frente a las violaciones a los derechos
humanos en Colombia; en especial se refirió a la impunidad en los casos de
violencia sexual contra las mujeres. La Relatora sostuvo que la violación y
la esclavitud sexual son prácticas generalizadas en el conflicto armado
colombiano. La mayor parte de los testimonios que recibió en su visita
señalan a los paramilitares y a las pandillas urbanas como los mayores
responsables de la violación de mujeres; también recibió evidencia de abuso
y violación por parte de los grupos guerrilleros y las Fuerzas Armadas.
Frente a esta realidad, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía indica
que no ha habido ningún caso que haya sido objeto de juicio.

"He recibido testimonios de numerosas mujeres, todos ellos plenamente
creíbles; testimonios de violaciones y violencia sexual de niñas, incluso,
de 5 años de edad; también sabemos que en algunas masacres, numerosas
mujeres muertas, con frecuencia son violadas antes de ser asesinadas; sin
embargo, en el departamento de policía únicamente están registradas
estadísticamente como homicidios. Tenemos testigos presenciales de
violaciones que han tenido lugar en las masacres de los últimos meses,
también tenemos testimonios de mujeres que han sido tomadas como esclavas
sexuales; han sido llevadas a granjas, han sido violadas en repetidas veces
y se les ha obligado a hacer tareas domésticas para los actores armados,
como cocinar y otros", según afirmó la Relatora en rueda de prensa ofrecida
en Bogotá.

La Relatora Especial, luego de visitar un asentamiento de población
desplazada interna en Cartagena y hablar con varias mujeres desplazadas,
manifestó su preocupación por las condiciones precarias en las que viven, y
sostuvo que la mayoría de la asistencia prestada a dicha población es
inadecuada. Instó al gobierno y a los organismos donantes a elaborar un
programa global de asistencia integral para los y las desplazadas internos,
que brinde una importancia particular a las necesidades de las mujeres
cabeza de familia, e incluya los servicios necesarios para las mujeres,
tales como salud sexual y reproductiva, apoyo psicológico y asistencia
alimentaria sobre la base de sus necesidades. La Relatora manifestó la
importancia de la participación de las mujeres desplazadas en la toma de
decisiones sobre los programas y políticas de atención a la población
desplazada.

Sobre la situación de las mujeres combatientes y las niñas soldados, la
Relatora Especial sostuvo que de las aproximadamente 2.500 niñas vinculadas
a los grupos armados en Colombia, la mayoría se integra para huir de la
violencia en sus hogares. La Relatora dijo tener testimonios de niñas ex
combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que
le permiten afirmar que contra ellas se cometen abuso sexual, control
forzado de la reproducción, anticoncepción forzada, abortos forzados; todas
estas prácticas constituyen una clara violación de sus derechos.

Sobre la incorporación a la vida civil de las mujeres y niñas combatientes,
la Relatora dijo que es necesario establecer un programa especial para las
mujeres combatientes encaminado a apoyar los procesos de resignificación de
sus proyectos de vida y de plena incorporación a la vida social, política,
económica y cultural del país.

Por último, la Relatora insistió en la necesidad de lograr acuerdos en
materia de derechos humanos y de derecho humanitario entre las partes en
conflicto, y resaltó la importancia de la participación de las mujeres en
los acuerdos y las negociaciones de paz.

"En el mundo entero, ya sea en Irlanda del Norte, en Burundi o en Somalia,
las mujeres cada vez más participan en la mesa de negociaciones como
miembros de los grupos guerrilleros, de los gobiernos, y de la sociedad
civil. Es muy importante que en Colombia el proceso de paz y todos los que
en él están involucrados, pidan a las mujeres un lugar de conformidad con
la resolución del Consejo de Seguridad del año pasado, en la que se pedía a
los gobiernos y a los negociadores que hicieran participar a las mujeres en
el proceso de paz", concluyó la Relatora.

Las declaraciones de la Relatora son una voz de alerta que, por una parte,
demanda la responsabilidad del Estado colombiano como garante de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas de este país y, por otra, exige
de los actores armados un comportamiento acorde con el Derecho
Internacional Humanitario.

Es de esperar que sus afirmaciones logren sensibilizar a la sociedad
colombiana frente a estas formas de violencia, fortalecer en las mujeres
afectadas una clara conciencia de sus derechos y contribuir a la
construcción de propuestas desde las mujeres, en favor de una paz
fundamentada en el respeto por los derechos humanos.


DESTACADOS
"Estamos muertas en vida. Estar muerta en vida es no poder tirarse uno a su
río, es no poder montar uno en su canoa, no poder coger el animal que uno
crió. El Pacífico era un paraíso, pero en este momento es un mar de llanto.
Eso que está pasando no es de nosotros, no es de nuestra cultura. Nosotras
somos gente alegre, sin embargo el proceso de organizarnos ya no es alegría"



Sección: Derechos humanos
Título: Desplazados ocupan Defensoría del Pueblo

Cuando los medios de comunicación dejan de publicar noticias sobre los
desplazados o cuando la cotidianidad de nuestras labores sigue con su peso
inércico sobre los días, se nos olvida que grandes grupos de personas han
tenido que abandonar sus tierras y sus actividades normales porque les han
declarado la guerra y ellos, inermes, desarmados, han tenido que salir a la
fuerza en la búsqueda de un futuro incierto.

Son los desplazados que desde hace meses o años buscan que el Estado
colombiano los proteja y les brinde garantías para una vida digna. Aunque
por momentos se vuelvan invisibles, ellos viven la zozobra y el desarraigo
y se enfrentan a la búsqueda diaria de algo que les permita vivir.

Recuerdan haber participado en múltiples reuniones y mesas de concertación
con el Estado y ONG, han escuchado todas las propuestas y en todas han
albergado esperanzas y firmado acuerdos sin precedentes en procesos de
concertación, y sin embargo el abandono real frente a sus necesidades y
derechos ya les genera desconfianza, apatía y desesperanza.

Con la certeza de quien no tiene nada que perder, han decidido emprender
acciones de hecho, como el ingreso pacífico a las instalaciones de la
Defensoría del Pueblo en Bogotá, la Red de Solidaridad Social en Medellín y
la Alcaldía de Bucaramanga, como un nuevo intento para llamar la atención
del Estado y la opinión pública sobre la gravedad de la situación.

"Venimos del Sur de Bolívar, del Valle del Cimitarra, del Magdalena Medio,
de Barranca, Bucaramanga, Antioquia y Tolima. Las ocupaciones las hicimos
luego de acordarlas en reuniones nacionales de desplazados. En las de
Bucaramanga y Medellín hubo víctimas. Aquí en Bogotá el viernes 16 a las 4
de la ma;ana llegó la fuerza pública con la autorización de la Alcaldesa de
Chapinero, Claudia María Monsalve, con la anuencia del Dr. Daniel Medina,
de la Defensoría del Pueblo, diciéndonos que nos iban a llevar a un
albergue y nos llevaron a un potrero y a otros sitios de la ciudad y allí
nos dejaron.

La ocupación de la Defensoría del Pueblo en Bogotá fue el 6 de noviembre a
las 3:30 de la tarde, conjuntamente con sendas ocupaciones en Cartagena,
Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Hay 80 personas entre niños y
mujeres. La mayoría llegaron a Bogotá hace más o menos un mes, pero entre
ellos hay desplazados desde hace dos o tres años.

Los que salimos desplazados de zonas como el Magdalena medio y sur de
Bolivar no pudimos quedarnos en Barranca porque los paramilitares tienen el
dominio allá y controlan quién entra y quién sale. Hay personas amenazadas
escondidas en la misma ciudad que no pueden salir porque las masacran",
comentó uno de los líderes de la ocupación.

El 7 de noviembre, las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron con
gases lacrimógenos y tanquetas antimotines a 500 desplazados, en su mayoría
mujeres y niños, de la sede de la Red de Solidaridad de Medellín, dejando
como saldo dos menores muertos y en la calle a 600 desplazados que se
habían ubicado en las afueras de la Alcaldía de Bucaramanga, hechos de los
que quedan siete detenidos.

"Los acuerdos firmados con los desplazados no se cumplen. Estamos peleando
nacionalmente por la situación de los desplazados, para que los recursos
que son para nosotros de verdad lleguen. Estamos exigiendo que los
bombardeos del Plan Colombia cesen, que los paramilitares no hagan más
bloqueos a los alimentos, retorno con garantías, proyectos de autogestión
efectivos, vivienda, salud y educación".

"Pedimos a la comunidad internacional y las ONG de derechos humanos que
presten atención a los desplazamientos y a la situación de la gente, que se
metan dentro del cuento y hagan una labor humanitaria de verdad imparcial".

La situación es paradójica en el sentido de que las autoridades plantean
que no negocian bajo presión o que "deben desalojar y luego se nombrarán
comisiones para estudiar posibles salidas", en tanto los desplazados
plantean que si no recurren a estos hechos no serán escuchados y el Estado
seguirá reiterando los incumplimientos.

Se requiere, entonces, restablecer caminos de diálogo y mediación para
generar espacios de concertación y llegar a acuerdos viables que respeten
la integridad y el derecho a la protesta de estas comunidades. El Estado
debe asumir la atención integral real a los desplazados y trazar políticas
efectivas sobre la materia, ya que así se quiera mostrar que se están
haciendo eficaces acciones humanitarias, el problema sigue latente.





Sección: Cultura
Título: El rock, combustible para mentes jóvenes

Por Néstor Iván Moreno

Así son los jóvenes amantes de la música que marcó la última mitad del
siglo XX: sensibles, impetuosos, tolerantes, intensos, apáticos,
desesperanzados. Aman la ecología y no soportan la política.

La música es la gasolina mental de los rockeros y para tanquear van al
lugar que sea, sin importar el sacrificio que tengan que hacer.

Rock al Parque es el concierto que, con numerosas bandas, a mediados de
noviembre congregó en la capital a cerca de 250 mil espectadores.

Rafael Andrés Restrepo, un paisa estudiante de ingeniería ambiental que
viajó desde "Medallo", se dio cita con sus amigos en San Diego, el viernes
a las 11 de la noche. Una vez cancelados los 60 mil pesos del "todo
incluido", escondió bien el resto de la plata para los tres días de rock
por si había retén en el camino.

"La música es lo que nos mueve, no nos importó salir a las 11 de la noche,
viajar 10 horas y llegar rendidos para seguir con tres días de música y
volver el lunes a las 11 de la noche a prepararnos para un parcial del día
siguiente. Los grupos que hay aquí son los mejores y así nos parezca muy
aburridora Bogotá, hacemos el sacrificio con tal de poder gozarnos estos
conciertos", afirma Restrepo, de 19 años.

Pero, ¿aparte de la música, existe un común denominador entre estos
jóvenes? Muchos de ellos reconocen que lo único que es capaz de romper su
apatía es la música, que les gusta, pero que la generación ha perdido otro
tipo de ideales. "Estamos cansados de las noticias, cansados de la realidad
nacional y mundial, y por eso es que ya ni nos interesamos por esas cosas
de la política. Tal vez lo único que nos mueve, además de la música, es el
respeto a la naturaleza, a la ecología, queremos que no acaben con los
árboles ni con los animales", explica Alexander Vélez, estudiante de
zootecnica en Medellín.

LAS TRIBUS DE LA MÚSICA
Esa manada de miles de rockeros no tiene, sin embargo, gustos musicales
completamente uniformes. Aunque el festival se llama Rock al Parque, en
realidad es el escenario de bandas de hard core, metal, rap, ska, hip hop,
rock y un sinnúmero de géneros nacidos de las mezclas de otros estilos
musicales.

Tampoco se los puede homogenizar y calificarlos de violentos. Ellos
aseguran que su aparente agresividad no es el aspecto dominante de su
carácter, como sí lo es la tolerancia. De hecho, Rock al Parque tuvo una
asistencia mayor que Woodstock 99: el primero fue ejemplo de convivencia,
en tanto que el segundo terminó en disturbios.

En Rock al Parque, la tribu de los metaleros no interfirió con las de los
raperos; los punks no se metieron con los alternos y hasta los adultos que
asistieron tuvieron su espacio.

Los metaleros son los amantes del metal, un rock pesado que interpretaron
bandas como La Pestilencia, Earth Crisis, Eminence o Ethereal. Se quejan de
que los clasifiquen como satánicos por lo pesado de su música y dicen que
eso no tiene nada que ver con el hecho de que les guste vestirse de negro y
llevar el pelo largo.

Los raperos y seguidores del hip hop tienen una apariencia extraña: para
muchos, gorro de lana, camisetas amplias y andan metidos en pantalones de
por lo menos dos tallas mayores a las suyas. Son fuertes críticos de la
sociedad actual y, en especial, de sus dirigentes.

Los alternos quieren ser diferentes de todo el mundo, pero un alterno se
parece mucho a otro alterno: pelo pintado de colores, piercing, tatuajes y
la antimoda: todo lo que no combine con nada. Además, el artículo
infaltable son los tenis de plataforma. No se pueden encasillar en un solo
género musical, pero en su mayoría disfrutan de grupos como Café Tacuba,
Ají Baboso, El Bloque, Víctimas del Dr. Cerebro o Ilya Kuriaky.

¿QUÉ PIENSAN, QUÉ SIENTEN?
Javier León, bajista y estudiante de producción de radio y televisión,
habla sobre la mentalidad de los rockeros de hoy: "la religión o la
política no nos interesan y creo que en general estamos un poco
desesperanzados porque el mundo que conocemos desde que nacimos ha estado
lleno de corrupción. Yo por eso pienso mucho en si tener algún día un hijo
o no, ¿para qué? Espero que las cosas cambien, pero no sé si de pronto yo
también me voy a convertir en un señor de corbata que va a la oficina todos
los días, porque le toca conseguir la plata para comer", afirma.

Si el rock es la gasolina de los rockeros, la libertad es su líquido de
frenos. La ejercen en su máxima expresión en el sexo y las drogas.

Aunque la policía decomisó una gran cantidad de "dosis personales" de
marihuana y cocaína, frecuentes oleadas de un humo dulzón se pasearon por
entre la multitud de rockeros.

Eventos como el Rock al Parque son y seguirán siendo la meca de encuentro
de toda una tribu, una cultura que con su pinta seguirá expresándose al
mundo con el único idioma considerado universal: la música.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 325
Noviembre 14 a 28 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S. J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, Angélica
Vásquez, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, Clemencia Rueda, CEPECS

COLABORACIÓN
Coronel (R) Carlos A. Velásquez
Germán Ortiz Leyva

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos "Alguien"

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
Dana Pérez
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

ADMINISTRACIÓN
Fundación CEPECS
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Tels. 244 0270 - 269 6152 - 571 5675
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   E-mail cepecs@...

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Los artículos de los colaboradores son responsabilidad de sus autores y no
comprometen la posición editorial de Actualidad Colombiana.


CONTENIDO

Sección: Movimientos sociales
Antetítulo: Pactos sociales del sur
Título: ¿Excusa para la guerra?
Acápite: Las poblaciones amazónicas han sido el blanco primero de las
acciones militaristas del Plan Colombia. Esta vez sirven como chivos
expiatorios de una estrategia geopolítica y militar de los Estados Unidos y
del gobierno colombiano.

Sección: Movimientos sociales
Título: Información con responsabilidad social
Acápite: La reciente decisión parte de la Comisión Nacional de Televisión
de impulsar una ley que restrinja la emisión y el tratamiento de
información referida a la guerra en Colombia, renueva la importancia de un
Acuerdo firmado públicamente por directores de medios masivos de
comunicación a finales de 1999

Sección: Otras voces
Título: La zona de distensión: ¿instrumento de discordia?
Acápite: Todo parece indicar que la zona de distensión se convirtió en el
principal instrumento de la discordia que tiene hoy el proceso de paz con
las FARC pendiendo de un hilo.

Sección: Derechos humanos
Antetítulo: La OFP en Barranca
Título: Entre la alegría del premio y el dolor de la casa desaparecida



Sección: Paz y conflicto armado
Antetítulo: Pactos sociales del sur
Título: ¿Excusa para la guerra?

Las poblaciones amazónicas han sido el blanco primero de las acciones
militaristas del Plan Colombia. Esta vez sirven como chivos expiatorios de
una estrategia geopolítica y militar de los Estados Unidos y del gobierno
colombiano. Las primeras repercusiones de esta amenaza ya se empiezan a
sentir en la región y de manera particular en el departamento del Putumayo.

Las cifras de quienes han sido expulsados de sus tierras y de su país por
las fumigaciones y la dinámica del conflicto armado que se desarrolla en el
área, alcanzan niveles alarmantes. Según los datos suministrados por
CODHES, durante el año 2000 se desplazaron del Putumayo hacia el Ecuador
9.698 personas y, según la Red de Solidaridad Social, en el periodo
comprendido entre finales de 1999 y septiembre de 2001, emigraron
forzadamente hacia el departamento de Nariño 7.443 personas y se han
asistido, dentro del Programa de Atención a Población Afectada por la
Erradicación Forzada, 38.038 personas (hasta agosto de 2001). Si bien estas
cifras sirven como indicador de la grave crisis humanitaria que enfrenta el
Putumayo, es necesario anotar que éstas, por una parte, solamente reportan
la población que es "reconocida" por la Red como desplazada y, por otra
parte, que no toda la población desplazada se registra, es decir, que estas
cifras no son más que una significativa muestra del problema
socio-político, económico y militar que enfrenta la región.

En la actualidad, la conflagración armada se ha incrementado y el
paramilitarismo se ha extendido velozmente desde el bajo hasta el alto
Putumayo. Las cabeceras municipales, en donde hace fuerte presencia el
Ejército Nacional y la Policía Nacional, están dominadas por las AUC y el
resto del departamento está en poder de las FARC. Esto ha provocado un
fuerte deterioro de las normas de convivencia y agravado la situación de
los derechos humanos y el DIH.

La única acción de guerra que hasta la fecha se ha logrado detener es la
guerra química que el gobierno le ha declarado a los campesinos e indígenas
de la región, a través de las fumigaciones aéreas. Estas se han suspendido
momentáneamente con los pactos sociales firmados entre las comunidades y el
gobierno nacional. Se trata de un proceso de concertación por medio del
cual el gobierno nacional se comprometió a entregar a cada familia con
tierra dos millones de pesos en especies, por cada cinco familias sin
tierra 50 gallinas ponedoras (por vereda) y a vincular a los raspachines
(recolectores de hoja de coca) a los proyectos de infraestructura que se
adelantan en la zona. Las comunidades, por su parte, se comprometieron a
erradicar manualmente los cultivos de uso ilícito en el plazo de un año,
contado a partir de la firma del pacto. Se espera que los campesinos en
este periodo y con esos exiguos recursos sustituyan la economía ilícita y
consoliden su economía campesina.

Estos pactos sociales se firmaron en el marco de una fuerte presión
gubernamental. Se trató en esencia de un pacto social obligado por la
presión de las fumigaciones aéreas. En sólo dos meses y medio -de diciembre
19 de 2000 a febrero 1 de 2001- en el departamento del Putumayo se
fumigaron 28.287 hectáreas, es decir, el 48.4% del total de producción de
hoja de coca del Putumayo, estimada por la Policía Nacional en 58.353
hectáreas .

Para las comunidades del Putumayo, estos pactos sociales, si bien han
logrado detener la guerra química y sus graves efectos sobre su economía,
su salud y el medio ambiente, carecen de integralidad, sostenibilidad y
participación.

Carecen de integralidad en la medida en que no están ni articulados a los
planes de desarrollo departamental y municipales ni recogen las múltiples y
detalladas propuestas de desarrollo ambiental sostenible que entidades como
la Corporación para el Desarrollo del Sur de la Amazonia -Corporamazonia- y
las mismas comunidades han formulado desde años anteriores; carecen de
sostenibilidad porque no contemplan estrategias productivas rentables y que
logren articular de manera efectiva la economía de la región con la
economía nacional. Las propuestas de seguridad alimentaria propuestas por
el gobierno nacional no superan en nada a la economía de sobrevivencia y
miseria que tenían los campesinos amazónicos en los primeros años de su
arribo a la región (años cincuenta, sesenta y setenta) y, por otra parte,
no se está implementando en la región una propuesta de Desarrollo que, al
tiempo que contemple sus características ecosistémicas, proponga
estrategias productivas ambientalmente sostenibles y económicamente viables.

Y carecen de participación ya que se trata de un pacto social cruzado por
la presión de las fumigaciones y además diseñado por el gobierno central
sin la participación ni de las comunidades ni de las autoridades locales y
regionales. Como dicen los líderes de la región: "no existió un tiempo y un
espacio para la inducción y socialización con las comunidades sobre el
significado, compromisos y alcances de los pactos, ni se han promovido
reflexiones comunitarias sobre la importancia de trabajar con base en
sistemas asociativos. Existen familias que no conocen los contenidos del
documento firmado. Las comunidades firmaron pensando que era el medio para
detener una nueva fumigación con sus letales consecuencias" .

La población amazónica del Putumayo es consciente de las falencias y
limitaciones que tienen estos pactos sociales. Saben perfectamente que
ellos no son la solución a los problemas económicos y políticos que se han
ido acumulando por más de veinte años. Sin embargo, no tenían otra opción.
Frente al dilema de fumigación o pacto, obviamente la gente escogió el
pacto social. Pero a la base de las preocupaciones de la población está la
pregunta por el futuro de la región, máximo ahora que se acerca la
culminación del primer pacto social firmado en el corregimiento de Santana
(Puerto Asís) el 2 de diciembre de 2000.

¿Si se sabe que se está frente a unos pactos sociales condenados al
fracaso, qué sucederá cuando estos cumplan su término de un año y no se
hayan sustituido los cultivos de uso ilícito? ¿Son éstos y su inevitable
fracaso, la plataforma de lanzamiento de medidas más agresivas contra las
poblaciones amazónicas? ¿Quienes están ejecutando el Plan Colombia
realmente conocen y quieren resolver los problemas de la región amazónica o
son sólo ventrílocuos de políticas internacionales que buscan aniquilar
militarmente cualquier tipo de movilización social en el área, todo en
nombre de la extracción de los recursos amazónicos y de la
neoliberalización de la región andino-amazónica?

En la medida en que en la región amazónica se continúen implementando
proyectos desarticulados y aislados, no se le dará solución a los problemas
socio-económicos y políticos que están a la base de la problemática de los
cultivos de uso ilícito. Flaco favor se le hace a la región amazónica y a
Colombia en su conjunto, si se considera que es a través del pensamiento
militarista de Barry McCaffrey, plasmado en el Plan Colombia, como podemos
interpretar y solucionar nuestros problemas. Por el contrario, con esta
forma de pensar se agudiza el conflicto armado en la región, se alimentan a
los actores armados y se subsumen las iniciativas ciudadanas que desde
tiempo atrás vienen planteando las comunidades campesinas e indígenas del área.

A la región amazónica tenemos que buscarle salidas integrales, sostenibles
y participativas. Pero para ello es menester empezar a reconocer que la
mayoría de los problemas que enfrenta actualmente la región han tenido su
origen por fuera de ella. El imaginario que ve a la Amazonia como un
espacio de extracción de recursos y el lugar donde inevitablemente llegan
los expulsados por el desarrollo agrario capitalista, es en buena parte el
causante de los complejos problemas que se han ido gestando en esta región.
Con este tipo de imaginarios lo que se hace es desconocer las
características socio-históricas de la Amazonia, ignorar sus condiciones
geológicas, climáticas, edafológicas y ecológicas, descalificar y silenciar
el saber milenario de los hombres y mujeres nativos de este territorio y
continuar implementando en ella lógicas productivas adversas a sus
características ecosistémicas, es decir, seguir reproduciendo prácticas
socio-productivas antiamazónicas que, orientadas por la lógica de la
ganancia, están destruyendo de manera sistemática una de las regiones con
mayor diversidad cultural y biológica del mundo.

NOTAS DE PIE DE PÁGINA
    Es importante anotar que Corpoamazonia, en su documento "Caracterización
ambiental y de cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo"
(diciembre de 2000), estima un total departamental de 114.300 hectáreas de
área sembrada con hoja de coca.
    "Propuesta al gobierno nacional para redefinir, redimensionar,
reorientar y mejorar la operación de los pactos sociales, en aras de un
Putumayo sin coca, con justicia social, equidad y desarrollo social y
económico". Documento elaborado por las organizaciones comunitarias de
Putumayo, noviembre de 2001.

DESTACADOS
En la medida en que en la región amazónica se continúen implementando
proyectos desarticulados y aislados, no se le dará solución a los problemas
socio-económicos y políticos que están a la base de la problemática de los
cultivos de uso ilícito.

Para las comunidades del Putumayo, estos pactos sociales, si bien han
logrado detener la guerra química y sus graves efectos sobre su economía,
su salud y el medio ambiente, carecen de integralidad, sostenibilidad y
participación.

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Sección: Movimientos sociales
Título: Información con responsabilidad social
Por Germán Ortiz Leyva*
* Analista  Observatorio de Medios - Universidad de La Sabana

La reciente decisión parte de la Comisión Nacional de Televisión de
impulsar una ley que restrinja la emisión y el tratamiento de información
referida a la guerra en Colombia, renueva la importancia de un Acuerdo
firmado públicamente por directores de medios masivos de comunicación a
finales de 1999, luego de meses de discusión académica entre periodistas y
profesores de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La
Sabana, en torno de mejorar la calidad de la información frente a las duras
realidades coyunturales del país.

A diferencia de la propuesta de la Comisión, el Acuerdo por la Discreción
nació con la idea de respetar la autonomía profesional de quienes hacen
parte de las salas de redacción y puedan asumir un papel más comprometido
con una ética de la situación, frente a decisiones complejas que conlleva
el manejo de la información de un país en conflicto.

En claro reconocimiento de los efectos que la información produce en muchas
ocasiones por la simultaneidad del cubrimiento noticioso y la pugna del
raiting, la noticia se limita a darle eco a lo dicho y no sobre lo hecho.
La realidad aparece, entonces, más por lo que se anuncia en las noticias o
se opina de ellas, que por las intervenciones de la realidad misma.

En este sentido, el Acuerdo se traduce en aspectos esenciales que convocan
diversas propuestas sin imposiciones ni restricciones, más bien con la idea
de mejorar las condiciones de elaboración de los contenidos informativos,
dependiendo no de una norma impuesta por el Estado u otros sectores, sino
del criterio de una persona o autoridad dada -para este caso- de quien
ejerce la actividad del periodismo con plena libertad, en el marco de un
compromiso responsable que debe caracterizar el oficio de informar.

Es el sentido y la bondad de una propuesta respetando la autonomía
profesional de quienes se comprometan a cumplirla.
CONSTRUIR LA REALIDAD
La información es uno de los logros de las comunidades democráticas
actuales. Con ella, los ciudadanos construyen y mantienen sus referentes
comunes, que les permiten, a su vez, la edificación de un sentir ciudadano,
es decir, de todo aquello que los cientistas sociales suelen denominar la
esfera de lo público.

Si se habla de un ciudadano reconocido como tal, no sólo por los logros del
constitucionalismo moderno, se entiende que es parte activa de la llamada
sociedad civil, lugar donde se desenvuelven las relaciones entre los
particulares -por oposición al Estado, entendido como el nivel de las
relaciones colectivas y coercitivas-, lo que es de gran importancia a la
hora de definir una de las características de las sociedades abiertas y
pluralistas, muy distintas de aquellas que surgieron con la idea de darle
al Estado el control pleno de la información social.

Nos referimos, entonces, a una instancia clave a la hora de resolver lo que
se ha constituido como una de las grandes inquietudes sociales presentes ya
desde los griegos: ¿cuál es el marco más adecuado para poder llevar una
vida digna? Sin lugar a dudas, aquel donde sean los propios ciudadanos
quienes reproduzcan con espíritu cívico, las soluciones a las problemáticas
complejas propias de cualquier comunidad humana, inmersa constantemente en
un proceso de selección, filtración y mediación de mensajes, con los que se
construye su realidad social, precisamente como referente principal de lo
que es, debe ser y aspira ser.

En este sentido, aparece en toda su dimensión la información como aquello
que le permite al ciudadano conocer la verdad social de las cosas. A
diferencia de las verdades científicas que se restringen al dominio de un
conocimiento objetivo y especializado, ésta se dirige a la comunidad de
manera masiva y se hace más evidente, porque se comunica, a la mayor
cantidad de personas, a través de los medios de comunicación.

De esta forma, puede parecer una verdad más considerable que otras pero, a
su vez, de mayor responsabilidad social para quienes la manejan porque, de
una u otra forma, su repercusión implica de manera considerable una
realidad comprometida con valores sociales e individuales que repercutan en
una sociedad mejor.

Por eso el ejercicio del periodismo, y así lo entiende el espíritu del
Acuerdo por la Discreción, hace de los comunicadores sociales del país, no
solo interpretadores de la realidad social, de por sí ya una tarea de
fondo, sino además mediadores de la misma que los conduce a ser difusores
de hechos con proyección e interés social. De ahí su propuesta final:
"Preferimos perder una noticia antes que una vida".


DESTACADOS
La realidad aparece más por lo que se anuncia en las noticias o se opina de
ellas, que por las intervenciones de la realidad misma.

