Hola
Remito el comunicado de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos al finalizar su 144 periodo de sesiones.
En el
comunicado de hace referencia grupos poblaciones como niños y las niñas, los
migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos
indígenas, población
afro,
mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las
personas trans, bisexuales e intersexuales, (destacados en color
amarillo –
dos partes) entre otros asuntos.
El comunicado
se puede ver en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/036A.asp, también lo remito en su
integridad al final.
Germán Humberto
Rincón Perfetti
Representante
para America Latina de la International Lesbian and Gay Law Association
www.ILGLaw.org
Representante
Regional Gay Suplente ILGA-LAC ILGA www.ILGA.org
Bogotá,
Colombia
571-2102534
2102530
www.rinconperfettiabogados.com
rinconperfettigerman@...
Comunicado de Prensa
Anexo al Comunicado de Prensa 36/12 emitido al culminar el 144 Período de
Sesiones
30 de marzo de 2012
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Datos de contacto
María Isabel Rivero
Directora de Prensa de la CIDH
Tel. (1) 202 458 3867
mrivero@...
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.Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró
su 144o Período ordinario de Sesiones del 19 al 30 de marzo de 2012. La CIDH
está integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson,
Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton,
Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario
Ejecutivo es Santiago A. Canton.
Durante el 144o Período de Sesiones se celebraron 41 audiencias y 23 reuniones
de trabajo. Asimismo, se aprobaron informes sobre casos y peticiones
individuales. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas
estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se
refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las
garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los
derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las
defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los Afrodescendientes,
las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las
personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.
En primer lugar, la CIDH saluda la aprobación, el 13 de marzo de 2012 por el
Senado de México, de una reforma constitucional que facultaría a las
autoridades federales de dicho país a investigar y juzgar los delitos que
“limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de
expresión o imprenta”. La reforma ya había sido aprobada en la Cámara de
Diputados, y ahora espera la aprobación de la mayoría de los congresos
estatales. Por otro lado, el 15 de marzo fue presentada en el pleno del Senado
de la República una iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas. Según la información recibida, la iniciativa
fue suscrita por un número importante de senadores, y fue el producto de un
trabajo conjunto entre el órgano legislativo y organizaciones de la sociedad
civil. La CIDH manifiesta su satisfacción por estas iniciativas y considera
que, de concretarse, constituirían avances importantes hacia el cumplimiento de
las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre la Libertad de
Expresión en México 2010 en materia de protección de periodistas y lucha contra
la impunidad.
Asimismo, la Comisión valora y reconoce el cumplimiento sustancial por parte
del Estado de Argentina de las recomendaciones contenidas en su Informe de
Fondo en el Caso 12.324. En dicho informe, la CIDH concluyó que el Estado
argentino era responsable por haber condenado al señor Rubén Luis Godoy a la
pena de prisión perpetua y al pago de una indemnización como resultado de un
proceso en que se habrían violado sus garantías judiciales. El Estado dio
cumplimiento sustancial a las recomendaciones formuladas en el Informe de fondo
sobre el caso, en particular mediante la interposición de una acción de
revisión de la sentencia condenatoria, la reapertura de la investigación por
las denuncia de tortura en perjuicio de la víctima y la conmutación de la pena
de prisión perpetua. En consecuencia, la CIDH aprobó la publicación del Informe
de Fondo sobre el caso.
De igual manera, la CIDH saluda los avances registrados en los últimos meses
en el combate contra la impunidad para graves violaciones a los derechos
humanos. En Uruguay, el 21 de marzo el presidente José Mujica reconoció la
responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de María Claudia
García Iruretagoyena de Gelman y pidió disculpas a su hija, María Macarena
Gelman, quien nació cuando su madre estaba secuestrada y en cautiverio, durante
la dictadura militar uruguaya. De esta manera, el Estado uruguayo cumplió con
uno de los aspectos de la sentencia de la CorteIDH, que también ordenó al
Estado a investigar los hechos a fin de esclarecerlos, determinar las
responsabilidades penales y aplicar las sanciones que correspondan.
En este mismo sentido, la CIDH saluda los actos de reconocimiento de
responsabilidad internacional y pedido de perdón realizados por diversos
Estados. El 10 de diciembre de 2011, el Estado de El Salvador realizó un acto
de conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada 30
años atrás. El Estado de Guatemala realizó el 20 de octubre de 2011 un acto
público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en el caso de
Juan Jaboco Arbenz Guzmán, y el 15 de diciembre realizó una ceremonia de pedido
de perdón a familiares y sobrevivientes de la masacre de la comunidad de Las
Dos Erres, en Petén. Por su parte, el Estado de México realizó un acto de
reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas a Valentina Rosendo
Cantú y su hija el 15 de diciembre de 2011. La CIDH saluda estos avances y
espera que se continúe avanzando en el cumplimiento de las decisiones del
sistema interamericano en estos y otros casos.
Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación ante información recibida
respecto de Haití y de Suriname respecto de retrocesos en el combate contra la
impunidad para crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, el 30 de enero de 2012 el juez de instrucción a cargo de la
causa iniciada contra Jean-Claude Duvalier en Haití, decidió no procesar a
Duvalier por violaciones a los derechos humanos. Las graves y sistemáticas
violaciones a los derechos humanos perpetradas bajo el régimen de Jean-Claude
Duvalier fueron documentadas por la CIDH en su Informe sobre la Situación de
los Derechos Humanos en Haití, publicado en 1979, preparado con base en la
visita de observación in loco realizada en dicho país en agosto de 1978. La
Comisión Interamericana reitera lo indicado en su pronunciamiento de mayo de
2011, en el sentido que el Estado haitiano tiene la obligación internacional de
investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el régimen de Duvalier.
En relación con Suriname, la Comisión recibió información de que el gobierno
de coalición del Presidente Desi Bouterse ha presentado al Parlamento de
Suriname un proyecto de ley que busca dejar en la impunidad las violaciones a
los derechos humanos de la era militar (1982-1992). Este proyecto busca
eliminar la excepción contenida en la Ley de Amnistía de 1992, que aplica a los
crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra. Iniciativas de esta
naturaleza obstaculizarían el cumplimiento de casos ya decididos por el sistema
interamericano, incluido el caso de la Masacre de Moiwana, entre otros. La
Comisión recuerda la incompatibilidad de las leyes de amnistía relacionadas con
violaciones graves de derechos humanos con las obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos, ya que impiden a los Estados investigar y castigar
a los responsables.
Participación de Estados y de Sociedad Civil en las Sesiones
La participación en audiencias y reuniones de trabajo de representantes de
los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así
como de quienes lo hicieron en carácter de víctimas o peticionarios, constituye
una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los
derechos humanos de los habitantes del Hemisferio. Además de las 41 audiencias
y las 23 reuniones de trabajo celebradas sobre peticiones, casos y medidas
cautelares, se realizaron más de 40 reuniones adicionales, algunas de ellas con
representantes de los Estados Miembros, y otras con representantes de las
organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Interamericana valora y
agradece dicha asistencia y participación.
El jueves 22 de marzo de 2012, la Comisión Interamericana recibió en su sede
una delegación del Estado de Chihuahua encabezada por el Gobernador, Cesar
Duarte Jáquez. La delegación hizo referencia a la voluntad del Gobierno del
Estado de Chihuahua para profundizar las estructuras de protección de los
derechos humanos en el referido Estado. El Gobernador mencionó asimismo a una
serie de programas que se estarían implementando en el Estado a fin de trabajar
con las problemáticas que se presentan en el mismo. En particular, se refirió a
la estrategia de lucha contra la impunidad, a proyectos de educación, a la
reforma integral del sistema judicial y a la atención de salud, entre otros.
Por su parte, la CIDH destacó la importancia de que exista un diálogo
vigoroso con los Estados, y que en los países que, como México, tienen un
sistema de gobierno federal, este diálogo no se limite al nivel federal de
gobierno. La Comisión considera positivo que se implementen programas de
protección de los derechos humanos, en especial teniendo en cuenta la
información preocupante que la Comisión continúa recibiendo con respecto a la
situación de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua, que incluyen
denuncias de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en perjuicio
de mujeres y niñas, y altos índices de violencia e impunidad, entre otros
graves problemas.
Por otra parte, el 29 de marzo de 2012, la CIDH recibió a una delegación del
Gobierno de Ecuador, integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores,
Ricardo Patiño; el procurador General del Estado, Diego García; la Ministra de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Johana Pesántez; el Secretario Nacional de
Comunicación, Fernando Alvarado; entre otros altos funcionarios.
Tras tomar conocimiento de una convocatoria a una rueda de prensa con el
Canciller ecuatoriano titulada “Gobierno del Ecuador expondrá ante la
CIDH su posición sobre el pedido de medidas cautelares por el caso El
Universo”, el Presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco, recordó a
la delegación que la reunión había sido solicitada exclusivamente para discutir
asuntos de carácter general, y explicó que la referencia a asuntos en trámite
sin la presencia de la otra parte no podría ser tenida en cuenta por la CIDH
dado que violaría el principio de igualdad procesal entre las partes.