"Preferimos perder una noticia antes que una vida"



Sección: Otras voces
Título: La zona de distensión: ¿instrumento de discordia?
Por Coronel (R) Carlos A. Velásquez

Todo parece indicar que la zona de distensión se convirtió en el principal
instrumento de la discordia que tiene hoy el proceso de paz con las FARC
pendiendo de un hilo. Hasta tal punto pareciera ser así que de los 8 puntos
que contiene la "carta-ultimátum" de Marulanda a sus negociadores, 6 se
relacionan con ella. En este y en otros elementos de juicio se apoyan
quienes sostienen que dicha zona sólo ha servido para el fortalecimiento de
las FARC y que por su alto valor estratégico esa guerrilla tenga como
objetivo prioritario conservarla. Sin embargo, veamos qué tan válidas son
estas afirmaciones.

En mi opinión, Marulanda escribió la carta en los términos conocidos no
tanto porque realmente la zona de distensión sea de alto valor estratégico
para las FARC y sirva para su fortalecimiento, sino por su orgullo -que lo
asume como de la organización- herido a raíz de la alocución presidencial
del 7 de octubre en la que el Jefe del Estado prorrogó la zona por tres
meses anunciando una serie de controles y condiciones que si bien en su
mayoría fueron establecidos desde el comienzo, su anuncio público en ese
momento fue sólo un medio para tratar de neutralizar el clima de opinión
adverso a la zona y al proceso de paz. Pero también fue un medio para
mostrar quién tiene el control, o sea otro asunto de orgullo.

El clima de opinión adverso había venido creciendo de manera progresiva
debido principalmente a la proliferación de los secuestros realizados por
las FARC, a lo cual se sumó el que varias de las víctimas fueran y sean
mantenidas dentro de ella. Pero el ascenso de la opinión en contra se
disparó por el estúpido incidente con Serpa, el asesinato de Consuelo
Araújo y los polarizados y poco serenos debates en el Congreso previos a la
alocución presidencial.

No obstante, Marulanda ha visto las cosas de manera distinta. Él busca
interpretar el sentir de una guerrilla que tiene en su lógica el principio
de no mostrarse débil, y menos cuando se está tratando de negociar, y que
no entiende que un presidente en una democracia no puede ser ajeno a los
climas de opinión pública. Ahora bien, si a lo anterior se suma el retador
sobrevuelo de los aviones mirage sobre San Vicente del Caguán y las
declaraciones públicas de distintos funcionarios de Estados Unidos
llamándolos terroristas, no es de extrañar que el jefe guerrillero haya
asumido la alocución presidencial como un reto del gobierno, presionado por
la derecha del país y los EE.UU., en la que Pastrana tomó decisiones
unilaterales. Y las decisiones de esta índole sólo se toman cuando se cree
que la otra parte está debilitada, o cuando se considera que no es un actor
importante de la coyuntura, algo que le echa sal a la herida del orgullo.

En resumidas cuentas, lo de la zona de distensión es sólo un "caballo de
batalla" que esconde otros factores que permanecen subyacentes, entre los
que cabe destacar la desconfianza mutua acrecentada por la actitud que ha
asumido el gobierno de los EE.UU. con su orgullo nacional profundamente
herido por el atroz acto terrorista del 11 de septiembre. Es decir, en
esencia es un problema de choque entre orgullos heridos.

Porque lo del fortalecimiento de las FARC, gracias al valor estratégico de
la zona en comento es, por lo menos, discutible. A mi modo de ver, es más
un símbolo de dignidad de guerreros recuperada desde que fueron desalojados
de Casa Verde en La Uribe -uno de los municipios despejados- que avance
estratégico real.

Empecemos por lo militar. Los golpes más fuertes que han dado las FARC
desde que nacieron como guerrilla en los sesentas fueron los de Puerres,
Las Delicias, Patascoy, La Carpa, El Billar y Mitú, con la peculiaridad de
que fueron prácticamente realizados en una serie ascendente ininterrumpida.
¿Será que algo similar ha ocurrido desde que existe la zona de distensión?
O más bien ha sucedido lo contrario, es decir, golpes o contragolpes
consecutivos de las Fuerzas Militares. A no ser que se considere fortaleza
militar el incremento de secuestros y la continuación de asaltos a
poblaciones. O que las FARC sólo estén esperando que se rompa la zona de
distensión, y por ende el proceso, para demostrar una fortaleza militar
acumulada. ¿Será que por estar su cúpula dedicada a pensar en estrategias
de negociación y políticas no ha tenido tiempo de pensar con prioridad en
mostrar esa fortaleza?

De otra parte, hay algo muy importante que se les ha pasado por alto a
quienes han contribuido para que haga carrera el concepto de
fortalecimiento de las FARC gracias a la zona de distensión. Esto es que el
verdadero espíritu de combate de una guerrilla, en especial de los
guerrilleros de base, se ve sensiblemente afectado por la inactividad
militar. Es esa la razón que está detrás de la salida y entrada de frentes
del área desmilitarizada; los jefes saben que si allí se mantienen los
mismos, corren serios riesgos de detrimento de su capacidad de combate. En
ellos también pesa la "burocratización".

Desde otro ángulo, preguntémonos si, en el país y en el exterior, su imagen
de actor político es hoy mejor que hace tres años. Preguntémonos si tal y
como están las cosas hasta hoy, tendrían la FARC la potencialidad de
influir en la contienda presidencial en la misma forma en que lo hicieron
en vísperas de la segunda vuelta de la contienda pasada.

En fin, de los elementos de reflexión que he procurado aportar se pueden
desprender diferentes líneas de acción para resucitar el proceso de
pacificación del país. De éstas, es oportuno traer a colación la
preconstituyente sugerida por Ingrid Betancourt y acogida por Luis Eduardo
Garzón, puesto que tiene la potencialidad de "meterle más política al
proceso" y, en consecuencia, ir disminuyendo la dinámica de violencia a
punto de incrementarse por los orgullos heridos.

Lo que sí no podemos aceptar es que un problema de choque de orgullos sea
el que prime para decidir si seguimos o no en la orgía de guerra y
violencia en la que nos encontramos inmersos, entre otras razones, por
falta de más líderes políticos con cabeza fría y visión estratégica que
piensen primero en el bien común de la paz.

DESTACADOS
Lo de la zona de distensión es sólo un "caballo de batalla" que esconde
otros factores que permanecen subyacentes, entre los que cabe destacar la
desconfianza mutua acrecentada por la actitud que ha asumido el gobierno de
Estados Unidos

Marulanda busca interpretar el sentir de una guerrilla que tiene en su
lógica el principio de no mostrarse débil, y menos cuando se está tratando
de negociar


Sección: Derechos humanos
Antetítulo: La OFP en Barranca
Título: Entre la alegría del premio y el dolor de la casa desaparecida

Cada año, la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, Unifem,
entrega un premio para la protección de los derechos de la mujer, llamado
"Mujer, Violencia y Derechos Humanos desde y para las mujeres". La
Organización Femenina Popular, OFP, conformada por aproximadamente 1.200
mujeres valerosas del Magdalena Medio, recibió dicho premio en días pasados
en Bonn, Alemania, por el cual recibieron 10.000 marcos alemanes
(aproximadamente diez millones de pesos)  y el reconocimiento internacional
a su labor.

La selección de la OFP se dio entre 160 organizaciones y se produjo tras la
postulación hecha por las Brigadas Internacionales de Paz, quienes
acompañan las organizaciones populares de Barrancabermeja desde hace cinco
años. Otros países que recibieron el premio fueron Brasil, Guatemala y Egipto.

Durante 29 años, la OFP ha defendido los derechos de las mujeres,
conformando nueve sedes en la región del Magdalena Medio; comenzaron a
trabajar como la Federación de Amas de Casa y luego con el nombre de Clubes
de Amas de Casa. La labor ha sido importante y hermosa; ha generado un
valioso tejido social y el reconocimiento de las condiciones de vida y
violaciones a los derechos de dichas mujeres.

Por ello, desde el momento de la llegada de los grupos paramilitares a
Barrancabermeja, han sido permanentemente hostigada la organización y hacen
parte de la lista de organizaciones que las AUC declaran objetivo militar
en la región. Desde hace aproximadamente dos años sufren este
hostigamiento, que le ha costado la vida de varias de sus integrantes.

Su directora, Yolanda Becerra, comenta que "jugamos el papel de la
resistencia pacífica, de la defensa de la democracia y la oposición al
proyecto totalitario que se pretende imponer en el pueblo".

Pero en contraste con la alegría dada por el premio, la guerra no da tregua
y la organización enfrenta en el momento una situación sin precedentes que
demuestra lo agudo del conflicto en Barranca, ya que una de las Casas de la
Mujer, ubicada en el Barrio La Virgen, literalmente desapareció. Esta casa,
solicitada por las mujeres del Sector Norte de Barranca, se hizo realidad
el 30 de enero del 98.

En este espacio de vida, las mujeres populares empezaron a desarrollar los
programas de Comedor Popular, Ollas Comunitarias, atención psicosocial,
capacitación técnica, actividades con niños y niñas, entre otras
iniciativas desarrolladas en torno a la defensa de los derechos económicos,
sociales y culturales de las familias barramejas.

Esta casa, que estaba construida la mitad en madera y la mitad en cemento,
fue arrasada en la noche del pasado 10 de noviembre, cuando un grupo
armado, después de las 9 de la noche, ingresó a la fuerza a la casa y
empezó a demolerla, hasta lograr destruirla totalmente, procediendo luego a
trasladar los materiales en un camión. La casa fue arrancada.

Por ello, se requiere en este momento la solidaridad nacional e
internacional para reconstruirla y todo el apoyo posible para que, a pesar
de todos los actos de saboteo a las actividades de la OFP, ésta no tenga
que concluir sus actividades. Y, sobretodo, se necesita el accionar real y
concreto del Estado colombiano para la protección de la mujeres de dicha
organización, su derecho a la vida y garantizarles las condiciones
necesarias para que sigan ejerciendo su labor.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 324
Octubre 31 a Noviembre 14 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S. J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, CEPECS

COLABORACIÓN
Ana Teresa Bernal

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos “Alguien”

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
Dana Pérez
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

ADMINISTRACIÓN
Fundación CEPECS
Calle 27A Nº 36-24
Tels. 244 0270  269 6152  571 5675
FAX 269 5700
   E-mail cepecs@...

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CONTENIDO

Sección: Paz y conflicto armado
Título: La Asamblea Constituyente y el proceso de paz
Sección: Movimientos Sociales
Título: Afrodescendientes aún claman por la libertad
Acápite: Del 18 al 20 de octubre se realizó en Cartagena de Indias el
Simposio Internacional “500 años en América. 150 años de la abolición de la
esclavitud en Colombia. Pasado, Presente y Futuro de los Afrodescendientes”.

Sección: Derechos humanos
Título: La tragedia continúa
Acápite: Los actores del conflicto, especialmente los paramilitares, han
hecho de la barbarie y el terror su recurso político privilegiado


Sección: Paz y conflicto armado
Título: La Asamblea Constituyente y el proceso de paz
Actualmente, el proceso de paz se está midiendo en términos de voluntades,
de acciones de paz, de acuerdos procedimentales, medianamente consensuados.
Pero la real viabilidad del proceso va más allá, y tal como están
planteadas las cosas, el proceso no tiene mucho futuro, en el sentido que
mientras la guerrilla siga creyendo que la lucha militar aún no esta
agotada como forma de llegar al poder e instaurar una nuevo sistema
político, difícilmente se podrá observar la necesidad de una mesa de
negociación como espacio de concertación, y también que la contraparte, es
decir, los partidos políticos y el establecimiento, deben estar dispuestos
a ceder espacios para una nueva fuerza política.

Una de las inquietudes centrales que ha surgido en las últimas semanas es,
indudablemente, la relacionada con la convocatoria a una Asamblea
Constituyente. Ésta devela la concepción constitucional del gobierno y las
farc, que toma matices de carta de salvación política y social. La
discusión política de muchos congresistas y directores de los partidos
políticos gira en torno a lo procedimental de esta Asamblea, en lo
fundamental, y a si se le van a dar los 35 escaños de forma automática a la
guerrilla, sin pasar primero por una votación.

Debemos ser claros en cuanto sólo se ha tenido en cuenta una Asamblea
Constituyente con una de las fuerzas insurgentes, las farc, descartando en
la práctica a las demás agrupaciones alzadas en armas, como el Ejército de
Liberación Nacional, eln; el Ejército Popular de Liberación, epl; el
Ejército Revolucionario del Pueblo, erp, y el Movimiento Jaime Bateman Cayón.

Si nos situamos en este escenario, tendríamos una Asamblea con un alto
déficit de legitimidad, ya que la guerrilla, en el caso de las farc, cuenta
con una muy baja aceptación dentro de la opinión pública urbana, lo cual
llevaría a que el constituyente primario no se viera identificado con la
nueva Carta política que surgiría de la Asamblea, y por ende la nueva
institucionalidad navegaría por los ámbitos de la ilegitimidad.

Otro posible escenario es convocar la Asamblea Constituyente por la vía
democrática, como lo propone el documento de la Comisión de Notables dos de
cuyos tres integrantes ya debieron abandonar el país ante amenazas de
grupos paramilitares, con lo cual se reconocería y daría espacio a la
participación activa en el proceso de la sociedad civil, para que no siga
como espectadora. Si esto es así, las farc difícilmente se atreverían a
entrar en una competencia electoral, ya que saben que urbanamente podrían
perder la posibilidad de contar con una participación  mayoritaria en la
Asamblea Constituyente y, por lo tanto, perder la oportunidad política de
jalonar cambios estructurales en el sistema político colombiano.

Como segundo punto, nos debemos preguntar cuál es el significado de una
Constitución que, al parecer, para muchos representa la refundación de un
nuevo orden social, significando esto que cada constitución elimina los
problemas estructurales del país. Estaríamos entonces frente a un círculo
vicioso, en el que ni los representantes en la Asamblea, en este caso las
farc, ni la Constitución que de allí surja, ni la institucionalidad que
ésta estructuraría serían legitimas, y muy seguramente, estarían condenadas
a fracasar o a la ingobernabilidad permanente.

Estas apreciaciones nos llevan a un tercer punto que, como se ha observado
en esta negociación, es la no coincidencia de términos. Para el caso
concreto de la Constitución, ésta se plasma en las posiciones extremas del
gobierno y las farc. Para el primero, la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente significa el punto final del proceso de paz, en
tanto para las farc la Asamblea es el punto de inicio del proceso.

No obstante, el debate que política y constitucionalmente se debería dar,
trasciende la limitación del discurso gobiernofarc, y es plantear la
Asamblea Constituyente en términos de oportunidad política de incluir todas
las fuerzas en conflicto, es decir, la construcción colectiva de un nuevo
sistema político y, por ende, de un nuevo país. Si la Asamblea no se
plantea en estos términos de inclusión, tendríamos, por un lado, la
convocatoria a una Asamblea Constituyente cada 10 años, producto de cada
proceso de paz independiente, y, por otro, una Constitución excluyente de
las otras fuerzas en conflicto con poderes de facto y, en últimas, de otras
visiones del país.

Este punto toca, para el caso de la guerrilla, una problemática
fundamental, y es que deja al descubierto la falta de consenso al interior
de la misma insurgencia, como la planteó el profesor Jesús Antonio
Bejarano: la de una negociación vertical. Visto así, no se puede dar por
descontada la necesidad de una Coordinadora Guerrillera para que haya un
solo interlocutor por parte de la insurgencia y el gobierno no aplique el
método maquiavélico del “divide y reinarás”.

El reto entonces está a largo plazo, luego de superar los inconvenientes
procedimentales. Éste es no es sólo del gobierno, sino también de las
guerrillas, de los paramilitares y, por supuesto, de la sociedad civil, de
acuerdo con su capacidad de absorber los nuevos procesos.

DESTACADOS
Sólo se ha tenido en cuenta una Asamblea Constituyente con una de las
fuerzas insurgentes, las farc, descartando en la práctica a las demás
agrupaciones alzadas en armas

Para el gobierno, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
significa el punto final del proceso de paz, en tanto que para las farc la
Asamblea es el punto de inicio del proceso



Sección: Movimientos Sociales
Título: Afrodescendientes aún claman por la libertad
Acápite: Del 18 al 20 de octubre se realizó en Cartagena de Indias el
Simposio Internacional “500 años en América. 150 años de la abolición de la
esclavitud en Colombia. Pasado, Presente y Futuro de los Afrodescendientes”.

150 años después de la abolición legal de la esclavitud en Colombia; 10
años después de la promulgación de la Constitución que reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la nación; un mes después de la agitada
Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Xenofobia y Formas Conexas de
Intolerancia y de sus polémicas discusiones en torno al tema de las
reparaciones a la esclavitud, se reunieron centenares de afrodescendientes,
académicos, investigadores, miembros de ong nacionales e internacionales,
para discutir y reflexionar sobre temas de gran complejidad, tales como la
identidad étnica negra, los retos académicos, éticos y políticos para la
recuperación de la memoria del legado africano en las poblaciones
afrocolombianas, la invisibilización y las nuevas formas de discriminación
de estas poblaciones, sus demandas de reparaciones, así como las
problemáticas y retos actuales del movimiento social afrocolombiano, el
cual se enfrenta a los duros efectos del conflicto armado en sus
territorios, entre los cuales se destaca el desplazamiento forzado.

En este simposio se realizó un balance histórico, político, cultural del
pasado, presente y futuro de los afrodescendientes, resumido en la
declaración final, en la que se consideró que aún perviven prácticas
propias del sistema esclavista, “lo cual conduce a la exclusión,
marginalidad y ostracismo de los pueblos afrodescendientes, convirtiéndose
el desplazamiento forzado en el mayor crimen de lesa humanidad después de
la esclavitud”. Se argumentó en el sentido de que el 80% de los
afrodescendientes no tiene posibilidades de satisfacer sus necesidades
básicas, con niveles de extrema pobreza, pese a la expedición en 1993 de la
Ley 70, que ha tenido “pírricos desarrollos”.

Agrega la declaración que “los pueblos afrodescendientes están siendo
víctimas de la agresión económica, política, social y territorial, por
parte de múltiples y diversos actores que responden a intereses nacionales
y extranjeros, y enarbolan proyectos históricos ajenos al proyecto de vida
de ellos” y que “el saqueo continuo de los recursos naturales existentes en
sus territorios ancestrales, el cercenamiento permanente de éstos y la
vulneración permanente de sus derechos, constituyen un riesgo serio y ponen
en peligro su supervivencia cultural”.

En ese sentido, y tras afirmar que los pueblos afrodescendientes “están
llamados a desempeñar un papel fundamental en la construcción de una nueva
nación justa, equitativa y democrática, cimentada sobre diáfanos y
practicables principios de diversidad y unidad sobre las diferencias”,
señalan al Estado colombiano, al cumplirse 150 años de abolición legal de
la esclavitud, como responsable de “adoptar mecanismos de cumplimiento de
los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, territoriales y
humanos en general de los afrodescendientes como colectividades étnicas
diferentes del resto de la sociedad colombiana, y comprometerse con la
construcción de una ciudadanía diferenciada”.

Exhortaron a la comunidad internacional a que, además de acompañar los
procesos comunitarios en curso, “haga cumplir al Estado colombiano los
pactos suscritos dirigidos al respeto de los derechos que les corresponden
a los pueblos afrodescendientes y abran las compuertas que permitan reparar
los daños históricos causados a estos pueblos como consecuencia del
sometimiento a prácticas horrendas como la esclavitud y el
neocolonialismo”, y a “poner en marcha las conclusiones emanadas de la
Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación y Xenofobia”.

Propusieron, igualmente, “constituir un haz de voluntades que articule
esfuerzos académicos, investigativos, institucionales, no gubernamentales y
comunitarios que posibiliten el reconocimiento y aplicación de sus derechos
étnicos y humanos y el impulso como movimiento social en condiciones de
reivindicar lo más preciado de la etnicidad y culturalidad de los pueblos
afrodescendientes”.

Así mismo, consideraron importante fortalecer los estudios e
investigaciones que tienen como objeto ampliar los horizontes de
conocimiento de la realidad de estos pueblos, “romper con la invisibilidad
a que han sido sometidos por parte de la educación tradicional y aportar al
proceso de reconstrucción de su cosmovisión como pueblos repletos de una
cultura e historia libertaria” y reconocieron que en la materialización de
estos propósitos la Etnoeducación desempeña un papel fundamental.

Concluyeron los asistentes la declaración con las palabras del maestro
Zapata Olivella: “Si nosotros utilizamos el arma del espíritu, si nosotros
utilizamos las armas de nuestra tradición cultural africana como las usaron
nuestros abuelos en las condiciones que llegaron acá para sobrevivir,
tendremos la posibilidad hoy en día de afirmarnos como pueblo; si nosotros
no acudimos a esas armas no va a haber oportunidad tengan ustedes la
absoluta seguridad de sobrevivir a los enemigos, a los enemigos pequeños y
a los grandes y poderosos enemigos.”

DESTACADOS
“Los pueblos afrodescendientes están siendo víctimas de la agresión
económica, política, social y territorial, por parte de múltiples y
diversos actores que responden a intereses nacionales y extranjeros”


Sección: Derechos humanos
Título: La tragedia continúa
Acápite: Los actores del conflicto, especialmente los paramilitares, han
hecho de la barbarie y el terror su recurso privilegiado

De acuerdo con las cifras recabadas por el Banco de Datos correspondientes
a los primeros ocho meses del año 2001 (1º de enero a 30 de agosto), se
puede constatar, una vez más, la magnitud de la crisis humanitaria y de los
derechos humanos en Colombia, la que no cede a pesar de los diálogos de paz
que se adelantan con la insurgencia y de las continuas manifestaciones
públicas del Estado colombiano en torno a su esfuerzo por la promoción y
protección de los derechos fundamentales.

Ello es claro a la luz de los distintos hechos de violencia política que
vulneraron los derechos fundamentales de la población civil, ya como
violaciones a los derechos humanos, como infracciones graves a las normas
básicas del Derecho Internacional Humanitario o como violencia político-social.

En tal sentido, en el período que se comenta, se presentaron un total de
4.003 casos, los que produjeron 9.902 víctimas contra las que se cometieron
11.568 victimizaciones, pues importa precisar que contra una misma víctima
se pudo cometer más de una conducta vulneratoria de sus derechos y por
parte de más de un actor del conflicto. Los casos referidos se desagregan,
a su vez, en 2.349 casos de violencia político-social, 1.060 de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 792 acciones bélicas y
719 casos de violaciones a los derechos humanos.

Los 719 casos de violaciones a los derechos humanos arrojaron 2.784
victimizaciones, mientras que los 1.060 de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario produjeron 2.402, y los 2.349 de violencia
política, 4.704, en tanto que las 792 acciones bélicas generaron 1.678
victimizaciones.

De las anteriores cifras importa desagregar lo relacionado con las
violaciones a los derechos humanos, en donde encontramos que las 2.784
victimizaciones fueron causadas por móviles de persecución política en un
80%, pues fueron 2.203 por estos móviles las que se cometieron, en tanto
que por abuso de autoridad se alcanza el 18%, 519, y por intolerancia
social el 2%, esto es, 62 victimizaciones.

Las modalidades más frecuentes de violaciones a los derechos humanos por
persecución política fueron la ejecución extrajudicial, con 1.232, de las
cuales 1.140 son de responsabilidad paramilitar, es decir el 93%, mientras
que las distintas armas del Estado causaron 92, esto es el 7%. Ello
significa que en los 8 meses que se consideran, fueron ejecutadas 5
personas cada día. Otras modalidades, como las detenciones arbitrarias
(447), las amenazas (349), las desapariciones (288) y las torturas (231),
guardan en términos generales las mismas dinámicas en cuanto a los
responsables de su comisión. Cabe anotar, sin embargo, que se cometieron
diariamente 11 violaciones a los derechos humanos, en las distintas
modalidades, con las que se vulneró un derecho contenido y protegido por
las normas internacionales de los derechos humanos, en tanto los agentes
estatales de manera directa o indirecta por actuar en connivencia,
complicidad o colaboración efectiva con agentes particulares o por mera
omisión, violaron los derechos de este gran número de personas.

A las anteriores cifras de violaciones a los derechos humanos, se agregan
549 agresiones cometidas contra comunidades, entre ellas 391 amenazadas y
158 desplazadas, conductas en las cuales los grupos paramilitares
cometieron el 88%, mientras que el 12% restante es de responsabilidad de la
Fuerza Pública.

Los departamentos que soportan con mayor dramatismo esta situación, están
encabezados por Antioquia con 610, Cauca con 313, Casanare con 241, Norte
de Santander con 189 y Santander con 176.

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas
contra personas, encontramos que se causaron 2.402, entre las que se
cuentan 1.396 homicidios intencionales de personas protegidas, siendo
responsables de 1.135 de ellos los paramilitares, de 252 la guerrilla y de
92 la Fuerza Pública. Al igual que lo anotado con relación a los
violaciones a los derechos humanos, otras modalidades, como las amenazas
(392), las torturas (269), las heridas causadas a personas protegidas (210)
y los civiles victimizados durante la realización de una determinada acción
bélica, guardan en términos generales las mismas dinámicas en cuanto a
responsabilidades y regiones del país mayormente afectadas. De cualquier
manera, algo más de 12 personas fueron vulneradas diariamente en sus
derechos, por la inobservancia grave de las normas básicas del Derecho
Internacional Humanitario por parte de los actores del conflicto.

A las anteriores cifras se suman, igualmente, 717 comunidades agredidas,
entre ellas 448 amenazadas, 267 desplazadas y 2 que fueron utilizadas como
escudo por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. De las
anteriores conductas son responsables los grupos paramilitares en un 72%,
las guerrillas en un 17% y la Fuerza Pública en un 11%.

De otro lado, se advierte claramente que el tipo de violencia que más
cifras arroja en los ocho meses considerados, es la violencia
políticosocial, es decir, aquella violencia difusa, amparada en el
anonimato de sus perpetradores, quienes previamente se han asegurado todos
los mecanismos de impunidad en su favor. Esta violencia casi siempre se
ejerce contra líderes sociales, comunales, políticos, sociales o defensores
de los derechos humanos o contra personas cuyo perfil permite suponer, con
fundadas razones, que la agresión se basa en móviles políticos o de
intolerancia social y que, por lo mismo, tales conductas se sustraen a la
mera consideración de hecho punible común.

Por este tipo de violencia se causaron 4.462 víctimas por móviles de
persecución política y 242 por intolerancia social. En uno y otro móvil,
los asesinatos son las conductas más cometidas por anónimos victimarios.

VORÁGINE DEL TERROR
Pero si las anteriores cifras son en sí mismas escalofriantes, su frialdad
no deja ver la tragedia que cada familia, cada comunidad o cada persona ha
debido soportar en medio de esta vorágine del terror. Cerca de 50 personas
diariamente son víctimas de la violencia política y detrás de cada una se
cuenta una historia que sobrepasa todo límite imaginable. Pensemos solo por
un momento si a nuestra familia, a nuestros amigos o conocidos o a nosotros
mismos nos sucediera una historia como ésta que le ocurrió a una familia
indígena en Pradera (Valle), en donde los paramilitares torturaron y
ejecutaron a tres miembros del Resguardo Kwet Wala, los que “...fueron
encontrados muertos con signos de horripilante tortura y sevicia
inconcebible. Se trataba de una familia compuesta por padre, madre y un
hijo de nueve años. Todos fueron cruelmente torturados. A la señora le
cercenaron los senos, le abrieron el vientre en canal y en seguida la
decapitaron. Al niño de 9 años le ataron los brazos a la espalda y se los
halaron hacia arriba hasta hacerle estallar ambos omoplatos, luego con un
cuchillo le arrancaron el cuero cabelludo en tiras y también le abrieron el
vientre en canal. Finalmente, el padre fue asesinado a golpes de tan
horrible manera que quedó irreconocible”.

Y qué decir de lo ocurrido en Arauquita (Arauca), en donde “cinco
integrantes de una misma familia fueron asesinados, con machete y
guillotina, entre ellos dos menores de 8 y 6 años y uno más de apenas 18
meses, en una zona fuertemente militarizada y a tan sólo 3 kilómetros de la
base militar instalada en la inspección de La Esmeralda y a pocos metros
del oleoducto Caño Limón-Coveñas sobre el cual se realizan patrullajes
permanentes”. O en Barranquilla (Atlántico), donde los paramilitares
“ejecutaron a siete personas, cuatro de ellas hombres con signos de
tortura, degollados y quemados con hierros calientes en diferentes partes
del cuerpo, así como con heridas de arma blanca y con las iniciales auc
escritas con tinta roja sobre sus cuerpos”.

Historias como éstas no son fruto de una ficción torcida o recurrentemente
morbosa; son, por el contrario, parte de una trágica realidad que urde el
rostro del país a punta de muerte y desolación. Pero el colmo de tales
acciones es que de ellas pueda derivarse una ventaja política o que se haga
de la muerte, de una sola muerte, un medio para la consecución de un fin
político. Las matanzas se escapan a toda racionalidad, pero sin duda, esta
sociedad esquizofrénica no podrá ocultar más su terminal enfermedad y
avanzará presurosa hacia su más extrema miseria, si a los matones se les
reconoce estatus político.

DESTACADOS
Las modalidades más frecuentes de violaciones a los derechos humanos por
persecución política fueron la ejecución extrajudicial, de las cuales el
93% son de responsabilidad paramilitar, mientras que las distintas armas
del Estado causaron el 7%.

Los departamentos que soportan con mayor dramatismo esta situación, están
encabezados por Antioquia con 610, Cauca con 313, Casanare con 241, Norte
de Santander con 189 y Santander con 176.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 323
Octubre 17 a 31 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S.J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
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COLABORACIÓN
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Fernando Hernández Valencia.