La Comisión Interamericana lamenta que, pese a esto, los representantes del
Estado hayan optado por hacer referencias a la medida cautelar y el caso
relacionados con el diario El Universo (Petición 1436/11 y MC 406/11). Asimismo,
expresa ante la opinión pública, tal y como se alertó a la respectiva
delegación del Estado, que dichas referencias no serán tenidas en cuenta en la
evaluación de peticiones o casos concretos, y que no han sido ni serán
registradas en sus archivos.
Represalias contra personas que acuden a la CIDH
La Comisión expresa su más profunda preocupación ante las amenazas,
represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas
que acuden a las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte
de particulares como, en algunos casos, de altas autoridades estatales.
La Comisión considera inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un
Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones
ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos
convencionales. La Comisión Interamericana condena estos hechos, y les recuerda
a los Estados el artículo 63 del Reglamento , que establece que éstos deben
“otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a
una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones,
testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar
a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares,
a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
Personas Afrodescendientes
La Comisión recibió información sobre la continuidad de los obstáculos que
las personas Afrodescendientes deben enfrentar en la región, en relación con la
protección de sus derechos humanos. Estos obstáculos se vinculan tanto con
cuestiones de discriminación racial como con violaciones de sus derechos
económicos, sociales y culturales. En particular, las personas
afrodescendientes se encuentran desproporcionadamente afectadas en asuntos
migratorios y se encuentran en grave riesgo de convertirse en apátridas.
Asimismo, las personas afrodescendientes enfrentan desafíos particulares debido
al incremento de las industrias extractivas, que desplazan comunidades con
modos de vida tradicionales y culturas propias y que en algunos casos, ponen en
peligro su vida e integridad personal. La Comisión también recibió información
que indica que las mujeres afrodescendientes enfrentan desafíos especiales en
cuanto a sus derechos humanos, en particular, en contextos de conflicto armado
y desplazamiento. Estos desafíos incluyen principalmente actos de violencia
sexual y de acceso a la justicia.
Durante el transcurso de las sesiones, la Comisión tomó nota de la amplia
cobertura de prensa sobre la muerte del joven Tryvon Martin en Florida, Estados
Unidos. Los artículos indican que el 26 de febrero de 2012, George Zimmerman,
un autodenominado guardián de la comunidad, decidió seguir a Trayvon Martin, un
joven afrodescendiente de 17 años de edad, porque se veía
“sospechoso”. Aunque los hechos del caso aún deben ser
esclarecidos, la información disponible indica que Zimmeraman mató de un
disparo al adolescente, que no estaba armado. No ha habido arrestos en el caso.
Las autoridades de Florida han anunciado que un gran jurado va a ser convocado
en abril. A nivel federal, la División de Derechos Civiles del Departamento de
Justicia y el FBI han anunciado el inicio de investigaciones. El caso involucra
temas importantes sobre el deber de las autoridades locales y federales en
cuanto a la debida diligencia para responder a actos de violencia que podrían
estar basados en la discriminación racial. La Comisión urge a las autoridades
competentes a realizar pronto una investigación exhaustiva que esclarezca los
hechos y que asegure que se haga justicia.
Personas migrantes
En la audiencia sobre la situación de personas migrantes no localizadas y
restos no identificados en México, organizaciones de la sociedad civil de
México, El Salvador y Honduras, así como familiares de migrantes desaparecidos
en México, manifestaron su preocupación respecto de la falta de criterios
homologados para la identificación de migrantes no localizados y restos no
identificados, los obstáculos que enfrentan los familiares de migrantes no
localizados o que han desaparecido en su tránsito por México para acceder a
información acerca del paradero de sus familiares, así como la falta de
asistencia por parte de sus gobiernos y del Estado mexicano en la búsqueda de
sus seres queridos. Las organizaciones peticionarias manifestaron que de
acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se estima que, entre
los años 2007 y 2011, hay más de 8.800 cuerpos no identificados y al menos
1.230 cadáveres recuperados en México, provenientes de 310 fosas clandestinas.
Las organizaciones peticionarias manifestaron que esta situación hace necesaria
la implementación de nuevos mecanismos forenses para lograr una respuesta más
satisfactoria en términos de verdad y justicia para los varios miles de
familiares de migrantes mexicanos y centroamericanos desaparecidos en México en
su camino hacia los Estados Unidos. Propusieron la formación de una comisión
multidisciplinaria de expertos forenses internacionales independientes para
colaborar con sus pares mexicanos en la identificación de restos aún no
identificados, recuperados en agosto de 2010 y abril de 2011 en Tamaulipas,
México. Asimismo, indicaron que es necesario establecer bancos de datos
forenses, a nivel nacional y regional. Por su parte, los representantes del
Estado de México manifestaron su disposición a dialogar con las organizaciones
peticionarias respecto de esta materia, al tiempo que reconocieron la compleja
situación que se vive con relación a las personas no localizadas en México y
explicaron las medidas que han adoptado para hacer frente a la problemática. En
este sentido, destacaron el avance institucional que representa la reciente
aprobación de la Ley sobre el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Extraviadas.
En igual sentido, el Estado informó acerca de las acciones en materia pericial
y forense para identificar los cuerpos y restos localizados, entre los cuales
se encuentren personas migrantes, en particular de uno de los laboratorios
periciales más grandes de América Latina. La CIDH reitera la necesidad de
establecer mecanismos efectivos para la determinación de la identidad de las
personas migrantes que han sido halladas muertas en México, así como de
sancionar a los responsables de estas muertes. Asimismo, la Comisión expresó su
disposición en colaborar con el Estado mexicano y otros Estados de la región
para colaborar y acompañar en el establecimiento de estos mecanismos.
La Comisión también celebró una audiencia sobre la situación de los derechos
humanos de migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur de Estados
Unidos. Las organizaciones peticionarias de la audiencia informaron acerca de
abusos y violaciones a los derechos humanos que se comenten en perjuicio de los
migrantes por parte de miembros de la Patrulla Fronteriza, así como la
impunidad de estos hechos y las falencias existentes en términos de las
políticas y prácticas en las que se basan los procedimientos para el
procesamiento y sanción de los miembros de la Patrulla Fronteriza que cometen
estos actos. Por su parte, los representantes de la delegación de los Estados
Unidos informaron acerca de los procedimientos y cuidados que se brindan a los
migrantes una vez que se encuentran bajo su custodia. Adicionalmente, señalaron
que los procedimientos establecidos en la actualidad al interior de la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no promueven
ni toleran abusos en contra de las personas migrantes y que en caso de que
éstas ocurran son debidamente reportadas, procesadas y sancionadas.
Defensoras y defensores de derechos humanos
En las sesiones se recibió información sobre la persistencia de la violencia
en algunos países en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, la
cual se manifiesta en los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra su vida
e integridad, el uso de procesos penales injustificados en su contra, discursos
de descrédito dirigidos a desalentar sus labores, así como las restricciones
indebidas para el ejercicio de la libertad de asociación.
En relación con Cuba, la CIDH recibió denuncias sobre reiteradas detenciones
y hostigamientos en contra de defensoras de derechos humanos. Se informó que en
el marco de las detenciones ocurridas durante manifestaciones de protesta
social, los métodos de represión infringidos tendrían un especial ensañamiento
contra las mujeres. En lo que va del año, habrían ocurrido mas de mil arrestos
arbitrarios contra defensores de derechos humanos en Cuba, de los cuales, más
del 50% corresponderían a arrestos contra mujeres defensoras. Durante el fin de
semana del 24 y 25 de marzo de 2012 se reportaron 104 detenciones de Damas de
Blanco en Cuba, presuntamente para evitar el desarrollo de actividades en el
aniversario de la llamada Primavera Negra de 2003. Según la información
recibida en la audiencia, los actos de agresión que las mujeres defensoras
sufren en la isla por parte de agentes de seguridad del Estado se habrían
recrudecido desde 2011. Según la información proporcionada, a las constantes
golpizas, allanamientos de viviendas, amenazas de muerte y arrestos arbitrarios
de las que son constantemente víctimas, se agregaron actos de acoso y amenazas
sexuales, desnudos forzados y mordidas, tanto en la calle como en centros de
detención. Según las solicitantes de la audiencia, las amenazas y maltratos
también se habrían extendido a las y los hijos de las mujeres defensoras.
En relación con Guatemala, la Comisión recibió información sobre la especial
exposición al riesgo en que se encontrarían líderes y lideresas sindicales,
defensoras y defensores de personas cuyos derechos fueron violados durante el
conflicto armado, así como defensoras y defensores del derecho al medio ambiente.
Asimismo, se recibió información sobre la falta de implementación efectiva de
un Programa de Protección para Defensoras y Defensores en Guatemala y sobre la
fragilidad que tendría su Instancia de Análisis de Ataques contra Defensoras y
Defensores, al no tener una base legal que asegure su funcionamiento y
continuidad. Igualmente, la Comisión continuó recibiendo información sobre la
especial exposición a sufrir agresiones en que se encontrarían líderes y
lideresas sindicales en Venezuela.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre la falta de adopción de medidas
efectivas de protección por parte de los Estados y sobre los obstáculos en la
implementación de medidas de cautelares o provisionales dictadas por los
órganos del sistema interamericano, particularmente, en cuanto a la práctica de
algunos Estados de sujetar a un nuevo análisis de riesgo las solicitudes de
adopción de medidas para determinar su procedencia. La Comisión reitera lo
establecido en su Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores
en las Américas en el sentido de que “la fase que le corresponde al
Estado ante una solicitud de medida de protección proveniente del sistema
interamericano, es la de su implementación y seguimiento, pero no así la
valoración de los elementos que dan motivo a la solicitud, dentro de los cuales
se enmarca la calificación del nivel de riesgo”.
En relación a Colombia, varias organizaciones expresaron su preocupación
porque autoridades estarían utilizando el término “guerra jurídica”
contenido en glosarios utilizados por las fuerzas armadas, para descalificar
las denuncias interpuestas por defensoras y defensores y asociarlas con
actividades destinadas a desalentar la paz social. Asimismo, la Comisión
recibió información sobre las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados por
la nueva Unidad Nacional de Protección a fin de proteger la vida e integridad
de defensoras y defensores en riesgo, no obstante, organizaciones de la
sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de idoneidad y
efectividad de algunos esquemas de protección, especialmente, cuando se trata
de beneficiarios de carácter colectivo, como lo son las organizaciones de
defensoras y defensores de derechos humanos y las comunidades indígenas y
campesinas.
La CIDH también recibió información sobre algunos de los obstáculos que
debilitan la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia en
Centroamérica. Entre los obstáculos, la falta de aplicación efectiva de marcos
normativos relacionados con la carrera judicial impediría en algunos Estados
que los ascensos de jueces y magistrados se hagan tomando en cuenta criterios
objetivos y predecibles. Asimismo, según se informó, en algunos países habría
precarias condiciones salariales para los operadores de justicia y persistiría
la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia y protección ante actos de
agresión provenientes de agentes externos, tales como del crimen organizado.
La Comisión recibió información sobre los obstáculos a la libertad de
asociación en la región, particularmente en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá
y Perú. Según la información aportada en algunos países existirían prácticas
complejas y requisitos onerosos y discrecionales que han llevado al rechazo de
varias solicitudes de personalidad jurídica solicitadas por organizaciones de
defensoras y defensores. Se informó, asimismo, que en algunos países el
financiamiento internacional por parte de las organizaciones de defensoras y
defensores habría tenido por consecuencia la iniciación de investigaciones
penales en contra de sus miembros así como la disolución de las organizaciones.
Durante el presente período de sesiones, se recibió información sobre la
presentación de una iniciativa de ley para la creación de un mecanismo de
protección a defensoras y defensores en México. La CIDH ha dado seguimiento a
la implementación de este mecanismo y espera que en el proceso de su
construcción se garantice la participación activa de defensoras y defensores y
tenga en consideración los estándares establecidos por la CIDH en su Segundo
Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores en las Américas.
Pueblos Indígenas
Durante el 144o periodo ordinario de sesiones de la Comisión, se realizaron
ocho audiencias sobre derechos de los pueblos indígenas, en concreto relativas
a los derechos sobre sus tierras y recursos naturales, y a derechos de mujeres
indígenas.
En particular, se llevaron a cabo audiencias sobre la situación de los
derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales en Argentina,
Colombia, Panamá y Suriname. Con base en la información recibida, la Comisión
reitera que la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas
sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, dado
que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una
unidad económica, sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su
desarrollo económico, social y cultural, así como su vida espiritual e
identidad, en la relación con la tierra. Por ello, la CIDH llama a los Estados
a adoptar mecanismos legales e institucionales que garanticen los derechos de
propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Asimismo, la CIDH insta a los
Estados a dar cumplimiento efectivo a su obligación de consultar a los pueblos
indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier
medida que afecte sus territorios.
Por otro lado, tuvieron lugar audiencias relativas a los derechos de mujeres
indígenas en Argentina, Canadá, Colombia, Guatemala y México. Al respecto, la
CIDH reitera la triple discriminación histórica que han enfrentado las mujeres
indígenas, por ser mujeres, por ser indígenas, y por ser pobres. En atención a
ello, la CIDH enfatiza la importancia de que los Estados incorporen las necesidades
específicas de las mujeres indígenas en sus actuaciones, respetando su
identidad cultural, etnia, lengua e idiosincrasia, incluso creando sistemas y
métodos de peritaje cultural en casos de violencia. Asimismo, la Relatora
destaca que las manifestaciones de discriminación y violencia que afectan a las
mujeres indígenas se ven agravadas durante el conflicto armado, por lo que
enfatiza la importancia del esclarecimiento judicial de estos hechos, así como
la adopción de una política de reparaciones acorde con la situación de las
víctimas y su pertenencia étnica, que incluye estructuras de asistencia a las
mujeres y niñas durante el proceso de denuncia y demanda de reparaciones.
Es de especial preocupación para la Relatora la información recibida
respecto del alto número de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas
indígenas en Canadá. La CIDH valora positivamente los planes de prevención e
investigación adoptados para atender la situación, tal como el establecimiento
de la Comisión de Investigación de Mujeres Desaparecidas; asimismo, la CIDH
llama al Estado a realizar esfuerzos dirigidos a desarrollar e implementar un
plan integral y coordinado que permita responder de modo efectivo a la seriedad
de la violencia y la discriminación de la que son víctimas las mujeres y niñas
indígenas. La CIDH destaca la importancia de eliminar las condiciones sociales
y económicas causantes de esta situación, así como del cumplimiento de las
obligaciones de prevenir, investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar
a los responsables.
Asimismo, durante el periodo de sesiones, la CIDH recibió información de
suma preocupación sobre la situación del pueblo indígena Nasa en los Resguardos
de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló; y del pueblo indígena Awá de los
Departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia, ambos beneficiarios de medidas
cautelares otorgadas por la CIDH. De acuerdo a la información recibida, la
grave situación de riesgo existente estaría asociada a múltiples factores,
tales como la disputa territorial entre diferentes actores armados, actividades
de narcotráfico, el otorgamiento de licencias por parte del Estado para la
extracción de recursos naturales, los ataques hechos por grupos armados
ilegales y el fuego cruzado generado por la respuesta del Ejército Nacional.
Al respecto, la CIDH condena enérgicamente la muerte de los miembros del
pueblo Nasa Luis Ever Casamachín y Milciades Trochez Conda, así como la
afectación a la integridad de tres niños por la manipulación de artefactos
explosivos encontrados en la escuela de Jambaló. Condena igualmente el
asesinato de los miembros del pueblo Awá Armando Guanga Nastacuas, Bolívar
Guanga, Gilberto Paí Canticús y Giovanni Rosero. La Comisión Interamericana
considera de suma gravedad la muerte de estas personas, más aún teniendo en
cuenta las medidas cautelares vigentes otorgadas por la CIDH y la situación de
amenazas, hostigamiento y asesinatos a la que han sido sujetas. La CIDH insta
al Estado colombiano a dar cumplimiento a su obligación de investigar de oficio
estos crímenes y sancionar a los responsables, así como también llama al Estado
a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar
el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los otros beneficiarios
de estas medidas.
Es de especial preocupación para la Comisión la información recibida
respecto a enfrentamientos armados que habrían tenido lugar el 23 de marzo de
2012 entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y miembros de grupos
armados ilegales en zonas rurales y urbanas del Resguardo de Jambalo, hechos
que habrían ocasionado lesiones al menos a dos personas. En vista de ello, la
CIDH hace un llamado a los actores del conflicto armado a cumplir las reglas
del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, insta al Estado
colombiano a evitar la realización de acciones armadas que pongan en peligro la
vida o integridad de la población civil.
Personas privadas de libertad
La CIDH convocó por iniciativa propia a una audiencia en este período de sesiones
sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, después
del incendio en la Penitenciaría Nacional de Comayagua el 14 de febrero de 2012
en el que murieron 361 personas. El Estado reconoció los graves problemas que
enfrenta la situación penitenciaria e informó que cumplirá con el acuerdo de
solución amistosa firmado en el marco del Rafael Arturo Pacheco Teruel ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Estado de Honduras se
comprometió a avanzar en las investigaciones conducentes a establecer la verdad
de los hechos ocurridos en el penal de Comayagua y a establecer las
responsabilidades penales correspondientes. La CIDH dará estrecho seguimiento
al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. Asimismo, los
representantes del Estado informaron que entre las medidas adoptadas, se
declaró estado de emergencia en varias cárceles del país, en julio de 2010 y
marzo del 2012. A este respecto, el Relator enfatizó que los estados de
emergencia se deben decretar en situaciones coyunturales, pero que lo que
actualmente enfrenta Honduras es un problema estructural.
Durante la celebración de las sesiones, el 29 de marzo de 2012 fueron
asesinados 13 internos de la Penitenciaría de San Pedro Sula, incluido uno
decapitado, y otros habrían resultado heridos en un motín iniciado desde horas
de la mañana. De acuerdo con la información disponible, en el contexto de estos
hechos se produjo un conato de incendio en una de las áreas del penal, se
dispararon armas de fuego y el orden fue restablecido luego de la acción
mediadora del Obispo Auxiliar de San Pedro Sula y Presidente de la Pastoral
Carcelaria, Rómulo Emiliani. La CIDH condena la muerte violenta de 13 reclusos
e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición
de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.