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos “Alguien”

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

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CONTENIDO
Sección: Paz y conflicto armado
Título: La paz con las FARC ¿irreversible?

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Cruzada antiterrorista y negociaciones de paz

Sección: Movimientos sociales
Título: Juridicción indígena y conflicto
Acápite: Unos 105 autoridades y delegados indígenas reunidos en un Conversatorio
Nacional sobre Jurisdicción y Conflicto convocado por la Organización Indígena
de Antioquia, OIA, que se realizó en Urabá el pasado mes de septiembre. Los
frutos de los diálogos e intercambios de experiencias de este conversatorio se
recogieron en el Mensaje de Esperanza de los Pueblos Indígenas para los
Colombianos y las Colombianas, que citaremos en este artículo.

Sección: Movimientos sociales
Título: El derecho a la salud: una vía hacia la paz



Sección: Paz y conflicto armado
Título: La paz con las FARC ¿irreversible?

La pregunta fundamental que el actual y accidentado proceso de negociación con
las FARC debería suscitar es si después de más de tres años de negociación, este
proceso se acerca tener condiciones de irreversibilidad o solamente se trató de
una oportunidad política durante la cual las partes se beneficiaron mutuamente:
el gobierno como uno de los pocos aspectos positivos de su administración y las
FARC como una fórmula para solucionar su persistente déficit de política.

Insistir por parte de la opinión publica, los grandes medios de comunicación, el
Congreso, los gremios, los partidos políticos y los candidatos presidenciales en
poner como principal indicador del proceso la denominada voluntad política,
medida a través de los hechos de violencia o del tratamiento dado por las FARC a
la zona de distensión, sólo contribuye a mantener el proceso en vilo y en
constante amenaza de ruptura definitiva. Peor aun, cuando todo indica que por
parte de algunos sectores se trata de una estrategia de deslegitimación de los
diálogos con las Farc, es decir, una versión renovada de los “enemigos
agazapados de la paz”, como lo afirmara en su momento Otto Morales Benítez,
presidente de la comisión de paz en la administración de Belisario Betancur, en
1986.

Más que la voluntad política, el proceso cuenta con una serie de instrumentos
concretados en los diferentes acuerdos que en estos tres años han firmado las
partes: Acuerdo de Caquetania, Acuerdo de los Pozos, el reciente Acuerdo de San
Francisco de la Sombra y el fundamental, “La agenda común por el cambio hacia
una nueva Colombia”, entre otros. Es allí donde la sociedad y en general los
colombianos deberían concentrarse para analizar, reclamar y exigir si ese
acumulado se dirige a crear condiciones de una negociación irreversible y las
partes no se vuelvan a levantar de la mesa en actos unilaterales.

En ese sentido, propuestas como la necesidad de un acuerdo integral en materia
de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desde hace tiempo
puesta sobre el tapete por parte de la oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como el reciente documento de la
Comisión de Notables, pueden ser instrumentos que allanen el camino para crear
esas condiciones, especialmente al referirse y presentar fórmulas en dos
aspectos particularmente difíciles y polémicos: el paramilitarismo y las
negociaciones en medio de la guerra.

Sin embargo, episodios como el sabotaje y la extrema intolerancia política
demostrada por las FARC al impedir la entrada de la marcha del candidato del
oficialismo liberal Horacio Serpa a San Vicente del Caguán, el posterior
asesinato de la ex ministra de Cultura, una vez más implicaron una crisis en el
proceso. Estos dos hechos de intolerancia política y extrema violencia fueron
seguidos por una andanada generalizada contra la zona del despeje que fue
parcialmente superada con el acuerdo de San Francisco entre las FARC y el
gobierno.

En este acuerdo, las partes ratifican el compromiso de retomar la agenda común
acordada, estudiar el documento de los notables y acometer la discusión sobre el
cese al fuego y la tregua, y, por último, las FARC se comprometen a suspender
las denominadas “pescas milagrosas” y permitir el normal desarrollo del debate
electoral en los cinco municipios despejados.

Sin embargo, días después un frente de las FARC montó un retén en el sur del
país, en la vía entre Pasto y Tumaco (Nariño), donde fueron retenidos dos
agentes de la Policía, posteriormente ejecutados acusados de paramilitarismo.
Una vez más, el proceso entró en crisis. Al parecer en contraprestación, y como
acto unilateral, las FARC dejaron libres a los dos ciudadanos alemanes
secuestrados en el departamento del Cauca y quienes se dedicaban a labores de
desarrollo social y fortalecimiento de las comunidades a instancias de la
agencia de cooperación GTZ, de ese país europeo.

Lo anterior no hace sino reiterar la necesidad de insistir en crear entre todos
las condiciones de irreversibilidad del proceso con las FARC, en lugar de que
cada sector de opinión diariamente le esté exigiendo al proceso acomodarse a sus
concepciones, su opinión política e intereses económicos.

En síntesis, el reto actual de los colombianos es ayudar a crear las condiciones
generales de irreversibilidad de las negociaciones, lo cual implica el
establecimiento de unas reglas de juego para pronunciarse sobre el mismo, no al
vaivén de las coyunturas políticas, el debate electoral o de la legitimación
mediática, sino con visión de mediano y largo plazo. Lo anterior no implica
cortar la libertad de opinión ni el silencio cómplice ante las atrocidades de
las FARC.

DESTACADOS
Más que la voluntad política, el proceso cuenta con una serie de instrumentos
concretados en los diferentes acuerdos que en estos tres años han firmado las
partes

Hay la necesidad de insistir en crear entre todos las condiciones de
irreversibilidad del proceso con las FARC, en lugar de que cada sector de
opinión diariamente le esté exigiendo al proceso acomodarse a sus concepciones


Sección: Paz y conflicto armado
Título: Cruzada antiterrorista y negociaciones de paz
Por Fernando Hernández Valencia*

Cuando hace un año la Convergencia Paz Colombia, en el Encuentro Internacional
sobre la Paz y los Derechos Humanos, realizado en San José de Costa Rica,
presentó los puntos de vista de la Sociedad Civil Democrática sobre el conflicto
colombiano, expresó su convicción del agotamiento de la estrategia de negociar
en medio del conflicto por el desastre humanitario sobre la población civil,
planteando la urgencia de un Acuerdo de Cese al Fuego y un compromiso de las
partes sobre el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario. Estos elementos son puntos centrales de la propuesta que acaba de
presentar la Comisión de Personalidades a la Mesa de Negociación en el Caguán.

En medio de la degradación de la guerra con la continuidad de la estrategia de
los actores armados, de las masacres paramilitares, los secuestros de la
guerrilla y los bombardeos indiscriminados del Ejército y frente al creciente
escepticismo de amplios sectores de la opinión nacional por una negociación que
no supera los avances iniciales de una agenda convenida, una zona de distensión
para los diálogos y algunos gestos humanitarios, como la liberación de soldados
y policías en manos de la guerrilla, la propuesta de las personalidades
significa un aporte importante para relanzar el proceso de paz y encauzarlo
hacia necesarios acuerdos de paz.

Pero lo más notable del documento es la reivindicación del carácter político del
conflicto armado colombiano y de la urgencia de soluciones negociadas políticas,
económicas y sociales a una guerra de medio siglo.

Este es un punto de la mayor importancia en momentos en que la cruzada
antiterrorista encabezada por los Estados Unidos ha embarcado a los gobiernos de
occidente en una campaña tan fundamentalista como la del integrismo musulmán que
ocasionó, con los atentados del 11 de septiembre, no sólo una agresión aleve
contra la población norteamericana sino un golpe demoledor a la soberbia
imperial yanqui que ya algunos analistas consideran como el inicio de una nueva
época en la historia de la humanidad.

En el mismo Encuentro Internacional de Costa Rica condenamos el Plan Colombia
como una estrategia de guerra y de intervención a nombre de la lucha contra el
narcotráfico. De igual forma, consideramos que la Iniciativa Regional Andina del
Presidente Bush es una extensión del Plan Colombia y sus pretensiones de control
político y militar a la región amazónica y a sus recursos bioenergéticos.

Ahora denunciamos el fundamentalismo antiterrorista según el cual “quien no está
con nosotros está contra nosotros”, como la nueva estrategia norteamericana de
control, intervención y guerra. Así, al fundamentalismo del mercado que
significa la interpretación neoliberal de la globalización, se añade el
fundamentalismo de la nueva cruzada mundial antiterrorista a nombre de la cual
avizoramos ya una nueva versión de la Democracia Autoritaria, con mayor
restricción de las libertades civiles y con la supeditación de los derechos
humanos a las necesidades de “la defensa del mundo libre” en una resurrección
del espíritu de la guerra fría.

Ahora pues, cuando los mandos del Ejército colombiano, algunos candidatos en
trance electoral e incluso algunos medios de comunicación se han montado en el
nuevo lenguaje antiterrorista y cuando aun el Gobierno de Pastrana ha filado en
la estrategia norteamericana proponiendo revivir el vetusto Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca de 1948 “para la defensa del continente
frente a las agresiones externas”, es la hora de cerrar filas en la defensa de
la búsqueda soberana de soluciones políticas al conflicto colombiano y de la
negociación como el único camino para resolver la encrucijada de violencia,
injusticia y exclusión en beneficio de un proyecto nacional de desarrollo y
convivencia.

En medio del concierto guerrerista que se nos quiere imponer falazmente como la
opción de los colombianos, la propuesta de la Comisión de Personalidades puede
ser la última oportunidad de quienes, desde diferentes orillas, creemos
tercamente en el derecho de construir la paz y en la obligación de legar a las
próximas generaciones una Colombia de justicia, paz, democracia y soberanía.

*


Sección: Movimientos sociales
Título: Juridicción indígena y conflicto
Acápite: Unos 105 autoridades y delegados indígenas reunidos en un Conversatorio
Nacional sobre Jurisdicción y Conflicto convocado por la Organización Indígena
de Antioquia, que se realizó en Urabá el pasado mes de septiembre. Los frutos de
los diálogos e intercambios de experiencias de este conversatorio se recogieron
en el Mensaje de Esperanza de los Pueblos Indígenas para los Colombianos y las
Colombianas, que citaremos en este artículo.

Como lo hemos venido analizando regularmente en Actualidad Colombiana, el
acelerado proceso de degradación de la guerra en Colombia afecta a los pueblos
indígenas de manera directa en la construcción de su proyecto de vida
fundamentado en la autonomía, el territorio y la identidad cultural y en la
vigencia de sus derechos humanos integrales.

Esta situación contrasta con el marco jurídico constitucional a través del cual
se reconoce a Colombia como una nación multiétnica y pluricultural, lo mismo que
con la ratificación de instrumentos internacionales que reconocen los derechos
de los pueblos étnicos, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT, aprobado
mediante la Ley 21 de 1991.

Aun antes de la Constitución de 1991 los pueblos indígenas de Colombia han
reclamado el reconocimiento y respeto de sus formas autónomas de gobierno y
administración de justicia comunitaria. Muchas de ellas encuentran su origen en
la cultura tradicional y otras están en un proceso de adaptación y actualización
conforme a las nuevas problemáticas en sus territorios.

“El conflicto armado y el estado de guerra permanente que afronta Colombia no ha
sido ajeno a las comunidades indígenas que viven en nuestro país. Ello se
evidencia cuando con tristeza contamos los líderes indígenas asesinados en los
últimos tiempos, los desplazamientos forzados a los cuales han sido sometidas,
la lucha constante por el territorio que habitan, y la imposibilidad del
ejercicio de su autonomía y gobierno propio cuando los actores armados quieren
imponerles su justicia particular, su modelo de control y su hegemonía
territorial, les obligan a ser sus colaboradores (cuando no a que militen en sus
filas), a cargar mercados, a facilitar sus tambos y territorios para la guerra.

“Este conflicto se ha metido en nuestros territorios y comunidades de muchas
maneras. Con la disputa territorial por recursos y por el control de la gente
que vive allí; tratando de ganar el pensamiento de nuestros jóvenes para la
guerra y para el modelo económico, creando y utilizando los conflictos internos;
generando divisiones.

“Nos preocupan las nuevas formas que toma la guerra, que volverán más
vulnerables a las comunidades. Los diferentes grupos armados quieren copar los
gobiernos indígenas y las organizaciones comunitarias, quieren comprar
territorios que nosotros reivindicamos, quieren utilizar los sistemas de
información de salud y predial para controlar a las poblaciones. Todas las
acciones de guerra que se realizan en nuestros territorios alteran el equilibrio
interno, terminan produciendo delincuencia interna, llaman a más guerra, dañan a
la naturaleza. Y sobre todo, impiden que sigamos reconstruyendo nuestros
gobiernos y fortaleciendo las culturas, se dirigen a hacernos más sumisos y
menos libres. Son prácticas que nos meten a la fuerza con los grupos armados.

RESISTENCIA INDÍGENA
En la agudización de la guerra las comunidades han mantenido y fortalecido
mecanismos de resistencia, en varios sentidos. En la preservación de su
identidad y territorio, por mantener su independencia frente a los actores del
conflicto armado, ofrecer sus territorios como escenarios de diálogo y el
derecho a la participación en la construcción de una apuesta de paz y
convivencia en alianza con otros sectores de la sociedad civil. Surge entonces
la pregunta de cómo responder a la violencia.

Se ha venido imponiendo al movimiento indígena el reto de trascender las
denuncias por la continua violación de los derechos humanos y avanzar en la
construcción de una agenda para la interlocución con los demás sectores de la
sociedad colombiana. Para el movimiento indígena se ha hecho necesario definir
una estrategia que le permita cualificar su participación en los diferentes
escenarios de negociación política.

“Pero sólo resistir, sin proponer no es suficiente: seamos los protagonistas
principales de una Propuesta de paz para Colombia.

“La guerra en este país nace en la injusticia y en el modelo económico, que
monta leyes para agravar la situación de la mayoría, que impone megaproyectos,
que produce pobres como en una fábrica (...) Por eso debemos meternos en
construir las bases de sociedades justas y bien gobernadas, que es como nosotros
entendemos la paz, y como la entiende mucha gente

1. Nosotros proponemos como principios para guiar la búsqueda de la paz, los
siguientes: hacerlo en minga, entre todos, en únuma como dicen los sikuani;
hacerlo buscando la fuente de los problemas, antes de que crezcan; hacerlo
partiendo de la identidad porque ahí está la forma de los sueños y la forma del
mundo que queremos; hacerlo pensando en que la justicia y la paz se hacen con
autoridades que nacen verdaderamente de la tradición y de los pueblos; hacerlo
teniendo como fundamento un territorio gobernado por la gente que lo vive y no
por empresas y gobiernos ajenos; hacerlo pensando en que la naturaleza es para
respetarla y protegerla, y no para usar y abusar de ella. No creemos que un
proyecto hegemónico, que niega diferencias, que liquida la diversidad, pueda
consolidar la paz.

2. Se necesita que la negociación sea de toda la población y se dé en medio de
un cese al fuego; necesitamos que se establezcan de inmediato acuerdos
humanitarios; resulta criminal mantener una guerra en las actuales condiciones.
Este mensaje debe ser oído por todos; por el Estado, por la sociedad, por los
grupos armados y por el Ejército. Para lograrlo –además del Congreso de los
Pueblos donde exigiremos al Estado y a todos que paren el etnocidio–, proponemos
una Marcha de varias Cabezas, que luego de acuerdos y consensos entre las
organizaciones sociales, podría consistir en miles de colombianos y colombianas,
indígenas, campesinos, negros, trabajadores, yendo hasta donde están las
comandancias del Ejército y los grupos armados, para mostrar nuestra fuerza de
paz y de razón, para exigir cese al fuego para negociar, para demandar acuerdos
humanitarios, y para decir que no vamos a seguir como observadores del proceso
de paz sino que vamos a ser protagonistas.

“Llamamos a toda la gente de Colombia a trabajar en minga por este objetivo de
justicia y paz para todos y para todas. Necesitamos tiempo para preparar el
corazón, y aquí viene nuestra solicitud que nos sale de la memoria: ¿Podemos
contar con ustedes para inventar ese tiempo?”

DESTACADOS
Que miles de colombianos y colombianas, indígenas, campesinos, negros,
trabajadores, vayan hasta donde están las comandancias del Ejército y los grupos
armados, para mostrar nuestra fuerza de paz y de razón, para exigir cese al
fuego para negociar



Sección: Movimientos sociales
Título: El derecho a la salud: una vía hacia la paz

Basta mirar la crisis de los hospitales públicos, o los trámites para lograr la
atención debida en caso de enfermedad, así como el recorte cada vez mayor de los
dineros públicos dedicados a la salud, para entender la grave situación en la
que se encuentra este derecho en Colombia. La salud se convirtió en una
mercancía con la que se enriquecen unos y muchos no alcanzan a comprar.

Por tanto, y con la intención de analizar los principales problemas de salud del
país y formular elementos para una nueva política en torno al tema, 2120
personas, procedentes de todo el territorio nacional y representantes de una
gran diversidad de sectores sociales; campesinos, movimiento de mujeres,
indígenas, trabajadores de la salud y de otros sectores; representantes
juveniles, pensionados, usuarios de la salud, estudiantes, académicos,
profesionales de la salud y de otras áreas; funcionarios públicos y una
importante representación de la comunidad internacional, asistieron al Primer
Congreso Nacional por la Salud, del 4 al 6 de octubre, en la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá, bajo el lema de el derecho a la salud: una
vía hacia la paz, los cuales realizaron el siguiente pronunciamiento a la
nación:

“Con la realización del Congreso por la Salud pudimos demostrar, a partir de las
130 ponencias preparadas colectivamente por diversas regiones y sectores
sociales presentadas en las mesas de trabajo, que la salud tiene un carácter
positivo e integral referido a la realización plena de la vida, trascendiendo la
ausencia de enfermedad.

“Así mismo, conocemos y reconocemos la profunda crisis de salud por la que
atraviesan todas las regiones y sectores sociales del país, expresada por el
agravamiento de las condiciones de vida de la población; la enorme exclusión al
sistema de salud por condiciones socioeconómicas, étnicas, de género,
geográficas y de edad; el derrumbamiento de la red pública hospitalaria, el
debilitamiento de las instituciones públicas de seguridad social, la vergonzosa
pérdida del componente de salud pública, el ataque a la misión médica, la
presencia de muerte, enfermedad y desplazamiento producto del recrudecimiento de
la guerra y de las múltiples violencias y el uso indebido de los recursos
públicos fruto de la intermediación financiera y del fenómeno de la corrupción.

“El Congreso reconoció que esta situación de crisis de la salud está asociada
con el tipo de modelo de desarrollo neoliberal por el que ha optado Colombia,
que ha atrapado a la salud y a la seguridad social en la lógica del mercado,
razón por la cual se pierde la posibilidad de su garantía como derecho y se
generan las inequidades y exclusiones propias del mercado.

“En este sentido, el conjunto de organizaciones regionales y sectoriales
reunidas en este Congreso por la Salud, decidimos acoger como principios
rectores para nuestra agenda política común a la salud y a la seguridad social
como derechos humanos y bienes públicos, lo que implica ser reconocidos
constitucionalmente, que el Estado sea el garante de ellos y la sociedad y el
conjunto de organizaciones sociales en ejercicio de la ciudadanía se movilicen
co-responsablemente a través de una participación efectiva para velar por el
cumplimiento y la protección de ellos como fundamentos necesarios para una
verdadera democracia.

“Con el Primer Congreso Nacional por la Salud nos pronunciamos también para
afirmar que existe un claro abandono estatal en relación con la garantía del
derecho a la salud y que se requiere necesariamente de nuevas formas de gobierno
local, regional y nacional, en donde las comunidades participen activa y
mayoritariamente en el diseño, toma de decisiones y ejecución de las políticas
de salud y donde los funcionarios tengan un compromiso social y ético que
recojan el sentir de las necesidades sanitarias de nuestra gente para generar
condiciones saludables para el disfrute de la vida.

“Reivindicamos el aporte de los pueblos hermanos que estuvieron presentes en
nuestro Congreso, que nos manifestaron, como en los casos de Cuba y España, que
sí es posible el desarrollo de una política de Estado en salud que efectivamente
garantice y proteja a la salud como derecho humano para toda la población, y
como en el caso de Brasil, donde la gestión local hizo realidad la salud como
bien público.

“La mirada internacional en este encuentro nos compromete con una tarea
profundamente ética del pueblo colombiano para con el resto de naciones,
referida a evidenciar que nuestro sistema de salud y seguridad social no puede
ser tomado como modelo para ser implementado en otros países, porque esto
significaría para ellos mayor exclusión, injusticia, enfermedad y muerte.

“Decidimos avanzar en los procesos organizativos y de acción que aumenten y
fortalezcan el movimiento social por la salud, condición indispensable para
lograr que en Colombia la salud se garantice como derecho humano y se preserve
como bien público. Por esta razón y aprovechando la rica dinámica organizativa y
movilizatoria alrededor del Congreso, decidimos constituirnos como Movimiento
Nacional por la Salud y la Seguridad Social para recoger y potenciar toda esta
dinámica y posibilitar una instancia nacional con instancias regionales, locales
y sectoriales que se constituyan en voceras del sentir de las necesidades de
salud de la gente, y acoger como norte de la acción política a la salud como
derecho humano y bien público, y para que concretar las conclusiones derivadas
de este Congreso y de los eventos por venir.

“En este sentido, el Congreso hace un llamado a todos los sectores sociales,
locales, regionales, nacionales, institucionales, populares y a la ciudadanía en
general para que hagan suyas las conclusiones de este Congreso por la Salud y
agiten las banderas de la salud como derecho humano fundamental, integrándose al
Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, para que detengamos
tanta enfermedad, muerte y dolor evitable, tanta indolencia del Estado y de
nuestros gobernantes, tanto silencio y apatía ciudadana, tanta guerra,
desplazamiento, fumigaciones y barbarie, tanto cierre de hospitales públicos,
tanta deshumanización en la atención médica y hagamos de Colombia un país
viable, sano y prospero.

“Los y las presentes nos comprometemos a convertir en realidad los principios,
estrategias y acciones que salieron de este Congreso por la Salud como aportes
para la vida, la salud y la paz en nuestro país”.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 322
Octubre 3 a 17 de 2001
Bogotá, Colombia

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Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
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CONTENIDO
Sección: Paz y conflicto armado
Título: La paz improbable

Sección: Movimientos sociales
Título: “Queremos decir qué somos y qué queremos”
Acápite: Entre el 25 y el 30 de noviembre se realizará en Bogotá la Cumbre
Nacional de las Organizaciones Indígenas, paralelamente con sendos
encuentros de afrocolombianos, campesinos y ambientalistas. Cuatro sectores
que reclaman espacios para exponer su visión de la realidad y el futuro
colombianos.

Sección: Derechos humanos
Título: Tolimenses exigen protección

Sección: Derechos humanos
Título: Asesinada otra defensora de derechos humanos

Sección: Política
Título: La paz no aguanta una Corte Penal Internacional




Sección: Paz y conflicto armado
Título: La paz improbable

El futuro del proceso de paz parece haberse sentenciado en el último fin de
semana de septiembre, con la propuesta de la Comisión de Notables de
establecer una tregua bilaterial de seis meses a fin de convocar una
Asamblea Nacional Constituyente, con el impedimento del ejercicio
proselitista en la zona de distensión por parte de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, farc, y con la muerte aún sin aclarar de la ex
ministra de Cultura, Consuelo Araújo Noriega, cuando estaba secuestrada por
ese grupo. Ahora sólo existen dos posibilidades con respecto al proceso: se
redirecciona definitivamente o se rompen los diálogos.

Por otro lado, el proceso de paz ha vuelto a ser eje central del debate
electoral, pero no como hace cuatro años, cuando fue un elemento
determinante para el triunfo de Andrés Pastrana; ahora, por el contrario,
se perfila como ganador aquel candidato que utilice el discurso más
militarista contra la zona de despeje y en general contra todo el proceso.
Esta polarización y endurecimiento de los discursos de los candidatos
presidenciales son la consecuencia de un proceso sin un norte definido
desde un principio, de las contradicciones internas del gobierno, no sólo
por la diferencias entre los discursos entre el Ejecutivo y los altos
mandos militares, sino también por la falta de coherencia del aquél en sus
discursos y sus praxis; pero también las farc han ayudado a esta
polarización, debido a que sus errores políticos en su mayoría los han
cometido en momentos críticos del proceso, lo cuales lo colocan como un
grupo al que no le interesa la paz, sino su fortalecimiento económico y
militar.

EL ENEMIGO AHORA ES EL TERRORISMO
Las farc, a través de su comandante, Manuel Marulanda Vélez, habían instado
al gobierno y a las Fuerzas Armadas a participar activamente en el diálogo.
En carta enviada al presidente Pastrana, días después del atentado en
Estados Unidos, Marulanda propuso un nuevo canje de soldados por
guerrilleros, y la ampliación de la mesa de diálogo a otras fuerzas
políticas para darle un nuevo impulso, y señaló tajantemente que si se
termina la zona de despeje se da por finalizado el proceso de paz hasta con
el próximo gobierno.

La respuesta de los altos mandos militares a la propuesta de las farc fue
igualmente tajante: en tanto rechazaron el canje, desestimaron la reunión
con ese grupo guerrillero y señalaron que se suman a la cruzada
internacional contra el terrorismo, señalado por Estados Unidos como el
nuevo enemigo.

Esto es claro, ya que para las Fuerzas Militares, los enemigos de Estados
Unidos son en su percepción nuestros enemigos: así como lo fueron el
comunismo y el narcotráfico, ahora lo es el terrorismo, apelativos todos
que, según los altos mandos, están contenidos en la esencia y praxis de la
guerrilla colombiana, porque cada nuevo cambio en los términos de
referencia de la política exterior de Estados unidos, es un cambio en la
política interna y específicamente en lo que atañe a la agenda propia de
paz; así, si antes la guerrilla era narco guerrilla ahora es
narcoterrorista, un apelativo muy significativo para una salida militar
“justificada” a nuestro conflicto interno.

La lucha antiterrorista se hizo sentir también en las farc. Los discursos
guerreristas del presidente estadinense George Bush hicieron mella al
interior del secretariado, y días después de los atentados del 11 de
septiembre en Estados Unidos, el tema del cese al fuego y hostilidades
estuvo de nuevo a la orden del día. La tensión que generó la cruzada
internacional contra el terrorismo, y como consecuencia la radicalización
política del país, se distensionó gracias a las propuestas de la Comisión
de Notables para disminuir la intensidad del conflicto y luchar contra el
paramilitarismo.

LA COMISIÓN DE NOTABLES
Este es tal vez el aspecto más tangible del acuerdo de Los Pozos firmado
por el presidente Pastrana y Manuel Marulanda Vélez, en el cual se acordó
crear una Comisión de Notables con el fin de proponer recomendaciones para
luchar contra el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto.

La propuesta de 28 puntos, dada a conocer el 27 de septiembre, tiene como
punto de partida y eje central del nuevo escenario de diálogo, una tregua
bilateral de seis meses prorrogables de común acuerdo, durante la cual la
Mesa Nacional de Diálogo debe ampliarse a nuevos sectores políticos y
sociales, y de aquí llegar a acuerdos específicos que conformen un temario
de proyectos de reforma constitucional.

Con base en estos acuerdos se convocaría a una Asamblea Nacional
Constituyente o a un referendo popular. En la Asamblea deberán quedar
representados los movimientos y partidos políticos y sindicales, los
sectores de la producción, sectores independientes de la sociedad civil y
de las farc y demás grupos de insurgencia que decidan comprometerse con el
proceso.

Esta Asamblea o referendo sería la culminación del proceso de diálogo y
negociación, por lo que, una vez acordada la Asamblea “e iniciado el
proceso para su conformación, las farc-ep depongan las armas. Además de que
Raúl Reyes, vocero de las farc, no hizo referencia a esa posibilidad, llama
atención la inexistencia de preferencias electorales para con los grupos
guerrilleros, por lo que la Comisión propuso que la Asamblea sea
“conformada mediante  la libre y democrática elección de sus miembros, sin
perjuicio de que se adopten otros procedimientos especiales para la
escogencia de quienes han de representar en ella a la insurgencia”, lo que
plantea que habría un número básico de ex combatientes en su conformación.

Con respecto al paramilitarismo, la Comisión afirmó que a estos grupos se
les debe combatir militarmente y no llevar a cabo con ellos un proceso de
diálogo paralelo al proceso con la guerrilla, al tiempo que se debe
combatir su retaguardia política y económica.

El documento de la Comisión de Notables es importante para revitalizar y
redireccionar el proceso de paz, sobre todo porque hace propuestas
concretas y señala etapas definidas para la convocatoria de la Asamblea
Constituyente, para la reinserción de las farc a la vida civil, y para que
el Ejército de Liberación Nacional, eln, se una a este proceso, toda vez
que el que se adelantaba con ese grupo guerrillero se encuentra estancado
desde el 7 de agosto, cuando el presidente Pastrana declaró unilateralmente
roto el diálogo. Esto podría sonar esperanzador, ante el desgaste del
actual modelo de negociación bajo el fuego, del que la Comisión dice que
mantener la negociación bajo el marco de la guerra, “no sólo dilatará
indefinidamente el proceso, sino que hará más difícil llegar a los acuerdos
con tanto anhelo esperados”.