Asimismo, en el marco de una audiencia sobre los derechos de las personas
privadas de libertad en México, los solicitantes hicieron énfasis en la
persistencia de serios problemas estructurales que afectan a la generalidad de
las cárceles en ese Estado, como por ejemplo: la falta de gobernabilidad y los
altos índices de violencia en determinadas cárceles; el hacinamiento; la falta
de provisión de agua potable y alimentos; los golpes y malos tratos del
personal penitenciario hacia los reclusos; la aplicación arbitraria de castigos
disciplinarios, como las restricciones a las visitas de los presos; los actos
reiterados de corrupción por parte de las autoridades penitenciarias; y las
violaciones cometidas contra mujeres y personas LGTBI. En la audiencia, el
Relator sobre Personas Privadas de Libertad hizo énfasis en la necesidad de
adoptar medidas para garantizar la seguridad en las cárceles del Norte de
México, donde operan grupos del crimen organizado y de donde se ha recibido
información sobre actos de violencia, incluso de naturaleza sexual, cometidos
contra las mujeres privadas de libertad.
Por otro lado, la Comisión Interamericana celebró una audiencia de
seguimiento a la visita de trabajo que realizó el Relator sobre Derechos de las
Personas Privadas de Libertad a Uruguay en julio de 2011. En esta audiencia el
Estado aportó información acerca del nivel de cumplimiento de las
recomendaciones formuladas por la CIDH luego de dicha visita. Los Comisionados,
por su parte, hicieron énfasis en el cierre de los módulos 1, 2 y 4 de COMCAR y
la clausura de la Cárcel Departamental de Rocha; en la adopción de medidas
concretas para reducir el uso generalizado y sistemático de la detención
preventiva; y en la atención a los adolescentes internados en la Colonia Berro.
La Comisionada Rosa María Ortiz manifestó su interés en que el Comisionado
Parlamentario para el Sistema Penitenciario de Uruguay tenga también entre sus
funciones el monitoreo de la situación de niñas, niños y adolescentes privados
de libertad.
Mujeres
La Comisión observa con gran preocupación información recibida durante el
presente periodo de sesiones destacando formas de discriminación, violencia y
exclusión que las mujeres a través de las Américas enfrentan de forma
persistente que afectan el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales. La Comisión ha recibido información de forma
consistente que revela que estos obstáculos son particularmente graves en el
caso de las mujeres indígenas, dada la intersección de formas de discriminación
que han sufrido de forma histórica por su etnia, raza, sexo y situación de
pobreza.
Diferentes organizaciones han reportado ante la Comisión en varias
audiencias sobre las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres
indígenas en base a su sexo, raza y etnia; el impacto pernicioso de la
violencia en su vida cultural y espiritual; los vacíos existentes en el sistema
universal de derechos humanos para abordar sus necesidades específicas; y la
necesidad de identificar metodologías distintas para abordar sus preocupaciones
de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión recibió información sobre 600
desapariciones y asesinatos de mujeres aborígenes documentadas en Canadá; el
efecto desproporcionado del conflicto armado en Colombia en las mujeres
indígenas, incluyendo el uso de la violencia sexual como una estrategia de
guerra; y la ausencia de una educación intercultural y bilingüe en la provincia
de Jujuy en Argentina, aún con la más alta población indígena en el país, entre
otros asuntos prioritarios. La Comisión recuerda a los Estados de su obligación
de garantizar que toda legislación, política pública y programa orientado a
abordar los derechos de las mujeres, considere las necesidades específicas y la
concepción del mundo de las mujeres indígenas; tome en consideración el riesgo
incrementado que enfrentan a violaciones de derechos humanos; e incorpore la
dimensión colectiva e individual de sus derechos humanos.
La Comisión también expresa su preocupación por información recibida en el
contexto de las audiencias verificando el incremento de los niveles de
violencia contra las mujeres en países a través del hemisferio. En concreto y
como ejemplo, la Comisión recibió información sobre los altos niveles de
violencia en Colombia; la gravedad del problema de la violencia sexual en
contra de las adolescentes en Bolivia; y el legado de los actos de violencia
sexual cometidos durante el conflicto armado en Guatemala. Aunque la Comisión
reconoce esfuerzos significativos de parte de los Estados a través de las
Américas en abordar este problema, la Comisión manifiesta su preocupación sobre
el hecho que muchos de estos actos no son sancionados y culminan en la
impunidad. La Comisión exhorta a los Estados a continuar adoptando esfuerzos
legislativos, políticos, y programáticos con debida diligencia para enfrentar
todas las formas de violencia contra las mujeres en colaboración con las
mujeres afectadas y sus representantes. Estos esfuerzos deben incluir el
otorgamiento adecuado de reparaciones desde una perspectiva de género a las
víctimas – con la participación de los beneficiarios involucrados –
y el mejoramiento de esfuerzos de recopilar información para abordar la
dimensión real de este problema a un nivel nacional. La Comisión también
promueve que los Estados continúen llevando a cabo esfuerzos para erradicar las
barreras legislativas, políticas, sociales, económicas y geográficas que las
mujeres y las niñas aún enfrentan para recibir una adecuada protección judicial
cuando son víctimas de violencia y discriminación; un componente crucial de su
obligación de actuar con debida diligencia.
La Comisión está también preocupada por el riesgo particular a violaciones a
los derechos humanos enfrentado por mujeres que trabajan en la defensa de los
derechos en base a su género. Información fue recibida de Bolivia, Cuba y
Colombia en el contexto de audiencias sobre actos de intimidación, violencia y
amenazas que aún afecta a este grupo de mujeres. La Comisión reitera la
necesidad de legitimar y proteger las acciones de las defensoras de los
derechos de las mujeres, y recuerda a los Estados de su obligación positiva de
crear las condiciones necesarias en que las defensoras puedan ejercer de forma
plena su trabajo, libre de toda forma de violencia y discriminación basada en
su género.
Lesbianas, Gays y Personas Trans, Bisexuales e Intersexuales
En la audiencia sobre Derecho a la Identidad de las Personas Trans, la CIDH
recibió información preocupante sobre el grave impacto negativo que tiene la
falta de reconocimiento de la identidad de género en el pleno goce y ejercicio
de los derechos de las personas transgénero. El transgenerismo es una categoría
dentro de la identidad de género, que incluye a su vez las subcategorías
transexualidad y travestismo, así como otras variaciones. La identidad de
género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los
modales. Una mujer trans es una persona cuyo sexo biológico es de hombre y la
identidad de género de mujer; un hombre trans es cuando el sexo biológico es de
mujer y la identidad de género de hombre; una persona trans es cuando no existe
una convicción de identificarse dentro de una categorización binaria de hombre
o mujer.
Como resultado de la falta de reconocimiento de su identidad de género, las
personas transgénero se ven sometidas, por su identidad de género, a una
situación de exclusión y marginación en todos los aspectos de la vida pública.
En particular, preocupa a la CIDH la información recibida en relación con los
obstáculos que enfrentan en las esferas de participación política, y en el
acceso a la justicia, a los servicios de salud, a la educación y al trabajo,
entre otros. Se denunció asimismo la impunidad de los crímenes contra las
personas trans, incluyendo la gran cantidad de homicidios en toda la región, lo
cual ha sido relevado en varias ocasiones por la CIDH.
La Comisión expresa su preocupación por la información recibida sobre las
violaciones a sus derechos humanos, en particular la violencia y discriminación
extrema a la que son sometidas por parte de miembros de la fuerza pública,
incluyendo detenciones arbitrarias y abusos policiales. Estas situaciones se
deben, entre otras razones, a que no cuentan con un documento de identidad que
refleje legalmente su identidad de género. Esta situación se agrava por los
obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia, ya que muchas veces no se
les reciben las denuncias, al presentar documentos de identidad que no se
corresponden con su identidad y expresión de género. Asimismo, la Comisión
considera alarmante la información recibida en relación con las violaciones a
la integridad personal, a la vida privada, y dignidad de las personas
intersexuales.
La CIDH recibió asimismo información preocupante en relación con la
imposibilidad de las personas trans de acceder a servicios de salud que tomen
en cuenta sus necesidades específicas, las cuales son distintas a las de los
hombres, las mujeres y las personas lesbianas y gays. Por otro lado, la
Comisión se encuentra preocupada por información relacionada con los obstáculos
que enfrentan en el ámbito educativo, relacionados, entre otros, con la
imposibilidad que tienen de manifestar libremente su expresión de género. Ello
conlleva a un alto nivel de deserción escolar, lo que aumenta el analfabetismo
y la desigualdad de oportunidades laborales, incrementándose su situación de
exclusión. La Comisión se encuentra también preocupada por la información de
las barreras que enfrentan las personas trans para ejercer plenamente sus
derechos políticos como el derecho al voto en los países que distinguen los
puestos de votación por sexo biológico. La Red Latinoamericana y del Caribe de
Personas Trans (RED LACTRANS) y la Organización de Transexuales por la Dignidad
de la Diversidad le pidieron a la Comisión, entre otros, que dé seguimiento a
esta materia y presente recomendaciones para su integración en el Programa
Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad.