¿HACIA LA RUPTURA DEFINITIVA?
El panorama del proceso que estaba entre la salida militar, como parte de
la ofensiva antiterrorista mundial, y la política, como seguimiento a las
recomendaciones y ajustes al documento de la Comisión de Notables, parece
dirigirse a la primera, por los dos últimos acontecimientos.

El primero de ellos fue la abortada marcha del candidato presidencial
Horacio Serpa a San Vicente del Caguán para exigirle a las farc el buen uso
de esta zona y comprobar que ésta no está vedada para los colombianos. El
hecho, cubierto con mucha significación y espectacularidad por lo medios de
comunicación, no llegó a “feliz” término, ya que como lo mostraron los
medios de comunicación, las farc supuestamente llenaron de tachuelas el
camino que conduce a la zona de distensión y, segundo, porque a lo largo de
la carretera fueron exhibidas pancartas que anunciaban la existencia de
carros bombas y de campos minados, y porque la comandancia guerrillera
desde antes de iniciarse la caravana había anunciado que impediría su llegada.

Este hecho también demostró que muchos de los candidatos y sectores de la
sociedad limitan el proceso a la zona de distensión, sin verlo en su conjunto.

Las farc había calificado la movilización como muestra de politiquería y
oportunismo político. Cabe recordar que la marcha fue organizada por
dirigentes del Huila que protestaban por el secuestro de algunos ciudadanos
que habrían sido llevados a la zona de distensión, hecho que aprovechó el
candidato liberal Horacio Serpa para convertirla en bandera de su campaña
electoral, y para desprestigiar la zona de distensión. Este tipo de
acciones son propias de las campañas electorales de algunos políticos que
ven en cada movilización, espontánea o no, un momento oportuno para
politizarla de la manera más electoral posible a fin de ganar adeptos, así
sea a costa de producir crisis en el proceso de paz.

Otro hecho que repercutió indudablemente en el proceso de paz y cuyas
consecuencias no se conocen aún al cierre de esta edición, es la muerte en
cautiverio de la ex ministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera. Aunque no
se ha aclarado la forma de la muerte de la ex ministra y se recuerda la de
Diana Turbay cuando se frustró su rescate, el Ejército se apresuró a
afirmar que la Cacica había sido ajusticiada por sus captores. En las
últimas declaraciones del presidente Pastrana y el Alto comisionado para la
Paz, Camilo Gómez, dijeron que “las farc han puesto en peligro el proceso
de paz”. Justamente estos hechos se presentan cuando faltan pocos días para
que sea prorrogada de la zona de distensión. El mismo gobierno ha planteado
la necesidad de evaluar todo el proceso de paz, lo que nos lleva a pensar
en un escenario en el cual la suspensión de los diálogos sea una
posibilidad no remota, o que haya un condicionamiento extremo de la zona,
que tal vez no sea aceptada por las farc.

DESTACADOS
El proceso de paz ha vuelto a ser eje central del debate electoral: se
perfila como ganador el candidato que utilice el discurso más militarista
contra la zona de despeje y en general contra todo el proceso

Muchos de los candidatos y sectores de la sociedad limitan el proceso a la
zona de distensión, sin verlo en su conjunto




Sección: Movimientos sociales
Título: “Queremos decir qué somos y qué queremos”
Acápite: Entre el 25 y el 30 de noviembre se realizará en Bogotá la Cumbre
Nacional de las Organizaciones Indígenas, paralelamente con sendos
encuentros de afrocolombianos, campesinos y ambientalistas. Cuatro sectores
que reclaman espacios para exponer su visión de la realidad y el futuro
colombianos.

A principios del mes de julio, en un hecho que definió como muestra de
dignidad, la Organización Nacional Indígena de Colombia, onic, declaró
rotas las relaciones con el gobierno nacional y dio un plazo de 60 días
para que éste expusiera ante la comunidad nacional e internacional cuál es
su política frente a la situación de tierras y derechos humanos de las 85
etnias indígenas nacionales. A 90 días del rompimiento, sin embargo, la
situación sigue igual e incluso se ha agravado.

Otros hechos que los mismos indígenas califican como muestra de dignidad,
fueron la marcha que más de 30 mil caucanos realizaron hacia Cali para
protestar “contra todos los actores armados”, y la búsqueda en Tierralta,
Córdoba, del líder Emberá Kimmy Pernía. Una nueva comisión se apresta a
iniciar una búsqueda del dirigente, de quien se ha sabido que sigue con
vida en poder de paramilitares.

A fines de septiembre, el viceministro del Interior, Nelson Rodolfo Amaya,
convocó a una reunión motivada por los enfrentamientos entre indígenas
Guambianos y Paeces en el Cauca, “pero no fuimos porque para volver a
hablar tiene que ser con el presidente Pastrana y con el ministro de
Hacienda, que garanticen desembolsos para la adquisición de tierras, el
saneamiento de Resguardos y, fundamentalmente, para garantizar los derechos
humanos”, dijo Armando Valbuena, presidente de la onic.

Según Valbuena, además de la violación a los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, con asesinatos selectivos y desapariciones, como
la de Kimmy Pernía, hay disputas territoriales relacionadas no sólo con la
recuperación de tierras ancestrales, sino con la explotación de las mismas
por parte de multinacionales, como el caso de la Occidental Petroleum en
los pozos de Gibraltar, en jurisdicción del pueblo U’wa.

Por ello, y antes que hablar con el gobierno, planean para fines de
noviembre realizar en Bogotá la Cumbre Nacional de las Organizaciones
Indígenas, en la cual “queremos decir qué somos y qué queremos”.

“El tema indígena agregó es más profundo en lo político, en lo económico,
en lo social y por eso también en la guerra”, por lo que, si después de
efectuada la Cumbre el gobierno no ha propuesto soluciones, “daremos por
entendido que es política oficial del Estado el etnocidio, que ha sido
denunciado por el Defensor del Pueblo; por la Organización Internacional
del Trabajo, oit, que ha pedido medidas cautelares, y por la Organización
de las Naciones Unidas, onu, que ha pedido medidas preventivas”.

Como ejemplo de lo que consideran falta de voluntad del gobierno, está la
no convocatoria de la Mesa de Concertación para definir el Código Minero.
“Vamos a demandarlo porque no hubo Consulta Previa como ordena la ley y
porque hay condiciones para que las empresas mineras entren a los
territorios indígenas a explotar los recursos, pues, por ejemplo, las
comunidades tienen 60 días para pedir licencia de explotación o se la
adjudican a otro” lo cual, según Valbuena, no es equitativo, toda vez que
los indígenas no disponen de los recursos tecnológicos ni económicos para
emprender las exploraciones y explotaciones y porque se estaría vulnerando
el principio cosmogónico de respeto hacia la Madre Tierra.

Simultáneamente con la Cumbre Indígena, están siendo convocadas sendas
cumbres de los campesinos, los afrocolombianos y los ambientalistas,
quienes presentarán sus conclusiones de lo que es su visión de la realidad
y las propuestas para avanzar en la solución incruenta de los conflictos.

ÉXODO Y DERECHOS HUMANOS
Uno de los puntos a tratar será, sin duda alguna, el del desplazamiento
interno y hacia el exterior. Hacia Panamá han huido 350 indígenas y a
Ecuador 600, lo cual permite hablar de éxodo, además del que hay hacia
Venezuela, en particular por la península de la Guajira, que comparten los
dos países y los indígenas Wayúu consideran un territorio indivisible, sin
fronteras. Sin embargo, en un trabajo de campo realizado por el Centro de
Investigación en Educación Popular, Cinep, las cifras podrían superar el
millar de indígenas que han abandonado el país, perseguidos
indiscriminadamente por guerrilleros y paramilitares.

Algunos consideran incluso que esta cifra es pequeña; sin embargo, para el
investigador Teófilo Vásquez, del Cinep, “más que la denuncia de si el
monto no es grande y por lo tanto no es importante, lo verdaderamente
importante es el proceso de desterritorialización para construir otras
formas de territorio”.

Es apenas una muestra de cómo son abordados los derechos humanos de los
indígenas, pues se mide es por el número de afectados y, en el caso del
desplazamiento, que en Colombia alcanza los dos millones de personas, el de
los indígenas sería insignificante.

Según Valbuena, “no sabemos siquiera el número de indígenas muertos”, pero
denunció que solamente en la Sierra Nevada de Santa Marta ha habido más de
100 asesinatos en lo corrido del año 2001. Pidió solidaridad de las
organizaciones defensoras de derechos humanos con el fin de convocar
instancias internacionales que no sólo apoyen a los grupos vulnerables,
sino para juzgar a los culpables, como lo haría el Tribunal de los Pueblos.

LUCHA INTESTINA
El pasado 19 de septiembre, una vieja disputa territorial desencadenó un
enfrentamiento a palo y machete entre miembros de los pueblos Guambiano y
Páez, del Cauca, que produjo cuatro muertos y más de 40 heridos. La revista
Cambio se apresuró a afirmar que “el gobernador Floro Tunubalá y el senador
Jesús Piñacué avivan un fuego histórico” y que “un asunto de tierras
terminó aún más enrarecido por las disputas políticas de sus líderes
indígenas”.

El presidente de la onic, sin embargo, aclaró que si bien ha habido
posiciones divergentes entre los dos líderes (Piñacué es Páez y Tunubalá,
Guambiano), éstos no han avivado “un fuego histórico” sino que, por el
contrario, han intercedido ante las autoridades nacionales para solucionar
el problema de tierras, generado, según él, por la mala distribución que en
ese departamento ha habido y por la gestión indebida del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, que en 1987 distribuyó los
terrenos en disputa.

Aunque el ministro del Interior, Armando Estrada Villa, prometió recursos
para solucionar el problema, Valbuena señaló que siempre les han prometido
dichos recursos pero que éstos no han llegado. Puso como ejemplo la Mesa
Nacional de Territorios, en la que de forma concertada el gobierno y las
comunidades indígenas deben dirimir los conflictos. Se trata de un espacio
con el Incora y el Ministerio de Agricultura para la creación, saneamiento
y ampliación de los Resguardos en todo el país. Según Valbuena, solamente
en el Cauca se requieren $50 mil millones; en Nariño, $25 mil millones, y
en Cesar, $380 millones, “y el rubro del presupuesto nacional del año 2001
es de $5 mil millones, que no alcanzan para nada”.

Recordó el Resguardo de Barronegro y Chaparral, en Casanare, donde desde
hace una década hay colonos que han ocupado tierras ancestralmente
indígenas y ahora hay incluso sembrada coca y presencia de las farc, y los
indígenas no disponen de recursos para recuperar las tierras.

Y mientras siguen esperando que el gobierno se pronuncie, los actores
armados, los terratenientes, las multinacionales, los tienen en la mitad
del conflicto.

DESTACADO
Si después de efectuada la Cumbre el gobierno no ha dado muestras de querer
encontrar soluciones, “daremos por entendido que es política oficial del
Estado el etnocidio”.



Sección: Derechos humanos
Título: Tolimenses exigen protección

Para los habitantes del norte del Tolima, el segundo semestre del 2001 ha
significado el fin de la paz y la tranquilidad que por cierto tiempo habían
disfrutado los campesinos de municipios como Líbano, Falan, Fresno,
Villahermosa y Palocabildo, entre otros. Dichos pobladores le habían
demostrado al país que no se requieren grandes infraestructuras para que la
producción comunitaria y la autogestión, como lo hacen desde hace ya varios
años con productos como el café, los frutales y productos de pancoger sea
posible.

Sin embargo, su particular geografía de profundos valles e imponentes
montañas, les ha mantenido en la marginalidad de un departamento que
escasamente ha hecho vías pavimentadas de acceso al Líbano. Y como muchas
zonas del país, que por sus deficientes vías y escarpadas montañas, tiene
presencia de grupos guerrilleros, ha sido catalogada de zona roja,
estigmatizada su población y perseguidos los dirigentes de la Asociación de
Pequeños y Medianos Agricultores, Asopema. Actualmente han comenzado a
sufrir lo que otras zonas del país: los efectos de una nueva violencia
política cuya lógica es resolver el conflicto armado por la vía de la fuerza.

Así, y por ser el Tolima y territorio estratégico, desde mayo comenzaron
los hostigamientos, las amenazas y allanamientos sin orden judicial,
persecución y presión a sus pobladores, por parte del Batallón Patriotas
del Ejército Nacional que hace presencia en la región, para que suministren
información sobre miembros de la guerrilla, como han establecido
Organizaciones No Gubernamentales, como el Colectivo de Abogados y la
Corporación Sembrar en varias denuncias hechas a las autoridades competentes.

Causa estupor que dichos militares manifestaran a los campesinos que detrás
de ellos “viene la escoba que barre bien”, refiriéndose a grupos
paramilitares que hicieron su entrada el 10 de julio con la desaparición de
una pareja de administradores del balneario El Acuario, a 10 minutos de
Mariquita. Reinaldo Parra y su esposa, Yeimi Chitiva, de 25 y 18 años
respectivamente, fueron sacados violentamente de su vivienda; el 16 de
julio, el Bloque Tolima de las auc llamó a familiares y miembros de la
comunidad a una reunión en la que se dejaría en libertad a la pareja:
fueron asesinadas siete de las personas que acudieron a dicho llamado.

Durante esos días los pobladores vieron al Ejército patrullando con un
hombre encapuchado vestido de militar. Los grupos paramilitares han seguido
haciendo presencia permanente en municipios como Mariquita, Guayabal,
Venadillo y Lérida. Como es costumbre, el Ejército no los enfrenta y las
autoridades no dan una respuesta efectiva para la protección y seguridad de
los pobladores.

El “Frente Omar Isaza” de las auc amenazó con que a partir del 16 de julio
habría plazo de dos meses para empezar a asesinar a los campesinos, amenaza
que se tornó trágicamente en realidad cuando el 15 de septiembre, a las 10
p.m. hizo presencia un escuadrón paramilitar en el corregimiento de Frías,
municipio de Falan, donde entraron en una camioneta, un campero y dos
motos, avanzaron hacia la plaza, dispararon indiscriminadamente contra la
población de la plaza desde el atrio de la iglesia donde murieron las
primeras personas; posteriormente dispararon en el billar El Olivo donde
murieron siete personas y lanzaron una granada contra una cafetería
cercana, dejando como saldo 15 personas asesinadas.

Amenazaron después con incursionar en Palocabildo, Falan, Villahermosa,
Casabianca, y anunciaron que dichas comunidades tendrán que “alistar cerca
de 100 o 170 ataúdes, porque la lista es larga”.

Una zona más del país donde ha entrado la guerra, donde el ejército y la
policía no han sido eficaces en su deber de proteger a la población civil;
nuevas viudas, huérfanos y desplazados, a pesar de las alertas tempranas y
el aviso oportuno a las autoridades, informando que se avecinaban sucesos
sangrientos.

Adicionalmente, y según denunciaron varias organizaciones sindicales  y
defensoras de derechos humanos en el Tolima, ha habido una “inocultable
‘limpieza social en Ibagué’, que en la semana anterior cobró siete vidas y
en lo transcurrido del año más de veinte en diferentes barrios de la
capital tolimense, llegando al cinismo de pegar carteles de las auc en
busetas de servicio urbano”.

Tras denunciar persecuciones a más de 25 trabajadores de la salud
desplazados por amenazas hacia la capital departamental, las ong afirmaron
que “la impunidad, es la constante que encontramos frente al accionar
paramilitar, pues a pesar de venir desde el año anterior y en el presente,
de manera reiterada denunciando ante las autoridades correspondientes estos
hechos y las amenazas, no vemos ningún resultado práctico que pueda
mostrarse como acciones policivas o del Ejército para combatir a los
paramilitares. Por ello, respaldamos la solicitud presentada por el
Gobernador del Departamento al Gobierno Nacional de destinar una unidad
élite seleccionada que venga a nuestro Departamento y combata directamente
a los paramilitares”.




Sección: Derechos humanos
Título: Asesinada otra defensora de derechos humanos

La ex religiosa Yolanda Cerón, Directora de la Pastoral Social de la
Diócesis de Tumaco y defensora de las comunidades indígenas y
afrodescendientes, y de derechos humanos, fue asesinada por paramilitares
el pasado 19 de septiembre a las puertas de la iglesia en Tumaco,
departamento de Nariño.

Voceros de los Pueblos Indígenas Eperara Siapidaara del Pacífico, en
representación de los 85 pueblos indígenas de Colombia, emitieron un
comunicado mediante el cual expresaron su pena por la muerte de la ex
religiosa, perteneciente a la congregación de la Compañía de María. Dijeron
que “nos unimos al dolor de sus familiares y al de todos aquellos amigos de
la Diócesis que estuvieron cercanos a Yolanda y la acompañaron en su labor
pastoral”.

Agregaron que “queremos así mismo expresarle a la Diócesis que no desmaye
en este trabajo por seguir conquistando espacios de Paz en la región, pues
es esto lo que persiguen todos aquellos que quieren continuar bañando de
sangre a nuestros territorios”.

Por su parte, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz hizo un
reconocimiento de la labor de la religiosa, de quien dijo que “desde una
opción por los más débiles de este país denunció la difícil situación de
Derechos Humanos de la región nariñense, evidenciando de forma profética el
Terrorismo de Estado, cuya manifestación se expresa entre otras por el
paramilitarismo. Consideramos que su muerte obedece a un comportamiento
sistemático dirigido hacia las comunidades y organizaciones que plantean la
defensa de la vida y de los derechos humanos desde la óptica de las
‘víctimas’ del Estado”.



Sección: Política
Título: La paz no aguanta una Corte Penal Internacional

Si alguna cosa caracteriza a nuestra guerra es la continua alusión a su
origen. Nuestro conflicto sigue atado a la guerra fría. Esta guerra arrancó
sin distinguir entre civiles y militares. Por allá en los años sesenta,
cuando empezó la guerra en Colombia un Estado echó mano de la teoría de la
Seguridad Nacional proclamada en Estados Unidos y que acudía a todos los
recursos, incluidos los armados, para contener el comunismo. Las ideas
comunistas o de izquierda podían ser confrontadas por la agresión militar
así sus impulsores no recurrieran a las armas para imponerlas.

Se dieron todos los golpes militares de América Latina. Se desbancaron aquí
y allá gobiernos sospechosos de prohijar ideas de izquierda, aunque la
mayoría de ellos habían llegado al poder en limpias justas democráticas,
pero también se combatió en pequeña escala todos los grupos políticos que
hacían oposición. Sí, además, como en el caso colombiano, no sólo existían
movimientos de izquierda civil sino también organizaciones guerrilleras, la
recurrencia a las armas y a las prácticas ilegales por parte del Estado era
todavía más descarada. Aquí, incluso, un famoso General, que
paradójicamente fue asesinado, al parecer, por miembros de su misma
institución , escribió el libro “Subversión y Conflicto Social”, donde
argumentaba que todas las actividades políticas y culturales de la
izquierda no sólo eran parte de una única estrategia subversiva sino que su
naturaleza era más peligrosa que la misma actividad armada.

Eso tiene un nombre:  delito de opinión que debía ser combatido hasta con
las armas. Desde esa concepción no ha sido posible distinguir entre lucha
política, social e ideológica y lucha armada. A cargo de esto han ocurrido
los encarcelamientos, las torturas, los asesinatos, las masacres, las
desapariciones, de activistas sociales y políticos y de gente común y
corriente, por parte del Estado. A cargo de esto se auspicio o se toleró
luego la formación de los grupos paramilitares. Y a cargo de esto se
realizó el genocidio de la Unión Patriótica con más de 3000 víctimas , el
asesinato de 1557 sindicalistas en los últimos diez años y la muerte de más
de mil reinsertados, empezando por Carlos Pizarro Léongomez.

El punto de quiebre de la legitimidad del Estado ha estado siempre allí, en
la negación obsecada de la libertad política y en el auspicio de prácticas
y fuerzas para contener los cambios sociales. Ultimamente, un sector de la
dirigencia del país está comprendiendo esta dolorosa realidad y está
cambiando de actitud, pero la dinámica la sigue teniendo la derecha
agresiva. En las guerrillas la confusión no ha sido menor.

El acto que llevó al punto culminante el irrespeto a los civiles por parte
de la guerrilla y también por parte del Estado fué la toma del palacio de
justicia. En un sólo día, en un sólo acto, se transgredieron todas las
normas humanitarias.

Si una  Corte Penal Internacional se pusiera a mirar de manera
retrospectiva nuestro conflicto encontraría suficientes crimenes de guerra,
delitos de lesa humanidad y genocidios para ocupar unos diez años de su
trabajo y tendría que colocar en la condición de reos a varias generaciones
jefes y combatientes. Sería esta una gran empresa de justicia que
aleccionaria a la humanidad entera, pero ciertamente haría imposible una
paz negociada.

MENSAJE DISUASIVO PARA LOS ACTORES DEL CONFLICTO
El mundo actual hay una verdadera preocupación por la internacionalización
de la justicia. La ratificación del tratado de Roma acompañada de una
amplia difusión de sus contenidos servirá para advertir a todos los actores
del conflicto, incluidas las Fuerzas Armadas constitucionales, que aún en
la guerra hay normas, hay límites humanitarios. Servirá también para
decirle a la insurgencia que el reconocimiento político que la comunidad
internacional les ha conferido trae consigo exigencias éticas ineludibles.
Tenemos un derecho internacional cada día más riguroso y vigilante de los
crimenes de guerra, de los genocidios, de todas las violaciones a las
normas humanitarias. Esta Corte Internacional no se refiere al pasado, pero
tiene los ojos en el futuro y si el futuro empieza con prontitud todos los
actores armados deben repensar sus actuaciones.

Subject: Actualidad Colombiana 321
To: actcol@yahoogroups.com
From: kjell@...
Date: 20 Sep 2001 22:52:14 PDT

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 321
Septiembre 19 a octubre 3 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S.J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, CEPECS

COLABORACIÓN
Amanda Romero, Luis Enrique Buitrago

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos “Alguien”

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
Dana Pérez
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

ADMINISTRACIÓN
Fundación CEPECS
Calle 27A Nº 36-24
Tels. 244 0270 – 269 6152 – 571 5675
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  E-mail cepecs@...

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CONTENIDO

Sección: Paz y conflicto armado
Título: La paz, otra vez embolatada
La ruptura de los diálogos con el ELN por parte del gobierno, la arremetida del
ejército en el Guaviare, la visita de altos funcionarios del gobierno de Estados
Unidos, quienes hicieron fuertes críticas a la zona de distensión, y por último
los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, preparan el
camino para un escenario en el cual la salida militar al conflicto interno
tiende a imponerse.

Sección: Economía
Título: La cíclica amenaza de la flexibilización
No es la primera vez que, en los últimos años, se promueve en Colombia una
reforma laboral, encaminada, como suele decirse, a la flexibilización. Ni
sorprende tampoco que sea recibida otra vez con complacencia por parte de los
empresarios y con una cerrada oposición de parte de las centrales sindicales.

Sección: Movimientos Sociales
Título: Estudiantes se niegan a dejar morir la Distrital
Frente a los anuncios de inminente cierre que manifiesta la Alcaldía Mayor de
Bogotá en cabeza de Antanas Mockus, aduciendo las malversaciones del presupuesto
que maneja la administración de la Universidad Distrital, los estudiantes
decidieron organizarse para proponer salidas a la crisis

Sección: Movimientos sociales
Título: Colombia en la Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial
Entre el 27 de agosto y el 8 de septiembre se llevó a cabo en Durban, Sudáfrica,
la III Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial, el Racismo, la
Xenofobia y formas de Intolerancia Relacionadas. Las organizaciones sociales y
no gubernamentales colombianas jugaron un papel importante en la introducción de
los temas en la agenda.




Sección: Paz y conflicto armado
Título: La paz, otra vez embolatada

La ruptura de los diálogos con el ELN por parte del gobierno, la arremetida del
ejército en el Guaviare, la visita de altos funcionarios del gobierno de Estados
Unidos, quienes hicieron fuertes críticas a la zona de distensión, y por último
los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, preparan el
camino para un escenario en el cual la salida militar al conflicto interno
tiende a imponerse.

Se debe examinar, sin embargo, lo ocurrido en torno al proceso de paz, antes de
lo ocurrido en Estados Unidos, para observar cómo aun antes existían
posibilidades de reanudar diálogos con el ELN, y cómo para el caso de las FARC
la prórroga de la zona de distensión, que era casi un hecho, ahora es una
incertidumbre.

EL PROCESO CON EL ELN
Casi un mes después de la suspensión de los diálogos con el ELN y de la
posterior arremetida militar por parte de éste –lo que los medios de
comunicación han transmitido como una oleada terrorista en contra del país y de
la paz–, el gobierno nacional ha instado de nuevo a ese grupo para que haga
públicas sus propuestas de diálogo.

En una de sus últimas alocuciones al pueblo colombiano, el presidente Pastrana
elaboró una breve cronología del proceso con esta guerrilla, precisando que ha
sido el ELN el que no ha tenido voluntad de paz y dejó en manos de éste el
futuro de la paz. Estas acusaciones al ELN por su falta de voluntad política
estuvieron acompañadas por un silencio cómplice por parte de los medios de
comunicación de exigirle al gobierno nacional explicaciones de por qué se había
suspendido los diálogos, cuando el Comisionado Adjunto, Jorge Mario Eastman, ya
tenía un cronograma para retomar los diálogos con miras a la Convención
Nacional.

En lo que respecta al ELN, aunque ha seguido en contacto con la Comisión
Facilitadora de la sociedad civil, su falta de claridad en torno a si le apuesta
de nuevo a un diálogo con el gobierno de Pastrana es evidente, en por lo menos
dos hechos: primero, a través de sus voceros, Felipe Torres y Francisco Galán,
ha solicitado la medicación de la Iglesia para reanudar los diálogos con este
gobierno; de otra parte, el Comando Central ha expresado que pese a que con la
administración Pastrana ya no hay nada que hablar, sí ha pedido que se
revitalice la Comisión Facilitadora y que está dispuesto a dialogar con todos
los candidatos presidenciales en busca de una salida política al conflicto
armado en el gobierno que se inicia el 7 de agosto de 2002.

Las contradicciones del ELN y del gobierno nacional con respecto a la política
de paz, dilatan aun más el proceso y configuran la solución militar al conflicto
como la salida más efectiva para encontrar el camino hacia la paz.

Sin embargo, el último anuncio de Pastrana en el sentido de que se reabrían las
puertas del diálogo, parece haber sido fruto de presiones de la comunidad
internacional más que de una voluntad propia, toda vez que diversos países han
acompañado el proceso y visto las contradicciones internas.

EL PROCESO CON LAS FARC
Los vaivenes del proceso con este grupo, como lo fueron los secuestros del ex
gobernador del Meta y de tres ciudadanos alemanes, parecen ser un punto
superado, pues por lo menos ya se ha ganado conciencia en que estas
circunstancias no deben truncar las marcha de los diálogos, y se pueden superar
con otros mecanismos, lo cual era uno de los objetivos del Acuerdo de Los Pozos,
firmado por el Presidente Pastrana y Manuel Marulanda Vélez.

La prórroga de la zona de despeje ha sido sin duda el eje central de la agenda
en los últimos días, enmarcada por acontecimientos que formulan un escenario en
el cual su existencia es actualmente una incertidumbre. Tres son los
acontecimientos que nos llevan a pensar en la inexistencia de una zona de
distensión:

Un primer punto fue la magnificencia con la que los medios de comunicación
transmitieron el cerco militar del ejército a las FARC en el Guaviare, como el
titular de “Estamos ganando” de la revista Semana. Este hecho ha creado en la
sociedad un imaginario colectivo, en el cual la salida militar se impone a la
política, a través de la eficacia de las fuerzas armadas, lo que conduce a una
polarización de la sociedad; y es también significativo que sea este escenario
de guerra el que esté dominando los programas de los aspirantes a la
presidencia.

Segundo, la visita de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, y sus
declaraciones en torno a la idea de que la zona de despeje está siendo mal
utilizada por las FARC, abona la salida militarista al conflicto, con la excusa
de la lucha antinarcóticos.

A pesar de estos acontecimientos, el Presidente Pastrana ya ha dado
declaraciones sobre la prórroga de la zona de distensión. Para él, la zona ha
neutralizado el conflicto. En declaraciones a un grupo de periodistas, el
Presidente dijo: “Si no hay zona de distensión, hay guerra. ¿Qué queremos: la
paz o la guerra?”. Esto hacía pensar que la zona de distensión sería prorrogada;
sin embargo, un tercer hecho ha dejado su existencia hasta ahora en el limbo.

Si bien este era el panorama antes del 11 de septiembre, después de los ataques
en Estados Unidos, muchos analistas coinciden en señalar que la zona de
distensión no va a ser prorrogada, ya que las FARC –al igual que el ELN y los
paramilitares– están en la lista de los grupos terroristas. Y la administración
Bush ha sido tajante en señalar “cero tolerancia con el terrorismo” y con los
países que apoyen a los grupos terroristas. En este sentido, y siendo Estados
Unidos uno de los principales cooperantes internacionales del gobierno en su
lucha contra las drogas ilícitas, y con su imposición de una agenda
internacional antiterrorista, significa que en Colombia la salida no negociada
del conflicto interno se impondrá debido a que la internacionalización de la paz
supedita las decisiones del gobierno a las macro decisiones de la comunidad
internacional, y específicamente a las decisiones de Estados Unidos.