Al respecto la Comisión observa que el derecho a la identidad de género de
las personas trans es esencial para el ejercicio de sus derechos humanos. La
CIDH insta a los Estados a tomar las medidas necesarias en todas las esferas de
la intervención pública para garantizar el pleno goce y ejercicio de los
derechos humanos de las personas trans, sin discriminación alguna. Para ello,
es esencial, entre otros, la adopción de políticas públicas y protocolos que
incluyan una perspectiva que tome en cuenta la identidad de género de las
personas trans y sus necesidades específicas.
Por otro lado, en una audiencia relacionada con los derechos humanos en
Perú, las organizaciones de la sociedad civil recomendaron al Estado peruano,
avanzar en la adopción de medidas que permitan generar cambios y sancionar la
violencia contra las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e
intersexuales; y en particular, la construcción de un registro oficial de casos
de crímenes de odio contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans.
Niños, niñas y adolescentes
La Comisión celebró audiencias en las cuales se presentó información sobre
situaciones que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en la región.
Específicamente, se recibió información sobre la situación de niños, niñas y
adultos en instituciones de salud mental en México y sobre los problemas que
enfrentan las adolescentes en Bolivia cuando intentan acceder a la justicia en
casos de violencia sexual.
La Comisión recibió información preocupante sobre la segregación a la cual
están sometidas las personas con discapacidad que ingresan a instituciones en
México, con una alta incidencia de niños, niñas y adolescentes afectados. La
Comisión recuerda que de conformidad con los estándares internacionales de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el artículo 9 de
la Convención sobre los Derechos del Niño habitualmente utilizada por los
órganos del sistema interamericano para interpretar disposiciones de la
Convención Americana, los niños y niñas no deben ser separados de sus padres,
salvo que tal separación se encuentre debidamente justificada en el interés
superior el niño o niña y se establezca preferentemente de manera temporal.
Durante la audiencia, la Comisión enfatizó en la importancia de que la
presencia de niños, niñas y adolescentes en estas instituciones obedezca a
estos principios básicos y se dispongan los medios necesarios para explorar
alternativas a la institucionalización. Además, la Comisión hizo referencia a
la necesidad de desarrollar mecanismos de prevención y detección temprana de
discapacidades, enfatizando el enfoque interdisciplinario y comunitario. La
Comisión se encuentra actualmente elaborando un informe temático sobre la
institucionalización de niños, niñas y adolescentes en las Américas. En el
proceso de elaboración de dicho informe la Comisión ha recibido información que
incluye la situación de niños, niñas y adolescentes en instituciones de salud
mental.
Además, la Comisión recibió información preocupante sobre la continuidad de
los obstáculos que enfrentan adolescentes víctimas de violencia sexual en
Bolivia cuando intentan acceder al poder judicial. Dentro de los obstáculos se
encuentran cuestiones normativas y de práctica. Así, por ejemplo, se planteó la
situación de revictimización a la que se enfrentan desde el momento de
presentar la denuncia, los estereotipos que afectarían la imparcialidad de
diversas autoridades a cargo de recibir y procesar estas denuncias, como por
ejemplo, la presunción de que las denuncias contienen mentiras, la falta de
capacitación de las autoridades de investigación para esclarecer casos de
violencia sexual en cuanto a un enfoque de género y abordaje culturalmente
adecuado, y la demora en los procesos, entre otros. Según lo denunciado, existe
una situación de impunidad frente a este tipo de violaciones con una mínima
incidencia de condenas en comparación con las denuncias recibidas. La Comisión
ha dado seguimiento cercano a este tema a través de diversos medios. Así, en su
informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social en Bolivia, del año 2007, en el
capítulo sobre situación de acceso a la justicia de las mujeres y en el
capítulo sobre la situación de niñas y niños, la CIDH tomó nota de algunas de
estas problemáticas y formuló recomendaciones. De igual forma, en su informe
sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las
Américas, la Comisión abordó el tipo de obstáculos descritos en la audiencia.
La Comisión continuará dando seguimiento a esta situación.
Libertad de expresión
El 27 de marzo la Comisión celebró una audiencia pública sobre la situación
del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, a solicitud del Centro de
Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Asociación
Civil Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Venezuela (SNTP). Los
solicitantes de la audiencia señalaron que en Venezuela existen restricciones
ilegítimas que reducen el efectivo ejercicio de la libertad de expresión, entre
las cuales mencionaron: agresiones y ataques a periodistas, problemas de acceso
a la información pública, autocensura, usurpación a cuentas electrónicas de críticos
del gobierno, transmisiones obligatorias de radio y televisión, y restricciones
y sanciones judiciales y administrativas contra medios de comunicación y
periodistas. El Estado venezolano por su parte afirmó que en Venezuela existe
la más amplia libertad de expresión y que no existe la más mínima limitación a
este derecho. La Comisión manifestó preocupación por diversos temas, entre
ellos la ausencia de investigaciones sobre agresiones contra periodistas, las
restricciones al goce efectivo del derecho de acceso a la información, el
alcance de las normas de desacato, y el estado de procesos judiciales como el
que se adelanta contra los directivos del semanario Sexto Poder.
Próximos Períodos de Sesiones
El 145º Período de Sesiones será del 16 al 20 de julio; en dichas sesiones
no se realizarán audiencias ni reuniones de trabajo.
El 146º Período de Sesiones se realizará del 29 de octubre al 16 de
noviembre de 2012; el plazo para solicitar audiencias y reuniones de trabajo se
anunciará oportunamente.
I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES
La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en
que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos. A continuación se
ofrece la lista de peticiones y casos sobre los cuales se aprobaron informes
durante el 144 Período de Sesiones. Una vez que sean notificadas las partes, la
Comisión Interamericana publicará en su página en Internet los informes en que
la decisión sea de carácter público.
A. Informes de Admisibilidad
Durante el 144 Período de Sesiones se aprobaron los siguientes informes de
admisibilidad:
• 4115-02 - Ricardo Javier Kaplun, Argentina
• 12.315 – Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro
Tumbeiro, Argentina
• 93-05 – Analía Verónica Tapia y familia , Argentina
• 609-98 – Guillermo Armando Capo, Argentina
• 302-07 – Flavio Mendes Pontes et al., Brasil
• 341-01 – Márcio Manoel Fraga y Nancy Victor da Silva, Brasil
• 6-07 – Jurandir Ferreira de Lima et al., Brasil
• 1447-05 – Omar de Jesús Lezcano y otros. Colombia
• 1064-05 – Luis Fernando Guevara Diaz, Costa Rica
• 670-06 – Carlos Andrés Rodríguez Cárdenas, Ecuador
• 786-02 – Ester Avigail Fajardo Garcés y Claudio Alfonos Naser
Leal, Ecudor
• 1528-11 – Ivan Teleguz, Estados Unidos
• 900-08 – Djamel Ameziane, Estados Unidos
• 161-06 – Adolescentes condenados a candena perpetua sin
libertad condicional, Estados Unidos
• 1127-05 – Familia de Sergio Arturo Canales Gálvez, Honduras
• 1119-02 – Aura de las Mercedes Pacheco Briceño y Balbina
Francisca Rodríguez Pacheco, Venezuela
• 266-03 - Lilia Aljejandra García Andrade y otros, México
• 1471-05 - Yenina Esther Martínez Esquivia, Colombia
• 179-05 - Jesús Amado Sarria Agredo e hijos, Colombia
• 1762-11 – Virgilio Maldonado Rodríguez, Estados Unidos
• 1671-02 – Alejandro Peñafiel Salgado, Ecuador
B. Informes de Inadmisibilidad
Durante el 144 Período de Sesiones se aprobaron los siguientes informes de
inadmisibilidad:
• 11.996 – Márcia Cristina Rigo Leopoldi, Brasil
• 885-03 – Valentina de Andrade, Brasil
• 398-02 – José Xavier Gando Chica, Ecuador
• 1180-04 – Edgar Manuel de León Lemus, Guatemala
• 859-03 – María Elena Macedo García viuda de Uribe, México
• 700-04 – Aurora Cortina González, México
• 736-03 – Hernán Alberto Chumpitaz Vásquez, Perú
• 12.222 – Sindicato Unitario de trabajadores del servicio de
agua potable y alcantarillado de Arequipa, Perú
• 170-00 – José Hernán Susanivar Susanivar y otros, Perú
• 12.202 – Sindicato de Docentes ordinarios de la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Perú
• 513-04 – José Carlos Ramírez, México
C. Informes de Solución Amistosa
Durante el 144º Período de Sesiones, la Comisión aprobó los siguientes
acuerdos de solución amistosa, al considerar que los acuerdos alcanzados por
las partes se ajustan al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos
Humanos:
• 12.546 – Juan Jacob Arbenz Guzmán, Guatemala
• 12.174 – Israel Geraldo Paredes Acosta, República Dominicana
• 11.706 – Pueblo indígena Yanomami de Haximú, Venezuela
D. Informes de Fondo
Durante el 144 Período de Sesiones, la CIDH aprobó 4 informes sobre el
fondo.
Asimismo, aprobó una decisión de publicación de informe de fondo, en el Caso
12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina.