DESTACADO:
Las contradicciones del ELN y del gobierno nacional con respecto a la política
de paz, dilatan aun más el proceso y configuran la solución militar al conflicto
como la salida más efectiva para encontrar el camino hacia la paz

RECUADRO
El tema de los derechos humanos parece haber quedado rezagado en las
conversaciones de paz. Mientras guerrilla y gobierno discuten agendas
procedimentales, los “enemigos agazapados” de que hablara Otto Morales Benítez
continúan haciendo de las suyas. Es el caso del ex concejal por la Unión
Patriótica de Apartadó, José de Jesús German, asesinado en Bogotá el pasado 15
de septiembre, cuando preparaba su testimonio contra el ex general Rito Alejo
Del Río, acusado de conformar grupos paramilitares.
German era desplazado por amenazas contra su vida y le había pedido a las
autoridades que lo sacaran del país, debido a la información comprometedora que
tenía en su poder contra el ex general Del Río.



Sección: Economía
Título: La cíclica amenaza de la flexibilización

No es la primera vez que, en los últimos años, se promueve en Colombia una
reforma laboral, encaminada, como suele decirse, a la flexibilización. Ni
sorprende tampoco que sea recibida otra vez con complacencia por parte de los
empresarios y con una cerrada oposición de parte de las centrales sindicales.
Parece como si, no siendo suficiente con la flexibilización anterior, la de
principios de la década de los noventa, fuese necesario intentarlo una y otra
vez hasta que por fin, vencida la resistencia, se lograra imponerla. Este
detalle, por sí sólo, bastaría para deshacer el argumento según el cual se
trataría de un caso de emergencia.
EL SOFISMA DE LA SOLIDARIDAD
Sin embargo, ese es el argumento de hoy. De ahí se desprenden dos de las
características novedosas de la propuesta: se pretende hacer la reforma mediante
un Decreto, no sin algunas acrobacias constitucionales pues normalmente se
necesitaría una Ley del Congreso. Y se presenta como un gran acuerdo nacional de
solidaridad “con los tres millones de desempleados”.

Son esas características las que permitieron que el Ministro del Trabajo,
Angelino Garzón, expresara su conformidad y por lo cual, según su habitual
actitud, debería contarse con una previa “concertación”. Desde luego, el
gobierno, en cabeza del Ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, y del Jefe de
Planeación Nacional, que son los que cuentan, junto a toda la tecnocracia
neoliberal, han venido insistiendo, como es también habitual en ellos, que la
concertación debería ser, no con los sindicatos, sino con los “tres millones”, a
sabiendas de que no tienen organización ni forma de expresarse y de que
probablemente, si lo hicieran, sucumbirían al chantaje de que algo –empleo
precario, exiguos ingresos– es mejor que nada.
UNA REFORMA INEFICAZ
Lo que no reconoce el Ministro del Trabajo, consciente o inconscientemente, es
que la propuesta significa aceptar que la causa del desempleo es, en lo
fundamental, la rigidez del mercado laboral. Trampa en la que no han caído las
centrales sindicales que, en las dos reuniones de “concertación” –y
probablemente también en la tercera– han colocado en primer plano la reforma del
modelo económico, verdadero responsable de la situación actual. Es también la
opinión de otros analistas económicos, no oficiales, que encuentran en la severa
contracción de la demanda interna la causa de la crisis y no creen que la simple
reducción de los costos salariales permita a las empresas ofrecer empleos,
ahorcadas como están por la falta de mercado y por el todavía imposible acceso
al crédito. De hecho, es eso lo que han respondido los empresarios en todas las
encuestas. Lo que sucedería más bien es una progresiva sustitución de los
empleados actuales por los nuevos, más baratos, reduciendo aún más el poder
global de compra de la población.

¿UN SACRIFICIO INÚTIL?
Es este último aspecto el que nos lleva a una más grave sospecha. La propuesta
se ha planteado como una medida transitoria. A dos años, supuestamente. Y que no
afectaría a los que hoy están empleados. Pero hay razones para dudarlo. No se
trata, como parecen plantearlo inclusive los dirigentes sindicales, de creer o
no en la sinceridad del gobierno. En realidad, nadie cree, en el fondo, que ésta
pueda ser una eficaz medida de choque y el contenido de la propuesta sugiere
permanencia. La única disposición que toca con la coyuntura, es la que va en
sentido contrario, el alivio de los requisitos para el despido unilateral sin
justa causa. La indemnización quedaría en 25 días de salario por cada año
trabajado. Las otras, si bien ofrecen disminución de costos, dependen de las
expectativas. Tienen que ver con la eliminación de prestaciones –salario
integral a partir de cuatro salarios mínimos– y con la abolición de recargos por
trabajo nocturno –llevando el diurno hasta las ocho de la noche–, por horas
extras que quedan prohibidas, o por dominicales y festivos que se pagarán con
compensatorios.

Pero no hay razones para pensar que por sí mismas produzcan una oleada de
contrataciones, aunque a todos les vendrían muy bien. Hasta sus promotores
reconocen que no van dirigidas realmente a la industria –ni a la agroindustria–
sino al comercio, a los servicios y al sector financiero. Y aun suponiendo que
los dos primeros, en general, estén cumpliendo con la legislación laboral
actual, no es muy claro que hayan de expandirse y generar nuevos empleos sin una
reactivación paralela del sector productivo. La limitación de la demanda interna
persistirá incluso con la “inyección” de recursos a la economía que
simultáneamente prometió el Ministro de Hacienda y que todavía están por verse.

LOS VERDADEROS OBJETIVOS
En cambio, una reforma como ésta tendría el efecto de un precedente funesto para
los trabajadores aunque atractivo para todos los empresarios. Especialmente para
las multinacionales. Es esto lo que en el fondo está en juego. Ya se sabe que
las clases dominantes de este país vienen acariciando desde hace tiempo la
posibilidad de ingresar al modelo de la Maquila, utilizado en México,
Centroamérica y el Caribe. Y lo han intentado hasta ahora sin éxito en las zonas
francas o especiales; pero no abandonan el empeño. Si la reforma llega será para
quedarse; la llaman “modernización” o puesta a tono con las exigencias de la
globalización. Por eso la desconfianza general no es infundada.

Al parecer se trata entonces, ante todo, de una iniciativa política e
ideológica. Se trata de crear un clima progresivamente favorable aunque no se
haga realidad de inmediato. Al fin y al cabo hoy existe otra prioridad. Aquella
que el FMI ha exigido con mayor fuerza –la flexibilización por cierto no está en
el “Acuerdo Extendido”–, es decir, la reforma del régimen pensional. Ojalá que
estas amenazas de hoy no terminen por desgastar la capacidad de lucha de los
trabajadores que buena falta les hará durante el próximo mes.

DESTACADOS

El gobierno, junto a toda la tecnocracia neoliberal, han venido insistiendo que
la concertación debería ser, no con los sindicatos, sino con los “tres millones”
de desempleados

Las clases dominantes de este país vienen acariciando desde hace tiempo la
posibilidad de ingresar al modelo de la Maquila, utilizado en México,
Centroamérica y el Caribe




Sección: Movimientos Sociales
Título: Estudiantes se niegan a dejar morir la Distrital

Por: Luis Enrique Buitrago
Estudiante U. Distrital

Frente a los anuncios de inminente cierre que manifiesta la Alcaldía Mayor de
Bogotá en cabeza de Antanas Mockus, aduciendo las malversaciones del presupuesto
que maneja la administración de la Universidad Distrital, –universidad pública
de la capital colombiana– los estudiantes decidieron organizarse para proponer
salidas a la difícil crisis que atraviesa el alma mater, con el objetivo de
conformar veedurías que permitan tener una fiscalización de los manejos de
recursos, asignación presupuestal y calidad académica en la universidad.

Dicha universidad para este año tuvo un déficit de más de 450.000 millones de
pesos, en aspectos como pasivo pensional, y se evidenciaron pagos de salarios y
pensiones elevadísimos y contrataciones irregulares, como el establecido con una
abogada en el que se llegó a pagar 651 millones de pesos por gestiones
jurídicas, entre otros.

Los estudiantes han realizado hasta el momento cuatro asambleas generales con
buena capacidad de convocatoria, en las que se establecieron cuatro comisiones
encargadas de emprender investigaciones sobre la situación real de la
universidad, a nivel interno y externo. En medio de conciertos de blues, ollas
comunitarias y la lúdica del fuchi, unos se encargan de documentarse de todos
los manejos administrativos a nivel de facultades, proyectos curriculares,
bienestar universitario, etc, para recopilar información que pueda establecer
irregularidades en la circulación interna del presupuesto de la universidad.

Otros, de buscar información en los entes distritales, como consejo, personería,
veeduría, alcaldía, entre otros, que permita a los estudiantes tener la
posibilidad de averiguar sobre los procesos de investigación, inversión de
capital y el control fiscal que el distrito debe ejercer sobre la universidad.
Las otras dos comisiones se encargan de informar sobre todo el problema y de
articular el resto del estudiantado al proceso.

El pasado 6 de septiembre el movimiento estudiantil realizó una marcha a la sede
administrativa de la universidad para denunciar públicamente la situación y
respaldar a una comisión negociadora elegida democráticamente, la cual era
vocera de un pliego elaborado por los mismos estudiantes, para ser negociado con
el rector de la institución, Marco A. Pinzón. En esta ocasión las garantías
constitucionales de movilización y protesta fueron reprimidos por la fuerza
pública con gases lacrimógenos de altísima toxicidad, luego de que dicha
comisión llevara dos horas en una reunión con el rector y sus asesores, en la
cual no se avanzó mayormente. El rector aprovechó la confusión de los gases y el
susto colectivo para parar la negociación con los estudiantes, aduciendo “causas
humanitarias”.

Dentro de los puntos mas importantes del pliego elaborado por las asambleas
estudiantiles, están:

1. Desarrollar un proceso de reestructuración académica y administrativa con
participación de estudiantes, profesores y trabajadores.
2. Exigir un presupuesto por parte del Estado para funcionamiento e inversión
sin ningún tipo de condicionamiento externo y de las directivas.
3. La conformación de una veeduría triestamental de estudiantes, profesores y
trabajadores, que vele por la correcta utilización de los recursos asignados.

En la actualidad, se prepara una reunión con el Consejo Superior Universitario,
instancia máxima de dirección de la universidad, el cual está presidido por el
alcalde, para llegar a una justa concertación entre las partes, en la que se
pretende evitar medidas privatizadoras como salida a la crisis de la
universidad.

El problema de la universidad no es sólo administrativo sino también académico.
Se deben buscar las formas para que la universidad tenga un viraje en su forma,
su visión y su misión, las cuales deben estar encaminadas a una filosofía de
desarrollo basada en la crítica y en la conciencia de una comunidad
universitaria que hace parte de esta ciudad, y que, como tal, debe presentar
propuestas altamente viables para el fortalecimiento y desarrollo de planes que
busquen el bienestar social y el desarrollo equitativo.

La Universidad Distrital, en otras palabras, puede convertirse en un motor de
desarrollo de Bogotá, debe ser una propuesta franca, humana, científica e
intelectual que propugne por una alternativa de desarrollo justo en unos tiempos
tan difíciles como los que estamos viviendo.

DESTACADOS

Los estudiantes han realizado cuatro asambleas generales con buena capacidad de
convocatoria, en las que se establecieron cuatro comisiones encargadas de
emprender investigaciones sobre la situación real de la universidad, a nivel
interno y externo

Se prepara una reunión con el Consejo Superior Universitario, instancia máxima
de dirección de la universidad, el cual está presidido por el alcalde, para
llegar a una justa concertación entre las partes, en la que se pretende evitar
medidas privatizadoras


Sección: Movimientos sociales
Título: Colombia en la Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial

Entre el 27 de agosto y el 8 de septiembre se llevó a cabo en Durban, Sudáfrica,
la III Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial, el Racismo, la
Xenofobia y formas de Intolerancia Relacionadas. Las organizaciones sociales y
no gubernamentales colombianas jugaron un papel importante en la introducción de
los temas en la agenda.

Una multitud de colores, lenguas, personas de todas las razas, congregados en un
espacio que desde 1983 no tenía ocurrencia en el mundo, fue lo que encontró la
delegación de cerca de 25 colombianos. La delegación no gubernamental estuvo
conformada por una persona del Pueblo Rom (Gitano), dos indígenas, cuatro
personas de ONG de mujeres y derechos humanos y representantes de
afrodescendientes.

Hubo dos eventos iniciales: la Cumbre Juvenil contra el Racismo, y el Foro
Mundial de las ONG contra el racismo. En el primero, asistieron dos jóvenes
mujeres colombianas, con las que, sin embargo, no hubo ocasión de articular una
visión común o una estrategia, puesto que los mecanismos para su invitación o su
trayectoria no fueron conocidos por el resto de la delegación.

La Cumbre Juvenil marcaría la nota de lo que sería el evento siguiente: un
encuentro muy plural, pero con vacíos en tanto que la agenda, las deliberaciones
y las conclusiones estuvieron definidos por las delegaciones de los países del
norte, en especial, de Norteamérica. Dos semanas después de realizada, la Cumbre
no había logrado sacar sino una Declaración, en una deliberación empantanada
sobre sus objetivos y alcances. La iniciativa de Mary Robinson, Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de incluir a los y las jóvenes
en los debates de la Conferencia, no se correspondió con un acompañamiento de su
papel como Secretaría Técnica de estos eventos.

EL FORO MUNDIAL DE LAS ONG
En el Foro de las ONG se vivió una de las situaciones más caóticas en materia de
eventos organizados por la ONU para la sociedad civil. Al parecer, las reglas
del juego establecidas por la Secretaría de la Conferencia (Oficina de la Alta
Comisionada de Derechos Humanos, OACDH-ONU) en coordinación con la coalición de
ONG Sudafricanas, SANGOCO, colapsaron por la escasa o nula claridad en los
procedimientos a seguir en particular para la toma de decisiones y la selección
de personas responsables de redactar la Declaración Final y el Programa de
Acción de las ONG.

Laurie Wiseberg, enlace entre las ONG y la OACDH-ONU, responsable de la
organización mundial de este Foro, fue criticada por su manejo de los conflictos
que se pusieron sobre el tapete: la cuestión palestina y la de los pueblos
discriminados por razón de la casta (Dalits). Wiseberg, de origen judío, fue
considerada por muchos participantes como juez y parte en agrias discusiones,
que  dieron lugar a la salida de Israel y los Estados Unidos del evento.

Las escasas condiciones de infraestructura para el evento fueron notables. La
más lamentable fue la ausencia de traducción al castellano, que marginó a
cientos de delegados Latinoamericanos.

Esta situación llevó a una fuerte protesta contra los organizadores,
principalmente de la coalición “Alianza”, espacio habilitado en la Conferencia
Regional de Estados de Santiago de Chile por las ONG de Chile y las
organizaciones Mundo Afro, de Uruguay, en coordinación con otras de la región
Andina. Pese a ello, un hubo acceso a traducción ni recursos logísticos
adecuados.

Otro elemento de confusión fueron los escenarios: se crearon “Caucus” (palabra
impuesta en estos eventos, que es algo más que las conocidas “comisiones”, pero
que, en apariencia, representan grupos temáticos más generales), “Comisiones”
propiamente dichas para elaborar los aportes de las ONG asistentes a la
Declaración de las ONG y también para revisar los dos documentos centrales en
las discusiones de los Estados (Declaración y Programa de Acción); se
organizaron páneles y mesas redondas. Inclusive, hubo ONG internacionales que
organizaron eventos paralelos en hoteles de la ciudad, sacando a participantes
representativos de la posibilidad de asistir o dar sus contribuciones en el Foro
de ONG.

Aparte del caos generalizado, los asistentes soportaron una de las peores
situaciones de desorganización para la entrega de credenciales para asistir al
evento de los Estados. Desde el inicio, se sabía que la oposición de muchos
Estados a una Conferencia contra la Discriminación Racial también tenía relación
con la selección de una ciudad pequeña como Durban, sin capacidad para alojar a
los más de 18.000 participantes en este evento, lo cual restringió de suyo la
posibilidad de acceso a los “pases”. En este respecto, nuevamente se constató la
predominancia de las ONG del Norte y el surgimiento de personalismos entre las
del Sur, para acceder a las deliberaciones de los Gobiernos.

Una vez iniciada la Conferencia de Estados, lamentablemente, no había concluido
un documento de las ONG y una vez que éste se produjo (en inglés solamente), la
señora Robinson expresó su decisión de “por primera vez no recomendar un
documento de las ONG a los Estados”.

En plenaria con las ONG explicó que si bien el preámbulo era muy bueno, dos
temas: las reparaciones por la trata trasatlántica de personas esclavizadas como
crimen contra la humanidad y la cuestión del sionismo como racismo, eran
inaceptables, puesto que no tenían correspondencia con la posición oficial de
las Naciones Unidas que, en el caso Palestino, proponen un manejo del conflicto
desde la perspectiva de una Misión Internacional de Observación, antes que de
sanciones contra Israel.

LA CONFERENCIA MUNDIAL
Por último, se sabía que los documentos a discutir habían pasado ya por el
proceso previo de las dos reuniones preparatorias, así como por las Conferencias
Regionales. Los aportes de las ONG latinoamericanas habían sido recogidos por
los Estados en lo sustancial en la Declaración de Santiago de Chile. El lema era
mantener los acuerdos de Chile como parámetro a mejorar.

La presencia de importantes personalidades, como Yasser Arafat, Fidel Castro,
Jessie Jackson, entre otros, marcó intervenciones en plenaria con gran impacto
publicitario. Sin embargo, la Conferencia siguió afectada por las dos causas
mencionadas (Palestina y Dalits), pero con otro elemento adicional: el tema de
raza. Si bien se reconoce que biológicamente existen varias razas entre la
humanidad, el concepto ha sido objeto de manipulación por grupos que se abrogan
la superioridad de unas razas sobre otras y es considerado como elemento que
identificó los procesos de colonización, imperialismo y dominación territorial.

La Unión Europea con el apoyo de Canadá, Australia y Japón, pretendía que el
término se eliminara de los dos documentos centrales, así como la palabra
“racial”, objetado por los países del Sur, en particular de África y América
Latina.

La Conferencia abordó un reconocimiento a la “lacra del racismo” y urgió a los
Estados a diseñar políticas y programas en las áreas educativa, de salud y
seguridad social y de los medios de comunicación, incluyendo el uso de
tecnologías como la internet, para poner fin a este mal. Sin embargo, no quiso
asumir una disculpa por la trata trasatlántica y el legado del pasado,
presumiblemente para evitar pagar indemnización a las víctimas. Las discusiones
sobre las actuales víctimas de racismo incluyeron elementos fundamentales sobre
los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, los refugiados y
las personas desplazadas internas.

De igual modo, resaltó la prohibición a las formas contemporáneas de esclavitud,
el tráfico sexual y el contrabando de personas.

Sobre la la esclavitud, acordó un texto que reconoce y “lamenta” los
sufrimientos masivos y el destino trágico de millones de personas como resultado
de la esclavitud, el tráfico de esclavos, en especial el trasatlántico, el
apartheid, el colonialismo y el genocidio. Reconociendo que éstos constituyeron
“delitos de Lesa Humanidad”, la Conferencia invitó a rememorar a las víctimas de
estas tragedias, que han contribuido a generar pobreza, subdesarrollo,
marginalización, exclusión social, disparidades económicas, inestabilidad e
inseguridad, que afecta a muchas personas en distintas partes del mundo, en
especial en los países en desarrollo.

El Gobierno de Colombia hizo intervenciones que subrayan el reconocimiento legal
de las minorías étnicas, pero sin hacer mención a las graves condiciones de
marginalidad, pobreza y discriminación que éstas soportan. De todos modos, en
escenarios como éste, donde los documentos producidos no tienen el carácter de
obligatoriedad, al igual que otros instrumentos internacionales vinculantes,
corresponde a las organizaciones sociales, en particular de los Pueblos y grupos
étnicos, hacer suyos los avances o retrocesos de lo que los Estados acuerdan.




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ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 320
Septiembre 5 a 19 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S.J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, CEPECS

COLABORACIÓN
Amanda Romero
Corporación Utopías

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos “Alguien”

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
Dana Pérez
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

ADMINISTRACIÓN
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Internacional 	 US$ 100
De apoyo  US$ 150
Nacional  $ 45.000
De apoyo  $ 55.000




CONTENIDO
Sección: Paz y conflicto armado
Título: Vive Colombia
Acápite: Este sábado se inicia en todo el país la Semana por la Paz,
durante la cual la sociedad civil tendrá la oportunidad de expresar su
posición en torno a la solución política de los conflictos.

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Declaración de Bogotá
Acápite: Contra la guerra impuesta: desmilitarizar, desnarcotizar y
andino/amazonizar propuestas

Sección: Movimientos sociales
Título: Ayudas humanitarias pierden carácter de neutralidad

Sección: Movimientos sociales
Título: Congreso Nacional por la Salud
Acápite: Del 4 al 6 de octubre se realizará el Congreso Nacional por la
Salud. Un conjunto de organizaciones sociales nacionales y regionales
representativas de comunidades populares, campesinas, indígenas, mujeres,
trabajadores de la salud, usuarios, estudiantes y docentes, profesionales
de la salud, ong de paz, trabajan conjuntamente articulados a un proceso de
exigibilidad del derecho a la salud en Colombia y realizan esta convocatoria

Sección: Cultura
Título: La mujer tiene la palabra




Sección: Paz y conflicto armado
Título: Vive Colombia
Acápite: Este sábado se inicia en todo el país la Semana por la Paz,
durante la cual la sociedad civil tendrá la oportunidad de expresar su
posición en torno a la solución política de los conflictos.


En momentos en que los más escépticos plantean que la solución política del
conflicto colombiano está en cuidados intensivos, cuando el gobierno rompió
las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, eln, y tiene que
decidir si amplía o no la vigencia de la zona de distensión para las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, la sociedad civil vuelve
a decir que está presente y tiene un papel protagónico que desempeñar.

En efecto, entre el 8 y el 15 de este mes, se realizará en todo el país la
Semana por la Paz, que pretende reivindicar el derecho a soñar y que
plantea que la negociación política trasciende el marco del conflicto
armado y debe ser también para dirimir los conflictos sociales y políticos.

En la convocatoria que para este año hace la Red de Iniciativas por la Paz,
Redepaz, se afirma que “hay un pueblo que sueña, hay una Colombia viva, hay
un pueblo que ante la inocultable ronda de la muerte, ante el despliegue
permanente de la fuerza autoritaria de las armas, ante el miedo y el dolor,
dice ¡¡¡Vive Colombia!!!” y que “es necesario multiplicar por dos, por
cien, por mil, la fuerza incontenible de la vida, la certeza de lo
colectivo, la esperanza de poder cambiar”.

Un total de ocho temas han sido planteados para que cada día en las
regiones, la sociedad civil se manifieste en talleres, foros, actividades
lúdicas y culturales, acerca de su forma de percibir la realidad y las
posibilidades de solucionar los conflictos:

Día de las puertas abiertas (sábado 8). Instalación de la Semana en
escuelas, colegios, barrios, municipios, organizaciones.

Día Nacional de los Derechos Humanos (domingo 9). A partir de la lectura de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la onu, y de los
protocolos de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, se plantea
establecer la lista de cada grupo de derechos (civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, ecológicos y religiosos) para que, de
forma lúdica, se analice la situación particular de cada uno y la general
del país.

Día de la celebración de la vida (lunes 10). En Colombia hay 30 mil muertes
violentas cada año: por la guerra, por la violencia social e intrafamiliar,
por accidentes de tránsito. Además, se producen desapariciones forzadas y
secuestros de personas, desplazamiento, tortura y maltrato. ¿Qué hacer?
¿Cómo? ¿Con quiénes?

Día de la tierra y los bienes para tod@s (martes 11). El Congreso ha
aprobado varias leyes de Reforma Agraria y los campesinos siguen sin
tierra. ¿Por qué? Cada año la tierra se reconcentra en pocas manos, es
decir, más campesinos sin tierra y más tierra en pocos latifundistas y
terratenientes. Pero también aumentan los pobres y las personas en miseria.
Ya son cerca del 60% de la población. Una de las razones es el desempleo
que alcanza el 20%. Y los ricos son más ricos. Y la tierra sufre porque los
daños ecológicos son enormes.

Día de la justicia social (miércoles 12). En grupo, examinar cuáles son las
injusticias sociales en el país. Quiénes son los responsables. Por qué se
dan. Qué se puede hacer para acabarlas o, por lo menos, disminuirlas. ¿Qué
derechos se violan contra los pueblos indígenas y las comunidades de
afrodescendientes? ¿Qué derechos se violan contra los trabajadores y los
campesinos? ¿Qué injusticias se cometen contra los niños trabajadores? ¿Qué
injusticias se cometen contra la mujer trabajadora?
En Bogotá tendrá lugar un Ecuentro Sindical Internacional, con la
participación de federaciones mundiales y regionales de los trabajadores.
A las 12 del día, Algarabía por la Paz: “que suenen campanas, pitos,
sirenas, ollas, instrumentos musicales, gritos... hasta cansar los oídos de
los actores armados, de los guerreristas, de los militaristas, de los
violentos... de cerca y de lejos”.

Día del diálogo por la paz (jueves 13). ¿Dialoga sus pequeños o grandes
conflictos en la familia, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en
la universidad, en la calle, en el municipio...? ¿Qué se necesita para
dialogar? ¿Por qué se dialoga poco en el país? ¿Qué opina de los diálogos
Gobierno  guerrilla? ¿Se debe dialogar con los paramilitares?

Día de los Territorios de Paz, de las Comunidades de Paz, de las Escuelas y
Colegios de Paz, de los Barrios y Municipios de Paz (viernes 14).
Reflexionar sobre la No Violencia Activa: ¿Se debe rechazar el servicio
militar obligatorio por parte de las Fuerzas Armadas del Estado, de la
guerrilla y de los paramilitares? ¿Qué hacer para que todos los actores
armados respeten la autonomía de los Pueblos Indígenas y las tierras
comunitarias de los afrodescendientes?

Colombia, causa de la humanidad. Papel de la comunidad internacional
(sábado 15). ¿Necesitamos el concurso de otros países? ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Qué países están colaborando en el proceso de paz? ¿Se necesita una
Veeduría Internacional? ¿En qué puede consistir? ¿Qué más le podemos pedir
a la comunidad internacional a nombre de la Solidaridad, que es la ternura
de los pueblos?

Colombia le camina a la paz (domingo 16). Eventos deportivos: campeonatos,
marchas, maratones, caminatas... Concierto en el Putumayo con la
participación de Marta Senn y el canto de las ballenas del Pacífico.



Sección: Paz y conflicto armado
Título: Declaración de Bogotá
Acápite: Contra la guerra impuesta: desmilitarizar, desnarcotizar y
andino/amazonizar propuestas

1. Durante los días 16 y 17 de agosto del año 2001, nos hemos reunido
representantes de movimientos, instituciones y personas de los países
andinos, Estados Unidos y Europa, invitados por el Centro de
Investigaciones y Educación Popular (cinep) y la Asociación Latinoamericana
de Organizaciones de Promoción (alop) al “Conversatorio sobre la Iniciativa
Regional Andina, la estrategia antinarcóticos y los movimientos cocaleros
del área Andina”.

2. Las mujeres y hombres que suscribimos esta Declaración buscamos una
salida pacífica, política, justa, eficaz, sostenible, solidaria y soberana
a los graves problemas socio-económicos, agrarios, ecológicos, culturales,
políticos y de soberanía por los que estamos atravesando a consecuencia del
modelo neoliberal en curso y sus más recientes instrumentos: el “Plan
Colombia”, el “Plan Dignidad” de Bolivia y la Iniciativa Regional Andina (ira).

3. Estas no son iniciativas que han partido de abajo y de adentro de
nuestros países, sino que fueron diseñadas y están siendo impuestas desde
afuera y desde arriba por sectores importantes de los Gobiernos de Estados
Unidos y los países andinos. Por lo tanto, las comunidades, organizaciones
de base, gobiernos locales, representantes de la sociedad civil y
dirigentes políticos de nuestros países, no sentimos nuestras estas
iniciativas y las rechazamos ya que:

a) Son parte del despliegue geo-estratégico del complejo militar-industrial
de Estados Unidos para controlar los recursos naturales de la amazonía:
petróleo, gas, minerales, maderas, fauna, agua, oxígeno, diversidad
bio-genética y conocimientos ancestrales de nuestras culturas.

b) Son instrumentos de control territorial y poblacional de las zonas
andino-amazónicas bajo el pretexto de la lucha contra el tráfico de drogas
y la lucha contrainsurgente.

c) Son armas para enfrentar a los pueblos andino-amazónicos que se han
movilizado contra del modelo neoliberal que ha traído pobreza, excluido
millones de personas, concentrado riqueza en unos pocos, depredado nuestros
recursos naturales, restringido la democracia y alimentado actividades
ilícitas como el tráfico de drogas y la corrupción.