E. Informes de Archivo Durante el 143 Período de Sesiones se aprobaron los
siguientes informes de archivo:
• 907-03 – Ricardo Alberto Barreda, Argentina
• 12.227 - Maria Madalena Goulart Soares et al., Brasil
• 12.276 – Jose P. dos Santos, Brasil
• 12.588 - Alexandre Ribeiro de Oliveira, Brasil
• 11.841 – Paraplegic persons deprived of
liberty in Auxiliary Hospital of the State Penitentiary of Sao Paulo, Brasil
• 689-04 – Eduardo Jiménez Jiménez, Costa Rica
• 871-01 – Francisco Moya Solano y otros, Costa Rica
• 3226-02 – María Yamileth Scott Hernández, Costa Rica
• 12.364 – Luís Mazón y trabajadores del Ministerio de Salud,
Ecuador
• 55-03 – Hugo Napoleón Sánchez Garcés, Ecuador
• 661-01 – Pedro Muñoz Ulloa y Miriam García Gutiérrez, Ecuador
• 146-03 – Williams Neftaly Valenzuela Saravia, El Salvador
• 12.352 – Bruce Campbell Harris Lloyd,
Guatemala
• 12.438 – Guy André Francois, Haití
• 468-03 – Asdrúbal Araujo Castillo, México
• 1145-05 – Jorge Alberto Huezo, Nicaragua
• 11.836 – Feliciano Orue Coronel, Paraguay
• 12.186 – Luis Clodomiro rojas Arias, Perú
• 904-98 – Miembros de ASESSP, Perú
• 908-98 – Carlos Felipe Améxaga Mattos, Perú
• 12.216 – Luis Enrique Guillén Bendezú y otro, Perú
• 616-04 – Carlos Alberto Nieto Palma, Venezuela
II. AUDIENCIAS
Los días 23, 26, 27 y 28 de marzo de 2012 se celebraron audiencias relativas
a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y
temáticas de derechos humanos. Los videos, las grabaciones de audio y las
fotografías de las audiencias públicas están disponibles en la página web de la
CIDH. Queda autorizada su utilización siempre que se incluyan los créditos
correspondientes a la OEA. En este período de sesiones se realizaron las
siguientes audiencias públicas (lista según el orden de realización):
• Acceso a la justicia para las mujeres en las Américas
• Amenazas a la independencia judicial en Centroamérica
• Situación de los derechos humanos de las personas que viven con VIH
en los países de la región del Caribe
• Derecho a la identidad de las personas trans
• Derecho a la propiedad colectiva de las tierras de los pueblos
indígenas en Panamá
• Caso 12.354 – Kuna de Mandungandi y Embera de Bayano, Panamá
• Denuncias sobre segregación institucional y sobre abusos de niños y
adultos con discapacidad en México.
• Situación de los derechos de las personas privadas de libertad en
México
• Situación de personas migrantes no localizadas y restos no
identificados en México
• Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en
Argentina
• Denuncias sobre agresiones contra mujeres defensoras de derechos
humanos en Cuba
• Situación de los derechos humanos de las personas privadas de
libertad en Honduras
• Situación de las libertades fundamentales y su efecto en la
protección de los derechos humanos en Honduras
• Caso 12.816 – Guillermo López Lone y otros, Honduras
• Situación general de derechos humanos en Nicaragua
• Derecho a un recurso efectivo para la investigación de graves
violaciones de derechos humanos en Colombia
• Situación general de derechos humanos en Antioquia, Colombia
• Caso 12.711 – Wilfredo Quiñónez Bárcenas y otros, Colombia
• Situación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia
• Caso 12.794 – Wong Ho Wing, Perú
• Situación general de derechos humanos en Perú
• Acceso a la información en la investigación de casos de graves
violaciones de derechos humanos en Perú
• Situación de los derechos humanos de migrantes detenidos y
repatriados en la frontera sur de Estados Unidos
• Petición 1762/11 – Virgilio Maldonado, Estados Unidos
• Cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Convención
Americana por parte de Venezuela
• Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela
• Situación de los derechos humanos de las personas privadas de
libertad en Uruguay
• Caso 12.639 – Pueblos Kaliña y Lokono, Suriname
• Caso 12.777 – Claudina Velásquez y familia, Guatemala (Perito)
• Situación de la independencia judicial en El Salvador
• Situación de defensores de derechos humanos y el acceso a la
justicia en Guatemala
• Situación de las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos
durante el conflicto armado interno en Guatemala
• Restricciones legales a la libertad de asociación en las Américas
• Denuncias de violencia sexual contra niñas adolescentes en Bolivia
• Denuncias sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas
en British Columbia, Canadá
• Discriminación contra las mujeres indígenas en las Américas
• Situación de derechos humanos de las personas afectadas por las
industrias extractivas en las Américas
• Proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos
humanos
Asimismo, se realizó una audiencia privada sobre Situación general de
derechos humanos en Venezuela
III. REUNIONES DE TRABAJO
En el marco del 144 Período de Sesiones se llevaron a cabo las siguientes
reuniones de trabajo:
• Medida Cautelar 255/11 – Pueblo Indígena Nasa, Colombia
• Medida Cautelar 134/00 – CREDHOS, Colombia
• Medida Cautelar 128/00 CCAJAR
• Medida Cautelar 97/10 179 Familias de las veredas El Vergel y El
Pedregal de Cauca, Colombia
• Medida Cautelar 368/10 María Tirsa Paz, Colombia
• Medida Cautelar 641/02 – SINALTRAINAL, Colombia
• Medida Cautelar 61/11 - Pueblo Awá, Colombia
• Petición 12.376 – Alba Lucía Rodríguez, Colombia
• Medida Cautelar 452/11 – Pueblos indígenas de Cajamarca y sus
líderes, Perú
• Seguimiento de Casos incluidos en el Comunicado de Prensa Conjunto
de 22 de febrero de 2001
• Caso 12.689 – JSCH y MGS, México
• Caso 12.204 – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
Argentina
• Medida Cautelar 404/10 – Comunidad Indígena Qom Navogoh
¨Primavera¨, Argentina
• Caso 12.626 – Jessica Lenahan (Gonzales), Estados Unidos
• Medida Cautelar 5/11 – Deportación de haitianos, Estados
Unidos
• Medida Cautelar 259/02 – Detenidos en la Base Naval de
Guantánamo, Estados Unidos
• Caso 12.200 – Trindade y otro, Brasil • Caso 12.277
– Fazenda Ubá, Brasil
• Caso 12.066 – Fazenda Brasil Verde, Brasil
• Medida Cautelar 185/10 – Manuel Silva Torres, Ecuador
• Medida Cautelar 17/10 – Habitantes de la Comunidad de Omoa,
Honduras
• Caso 12.787 – Natividad de Jesús y otros, El Salvador
• Medida Cautelar 393/10 – Luis Álvarez Renta, República
Dominicana
IV. RELATORÍAS Y ÁREAS TEMÁTICAS
Esta sección contiene un resumen de algunas de las principales actividades
desarrolladas por la CIDH, a través de sus Relatorías especiales y áreas
temáticas, desde su 143º período de sesiones, que tuvo lugar en octubre y noviembre
de 2011, hasta la fecha. Las Relatorías trabajan en tareas de promoción,
elaboran y publican informes temáticos, ofrecen apoyo en el sistema de
peticiones y casos individuales y en el trámite de medidas cautelares, así como
en audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras
actividades.
a. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra
la Discriminación Racial
La Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial, a cargo de la Comisionada Rose-Marie Belle Antoine,
participó del evento “Afro XXI – Encuentro Iberoamericano del Año
Internacional de los Afrodescendientes”, realizado en Salvador, estado de
Bahia, Brasil, del 16 al 19 de noviembre de 2011. El especialista de la
Relatoría impartió una charla sobre marcos legales nacionales e internacionales
sobre discriminación racial y acceso a la justicia para las personas
afrodescendientes. El evento fue organizado por la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), junto con el Gobierno Federal de Brasil, el Gobierno
Estadual de Bahia, la Fundación Alexandre de Gusmão, así como diversas agencias
especializadas de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo general
del Encuentro Iberoamericano fue visibilizar la presencia de los
afrodescendientes en el Hemisferio, las principales dificultades enfrentadas
por ellos, los aportes sociales, culturales y económicos que las comunidades
afrodescendientes realizan a Iberoamérica, resaltar políticas públicas
inclusivas y buenas prácticas, así como debatir estrategias de inclusión social
de los afrodescendientes en los diversos contextos nacionales y sus
contribuciones al desarrollo.
El 18 de enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) publicó su informe sobre la situación de las personas afrodescendientes
en las Américas, que se elaboró en el marco de las actividades realizadas por
la CIDH en 2011 por el Año Internacional de los Afrodescendientes. El informe
presenta una evaluación inicial respecto de la situación de las personas
afrodescendientes en las Américas y formula recomendaciones a los Estados para
avanzar en la protección de sus derechos humanos. Durante este año, la
Relatoría planea realizar y participar en diversas actividades subregionales
para promover la difusión del informe de la Comisión Interamericana.
b. Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres
La Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, a cargo de la Comisionada
Tracy Robinson, continuó implementando acciones de distribución de cinco
informes temáticos publicados en el transcurso del 2011, los cuales identifican
los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan para ejercer sus
derechos libre de discriminación en distintos contextos. Los informes son los
siguientes: El Camino Hacia Una Democracia Sustantiva: La Participación
Política de las Mujeres en las Américas; El Trabajo, la Educación y los
Recursos de las Mujeres: La Ruta Hacia la Igualdad en la Garantía de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Acceso a la Información en Materia
Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos; Estándares Jurídicos
Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación; Acceso a
la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica.