4. Luego de habernos informado sobre los impactos económicos, sociales,
ecológicos, culturales y político-institucionales que éstas imposiciones
están teniendo sobre nuestros pueblos, planteamos la necesidad de
desmilitarizar, desnarcotizar y andino-amazonizar nuestras propuestas en
torno a los siguientes puntos:

a) Continuar con el impulso de las campañas de información sobre la
violación de los derechos humanos (ddhh), económicos, sociales y culturales
(desc), así como del derecho internacional humanitario (dih) que trae
aparejado la imposición de esas iniciativas.

b) Impulsar la creación de una comisión independiente de carácter
Internacional que evalúe la política antidrogas aplicada en los países andinos.

c) Realizar investigaciones y difundir sus resultados sobre la corrupción
de los ejecutores privados norteamericanos en el uso de los fondos
asignados por el Congreso de Estados Unidos para los mencionados planes e
iniciativas.

d) Realizar investigaciones científicas, acumular información e impulsar
campañas contra las acciones de fumigación y erradicación forzosa de
cultivos que agravan la depredación y equilibrio ecológico de la amazonía y
violan los tratados internacionales

e) Construir mecanismos que permitan impedir el control de los recursos
naturales estratégicos de la amazonía y desarrollar alternativas desde
abajo y adentro al modelo económico neoliberal y al llamado “desarrollo
alternativo”

f) Realizar investigaciones, convocar a eventos y difundir información
sobre la violación del derecho a las diferencias de nuestros pueblos y el
respeto a los usos culturales ancestrales relacionados con la hoja de coca.



Sección: Movimientos sociales
Título: Ayudas humanitarias pierden carácter de neutralidad

Desde hace varios años se habla de la degradación del conflicto armado en
Colombia, haciendo referencia  a la utilización de prácticas de crueldad,
perfidia e indistinción frente a la población no combatiente en el
desarrollo de la guerra, generalizando la violación a los Derechos Humanos
y al Derecho Internacional Humanitario, especialmente del Artículo 14 del
Protocolo II de Ginebra que contempla la prohibición de hacer padecer
hambre como estrategia de guerra.

Una de las prácticas más degradantes e inhumanas es someter a los
pobladores al hambre y la necesidad por habitar en una región en disputa
militar o con grandes intereses económicos, por medio de bloqueos de
alimentos, fumigación, destrucción de cultivos de pancoger, y más
recientemente el impedimento por la fuerza para que entre la ayuda
humanitaria a las zonas bloqueadas.

Es decir, se da un tratamiento político o de guerra a la práctica de la
solidaridad en general. Por ejemplo, el año pasado en el sur de Bolívar los
grupos paramilitares quitaron la ayuda humanitaria la Red de Solidaridad,
que llegaron acompañados de la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de
la República y la Procuraduría.

En Jamundí, Valle del Cauca, el alcalde Libardo Pedregón sacó a los
desplazados de su jurisdicción con engaños y los envió en carros
contratados por el municipio hasta Buenaventura, negándoles cualquier ayuda
humanitaria, según denunció la Corporación Sembrar.

En el Chocó, algunas ayudas se han prestado para que grupos de desplazados
se peleen entre ellos, debido al manejo preferencial y a la escasa
cobertura. En dicho departamento se dio uno de los sucesos más graves en
cuanto a la ayuda internacional: la lancha que trasportaba alimentos a los
desplazados del Medio Atrato fue atacada por una lancha con motor fuera de
borda por grupos paramilitares, ataque en el que murieron un sacerdote y el
cooperante español Iñigo Eguiluz.

Algunas ayudas se dan con intencionalidades claras, como el caso de la Cruz
Roja Colombiana, que ofrece pasajes aéreos o terrestres a los desplazados
para que se dispersen hacia las ciudades más cercanas, impidiendo una
atención inmediata y la organización en el sitio de recepción, comentan
miembros de Justicia y Paz.

Para el caso del Putumayo, algunos sindicatos habían recogido alimentos
para los desplazados, pero frente al cerco militar no pudieron hacer
entrega directa de los mismos, por lo que el ejército se apropió de ellos
prometiendo entrarlos lo cual hacía de la ayuda objetivo militar
desvirtuando su carácter de ayuda neutral, la cual nunca llegó,
desconociéndose hasta el momento el manejo que se hizo de la misma.

La mayoría de los casos se dan porque se señala a los pobladores como
“auxiliadores de la guerrilla”, versiones que en ocasiones son avaladas por
el ejército colombiano, como es el caso de la 5ª Brigada al respecto del
Sur de Bolívar. Esto hace que la población que no pudo salir de la zona o
ha optado por mantenerse en su región como una manera de ejercer su
autonomía o la resistencia básica a salir de su tierra, sea invisibilizada
y cercada.

CARAVANA POR LA VIDA
El informe de La Caravana Internacional por la Vida para el Sur de Bolívar
que se realizó a finales del mes pasado, nos cuenta:

“El día 5 de Agosto, tras un encuentro con el Secretario de Gobierno del
mismo municipio, la delegación internacional fue invitada a participar en
una reunión con los alcaldes del Sur de Bolívar, a la que realmente
acudieron los responsables de Asocipaz, Construpaz y Movimiento No Al
Despeje, que usurpando la representación de las autoridades legítimas
rechazaron el ingreso de la Caravana en la zona. Rechazo que se evidenció
al día siguiente cuando al llegar al puerto de San Pablo, la Caravana no
pudo continuar hacia la zona rural como se había planteado, siendo obligada
a permanecer dentro de la lancha por el bloqueo organizado por las tres
organizaciones anteriormente citadas, quienes además condicionaron  el paso
de la Caravana y las garantías de seguridad fuera del casco urbano a la
entrega de una parte de la ayuda humanitaria. Posteriormente se tuvo
noticia de amenazas recibidas por los transportadores de parte de
las  Autodefensas Unidas de Colombia (auc)”.

La Caravana pretendía llegar a tan sólo una parte de  los más de 15
municipios que bien pueden albergar una población superior a los 150.000
habitantes que viven en un encierro desde que se realizó el éxodo de 1998.
Se trata de amplias zonas en las que toda la población civil es catalogada
como guerrillera o estrechamente ligada a la insurgencia. Este
señalamiento, que repetidamente es desmentido por todas las comunidades, es
el argumento que justifica este cerco.

En las cabeceras municipales es constante la presencia de la policía
nacional, que ejerce control en la zona de puerto sobre el río Magdalena
cuando su ubicación es ribereña; el ejército nacional mantiene presencia
rural y un intenso patrullaje sobre el río en operaciones conjuntas con la
Armada Nacional, también se instala ocasionalmente en las cabeceras
municipales.

Las organizaciones paramilitares ubican sus retenes en las cabeceras
municipales o cerca de ellas y concentran su acción en el control de
transporte de carga y pasajeros sobre el río y en las vías de acceso a la
zona montañosa, con presencia visible en los puertos. En estos retenes han
sido saqueados, han perdido la vida o han sido desaparecidos cientos de
pobladores de las zonas sitiadas y como tal constituyen el principal
mecanismo de ejercicio del cerco.

La destrucción y saqueo de cultivos, enseres y corrales forma parte de los
ataques contra la población; el ganado y los animales de corral son
hurtados y consumidos e incluso sacrificados masivamente a la hora de
retirarse del lugar. En los casos de campos minados por la guerrilla, los
agresores obligan a los campesinos a ingresar en ellos con varias mulas
para recorrerlo en todas las direcciones posibles y cuando las fuerzas
contrainsurgentes ingresan en terreno peligroso para su seguridad obligan a
un grupo de campesinos a marchar delante de ellos como escudo humano.

Tenemos que afirmar que lo que sucede en esta zona bien se puede catalogar
de desastre humanitario, ya que comunidades y pueblos enteros se encuentran
amenazados en su existencia. Y como tal esta situación requiere la atención
de la comunidad internacional con carácter de urgencia.



Sección: Movimientos sociales
Título: Congreso Nacional por la Salud

Del 4 al 6 de octubre se realizará el Congreso Nacional por la Salud. Un
conjunto de organizaciones sociales nacionales y regionales representativas
de comunidades populares, campesinas, indígenas, mujeres, trabajadores de
la salud, usuarios, estudiantes y docentes, profesionales de la salud, ong
de paz, trabajan conjuntamente articulados a un proceso de exigibilidad del
derecho a la salud en Colombia y realizan esta convocatoria

Somos un país enfermo, son inocultables los problemas y la grave crisis del
sector salud. Casi a diario se cierran desde centros rurales de salud hasta
los hospitales de mayor importancia y trayectoria histórica del país. Buena
parte de los millonarios recursos que todos aportamos para el cuidado de
nuestra salud se desvían inescrupulosamente para otros fines o para el
beneficio de intereses privados nacionales y transnacionales. Por su parte,
las instituciones formadoras de personal para la salud, a pesar de sus
esfuerzos, no logran dar respuestas adecuadas a las aspiraciones de la
gente y a la compleja problemática de la salud. Y en la degradación del
conflicto que padecemos, los hospitales y puestos de salud se convierten en
trincheras, las ambulancias en instrumento de combate y los trabajadores de
la salud en blanco de agresiones.

Pero tenemos también mucha salud y mucha vida. Tenemos una de las mayores
riquezas del mundo en biodiversidad. Tenemos en todos los rincones del país
colombianos y colombianas que con o sin sueldo dedican lo mejor de su vida
y de su inteligencia a procurar bienestar y a cuidar de la salud de todos y
de todas. Somos millones los que seguimos decididos a permanecer aquí,
sorteando la adversidad y construyendo futuro. Y todavia ni la muerte le ha
ganado la batalla a la vida, ni la desesperanza ha sido capaz de aniquilar
los sueños.

Un Congreso Nacional por la Salud no sanará nuestros males ni curará
nuestras heridas. Pero sí puede ser un paso firme para avanzar juntos en la
comprensión de lo que nos pasa, rebelarnos contra la inconciencia y la
apatía y arriesgarnos por fin a proponer, reclamar y construir. De hecho,
esta convocatoria busca llegar a todos las colombianas y colombianos para
invitarles a unirnos en defensa de la vida, en contra de todas las
violencias, y en torno a la salud como un derecho fundamental no negociable
que el Estado tiene el deber indelegable de garantizarnos efectivamente. En
medio de las guerras que padecemos, este Congreso debe ser un grito de paz,
un semillero de propuestas positivas y un escenario de encuentros y debates
para la construcción del nuevo proyecto de nación que deseamos.

La tarea es de todos y todas, en todas partes y a toda hora. Requiere del
compromiso personal e institucional; regional, nacional e internacional; de
trabajo, discusión y estudio. Requiere también de mucha creatividad en los
procesos y mecanismos organizativos en los diferentes niveles. Y requiere,
sobre todo, la participación activa y el compromiso decidido de cada uno
con las responsabilidades, tareas y demandas de esta propuesta al servicio
de la vida, la salud y la paz en Colombia y en América.

PRIMER CONGRESO NACIONAL POR LA SALUD
“El derecho a la salud, una vía hacia la paz”
Bogotá, Octubre 4, 5 y 6 de 2001.

Informes:
Coordinación General  Secretaria Ejecutiva
Calle 38 No. 16  45 (ilsa)
Teléfonos: 2884772 o 2880416
Correo: congresosalud@...




Sección: Cultura
Título: La mujer tiene la palabra

Las mujeres colombianas han tenido que abrirse a pulso un camino para su
realización personal, para el reconocimiento de sus capacidades
intelectuales y para la posibilidad de expresar esa otra mirada, la que ha
resultado de vivir otra cotidianidad, otros ámbitos y otras búsquedas.
Desde la lucha por los derechos más elementales de ciudadanía, como al voto
y al estudio, hasta la reivindicación de derechos que estremecen los
moralismos, como los sexuales y reproductivos, aún falta mucho por recorrer
en cuanto al reconocimiento y la participación política de las mujeres.

Por ello es importante que una mujer como Florance Thomas, después de 20
años de lucha en Colombia porque se den estos reconocimientos, haya
incursionado en las páginas del diario El Tiempo escribiendo una columna
que quiere dar la palabra a la mujer.

La psicóloga francesa, intelectual feminista reconocida en nuestro país,
recoge en un libro las primeras 50 columnas escritas para dicho diario bajo
el nombre de “La Mujer tiene la palabra”, organizadas por grandes
temáticas: el amor, las mujeres, los hombres, la homosexualidad, la guerra,
la telenovela “Betty la Fea” y la nostalgia.

Florance conversa sobre la importancia de la mirada y la palabra de la
mujer, y del sentido de su libro: “Después de 5.000 años de silencio es muy
importante que tomemos la palabra y que los hombres aprendan a escucharnos
con seriedad. Estoy tratando de mostrar que no es lo mismo nacer mujer que
hombre en una sociedad patriarcal y que de esta diferencia podemos hacer
una riqueza cultural, pero para eso toca que los hombres con humildad nos
dejen algún espacio para poder hablar, para escribir y que aprendan también
a escucharnos, porque lo único que está teniendo credibilidad es la voz
masculina. Para nosotras es muy complicado que nos hagamos escuchar con
seriedad”.

Sobre la situación de la mujer en el país
“He encontrado una cultura y una iglesia muy dura con las mujeres y un
Estado que se había olvidado de que somos la mitad de la población. En la
vida cotidiana existen aún violencias domésticas, la violencia intrafamiliar”.

En torno a la paz
“Tenemos una historia distinta, nosotras administramos la vida cotidiana,
administramos y damos la vida y por supuesto que sería tan importante que
pregunten a las mujeres cuál es su propuesta para la paz. Hablo de una paz
integral, no solamente de entregar las armas: de una paz que se inicia en
el patio de atrás, de una paz a todo nivel que se instale en la mente de la
gente. Me parece fundamental que nos hagan hablar de lo que es para
nosotras la paz. Tú sabes cuántas mujeres capacitadas hay en este país. Sin
embargo en Colombia, en este país en guerra no han llamado ni siquiera a
una mujer en las mesas de negociación y de paz. Eso es un escándalo absoluto.”

Del amor
“Ha cambiado el papel del compañero porque las mujeres han entendido que es
muchísimo mejor estar solas que mal acompañadas. Nosotras estamos
descubriendo que esta soledad es bella, llena de gente, de amigas y amigos,
maravillosa. Estamos aprendiendo a vivir solas, a ser autónomas, más libres
... estamos aprendiendo a ser felices. Los hombres están empezando a
entender que nosotras queremos seguir amándolos pero ya no a cualquier precio”.

Frente a los hijos por venir
“Estoy simplemente pidiendo que no nazca un solo hijo más de la violencia;
que las mujeres traten de tener solamente los hijos del amor y del deseo,
que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. En un país que de 100
embarazos hay 50 no deseados y 25 acaban en aborto es muy importante
repensar, conocer, divulgar y socializar lo que significan los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres que hoy día hacen parte de los
derechos humanos”.

Nuestro reto como mujeres en este país
“Desde hace 40 años las mujeres han dado pasos de gigante, a veces pienso
que estamos en los primeros vagones del tren tanto en el campo laboral como
en el de la educación y de la política legal; hemos avanzado de una manera
muy significativa, a pesar de que hay grandes retos, grandes obstáculos
culturales tan machistas que siguen presentes. Pero soy una mujer muy
optimista y pienso que si las mujeres han empezado a marchar, esta marcha
van a seguir adelante. El trabajo de centenares de mujeres como yo no ha
sido en vano, estamos viviendo algo mejor, sabemos tomar la palabra, nos da
menos miedo hacernos escuchar, estamos empezando a reconocernos entre
nosotras mismas, a creer en nosotras mismas. Es muy importante visibilizar
estos procesos y que empecemos a ser ciudadanas; esa marcha ya va a seguir
y va a ser terriblemente enriquecedor para la cultura”.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 319
Agosto 22 a septiembre 5 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S.J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie Berche, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, CEPECS

COLABORACIÓN
Amanda Romero
Carolina Aldana G.. Corporación Minga
María Angélica Vásquez
Alexander Herrera, Corporación Sembrar

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos “Alguien”

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
Dana Pérez
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

ADMINISTRACIÓN
Fundación CEPECS
Calle 27A Nº 36-24
Tels. 244 0270  269 6152  571 5675
FAX 269 5700
   E-mail cepecs@...

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De apoyo  US$ 150
Nacional  $ 45.000
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CONTENIDO
Sección: Paz y conflicto armado
Título: El diálogo con el eln: la improvisación gubernamental

Sección: Paz y conflicto armado
Título: La Caravana por la Vida culminó su recorrido

Sección: Cultura
Título: Viaje al centro de lo que deja el desplazamiento
Acápite: De regreso al dolor, pero esta vez con una sonrisa que baila por
todo el cuerpo

Sección: Política
Título: El lío del Fiscal
Acápite: Los infortunios de una institución con regular suerte. Malos
vientos para la Justicia. Quien mal comienza mal acaba.



Sección: Paz y conflicto armado
Título: El diálogo con el eln: la improvisación gubernamental

Después de más de dos años de acercamientos entre el gobierno nacional y el
eln con la finalidad de dar inicio formal a las negociaciones con esta
organización guerrillera, éstos fueron suspendidos abruptamente el 7 de
agosto, por parte del presidente Andrés Pastrana. Varios días después, aún
son insatisfactorios los argumentos que llevaron a las partes a esta nueva
ruptura y suspensión de tales acercamientos.

El gobierno nacional indicó que no encontraba voluntad política de esta
guerrilla para la paz, a pesar de que el Ejecutivo había presentado
diversas propuestas y formulaciones para salvar los escollos que impedían
la formalización de los diálogos, según sus argumentaciones el gobierno
nacional había cedido en puntos importantes en aras de la concreción de un
acuerdo que permitiera el inicio en firme de los diálogos. Además insistió
como un punto fundamental en que no hallaba coherencia y unanimidad al
interior del eln y sus negociadores sobre los diálogos y la paz.

El eln, argumentó, igualmente, que a pesar de las diferentes fórmulas
presentadas sobre los aspectos que entrababan la formalización de los
diálogos, como han sido la zona del despeje, la reglamentación clara y
precisa de esta zona como espacio para la negociación y la veeduría
internacional, no hallaba en el Ejecutivo claridad en sus posiciones y
coherencia interna entre lo que se consideraba un acuerdo, el cual era
posteriormente cambiado tanto en sus aspectos formales como en sus contenidos.

En resumen, tras más de dos años de diálogos, que han contado desde sus
inicios con el acompañamiento y respaldo de la comunidad internacional,
expresado en el grupo de países amigos del diálogo con el eln, y de haber
contado, incluso antes del gobierno de Pastrana, con un importante concurso
de la llamada sociedad civil, cada una aduce para suspender las
negociaciones la socorrida frase de que no encuentra voluntad política de
la otra parte en relación con la paz y la capacidad de ceder para negociar.

Lo anterior devela problemas fundamentales para crear condiciones y
escenarios propicios para alcanzar la paz, o al menos unas negociaciones
más sólidas: en primer lugar, un claro déficit de confianza, factor
fundamental para avanzar en una negociación política de un conflicto armado
interno; en segundo lugar, los anuncios de que ya se tenían acuerdos con
esta organización guerrilla, estuvieron más en función de los medios de
comunicación que en reales y sólidos acuerdos para avanzar, lo cual devela
unas negociaciones pensadas en el corto plazo.

En últimas, y al margen de los escollos, las vicisitudes coyunturales y los
afanes “políticos” para concretar el inicio de las negociaciones con el
eln, el hecho cierto es que este nuevo traspies devela problemas
estructurales de la negociación y las posibilidades de paz con esta
guerrilla que deben ser recogidos y ventilados en el actual proceso electoral.

De un lado, la incapacidad del gobierno nacional de formular una política
de paz coherente, duradera y sostenible, es decir de una política estatal
de paz en función del largo y mediano plazo que se sustraiga de las
coyunturas del Ejecutivo de turno y las vicisitudes de la gobernabilidad.
Peor aun, cuando la actual ruptura por parte del gobierno nacional
pareciera estar en relación con las presiones de los sectores más
guerreristas del estado y el establecimiento, y tiene implicaciones obvias
en el actual debate electoral por presidencia de la república. Igualmente,
el manejo diferenciado y desequilibrado que el actual gobierno le ha dado
al proceso de paz con el eln frente al proceso con las farc, guerrilla que
también tendría obvios intereses en esta suspensión, a partir de
consideraciones militares o de oportunidad política, lo cual también se
constituye en una gran equivocación.

Por el lado del eln, la ambigüedad al momento de presentar y develar los
alcances, contenidos y procedimientos que esta guerrilla la da a la llamada
Convención Nacional, propósito político central de esta organización alzada
en armas. También, el realizar ofensivas militares dirigidas contra la
infraestrutura vial, eléctrica y demás acciones violentas, tras cada
ruptura, se convierten en un factor que aleja las posibilidades de paz y
crean un escenario adverso para los sectores de la sociedad civil que están
por el diálogo y la negociación, los cuales en anteriores oportunidades han
jugado un papel fundamental de mediación y facilitación para el
restablecimiento y reinicio de las conversaciones.

En síntesis, el reto de las partes y en general de la sociedad colombiana
frente a la paz o la guerra, es tener la capacidad y coherencia de colocar
sobre la mesa, y en blanco y negro, los intereses políticos sociales y
económicos que suponen un acuerdo de paz, tras más de 30 años de conflicto
armado interno. Es necesario entonces ventilar en el actual debate
electoral, no sólo el tipo de proceso de negociaciones, metodología y
reglas de juego, en fin los aspectos procedimentales, sino lo que es
fundamental: qué tipo de sociedad, régimen político y modelo de desarrollo
común y futuro somos capaces de darnos los colombianos.

DESTACADO
Tras la ruptura del proceso con el eln, el silencio del gobierno es
elocuente: de un lado, Camilo Gómez viajó a Estados Unidos y Jorge Mario
Eastman, comisionado adjunto para los diálogos con el eln, aceleró su
salida del gobierno para trabajar con César Gaviria en la oea, en Washington


Sección: Paz y conflicto armado
Título: La Caravana por la Vida culminó su recorrido

Alexander Herrera

Luego de quince días de recorrido por la zona rural del Sur de Bolívar, en
el que un grupo de sesenta caravanistas de Francia, Bélgica, Holanda,
Estado Español, Estados Unidos, Irlanda, Italia y Brasil, llevaran con su
presencia expresiones de apoyo y solidaridad a los campesinos y mineros,
víctimas de un bloqueo económico establecido desde hace ya cerca de dos
años por los grupos paramilitares que actúan en la zona, culminó la entrega
de ayuda humanitaria solicitada por las mismas comunidades.

Los caravanistas arribaron a San Pablo a bordo de la embarcación La Marcela
en la que se movilizaron desde Barrancabermeja; llevaron, además de tres
toneladas entre víveres no perecederos y utensilios de trabajo,
especialmente para labranza y minería, una carga de esperanza y solidaridad
hacia las más de mil quinientas familias que habitan la región.

A su llegada a la población de San Pablo, los miembros de la caravana
internacional se vieron obligados a permanecer dos días atracados y sin
poder descargar la ayuda humanitaria destinada para esta zona rural, debido
a que miembros de la Asociación de municipios del Magdalena Medio
Bolivarense emitieron un comunicado señalando la acción humanitaria como un
acto de favorecimiento al grupo insurgente del eln, lo que instigó a
miembros de las organizaciones de Asocipaz, Construpaz y No al Despeje,
opositores a la declaratoria de despeje, a bloquear la vía de salida de la
población y a exigir que la ayuda humanitaria fuera dejada en el casco urbano.

Luego de reiterados señalamientos en contra de la caravana e incluso de
amenazas por la presencia de las auc del Magdalena Medio a pocos metros de
la embarcación, los caravanistas decidieron continuar su recorrido hacia la
zona rural del municipio de Morales, pero como los rumores indicaban que el
bloqueo se mantenía también en este municipio, optaron por continuar hacia
el caserío de Moralitos, desde donde partitirían con rumbo a las entrañas
de las minas de San Pedro Frío y Mico Ahumando.

Entre abrazos y alegrías, la población acudió al encuentro con los
caravanistas, “Al principio nos dio mucho susto, arribamos al pequeño
puerto y cuando vimos que nadie estaba, pensamos que nos bloquearían de
nuevo; la alegría fue inmensa cuando vimos aparecer los carros de los
pobladores que nos esperaban”, comentó uno de ellos, quien hace parte de la
delegación del Brasil. Ya de camino al corregimiento de Mico Ahumado, en
donde se repartió la primera entrega de la ayuda humanitaria, la población
contó a los visitantes cómo era víctima del bloqueo impuesto por los
paramilitares, que en algunos casos no permiten la entrada a la región de
insumos como botas, pilas pequeñas vitales para la labor de minería o de
herramientas de trabajo, a algunas comunidades les impiden transportar la
sal, mientras que en otros casos son quemados las escuelas, los hospitales
y los caseríos.

En la región, además de vivir la tragedia de la guerra, se sufren las
consecuencias de la falta de asistencia e inversión por parte del Estado.
En ello radica el interés de las multinacionales que están interesadas por
la riqueza minera entre las que se encuentran oro y plata, y que, como se
ha denunciado en muchas oportunidades, con su llegada se han fortalecido
los grupos paramilitares con el fin de lograr un ambiente estable para la
explotación de los recursos naturales.

Mientras la Caravana continuaba su recorrido adentro de la zona minera, en
Bogotá, la Corporación Sembrar, ong defensora de derechos Humanos e
impulsora de la actividad, era victima de amenazas y hostigamientos.

El camino hacia San pedro frío fue hecho luego de varias horas a pie o a
lomo de mula en el mejor de los casos, a pesar del cansancio y las
dificultades vividas el encuentro con la población fue esplendoroso; en
ella, los miles de mineros y campesinos organizaron un recibimiento por
medio del cual reconocían el esfuerzo e importancia de la visita. A pesar
de que la ayuda humanitaria no era mucha, fue recibida con alegría y
entusiasmo dado su carácter simbólico.

“Lo más terrible de todo, era ver como los niños tienen problemas de
alimentación y luego de esto, tienes que ver cómo están afectados por el
tema de las fumigaciones”, comentó una activista de la delegación del
Estado Español, quien a pesar de los pies hinchados y las picaduras de
mosquitos se encontraba en un estado de regocijo.

Luego de la entrega de la ayuda humanitaria, se inició el camino de
regreso. La ansiedad y el temor asomó en cada uno de ellos, mientras los
teléfonos en Bogotá no cesaban de repicar ante las llamadas de familiares y
embajadas preocupadas por un posible secuestro. En el consulado de Colombia
en Barcelona representante de la posición oficial del gobierno, a los
familiares de una de las internacionalistas, se les informó que “los
caravanistas estaban siendo protegidos por los grupos paramilitares,
quienes han impedido que guerrilla les robe la ayuda humanitaria”, en una
clara confusión de los responsables del bloqueo económico.

De regreso a Barrancabermeja, puerto al que arribaron divididos en cinco
chalupas pequeñas, se encontraron con internacionalistas del comité de
Canadá quienes venían a acompañarlos por el temor ante amenazas contra la
caravana por parte de los grupos paramilitares. Allí acompañaron el
encuentro internacional de las mujeres, quienes bajo la consigna de
“Hagámosle el Amor al Miedo”, exorcizaban el terror producido ante las
reiteradas amenazas y ataques de los grupos paramilitares.




Sección: Cultura
Título: Viaje al centro de lo que deja el desplazamiento
Acápite: De regreso al dolor, pero esta vez con una sonrisa que baila por
todo el cuerpo

De regreso a la nostalgia, pero con los hijos, los nietos y los amigos que
se encuentran con las abuelas y en cuatro momentos reconstruyen el pasado
reciente, se miran, se admiran por sus cualidades histriónicas, y algo
sucede cuando le dicen a la ciudad aquí estamos y algo sucede mientras ella
los observa y los aplaude. Las imágenes transitan a otras reflexiones sobre
el desplazamiento forzado en Colombia.

¿Cómo hablar de las despedidas aceleradas y los desencuentros con un mundo
hostil? ¿Cómo decirlo de otra forma que ponga a pensar al observador
desprevenido y a la vez sea oportunidad para que cuatro generaciones se
encuentren? Preguntas como éstas fueron la base para montar, hace tres
meses, la comparsa Vengo llegando Yo, una propuesta de la Asociación Minga
y la Fundación Cléber que poco a poco tomó forma porque la realizó un grupo
de 62 desplazados: abuelas, hijas, esposos, adolescentes y niños que se
atrevieron a sacar sus raíces, sus ausencias y su presente en un montaje
escénico que desfiló para el cumpleaños 463 de Bogotá, el pasado 7 de agosto.

Cada año, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo realiza una
convocatoria para las comparsas que desfilarán por las 20 localidades de la
ciudad. En mayo de 2001, las ong Minga y Cléber, que desarrollan un trabajo
cultural con niños y niñas desplazados, decidieron concursar con una
iniciativa de Francisco Bustamante, coordinador del área de educación de la
Asociación Minga. La idea era sencilla pero compleja, sobre todo porque
desde el principio se pensó en un grupo grande de personas unidas por el
desplazamiento, pero que nunca habían hecho presentaciones artísticas.
Luego, debían ubicar una localidad para hacer la propuesta como residentes,
así concursaron y le ganaron a siete comparsas de Los Mártires, un sector
ubicado entre las avenidas Primero de Mayo y 26 y entre la carrera Caracas
y la 30 de Bogotá.

El diseño de la comparsa involucró también a varios artistas desplazados
que hicieron máscaras, pegaron encajes y moldearon las canoas y artículos
inspirados en su cultura costeña, para darle otras expresiones a la
historia que José Yepes, Marlene Oyola y Francisco Bustamante denominaron
Vengo Llegando Yo, para hablar y no para olvidar.

Las comparsas narran los temores más latentes de la sociedad, aquellos que
son ocultos para los medios masivos de comunicación porque no transitan en
sus páginas ni en las emisiones diarias de los noticieros y que sólo cuando
tienen la oportunidad, salen por las calles y con su agresión o su caricia,
hablan del miedo a las botas y los vientos de guerra que cercenan las
libertades individuales y colectivas.