La Relatoría se encuentra en el proceso de publicar el informe Acceso a la
Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: La Salud y la Educación, el
cual aborda la violencia sexual en los ámbitos de la educación y la salud en
las Américas, y las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder
a la justicia cuando son víctimas de este tipo de violencia y en estos
contextos. Recogiendo registros e información proveniente de los Estados, los
organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, la prensa y
las universidades de la región, el informe presenta un balance preliminar de
las dimensiones de la violencia sexual en estos ámbitos. Con la perspectiva de
los derechos humanos y de las obligaciones contraídas por los Estados en esta
esfera, el informe aborda además la forma como la violencia sexual contra las
mujeres constituye un obstáculo para el ejercicio de sus derechos a la
educación y a la salud, e inicia una discusión acerca de las barreras
principales que las mujeres enfrentan en su acceso a recursos judiciales
efectivos para remediar este problema.
Los seis informes temáticos mencionados han sido trabajados por la Relatoría
con el apoyo de los gobiernos de España, Finlandia, Canadá, y UNFPA.
c. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
El 17 y 18 de noviembre de 2011, la Relatoría sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, a cargo de la Comisionada Dinah Shelton, participó en el Taller
sobre “los derechos de los pueblos indígenas en el Sistema
Interamericano” dirigido a líderes indígenas y funcionarios de gobierno
que trabajan dicha temática, el cual se realizó en Lima, Perú. Fue organizado
por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. El taller contó con la
presencia de representantes indígenas provenientes de Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela.
Entre el 7 y 10 de marzo de 2012, la Relatoría realizó una visita de trabajo
a Guatemala, la cual tuvo por objetivo recabar información sobre la situación
de los pueblos indígenas en dicho país, tras lo cual se emitió el comunicado de
prensa: CIDH valora avances contra la impunidad en Guatemala y expresa
preocupación por la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y
las mujeres.
Por otra parte, durante la visita, la Relatoría llevó a cabo un taller de
capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos, dirigido a
líderes y lideresas indígenas de Mesoamérica. Participaron en el taller líderes
y lideresas y abogados indígenas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá,
México, Costa Rica y Nicaragua.
d. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, a cargo de la Comisionada Rosa
María Ortiz, participó en el evento Children and the administration of justice
in Latin America: a regional perspective, celebrado el 8 de marzo de 2012 en
Ginebra, Suiza, con motivo de la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y niñas.
Asimismo, del 27 al 29 de marzo de 2012, la Relatora participó en una misión
a Haití, conjuntamente con UNICEF y el Presidente del Comité de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas. En el contexto de esta visita, la cual se centró
exclusivamente en las irregularidades en las adopciones internacionales, la
Relatora se reunió con Richel Lafaille, Ministro de Asuntos Sociales y del
Trabajo; Frantz Bellerice, Director de Gabinete del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública; un magistrado de la Corte de Primera Instancia; y miembros
del Senado. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con representantes de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el Instituto de
Bienestar Social y de Investigaciones (IBSR), con Embajadores representantes
del Grupo Montreal (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Francia,
entre otros). Por otra parte, la delegación visitó una crèche, lugar en el cual
se encuentran niños y niñas que serán sujetos a adopción internacional.
Previamente, en noviembre de 2011, se realizaron actividades de presentación
del Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. El 11 de
noviembre de 2011 se presentó el informe en República Dominicana, el 17 de
noviembre en Uruguay y el 18 de noviembre de 2011 en Argentina. En Buenos
Aires, el informe fue presentado ante la Defensoría General de la Nación y
Legisladores Nacionales y la posteriormente ante la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia.
En febrero de 2012 la CIDH seleccionó a una ciudadana brasileña para una
beca de 10 meses con la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Esta beca es
financiada por la organización Save the Children.
e. Relatoría sobre Derechos de los Migrantes
En el marco de este Periodo de Sesiones, la Comisión decidió modificar el
mandato de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes, a cargo del
Comisionado Felipe González. En respuesta a la multiplicidad de desafíos que
plantea la movilidad humana en la región, el nuevo mandato está enfocado en el
respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias,
solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas,
desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el
contexto de la movilidad humana.
La Relatoría continuará abocada a proteger y promover los derechos humanos
de los migrantes en el contexto de los numerosos desafíos que genera la
movilidad humana en términos de derechos humanos. Entre los más apremiantes de
estos desafíos se cuentan, entre otros: la criminalización de los migrantes en
situación irregular; las situaciones que plantean los flujos migratorios
mixtos; la denegación de protección judicial y de garantías procesales en
procedimientos migratorios; la violencia generada por parte de actores no
estatales, tales como organizaciones de la delincuencia organizada, cárteles
del narcotráfico, maras o grupos paramilitares. Por otra parte, en algunos
países se han introducido reformas o proyectos legislativos relativos a sus
sistemas de determinación de la condición de refugiados, destinados a
restringir el acceso a la protección internacional para los solicitantes de
asilo, los refugiados y los solicitantes de protección complementaria. Otros de
los desafíos que se dan alrededor de la movilidad humana en el hemisferio
tienen que ver con la persecución y la violencia a la que están sujetos grupos
en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, las niñas,
los y las adolescentes, las lesbianas, los gays, y las personas trans,
bisexuales e intersexuales, los afrodescendientes y los indígenas. Asimismo,
fenómenos como la migración como consecuencia del cambio climático, la trata de
personas, el tráfico de migrantes y el desplazamiento interno son otros de los
desafíos que requieren respuestas en materia de derechos humanos.
En relación con las actividades que ha desarrollado la Relatoría sobre
Migrantes en los últimos meses, el 16 de noviembre de 2011 participó en la
Reunión de trabajo del Programa de Defensa e Incidencia Binacional de la
Iniciativa Frontera Norte, en la cual realizó una capacitación acerca de los
mecanismos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para
promover y proteger los derechos de las personas migrantes, así como del
mandato y las funciones de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores
Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH y del impacto de Opinión
Consultiva 18-03. Esta actividad contó con la participación de miembros de
organizaciones ubicadas a lo largo de las entidades federativas que integran la
Frontera Norte de México. Asimismo, la Relatoría estuvo presente en el Coloquio
sobre Políticas de Seguridad en la Frontera y Derechos Humanos de los
Migrantes, organizado por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja
California, México.
El 16 de febrero de 2012, en el marco de la Reunión Conjunta de la Comisión
de Asuntos Jurídicos Y Políticos (CAJP) de la OEA y la Comisión Especial de
Asuntos Migratorios (CEAM) sobre la Implementación del Programa Interamericano
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, el
Relator realizó una intervención ante estos órganos y presentó el Informe Anual
de Actividades de la Relatoría para el año 2011. Este informe fue preparado en
concordancia con los lineamientos establecidos por la Asamblea General en su
Resolución 2669 (XLI-O/11). La reunión se llevo a cabo en Washington D.C.
El 17 de febrero de 2012, se presentó ante la Corte Interamericana el
escrito de Observaciones de la Comisión Interamericana con relación a la
opinión consultiva relativa a las obligaciones jurídicas que tienen los Estados
con relación a los niños y niñas migrantes, la cual fue solicitada por los
Estados miembros del MERCOSUR. La Relatoría sobre Migrantes trabajó en estas
Observaciones en conjunto con la Relatoría sobre Derechos de la Niñez y el
Grupo de Corte.
El 20 de febrero de 2012 se llevó a cabo la conferencia sobre la “Situación
actual de los Derechos Humanos en México”, en el Consejo General de la
Abogacía Española. En el marco de este evento, el Relator realizó una
presentación sobre el panorama actual de los derechos humanos de los migrantes
en México. Este evento fue convocado por el Comité de Solidaridad por México y
contó con el auspicio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
En el marco del Curso sobre la Seguridad Social en la Globalización, la
Relatoría realizó una presentación el 28 de marzo de 2012 por medio de
teleconferencia acerca de “Los Derechos Humanos y Laborales de los
Migrantes dentro del Sistema Interamericano”. Este curso fue organizado
por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS).
f. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
Los días 2 y 3 de diciembre de 2011 la Relatoría sobre los Derechos de las
Personas Privadas de Libertad, a cargo del Comisionado Rodrigo Escobar Gil,
organizó en la ciudad de Kingston, Jamaica, el Segundo Seminario
Latinoamericano de Buenas Prácticas Penitenciarias, el cual en esta versión
estuvo dirigido a los Estados del Caribe anglófono. Las memorias y materiales
producidos en este evento están disponibles en la página Web de la Relatoría.
El 31 de diciembre de 2011 la CIDH aprobó el Informe regional temático sobre
la situación de las personas privadas de libertad en las Américas, cuya
publicación y lanzamiento están programados para las próximas semanas.
Por otra parte, durante los días 1 y 2 de febrero de 2012 la Relatoría
participó en una mesa de diálogo organizada por la Asociación para la
Prevención de la Tortura (APT) en el Estado de Oaxaca, destinada a dar
seguimiento a implementación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité
contra la Tortura (SPT) luego de su misión a México en de 2008. En esta
actividad participaron además autoridades públicas del estado de Oaxaca,
miembros del SPT, organizaciones de la sociedad civil.