Bogotá se vuelve así cada año, en escenario flotante de lo urbano y lo
rural nacional, este último expresado más en el desarraigo reciente y en un
pasado muy lejano de bambucos dulzones que ya poco se oyen.

Por eso la comparsa encarnó dos elementos no vistos en las otras: los
ritmos y la familia, cada uno con la diversidad de estos tiempos.

El primer ritmo es la paciencia. La tienen el pescador, las mujeres que
pilan el maíz o venden cocadas por las calles del pueblo como si cada día
los clientes fuesen nuevos, cuando en realidad son los amigos y las niñas
de siempre que admiran el almíbar y el sabor de la matrona. A este primer
momento los desplazados le dicen la armonía, donde todos se conocen, donde
los pelaos juegan y las limitaciones económicas no importan porque éste es
un espacio que se conoce, se controla y donde son autónomos.

Después llega el terror, marcado por el estruendo y el silencio fulminante
de las tamboras. Hombres negros, figuras gigantes, cabezones de colores que
dirigen a un grupo de hombres que baten sus armas, en este caso,
representados por banderas negras que mueven los adolescentes disfrazados
de demonios. Se va el pueblo. Se queda la mama grande.

La huida sucede en un bus que es la transición y el tránsito. Caras
desconocidas, rostros serios que olvidaron el ritmo de la vida. Por eso
cuando escapan llevan parte de la papayera, unas maracas que se enredaron
en los bolsillos. En este momento, el bus es habitado para darle salida a
los niños y niñas que la ciudad advierte como nuevos vendedores.

Los desterrados en la ciudad empiezan entonces el cuarto momento, el más
duro, el más largo. Llevan la tierra pegada a la ropa, al recuerdo, la
tierra que pesa en la ciudad porque no se tiene, que duele porque el dueño
es el terrateniente de siempre. Unos zapatos viejos que son los carros de
juego de los niños, un lazo que arrastra las maletas llenas de memorias. A
este momento lo caracteriza el ruido del espacio, la pregunta eterna en los
rostros de los jóvenes que se rompen entre el pasado y un presente que no
les pertenece.

Así la comparsa narró cuadro a cuadro el desplazamiento, pero también
evidenció el cambio de la familia, del núcleo original se pasa a otras
versiones: familia son los amigos con los que se comparte un chocolate en
una fría tarde; familia es la mamá, tres hijos y un tío adolescente que
huyó del reclutamiento; familia es la que se construye en la calle con los
amigos que venden tinto, embolan zapatos o están perdidos, compañeros de
necesidad, de vía. Familia es aquel loco artesano que escucha las historias
de dolor y en lugar de la tragedia propone una caricia, un dibujo, para
exorcizarla. Familia es una ong que reconoce el trabajo del otrora líder
que al llegar a Bogotá tiene un referente para sostenerse. Y familia es
también la soledad de esa abuela que aún se mece en la silla y defiende las
raíces, aquellas que tal vez sus bisnietos de la ciudad recogerán algún día
cuando no sea un delito existir.

Durante cuatro horas estas historias desfilaron por la carrera 7 desde la
calle 34 hasta la Plaza de Bolívar, donde entraron siendo ya noche: los
parlantes anunciaban la comparsa, Bogotá los aplaudía, con grandeza las
mujeres batían sus faldas, las abuelas bailaban más erguidas, los
pescadores recogían sus redes, mientras los niños gritaban con sus ojos a
esa ciudad que los admiraba. El bus cerró el desfile, llevando en sus
entrañas la memoria de este cumpleaños de Bogotá que ya no será ajeno para
el grupo porque, como dijo el director, José Yepes, “¡Lo logramos!,
mostramos un proceso de reconstrucción de tejido social, sin carreta, con
nuestra identidad, como lo que somos. Lo logramos!”. Y es el mismo grito
que espera repetir el año entrante.




Sección: Política
Título: El lío del Fiscal
Acápite: Los infortunios de una institución con regular suerte. Malos
vientos para la Justicia. Quien mal comienza mal acaba.

Si alguna institución salió bien librada en las encuestas realizadas con
ocasión del décimo aniversario de la Constitución fue la Fiscalía General
de la Nación. El balance exitoso se debió ante todo a la valiente gestión
de Alfonso Gómez Méndez, un magistrado independiente que no temió enfrentar
a la vez a militares, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y
políticos corruptos. En el marco de enfrentar la impunidad, enfatizó Gomez
Méndez la plena vigencia de los derechos humanos, el combate a la
corrupción y el narcotráfico. A sus ejecutorias se debe sin duda la buena
imagen de la Fiscalía.

Para algunos la Fiscalía ha sido función clave en el desmonte de las
estructuras mafiosas del narcotráfico. Sin ella no habría sido posible
siquiera investigarlas, llega a sostenerse. Lo cierto es que al asumir el
esquema de la justicia norteamericana, en su concepción y sus prácticas, la
Fiscalía resultaba institución fundamental. El ente acusatorio debía
adelantar la investigación con todos los recursos asegurados, pero era
también la instancia facultada para negociar las penas con los sindicados y
en capacidad de enviar a la cárcel a todo el mundo, excepto al presidente y
a los magistrados de las altas Cortes. El Fiscal, de otra parte, goza de un
poder casi discrecional pues sus funcionarios si bien son judiciales y en
consecuencia autónomos, le están sometidos jerárquicamente. La Fiscalía es
por lo demás una entidad apetecible con un gigantesco presupuesto y una
frondosa nómina de 23 mil empleados.

Tanto poder no ha estado, sin embargo, en las mejores manos. El primer
fiscal, Gustavo de Greiff, hizo de su gestión un espectáculo de cara a los
medios de comunicación. A la larga, debajo de los titulares y las luces de
la televisión sólo ha quedado la confusa imagen de una Fiscalía que no
enfrentó a fondo la distintas formas de delincuencia sino que condescendió
con algunas de ellas.

El segundo fiscal, Alfonso Valdivieso, creyó que la Fiscalía era trampolín
para mejores destinos y se propuso hacer de la entidad la plataforma para
una fallida candidatura presidencial. Fue la más ordinaria politiquería,
como que el poder acusatorio se centró con deleite en perseguir a Ernesto
Samper y sus amigos. Las ansias incontenibles de hacerse candidato ni
siquiera le permitieron terminar el período. De la gestión de este segundo
fiscal no queda buena memoria.

Acaso el problema serio de la Fiscalía sea el país. En un país agobiado por
la más seria crisis de derechos humanos, por una impunidad absoluta, por la
informalización de la economía y la vida social, por la corrupción
galopante en todos los ámbitos de la vida del Estado, en un país así la
justicia no es asunto secundario, sino que en ella se juega buena parte de
la suerte de la Nación.

Para expresarlo de otra manera, o la sociedad se disuelve en la guerra de
todos contra todos a causa de las diversas formas de ejercicio de la
justicia privada, o la sociedad encuentra su cauce con la ayuda de una
administración de justicia legítima y eficiente. Una función altamente
política y que adquiere mayor relievancia dada la situación del país. Este
asunto acosa ya hace buen tiempo, a la sociedad colombiana de manera
recurrente y angustiosa. Hoy es la reforma en curso de los códigos penales
Sustantivo y de Procedimiento, la reforma a la Fiscalía a la cual se
pretende quitarle discrecionalidad y una crisis penitenciaria que clama por
modificaciones de fondo.

En este contexto, era de esperar que el cuarto fiscal fuera un hombre a la
altura de coyuntura tan exigente. En uso de la facultad nominadora, el
presidente postuló para fiscal a Patricia Murcia, secretaria jurídica de la
Presidencia; a Jorge Pinzón Sánchez, experto en Derecho Comercial que ocupa
la Superintendencia de Sociedades, y a Luis Camilo Osorio, magistrado del
Consejo de Estado y quien había sido de la junta directiva de la Editora
Supernova que imprimía La Prensa, el diario de la familia Pastrana. La
terna del presidente Pastrana parecía elaborada con el único criterio de
que el Fiscal fuera de su círculo. Más coloquialmente, el editorialista de
El Espectador señaló que se trataba de escoger alguien de “la rosca
presidencial”.

La Corte Suprema de Justicia debía seleccionar al Fiscal de la terna
elaborada por el presidente. La Sala Penal de la Corte Suprema objetó los
nombres propuestos por considerar que en el momento actual se requería que
el Fiscal fuera espacializado en lo Penal, condición que no exige la
Constitución. La objeción era radical, así sólo estuviera fundada en
razones de conveniencia y el veto de los penalistas parecía empantanar la
votación, pues la elección del Fiscal debe hacerse por votación calificada
(dos tercios de los magistrados). Sin embargo, y después de varios intentos
y aun sin consenso, Luis Camilo Osorio logró la votación requerida para ser
Fiscal de Colombia.

Como ya lo reseñamos en la anterior entrega de Actualidad Colombiana, su
primera gestión fue levantar, apenas posesionado, las medidas de
aseguramiento en contra del ex general Rito Alejo del Río. Malos vientos
para la Justicia. El nuevísimo fiscal, sin conocer el expediente, descartó
testimonios y cuestionó la autonomía de la fiscal delegada, Lucía Luna. Por
coincidencia, al actual ministro de Justicia, Rómulo González, también
padrino del presidente, lo caracteriza la connivencia con los procederes
irregulares de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Los derechos humanos
quedaron mal apadrinados en este gobierno.

Estaría por confirmar la independencia del actual Fiscal General. El fallo
depende de cómo se resuelvan los casos de Chambacú, Dragacol, Termorrío y
demás procesos en los que están involucrados altos funcionarios de la
actual Administración. La independencia de todos los poderes de hecho y de
derecho es hoy una calidad esencial para quien quiera hacer una Fiscalía
memorable.

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 318
Agosto 8 a 22 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S.J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, Sophie
Berche, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, CEPECS

COLABORACIÓN
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COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos "Alguien"

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
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CONTENIDO

Sección: Derechos Humanos
Título: "Si Del Río suena..."
Acápite: El 23 de julio fue capturado en Bogotá el ex general Rito
Alejo Del Río, acusado de colaborar con los paramilitares en la
región donde nacieron y se fortalecieron las autodefensas de Carlos
Castaño, lo cual desencadenó una crisis en la Fiscalía, por la
destitución de quienes dirigieron las investigaciones.

Sección: Paz y conflicto armado
Título: La paz y el debate electoral
Acápite: La internacionalización del conflicto y el debate electoral
que ya empezó, atraviesan el proceso de paz que, a tres años de la
administración Pastrana, no tiene los resultados que las expectativas
mediáticas plantearon.

Sección: Movimientos Sociales
Titulo: Hagámosle el amor al miedo
Acápite: Del 14 al 17 de agosto se celebrara en el puerto petrolero
de Barrancabermeja, triste símbolo de corazón del conflicto, la
movilización internacional de Mujeres en Barrancabermeja, convocada
por la Organización Femenina Popular y la Ruta Pacifica de Mujeres,
para decirle No a la Guerra.



Sección: Derechos Humanos
Título: "Si Del Río suena..."
Acápite: El 23 de julio fue capturado en Bogotá el ex general Rito
Alejo Del Río, acusado de colaborar con los paramilitares en la
región donde nacieron y se fortalecieron las autodefensas de Carlos
Castaño, lo cual desencadenó una crisis en la Fiscalía, por la
destitución de quienes dirigieron las investigaciones. Al final, Del
Río recobró la libertad


El propio gobierno nacional denunció hace unos meses que los
paramilitares están detrás de los campesinos que se oponen a crear
una Zona de Despeje para los diálogos con el ELN. Por eso, no
sorprende que en la casa del ex general Rito Alejo Del Río, capturado
por la Fiscalía el 23 de julio al norte de Bogotá por su presunta
vinculación con grupos paramilitares, aparecieran numerosos volantes
alusivos al movimiento No al Despeje. Esto, sin embargo, no fue óbice
para que el también ex general Harold Bedoya Pizarro y el propio
vicepresidente de la República, Gustavo Bell, salieran en defensa de
Del Río, al calificar el operativo de su captura como "exagerado". El
Comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora, afirmó que
fue "desproporcionado e innecesario, con gente armada y chalecos
antibalas, como si llegaran a la guarida de una persona peligrosa".

Amparado en el Habeas Corpus por presuntas irregularidades en la
captura, para la cual se efectuó un allanamiento en la residencia,
que permitió encontrar los volantes mencionados, Del Río recobró la
libertad el domingo 5 de agosto, según una providencia de un juez.

Del Río, un gordo con cara bonachona, fue llamado a calificar
servicios en abril de 1999, junto al también general Fernando Millán -
acusado, a su vez, de apoyar grupos de "justicia privada" cuando era
comandante de la V Brigada en Santander-. Con el general Jaime
Humberto Uscátegui, forman el trío de oficiales de más alto rango de
las Fuerzas Armadas vinculados a procesos por violación a los
derechos humanos. Uscátegui fue condenado este año a 40 meses de
prisión, por no haber actuado para prevenir la masacre paramilitar de
Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997, y perpetrada por hombres
procedentes de Urabá, donde era comandante Del Río.

Según Gregorio Dionis, presidente de la ONG europea Nizkor, los
antecedentes de Del Río se remontan a cuando actuó en el Magdalena
Medio, entre 1985 y 1986, cuando los paramilitares adelantaron una
acción que ha sido denunciada en tribunales internacionales como
genocidio contra militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica,
UP, por lo que en su contra habría al menos 17 denuncias por
violación a los derechos humanos.

Para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watchs, la captura
del ex oficial "es un hecho positivo" y para el candidato
presidencial y dirigente sindical Luis Eduardo Garzón, "es una
muestra de que, de una u otra manera, las denuncias que se hicieron
desde hace varios años sobre la vinculación de militares con
paramilitares resultaron ciertas".

A principios de este año, 188 oficiales y suboficiales fueron
retirados por el gobierno nacional de las Fuerzas Armadas por sus
presuntos vínculos con paramilitares, y menos de quince días después,
dos de ellos ofrecieron declaraciones a la cadena televisiva RCN,
desde un campamento paramilitar en el sur del departamento del Tolima.

EL PROCESO CONTRA EL GENERAL
Rito Alejo Del Río, después de su accionar en el Magdalena Medio,
pasó a Medellín -tiene una investigación preliminar por colaborar con
paramilitares cuando fue comandante del batallón Atanasio Girardot,
en 1988- y de allí al Urabá antioqueño, donde, entre 1995 y 1997,
combatió a las FARC, en una época en la que las Autodefensas Unidas
de Córdoba, comandadas por Carlos Castaño, iniciaban un proceso de
expansión. La entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, y el
segundo hombre al mando del Ejército en la zona, coronel Luis Alfonso
Velásquez, denunciaron la complicidad de Del Río con los
paramilitares pero, en lugar de que el Ministerio de Defensa iniciara
una investigación al respecto, destituyó a Velásquez por presentar,
según se adujo, desequilibrio mental.

Velásquez es hoy profesor universitario y Del Río fue llamado por los
ganaderos de la región "Pacificador de Urabá", título que se puede
homologar con el del general español Pablo Morillo, quien a sangre y
fuego recuperó la Nueva Granada luego del grito de Independencia dado
en 1810.

Debido a las presiones de la comunidad internacional y a que las
investigaciones preliminares adelantadas por la Fiscalía desde 1997
comprometían a Del Río, el gobierno lo destituyó el 9 de abril de
1999, pues cada vez eran más las pruebas en su contra. Dentro de
éstas están las de cuatro subalternos suyos, quienes se acogieron a
sentencia anticipada por paramilitarismo, y ofrecieron colaborar con
la justicia.

Dijeron que fue tal la relación entre militares y paramilitares, que
patrullaban y combatían juntos a las FARC, al tiempo que adelantaban
acciones cívicas en la zona, en la época en que se presentó el más
grande desplazamiento de personas en Urabá.

Sin embargo, una de las más claves fichas de la investigación se
encuentra, literalmente, desaparecida. Se trata del ex mayor del
Ejército Guillermo Visbal Lazcano, quien, según la revista
Cambio, "habría sido el encargado de tender puentes entre Del Río y
la organización de Carlos Castaño. En un escrito que envió desde la
clandestinidad, Visbal habría ofrecido colaborar con la
investigación, pero desde noviembre de 1998 no hubo más noticias de
él".

En declaraciones reproducidas por la misma revista Cambio en su
edición del 30 de julio, Del Río afirmó que "el único apoyo extra que
recibió provino de las Convivir, legalmente constituidas"; sin
embargo, y tras demostrarse que detrás de las Convivir estaban los
paramilitares, el gobierno las disolvió, no obstante lo cual en el
municipio de Carepa, centro de operaciones del general hoy
cuestionado, continuó funcionando una de ellas, precisamente en un
local que colindaba con la XVII Brigada.

El coronel Velásquez ha estado reacio a ofrecer declaraciones a los
medios de comunicación a raíz de la detención del ex general, pero el
representante de una en ONG comparó la captura de Rito Alejo Del Río
con la de Augusto Pinochet en Chile, a quien se le sigue un juicio
por violación a los derechos humanos. Señaló que la condena de
Uscátegui, la destitución de Millán y la captura de Del Río son ya un
triunfo de la democracia y confió en que actúe la justicia, pese a
las presiones del ministerio de Defensa. Concluyó afirmando
que "ojalá que, como a Pinochet, a Del Río no lo declaren loco".

FISCALES EN USO DE BUEN RETIRO
Las presiones no sólo vinieron del Ministerio de Defensa, al frente
del cual se encuentra el vicepresidente de la República -cuyo
despacho debe velar por la preservación de los derechos humanos-,
sino de la misma Fiscalía.

El recién posesionado Fiscal General, Luis Camilo Osorio, se mostró
en desacuerdo con la detención de Del Río y le pidió la renuncia al
director de la Unidad de Derechos Humanos, Pedro Díaz Romero, quien
había adelantado varias investigaciones de masacres y asesinatos,
como el del periodista y humorista Jaime Garzón, y el atentado contra
el dirigente sindical y miembro de la Comisión Facilitadora de Paz,
Wilson Borja.

Además de Díaz Romero, salió de la Fiscalía el vicefiscal Pablo Elías
González, quien avaló la decisión de capturar al ex general por la
cantidad de pruebas en su contra. Aunque estaba previsto su retiro,
González lo adelantó, lo cual puso en aprietos a Osorio, cuya
legitimidad como Fiscal está siendo cuestionada desde antes de su
posesión, por sus estrechos vínculos con el presidente Pastrana y los
movimientos políticos efectuados para elegirlo.

En entrevista al diario capitalino El Espectador, Díaz Romero indicó
que la decisión fue tomada en derecho por una fiscal que tiene
autonomía, luego de una investigación preliminar que duró tres
años. "Se le dictó orden de captura porque el delito (conformación de
grupos paramilitares) no daba para otra cosa, por su gravedad y por
su pena", señaló.

Al final de la entrevista, el ex coordinador de la Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía se mostró preocupado por la suerte de la
fiscal, por el futuro de la dependencia y dejó en manos de las ONG
defensoras de derechos humanos y de la comunidad internacional el que
estén "muy pendientes de cuál va a ser el desarrollo de la unidad y
de todos sus procesos", incluido el del general Rito Alejo Del Río.

DESTACADOS
El coronel Luis Alfonso Velásquez denunció la complicidad de Del Río
con los paramilitares pero, en lugar de que el Ministerio de Defensa
iniciara una investigación al respecto, destituyó a Velásquez por
presentar, según se adujo, desequilibrio mental

Fue tal la relación entre militares y paramilitares, que patrullaban
y combatían juntos a las FARC, al tiempo que adelantaban acciones
cívicas en la zona del Urabá antioqueño

El recién posesionado Fiscal General, Luis Camilo Osorio, se mostró
en desacuerdo con la detención de Del Río y le pidió la renuncia al
director de la Unidad de Derechos Humanos, Pedro Díaz Romero




Sección: Paz y conflicto armado
Título: La paz y el debate electoral
Acápite: La internacionalización del conflicto y el debate electoral
que ya empezó, atraviesan el proceso de paz que, a tres años de la
administración Pastrana, no tiene los resultados que las expectativas
mediáticas plantearon


Ad portas de empezar las campañas electorales para la presidencia de
la República, y a casi un año de finalizar el mandato presidencial de
Andrés Pastrana, el tema de la paz vuelve a ser uno de los ejes
centrales del debate político y electoral en el país.

El balance del proceso de paz que cada candidato realiza para
redireccionarlo hacia una salida política o militar, y también la
opinión nacional, deja entrever que el proceso de paz ha venido en un
constante desgaste político.

Por parte de la guerrilla, el desgaste se ha manifestado, pues ya
parece que no jugara el papel electoral que desempeñó en la campaña
pasada, cuando logró inclinar la balanza a favor del candidato que en
su opinión tenía una propuesta de paz más sólida: Andrés Pastrana.

El balance del proceso de paz tiene como contraparte el escalamiento
del conflicto armado, la expansión vertiginosa de los grupos
paramilitares, el reciente paro campesino, el anuncio de los
indígenas de que declaraban rotos los contactos con el gobierno a
raíz de la desaparición y muerte de varios de sus dirigentes, y la
fumigación de los cultivos ilícitos como eje central en la lucha
antidrogas. Por esto es que para los candidatos, los analistas y la
opinión pública en general, el proceso está en franco declive
político.

Ante este escenario sólo cabe esperar que el último año del
presidente Pastrana esté acompañado por mantener vivo en la memoria
colectiva el intercambio humanitario, como su mayor logro en materia
de política de paz, sobre todo después del anuncio del segundo
comandante del ELN en el sentido de que dicho proceso fue mediático y
no real y que ahora es necesario esperar el nuevo gobierno.

En esta dirección son dos los elementos centrales en la coyuntura de
la negociación con las FARC: de un lado, la redirección del proceso y
las nuevas caras en el equipo de negociadores del gobierno, y, por
otro lado, la discusión sobre el cese al fuego o hostilidades,
exigencia sobre la cual han insistido en diferentes tonos y opiniones
los candidatos.

EL CAMBIO EN EL ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN
La crisis del equipo negociador del gobierno se presentó a raíz de
incidentes como la toma de la cárcel La Picota, la toma a la Base de
Coreguaje y la declaratoria de guerra urbana por parte de las FARC,
al tiempo que ese grupo efectuaba la entrega unilateral de soldados y
policías retenidos, algunos de ellos, desde hace casi cuatro años.

Estos acontecimientos llevaron al gobierno a redireccionar el proceso
de paz. En el nuevo esquema que ha planteado el Alto Comisionado para
la Paz, los negociadores del gobierno serían todos funcionarios
públicos y quedaría abierta la posibilidad de integrar al nuevo
equipo un militar activo. Siguiendo este esquema de negociación, los
ministros serían llamados como asesores o consultores en los temas
específicos que la mesa de negociación esté tratando.

Para el Alto Comisionado, este nuevo esquema "implica ante todo que
el gobierno asume plenamente la negociación en la Mesa". ¿Casi
después de tres años de negociación, sólo en el último año el
gobierno asume plenamente la negociación de paz?. Retomando las
declaraciones del Comisionado, lejos está el escenario con este nuevo
esquema, que la política de paz sea una política de Estado,
principalmente porque los Ministros (nuevos asesores o consultores) y
los funcionarios de alto nivel, son de libre nombramiento y remoción.

Lo que deja claro que el nuevo esquema vuelve el proceso más una
política precariamente gubernamental, coyunturalista, y ratifica la
incapacidad del gobierno actual de proyectar la política de paz como
una política real de Estado, y en la cual el próximo gobierno tenga
elementos con los que pueda continuar en la búsqueda a una salida
negociada al conflicto. El nuevo esquema es, entonces, un esquema
funcional a la etapa pre-electoral que se avecina en el país.

CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES
Los disensos en este tema polarizan aun más las posiciones del
gobierno y las FARC, los puntos en común sobre éste son casi
inexistentes. Para el gobierno, el cese al fuego y de hostilidades
está limitado al plano puramente militar, a la suspensión de
secuestros, extorsiones, ataques a la infraestructura económica y al
cese de actividades relacionadas con el narcotráfico. Así mismo
propone una comisión de carácter internacional para el desarrollo y
verificación del cese al fuego. La propuesta del gobierno está
limitada a que sea asumida únicamente por el Ejecutivo y las FARC.

La propuesta del grupo insurgente separa el cese al fuego del de
hostilidades. En esta dinámica, el primero se refiere al plano
militar, y el segundo estaría definido por instancias más políticas y
económicas. Según las FARC, el cese del fuego debe ser bilateral y
comprende el cese de acciones militares entre los cuerpos armados del
Estado y sus fuerzas de seguridad, cese que no implica que las FARC
no tengan del derecho de defensa ante ataques enemigos, y añade
además que el cese de acciones militares ofensivas compromete al
paramilitarismo.

De otro lado, el cese de hostilidades comprende el fin de la política
de criminalizar la protesta social, la suspensión de la política
económica neoliberal, la concertación con las comunidades sobre la
erradicación manual y sustitución de cultivos, y la depuración de las
fuerzas militares, cuyos miembros estén comprometidos con el
paramilitarismo. Las FARC proponen una comisión nacional de
verificación, la cual presentaría informes sobre los acuerdos a la
Mesa de Diálogo y Negociación.

Existe un punto en el que tímidamente parecen confluir las exigencias
del gobierno y las FARC, y es la necesidad de una comisión de
verificación, pero se dividen en cuanto al carácter nacional o
internacional de dicha comisión: para el gobierno sería internacional
y para las FARC debe ser de carácter nacional. La renuencia de las
FARC a que sea de carácter internacional se puede explicar en parte a
que esta guerrilla está sintiendo los rigores de la
internacionalización de la paz y los costos políticos de sus acciones
violentas contra la población civil.

Hechos recientes, como el secuestro del ex gobernador del Meta, Alan
Jara, en un vehículo oficial de la ONU, y el secuestro de tres
ciudadanos alemanes por parte de las FARC, han llevado a que la Unión
Europea ponga en duda su apoyo al proceso de paz. El hecho de
internacionalizar la paz no está solamente en que las FARC puedan
contar con su ayuda política y económica, para lograr importantes
acuerdos en la Mesa de Diálogo: significa, tácitamente, que las FARC
deben dejar el secuestro a ciudadanos extranjeros y no violar la
inmunidad de los vehículos de organismos humanitarios protegidos por
el derecho internacional.

A pesar de lo anterior, la internacionalización de la paz ha sido uno
de los logros más audaces en materia de negociación que ha tenido la
administración Pastrana, ya que a través de éste el gobierno tiene un
nuevo mecanismo de presión sobre las FARC, como lo demuestran los
últimos acontecimientos.

DESTACADO
La crisis del equipo negociador del gobierno se presentó a raíz de
incidentes como la toma de la cárcel La Picota, la toma a la Base de
Coreguaje y la declaratoria de guerra urbana por parte de las FARC



Sección: Movimientos Sociales
Titulo: Hagámosle el amor al miedo
Acápite: Del 14 al 17 de agosto se celebrara en el puerto petrolero
de Barrancabermeja, triste símbolo de corazón del conflicto, la
movilización internacional de Mujeres en Barrancabermeja, convocada
por la Organización Femenina Popular y la Ruta Pacifica de Mujeres,
para decirle No a la Guerra.


Una vez más, las mujeres de Barrancabermaja hacen escuchar su voz,
y "desde la No Violencia, desde el desespero y desgaste que  deja la
guerra a las mujeres, desde el dolor de miles de mujeres, que desde
la civilidad y la autonomía le apuestan a la construcción de un mundo
justo, digno y en equidad", llaman a las mujeres de Colombia y el
Mundo Entero en un acto de libertad, que visibiliza la fuerza de la
solidaridad, como medida de protección de las mujeres y sus
organizaciones en medio de la confrontación.

Se trata de realizar una movilización nacional e internacional de
mujeres hacia Barrancabermeja en un acto de Resistencia Pacifica
contra la guerra y todas las violencias vividas en el país.

Esta movilización se inscribe dentro de la campana "Öjo con la vida
Hagámosle el amor al miedo",  organizada por la Organización Femenina
Popular, OFP, la cual se enmarca en la gran campana lanzada en
febrero "Barranca vive".

"Desde nuestra civilidad y autonomía le apostamos a la construcción
de un mundo justo, digno y en equidad"

  La OFP es una organización de mujeres populares que trabaja con
mujeres, jóvenes y familias desplazadas en la región del Magdalena
Medio, región donde el conflicto armado es cada vez más agudo y las
violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario
internacional cada vez más sistemáticas. La OFP tiene una trayectoria
de 29 años de trabajo en la región. En 1988 se convierte en una
organización autónoma. La organización tiene centros de mujeres, Casa
de la Mujer en varios municipios del Magdalena Medio, tales como San
Pablo, Cantagallo, Yondó y Puerto Wilches, así como en la localidad
de Barrancabermeja, donde trabaja en cuatro sectores populares nor-
oriente, sur-oriente, norte y sur. Recientemente se abrió también la
Casa de la Mujer en Bogotá.

Su trabajo tiene varios ejes: un área de Economía Solidaria
(cooperativa de Mujeres, Grupos de producción, capacitación técnica,
comedores populares); un área de educación y formación (centro de
documentación, periódico "Mujer Popular", materiales pedagógicos y
conversatorios); un área de salud integral (medicina general,
ginecología, citología, exámenes de laboratorio, psicología,
odontología y campanas de prevención en salud de la mujer); un área
juvenil (talleres de danza, música, taekwondo, becas universitarias a
estudiantes de escasos recursos); un área de desplazadas (seguridad
alimentaria, comedores infantiles, huertas familiares, cría de
animales, granjas comunitarias, olla comunitaria), un área de
Construcción y Reconstrucción del Tejido Social (organización de
grupos de mujeres desde estas áreas para la defensa de los derechos
de la mujer y las comunidades en general), todo ello enmarcado en los
principios de organización, autonomía y civilidad.

El trabajo de la OFP es conocido en los ámbitos nacional e
internacional. Toda esta labor de promoción y sensibilización hacia
los derechos humanos, de ayuda humanitaria, y cursos de formación
cultural con el objetivo de presentar alternativas a estos sectores
vulnerables de la sociedad que reciben una enorme presión de los
violentos grupos armados, las mujeres la vienen desarrollando en
medio de un clima de terror, inseguridad, y amenazas repetidas.

Varias veces, grupos paramilitares han exigido a la OFP acabar con su
trabajo de años en los barrios populares, las han amenazado
repetitivamente, ordenándoles cerrar o entregar las llaves de sus
locales.

"NO PERMITIREMOS QUE EL MIEDO NOS HAGA CÓMPLICES DE UNA GUERRA QUE NO
NOS PERTENECE

Declaradas objetivo militar por las AUC, las mujeres de la OFP han
contestado por la resistencia pacifica y la consistencia, por el
rechazo al la vía armada y a la vía militar, por su reclamo a la
autonomía en relación con todos los actores armados, y por su reclamo
al "derecho amar, como madres, amantes, novias y esposas de un actor
o de un posible actor del conflicto armado".

No dejen que el miedo las haga cómplices de una guerra que no les
pertenece y a la realidad del dolor que dejan la confrontación estas
mujeres oponen alianzas solidarias construidas con amor y confianza.

No permiten que se rompa con la capacidad de convocatoria que las
mujeres han tenido históricamente y el tejido social logrado durante
muchos anos. A estas mujeres que han demostrado otras formas de
defender sus derechos y de defender el territorio, tenemos la
obligación de acompanarlas.

En Colombia, se ocultan los efectos de la guerra sobre las mujeres
mientras se abusa de ellas sometiéndolas en medio de la guerra a
diferentes formas de violencia. Los derechos de las mujeres son
violentados en medio de la impunidad y el silencio y su labor sigue
desconocida. El trabajo de las mujeres ha creado espacios de
encuentro que han sido directamente afectados por la disputa
territorial de los actores armados.

Las mujeres han desarrollando estrategias de crecimiento e
integración entre las comunidades, tareas de concertación,
negociación de conflictos, generación de recursos económicos para
miles de mujeres. Además, han contribuido con la construcción del
tejido social, han potenciado procesos sociales. Luchan por su
derecho a la vida, a la organización comunitaria y a sus actos de paz.

Por todo ello invitamos a hombres y mujeres a unir sus voces y
solidarizarse con las mujeres de Colombia y de Barrancabermeja en
especial.


RECUADRO

Para más información sobre la movilización internacional de Mujeres
Contra la Guerra, dirigirse a
La Organización Femenina Popular - OFP-, Barrancabermeja, a través
del correo electrónico: femenina@... y/o (0976) 226625-
fax: (0976) 214501 y/o

La Casa de la Mujer, Bogotá en los teléfonos: (091) 312-50-78 / (091)
312-50-71 / fax: (091) 310-32-61, a través del correo electrónico:
casmujer@...

Para inscribirse a la Ruta Pacífica se puede hacer a través del
correo electrónico: rutapacifica@... y/o en el telefax: (094)
292-09-02, Medellín.

DESTACADOS
"Que de nuestras manos y vientres no brote ningún alimento para la
guerra y las violencias"

ACTUALIDAD COLOMBIANA
ISSN 0124-3780
AÑO XIII, Nº 317
Julio 25 a Agosto 14 de 2001
Bogotá, Colombia

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Angulo S.J., Teófilo Vásquez, Eugenio Guerrero, CINEP
Camilo Castellanos, Héctor León Moncayo, Jorge Carvajal, ILSA
Juan Francisco Aguilar, Diana Lucía Gómez Rodríguez, CEPECS

COLABORACIÓN
Amanda Romero

COORDINACIÓN
Javier Correa Correa

DIAGRAMACIÓN
Carlos "Alguien"

TRADUCCIONES
Versión alemán Bruno Rütsche
Versión francés Sophie Berche
Versión inglés  Chris Rabbit

SUSCRIPCIONES
Dana Pérez
FAX 269 7500
AA. 19362, Bogotá

ADMINISTRACIÓN
Fundación CEPECS
Calle 27A Nº 36-24
Tels. 244 0270 - 269 6152 - 571 5675
FAX 269 5700
  E-mail cepecs@...

Páginas Web: www.atcol.f2s.com
www.kolumbien-aktuell.ch/ka-index.htm
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SUSCRIPCIÓN UN AÑO
Internacional 	 US$ 100
De apoyo  US$ 150
Nacional  $ 45.000
De apoyo  $ 55.000


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CONTENIDO
Sección: Paz y conflicto armado
Título: La "mano invisible" contra la paz
Acápite: Los diálogos con el ELN, entre las intolerancias de uno y
las vacilaciones del otro

Sección: Paz y conflicto armado
Título: Acuerdo mínimo para una Agenda Común del Movimiento Social de
Paz
Acápite: Texto suscrito por varias entidades y organizaciones acerca
del papel de la sociedad civil en torno a la paz y el conflicto armado

Sección: Derechos humanos
Título: Manos de la solidaridad y la ternura
Acápite: Los desaparecidos: ausentes siempre presentes en la memoria
colectiva de los pueblos

Sección: Derechos Humanos
Título: La importancia de las minorías étnicas
Acápite: Indígenas rompieron relaciones con el Gobierno y exigieron
condiciones para la defensa de la vida



Sección: Paz y conflicto armado
Título: La "mano invisible" contra la paz
Acápite: Los diálogos con el ELN, entre las intolerancias de uno y
las vacilaciones del otro

Rayos de esperanza vuelven a surcar el cielo enrojecido de la guerra
ahora que el máximo comandante de la organización guerrillera del
ELN, Nicolás Rodríguez, Gabino, acaba de proponerle al Alto
Comisionado de Paz, Camilo Gómez, la realización de una cumbre en
Barrancabermeja para explorar la posibilidad de reapertura de los
diálogos de paz, congelados desde el pasado 19 de abril debido a la
ausencia de condiciones necesarias por parte del gobierno para la
formalización de la Zona de Encuentro en el sur de Bolívar.

Desde luego, en el contexto de una opinión pública tendente a
favorecer la imagen de un gobierno dispuesto a dialogar, la ruptura
unilateral del proceso por parte del ELN no puede menos que producir
la sensación de que toda la responsabilidad por la dilación de un
conflicto que hunde al país en la incertidumbre y el desasosiego de
cara a un agravado panorama humanitario, hay que cargarla por
completo a la organización guerrillera.

Sin embargo, los hechos que rodearon la decisión del comando del ELN
dejan una lectura radicalmente distinta sobre las motivaciones y
demuestran que ha sido el gobierno el que no ha dado voluntad
política alguna para el avance del proceso. En efecto, cuando parecía
que la propuesta de formalizar una zona de encuentro en los
municipios de Santa Rosa, Cantagallo y San Pablo, ubicados en el sur
de Bolívar, y en Yondó (Antioquia) era un acuerdo que no requería
sino su implementación al objeto de avanzar por los caminos de una
paz negociada, el Estado mismo, a través de un amplio esquema de
guerra "integral" que tuvo su epicentro en la zona prevista para el
encuentro, se encargó de hacer naufragar sus posibilidades.

Con el argumento de la lucha "antinarcóticos" y el intento de
despejar la zona de paramilitares, el Ejército Nacional puso en
marcha la Operación "Bolívar" en febrero de este año; sus resultados
y el perfil de las acciones allí ejecutadas conducen, empero, a otra
conclusión. Se trató, en realidad, de destruir las condiciones mismas
del escenario, como lo ilustra el ametrallamiento del que hiciera
objeto la Fuerza Aérea a la movilización de más de mil campesinos
que, en Caño Frío, apoyaban la zona de encuentro el 10 de febrero; el
bombardeo por más de una hora, a cargo también de esta misma fuerza,
al ELN en cercanías de Vallecito; el asedio armado de efectivos
militares el 4 de marzo, a los alrededores de Alto Cañabraval, un día
después de haberse realizado allí un encuentro entre embajadores del
Grupo de Países Amigos y los equipos de negociación del gobierno y
del ELN, y, posteriormente, apenas transcurridos dos días, el ataque
también del Ejército al aseguramiento defensivo del ELN en
Villanueva, encargado de proteger la reunión que en La Fría tenía
lugar entre los dos equipos de negociación y los embajadores que iban
en representación del Grupo de Países Amigos y de Países
Verificadores.

Sin embargo, como asimismo evidencian los hechos, lejos de ser
abatidas las fuerzas paramilitares, los operativos militares
sirvieron más bien para el ingreso de éstas en toda la región,
especialmente en Barrancabermeja, en donde se cometió una
escalofriante cantidad de asesinatos, desapariciones y amenazas,
dirigidas contra pobladores civiles, desplazaron un enorme número de
familias y sembraron el terror en varios barrios populares del puerto
petrolero. En lo que respecta al elemento "anti-narcóticos" de la
operación militar, se procedió a la fumigación con glifosato de las
áreas con cultivo de coca, acción que no sólo afectó a las
comunidades allí asentadas y le infligió un daño irreparable al medio
ambiente, sino que tuvo como finalidad hacer imposible, por la vía de
los hechos y de manera anticipada, el cumplimiento de uno de los
puntos que dentro de la agenda temática del ELN ha de ocupar un lugar
central dentro de las negociaciones y ha sido favorablemente aceptado
por los pequeños cultivadores de la región, como es la sustitución
manual de dichos cultivos.

Si frente a las negociaciones del gobierno con las FARC puede tener
cabida la pregunta, tan repetida a través de los medios de
comunicación e insistentemente esgrimida por determinados sectores de
opinión, de a cambio de qué se cede tanto, de cara al proceso con el
ELN la cuestión se invierte: ¿tiene el gobierno verdadera voluntad
política de darle una salida negociada al conflicto con esta
organización guerrillera? Es de todo punto evidente que sin
condiciones para el diálogo el proceso tiene que empantanarse de
forma permanente, que si no se dan muestras claras de cumplir con los
acuerdos lentamente concertados a lo largo de tres años, la paz
continuará hipotecada a los intereses de una parte de la sociedad que
se inclina por apostarle a un fracasado esquema de rendición en
detrimento de la negociación.

Si bien es cierto que hipotecar la paz en Colombia tiene un
elevadísimo costo en vidas humanas, sobre todo en vidas de inocentes
civiles que cargan con el fardo trágico de vivir en medio del
conflicto y de ser, en consecuencia, el blanco privilegiado de la ira
criminal que desata la guerra, no lo es menos el hecho de que tales
vacilaciones en torno a un tema tan crucial ostentan un precio
igualmente enorme en términos de esperanza. La pequeña brecha por la
que se filtra ahora la posibilidad de paz, a raíz de la propuesta del
Comando del ELN de reiniciar su búsqueda conjunta, no debe ser
despreciada. Pero no sólo de palabra, sino con actos que impidan a
la "mano invisible" del Estado hacer la voluntad particular de los
reales enemigos de la paz, aquellos que tienen en la guerra la
fórmula de fortalecer sus privilegios y de coartar un consenso
nacional que los ponga en peligro.

Porque sin duda es esa "mano invisible" del Estado y del
Establecimiento el obstáculo mayor de la paz en estos momentos, un
dispositivo de muerte que se expresa tanto en el paramilitarismo como
en la ausencia de políticas eficaces para desactivarlo, en la
aprobación de legislaciones guerreristas y en la presunta incapacidad
del Ejecutivo para ejercer su autoridad sobre las Fuerzas Militares,
así como en la expedición de actos legislativos inconstitucionales
que, a despecho de mitigar la violencia, potencian sus verdaderas
causas.

Más allá de los intereses que se entrecruzan en la prevista zona de
encuentro y que aparecen como el obstáculo mayor para su
formalización, está la misma agenda temática del ELN y el
procedimiento democrático de la Convención Nacional que proponen como
escenario para su discusión. Parece ser que el mayor peligro para un
Estado en trance de sembrar el país de instituciones que son
precisamente lo contrario de lo que postula su fórmula política, es
el debate amplio, con participación de la sociedad civil, de temas
como la soberanía, el medio ambiente, la justicia social, la
redistribución de la riqueza y, desde luego, la vigencia irrestricta
e integral de los derechos humanos. De ser así, la brecha volverá a
cerrarse y todo habrá sido una falsa ilusión que hundirá en mayor
incertidumbre las esperanzas de paz que abriga el conjunto de la
sociedad.

DESTACADOS
El Estado mismo, a través de un amplio esquema de guerra "integral"
que tuvo su epicentro en la zona prevista para el encuentro, se
encargó de hacer naufragar sus posibilidades

Lejos de ser abatidas las fuerzas paramilitares, los operativos
militares sirvieron más bien para el ingreso de éstas en toda la
región, especialmente en Barrancabermeja



Sección: Paz y conflicto armado
Título: Acuerdo mínimo para una Agenda Común del Movimiento Social de
Paz
Acápite: Texto que suscribieron varias entidades y organizaciones
acerca del papel de la sociedad civil en torno a la paz y el
conflicto armado

En medio de las manifestaciones de expansión y degradación de la
confrontación armada y de la consolidación de proyectos guerreristas
y antidemocráticos, en Colombia hay un creciente movimiento de
sectores que realiza diversas y sostenidas acciones en procura de la
solución política negociada del conflicto armado, la plena vigencia
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la
justicia social.

Quienes suscribimos este acuerdo político nos reconocemos como parte
de este movimiento social de paz y entendemos que el mismo se
construye desde consensos y disensos, porque la búsqueda de la paz es
un proceso político complejo y dinámico en el que se expresa la
sociedad que construye país desde diversos intereses.

Reconocemos, valoramos, apoyamos y respetamos las actividades que
cada una de las iniciativas, organizaciones, movimientos, redes y
convergencias realiza, como un aporte importante en la perspectiva
común de la construcción democrática de la paz.

A la vez que reconocemos estos esfuerzos como válidos en la búsqueda
de la paz, reafirmamos el compromiso de actuar articuladamente cuando
se realicen actividades de interlocución con el gobierno colombiano,
los grupos insurgentes y la comunidad internacional, desde los
diversos puntos de vista que nos caracterizan, pero en una
coordinación que se funda en el apoyo a la solución política y
negociada, en los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, en el concepto de cooperación internacional para la paz
y en la importancia de la participación del movimiento social por la
paz en los procesos en marcha. En el campo internacional nos
proponemos trabajar ante gobiernos, sociedades e instituciones en
procura de una eficaz solidaridad con la paz de Colombia.

En esta dirección, asumimos la conformación de un Comité de Enlace,
con la siguiente naturaleza y funciones:

Naturaleza. Un espacio de articulación, coordinación y comunicación
de los planes de trabajo y actividades de las diferentes iniciativas
de paz promovidos o integrados por organizaciones sociales,
sectoriales, de derechos humanos, iglesias, mujeres, gremios, etc. No
es un aparato, ni un nuevo actor, ni una nueva iniciativa. No tiene
sede. No presenta proyectos. No tiene representación ni voceros.

Funciones
- Facilitar el encuentro, el diálogo, el intercambio de
propuestas, en la perspectiva de la construcción de paz.
- Transformar problemas, tensiones y conflictos propios del
proceso
- Promover la cooperación entre organizaciones e iniciativas
para fortalecer la participación de la sociedad civil en la solución
política y negociada del conflicto y la construcción de la paz.
- Fortalecer las campañas, movilizaciones comunes
- Motivar activamente la participación de las organizaciones
sociales en las iniciativas y las actividades por la paz

El Comité de Enlace coordinará actividades, informará sobre los
planes públicos de cada una de las instancias que lo conforman y
adelantará las gestiones que se requieran para garantizar la plena
vigencia de este acuerdo.

En la perspectiva de un Cese al Fuego y un Acuerdo Global de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el segundo semestre
del 2001 nos comprometemos a apoyar conjuntamente las siguientes
iniciativas:

1. Plenario de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por
la Paz. Rionegro, Antioquia, Julio 19-21
2. Semana por la Paz, Septiembre 8 a 16
3. Conferencia Internacional de Paz, Octubre (Costa Rica II)
4. Audiencia Especial de Mesas Ciudadanas, Los Pozos, Octubre
5. III Encuentro de Mesas Ciudadanas por la Paz, Enero/Febrero
2002

En enero de 2002 realizaremos un Encuentro Nacional para evaluar la
situación del país, las actividades realizadas en el marco de este
acuerdo y proyectar las tareas de este movimiento social por la paz
para el próximo año.

Bogotá, junio del 2001

Firman:

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
Mandato Ciudadano por la Paz
Paz Colombia
Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz)
Conferencia Episcopal de Colombia (Pendiente de firmar)




Sección: Derechos humanos
Título: Manos de la solidaridad y la ternura
Acápite: Los desaparecidos: ausentes siempre presentes en la memoria
colectiva de los pueblos

Hace 19 años, un grupo de madres y familiares que lograron controlar
el terror y la incertidumbre frente a la desaparición de sus hijos,
hermanos o padres amados, comenzaron a desarrollar una labor intensa
y permanente que hoy causa escozor en los sectores más
antidemocráticos e intolerantes de la sociedad colombiana: la
búsqueda y exigencia de verdad, justicia y reparación frente a sus
desaparecidos.

Crearon entonces la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Asfaddes, la cual no es una organización no
gubernamental más, ya que sus miembros no partieron de ser expertos
en el tema de los DDHH sino de ser víctimas de su violación, y así
desde sus cotidianidades, la angustia, el dolor y la búsqueda se han
constituido en un proceso de base dentro del movimiento colombiano
por la defensa de los Derechos Humanos.

La mayoría de sus integrantes han sido verdaderas antígonas
colombianas que han comprendido el sentido de la memoria para una
sociedad como la nuestra y la necesidad de que nunca más se cometa
este atroz crimen.

Ha habido logros tan importantes en su labor como la lucha por más de
12 años en pro de la tipificación de la desaparición forzada como
delito, recogida en la creación de la Ley 589 que además tipifica los
delitos de genocidio, desplazamiento forzado y tortura, y la
sentencia del Consejo Nacional de la Judicatura, que hace 6 años
había mandado el caso de la desaparición y asesinato de Nidia Erika
Bautista a la Justicia Penal Militar, ahora cambia el concepto
histórico de que en todos aquellos los casos en que había
responsabilidad de agentes del Estado eran mandados a esta instancia
y lo envía a otras instancias acordes con el crimen cometido.

Por su labor y el valor civil de sus integrantes, esta asociación se
encuentra en grave peligro por el acoso de los intolerantes. Han
tenido que acabar con cuatro seccionales en Turbo, Ocaña, Riosucio -
Caldas- y Barrancabermeja, y afrontan un nuevo dolor: la desaparición
de dos de sus miembros, Angel Quintero y Claudia Patricia Monsalve.

A pesar de los pronunciamientos públicos de solidaridad por parte del
senador Kennedy en el Congreso de Estados Unidos y por parte de la
encargada por la Organización de Naciones Unidas al presidente de la
República, la respuesta ha sido el silencio.

Por ello, el pasado lunes 16 de julio, en el marco de la Misión
Internacional de Solidaridad con Asfaddes -comentada en nuestra
edición anterior-, se realizó un acto público profundamente
significativo en el marco actual de violaciones sistemáticas a los
derechos humanos en Colombia.

En dicho acto se hizo entrega de un cuadro que ha sido símbolo de la
lucha por la defensa de los DDHH en Colombia: del autor ecuatoriano
Oswaldo Guayasamín, la obra original "El Reposo", fue donada por el
museo que lleva su nombre en marzo de 1992 en homenaje a las víctimas
de la violencia. Ahora en reconocimiento por la lucha denodada de
Asfaddes contra la arbitrariedad oficial y por su labor destacada en
defensa de los DDHH, fue entregada en custodia a la asociación por
dos años. "Esta es una obra humanista y expresionista que refleja el
dolor que soporta la mayor parte de la humanidad y denuncia la
violencia que vivió el ser humano durante el siglo XX marcado por las
guerras mundiales y civiles, genocidios, dictaduras y
desapariciones", según dijo Jairo Ramírez, del Comité Pemanente por
la Defensa de los Derechos Humanos al momento de la entrega.

En el acto estuvieron personalidades como Jorge Orlando Melo, ex
consejero de DDHH; Orlando Cifuentes, Defensor del Pueblo; Marta
Vásquez, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de
Argentina, y Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz, defensora
permanente de los derechos Humanos de su país, Guatemala, entre otros.

El evento también sirvió de marco para el lanzamiento del libro "La
Voz de los Desaparecidos Clama por Justicia", en el cual se revela un
panorama profundamente desolador: el índice de desaparecidos por año
ha aumentado dramáticamente, a pesar de la tipificación del delito y
de todos los discursos de paz y reconciliación que todos promulgan.
En 1999 fueron desaparecidas 443 personas y en el 2000, 743, la
mayoría a manos de los grupos paramilitares.

DE LAS INTERVENCIONES
Jorge Orlando Melo exhortó a que los colombianos aprendamos a
respetar actividades como la de Asfaddes, así no se esté de acuerdo
con su labor.

En mensaje enviado por el padre Javier Giraldo cuando obsequió una
imagen de "Nuestra Señora de los desaparecidos", dice: "Asfaddes ha
logrado mantener la memoria e integridad de las víctimas. En las
manos de ustedes está la bandera de la humanidad integral de no ceder
en la tentación de despojar a sus víctimas del público derecho de la
memoria y la justicia".

Marta Vásquez , de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina,
planteó: "deseamos que nuestra misión tenga éxito Es nuestra enorme
preocupación que Colombia se levante, se pacifique, que no sean más
perseguidas, hostigadas o desaparecidas las compañeras de Asfaddes.
Este largo camino lo recorrimos en Argentina, pero la lucha por la
búsqueda de la verdad y la justicia me ha enseñado que no se puede
parar, por todos los desaparecidos de todo el mundo, porque ellos
están esperando que nosotros los reivindiquemos, que consigamos la
verdad y la justicia y una América unida y hermanada".

Finalmente, el Defensor del Pueblo dijo que "la lucha contra la
impunidad debe ser la lucha de todo el pueblo colombiano y por tanto
no podemos legitimar a un Estado que desaparece a las personas y las
convierte en no sujetos. Por eso, porque estamos frente a una
infamia, tenemos la presencia ejemplar de las personas que simbolizan
en el mundo la protesta contra estos delitos atroces. Yo acompaño
como Defensor del Pueblo a Asfaddes, exijo respeto por esta
organización y considero que el Estado debe rodear de garantías a
esta organización. Todo el pueblo colombiano debe unirse a esta
empresa para que la memoria del país le haga justicia a estas
personas y para que el Estado colombiano no permita que estos hechos
permanezcan en el silencio.

DESTACADOS:
El índice de desaparecidos por año ha aumentado dramáticamente, a
pesar de la tipificación del delito y de todos los discursos de paz y
reconciliación que todos promulgan

"No se puede parar, por todos los desaparecidos de todo el mundo,
porque ellos están esperando que nosotros los reivindiquemos, que
consigamos la verdad y la justicia y una América unida y hermanada"

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Sección: Derechos Humanos
Título: La importancia de las minorías étnicas
Acápite: Indígenas rompieron relaciones con el Gobierno y exigieron
condiciones para la defensa de la vida


Hace ya más de un mes que los paramilitares desaparecieron al líder
Embera- Katío, Kimy Pernía Domicó, en Tierralta, Córdoba. Durante más
de dos semanas, sus hermanos de diferentes etnias lo buscaron.
Amenazados, se concentraron en ese municipio, rodeados del temor y la
zozobra por los hombres en motocicletas que los rodeaban
constantemente.

El pasado 25 de junio, indígenas Paeces intentaron la misma búsqueda
de dos comuneros, detenidos-desaparecidos por los paramilitares en
Santander de Quilichao, Cauca.

Mientras tanto, en el Chocó, apoyados por las Diócesis de Quibdó e
Itsmina, líderes de las comunidades negras hicieron un llamado al
Gobierno y la opinión internacional, por el aumento del número de
personas que están llegando desplazadas a Quibdó, a raíz de la
entrada de paramilitares y los combates con las FARC. La dolorosa
situación que vivieran desde 1996 con mayor rigor los pobladores del
Bajo Atrato, ahora lo sufren los habitantes del Alto Baudó.

El 19 de julio, y ante el secuestro de tres representantes de la
agencia alemana de cooperación técnica GTZ, Ulrich Küenzel, Thomas
Küelzel y Rainer Bruchmanm, quienes realizaban gestiones tendientes a
apoyar al Resguardo de Silvia, Cauca, indígenas Paeces y Guambianos
anunciaron que emprenderán la búsqueda y exigieron a las FARC que los
suelten sin condición alguna, aunque esta organización guerrillera
supeditó la liberación a que se suspendan las fumigaciones a los
cultivos ilícitos.

El 20 de julio, cuando se celebraba en Colombia el Día de la
Independencia y se instalaba la legislatura, un grupo de indígenas
entró al recinto del Congreso y exhibió un cartel en el que se resume
su situación: "Pastrana: las guerrillas y las AUC nos están matando.
¡No más glifosato!".

Frente al drama que viven, de modo similar, otras comunidades rurales
y de pueblos afectados por la guerra, mucha gente se pregunta "por
qué se hace tanto ruido por unos indios y unos negros", cuando la
situación es tan grave o más grave en otros lugares de Colombia,
donde la degradación del conflicto armado tiene unas manifestaciones
parecidas, con víctimas civiles, destrucción de pueblos y ataques
indiscriminados a la infraestructura. Incluso, hay quienes creen que
dar un lugar especial a los indígenas y negros, a más de "lo de
género" es pura moda, inventada por las agencias internacionales de
cooperación. Para ellos, lo importante es reconocer la existencia de
la lucha de clases y el rigor de la guerra que afecta por igual a
todos.

Pero la lucha por el reconocimiento de pueblos "minoritarios" ha
significado también combatir todas las formas de discriminación
racial, lingüística, religiosa, basada en el origen nacional o la
ascendencia y han atravesado los debates de distintas naciones en el
mundo. La negación de los derechos de estas comunidades llevó a que
la ONU asumiera la definición de que minoría "es un grupo
numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, en
situación no dominante, cuyos miembros, súbditos del Estado, poseen
desde el punto de vista étnico, religioso o lingüístico, unas
características que difieren del resto de la población y manifiestan
incluso de modo implícito, un sentimiento de solidaridad al objeto de
conservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma".

MINORÍAS EN ALTO RIESGO
Cuando se afectan sus derechos, las repercusiones son mayores que las
que podrían soportar los grupos mayoritarios. En un país multiétnico
y pluricultural, como Colombia, esto tiene una significación
especial. En el caso de los 82 pueblos indígenas de Colombia, la
mayoría habita en zonas de alto conflicto armado. Algunos han perdido
su idioma, pero conservan sus tradiciones, religión y cultura. En los
últimos 20 años, sus luchas lograron la creación de la Organización
Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y con ella, la ampliación de su
reconocimiento, obtenido de manera formal en la Constitución de 1991.
Pero han sido víctimas de exterminio por terratenientes, agentes
estatales y, más recientemente, por guerrillas y paramilitares.

La llegada de la guerra a las comunidades negras ha sido desastrosa.
Como lo expresara un documento del CINEP, desde 1997, las Comunidades
de Paz de San Francisco de Asís, Natividad de María y Nuestra Señora
del Carmen en el Bajo Atrato, mayoritariamente negras, tomaron la
decisión de no involucrarse en el conflicto como combatientes o
colaboradores de las Fuerzas Armadas, las guerrillas o los
paramilitares. "Sin embargo, a lo largo de estos años, ninguno de los
actores ha respetado este compromiso y ya son 14 los campesinos
asesinados por las FARC y 21 por las autodefensas. A esto se suma la
actitud displicente de miembros de las Fuerzas Militares frente al
proceso". A la comunidad del Alto Baudó, luego de tres años de
intensa briega, los comuneros de esta zona del Chocó recibieron por
fin los títulos colectivos de sus tierras, por Ley 70/93. A los 17
días, los paramilitares de las AUC entraron a las comunidades de Pie
de Pató (cabecera municipal del Alto Baudó) y los corregimientos y
veredas aledañas, causando terror, puesto que recibieron la "orden de
desalojo" de estos paramilitares.

No puede ser coincidencia. Las comunidades étnicas están enfrentadas
a una sin salida: se mantienen en sus territorios ancestrales,
defendiendo su cultura, o caen víctimas de las balas de los actores
armados. El Estado es el responsable de su preservación, por lo que
el lunes 23 de julio, un día antes del natalicio de Simón Bolívar,
los indígenas acudieron al palacio presidencial para notificarle al
gobierno que declaran rotas las relaciones. "Este gobierno no tiene
hasta el momento condiciones para favorecer la vida nuestra", dijo el
wayúu y presidente de la ONIC, Armando Valbuena, quien dio un plazo
de 30 días para que la administración Pastrana "concrete acciones".