Actualmente la Relatoría está a cargo del monitoreo de la situación de las
personas privadas de libertad luego del incendio en la Penitenciaría Nacional
de Comayagua, lo que involucra entre otras cosas la preparación de una visita
de observación a Honduras que se llevará a cabo en abril próximo.
g. Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
Los días 5 y 6 de diciembre de 2011 el Relator de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, y el Secretario Ejecutivo
de la CIDH, Santiago A. Canton, participaron en el "Encuentro de
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de América Latina” organizado
por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En dicha visita, el 7 de
diciembre de 2011 la Relatoría impartió un taller dirigido al personal de la
Defensoría General de la Nación de Argentina sobre los mecanismos de protección
que ofrece el sistema interamericano para defensoras y defensores.
El Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las
Américas fue aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de de 2011. El Informe
presenta información actualizada sobre la situación de defensoras y defensoras
en la región y sobre los estándares de derecho internacional sobre la materia.
Asimismo, da seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe sobre
la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas, publicado por la
CIDH el 7 de marzo de 2006.
La presentación del informe se realizó el 6 de marzo de 2012 en Ginebra, en
el marco del Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Asimismo, durante dicha visita, el Relator sobre Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, y el
Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, participaron en un
seminario en el cual participó también la Relatora de la ONU, Margaret
Sekaggya. Este seminario fue organizado por el Servicio Internacional para los
Derechos Humanos (International Service for Human Rights, ISHR).
El 8 y 9 de marzo, la Relatoría participó en la IV reunión Inter-mecanismos
de protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Ginebra, donde
se discutieron temas relacionados con las restricciones indebidas a la libertad
de asociación de las organizaciones de la sociedad civil. En representación de
la CIDH participaron el Comisionado José de Jesús Orozco y el Secretario
Ejecutivo, Santiago Canton.
El 14 de marzo de 2012 el Relator para Defensoras y Defensores de la CIDH
junto con los Relatores sobre defensores de derechos humanos de las Naciones
Unidas (ONU) y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y los Derechos de
los Pueblos (Comisión Africana) emitieron una Declaración Conjunta expresando
su preocupación en relación con los actos de represalias contra personas y
grupos que buscan cooperar con los sistemas de derechos humanos regionales y de
la ONU.
Finalmente, en el marco del 144 período de sesiones de la CIDH, se presentó
e Washington el Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores
en las Américas el 28 de marzo de 2012 al cual acudieron defensoras y
defensores de toda la región, así como representantes de algunos Estados.
h. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión participó en la
audiencia del Caso Néstor José y Luis Uzcátegui, y otros Vs. Venezuela, la cual
tuvo lugar durante el 93º periodo ordinario de sesiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica. Asimismo, la
Relatora Especial participó del II Congreso Latinoamericano sobre Derechos
Reproductivos, en la cuidad de San José, Costa Rica en un panel desarrollado en
el marco de la Conferencia Magistral: “Acceso a la información: Un
derecho para la autonomía reproductiva”. El 9 de febrero, la Relatora
Especial participó en el panel organizado por la Universidad Javeriana y FLIP
(Fundación para la Libertad de Prensa) en Bogotá, con una intervención sobre el
estado de la libertad de expresión en la región. Del 22 al 26 de febrero, la
Relatora Especial Catalina Botero y el abogado Michael Camilleri participaron
en las audiencias del Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, las cuales
se desarrollaron durante el 94º periodo de sesiones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.
i. Unidad para los Derechos de las Lesbianas, los Gays y las Personas
Trans, Bisexuales e Intersexo
La Unidad para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans,
Bisexuales e Intersexuales, creada en noviembre de 2011, ha iniciado sus
actividades en torno a tres pilares de trabajo: el tratamiento de casos y
peticiones individuales; la asesoría a los Estados Miembros de la OEA y a los
órganos políticos de la OEA; y la labor de preparación de un informe
hemisférico sobre los derechos humanos de estas personas.
En el marco de la elaboración del informe hemisférico sobre los derechos humanos
de las personas LGBTI, la Unidad ha llevado a cabo una serie de reuniones de
expertos y expertas independientes. En junio de 2011, la CIDH, ONUSIDA y la
Organización Panamericana de la Salud celebraron una reunión de expertos y
expertas sobre salud y personas LGTBI, bajo el liderazgo de la Comisionada
Dinah Shelton. Durante esta reunión, más de 15 expertos/as presentaron valiosa
y amplia información en relación con los obstáculos y desafíos que tienen las
lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersexuales en el
acceso a los servicios de salud y en el ejercicio del derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud, de conformidad con los estándares
internacionales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
El 24 y 25 de febrero de 2012 la CIDH celebró una reunión de expertos y
expertas sobre violencia e impunidad, bajo los auspicios de ONUSIDA, la cual
estuvo presidida por la Comisionada Tracy Robinson, y en la cual participaron
más de 20 expertos/as, quienes aportaron información en relación con la
violencia a la que son sometidas las personas por su orientación sexual e
identidad de género y la imperante impunidad que existe en torno a estos
hechos.
En este contexto, la planificación del trabajo de la Unidad para el año
2012, incluye la realización de reuniones de expertos/as en otros temas, tales
como relaciones interpersonales, empleo, cultura, educación y participación
política, que permitan relevar las distintas aristas de la problemática y los
obstáculos que enfrentan las lesbianas, los gays, las personas trans,
bisexuales e intersexuales en el pleno goce y ejercicio de sus derechos
humanos, garantizados en los instrumentos interamericanos e internacionales de
derechos humanos.
j. Grupo de Soluciones Amistosas
Con el apoyo de la Comisión Europea, desde el año 2011 se creó el Grupo de
Soluciones Amistosas, que tiene como objetivo el fortalecimiento del mecanismo
de solución amistosa previsto en los artículos 48.1.f de la Convención
Americana y 40.1 del Reglamento de la CIDH. Con esta finalidad, para el año
2012 se tienen previstas diversas actividades como talleres de capacitación
para el personal de la Comisión, la elaboración de políticas y protocolos
internos con las buenas prácticas llevadas a cabo por este organismo y la
publicación de un manual con información sobre los acuerdos de solución
amistosa aprobados hasta la fecha.
En relación a los cuestionarios sobre procesos de solución amistosa ante la
Comisión publicados el 26 de octubre de 2011, uno dirigido a Estados y
organizaciones de la sociedad civil y otro dirigido a expertos/as, programas,
escuelas y clínicas de mediación y resolución alternativa de conflictos, se
informa que la Comisión ha recibido la respuestas de 16 Estados y 17 miembros
de la sociedad civil. Esta información será fundamental para la elaboración del
manual sobre soluciones amistosas, que se planifica publicar en el correr del
presente año.
V. Trabajo relacionado con la Corte Interamericana
La Comisión Interamericana ha sometido 181 casos contenciosos a conocimiento
de la Corte. Entre enero y marzo de 2012 se sometieron 6 casos: Caso J. (Perú),
Liakat Ali Alibux (Surinam), Melba del Carmen Suárez Peralta (Ecuador),
Rodríguez Vera y otros-Palacio de Justicia (Colombia), Familia Pacheco Tineo
(Bolivia), Allan Brewer Carías (Venezuela).
De la totalidad de casos presentados ante la Corte, los últimos 4
presentados se encuentran en espera de notificación al Estado correspondiente,
15 se encuentran en espera de que se convoque a audiencia pública, 10 en espera
de sentencia, 127 en etapa de cumplimiento de sentencia y 19 se encuentran
cerrados.
Del 20 de febrero al 2 de marzo de 2012, la Comisión participó en las
audiencias del período ordinario de Sesiones de la Corte, celebrado en San
José, Costa Rica. En dicho período de sesiones se realizaron audiencias
públicas de los casos: Vélez Restrepo y otros (Colombia), Furlán y otros
(Argentina), Pacheco Teruel y otros (Honduras), Palma Mendoza y otros
(Ecuador), Castillo González y otros (Venezuela). Asimismo, la Comisión
participó en las siguientes audiencias públicas sobre medidas provisionales: LM
(Paraguay), Gladys Lanza Ochoa (Honduras), y Juan Almonte Herrera (República
Dominicana), y en las siguientes audiencias de supervisión de cumplimiento:
Castañeda Gutman (México), Pueblo Bello (Colombia) y supervisión de
cumplimiento de las medidas de atención médica en 9 casos colombianos.
VI. Aportes financieros
La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes
financieros efectuados por países de dentro y fuera de la región, así como por
organizaciones y agencias internacionales, fundaciones y otras entidades. Estas
donaciones hacen posible que la CIDH realice gran parte de sus actividades
relativas a los mandatos provenientes de los órganos políticos de la OEA.
En particular, la CIDH agradece las contribuciones efectuadas en el año 2011
por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Argentina,
Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México. También desea
agradecer a los Países Observadores que apoyan las actividades de la Comisión:
Azerbaiján, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda y
Suiza. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del
Fondo de Población de Naciones Unidas, de la Fundación Sueca para los Derechos
Humanos, del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), de Save
the Children-Suecia y de la Universidad de Notre Dame. Estos aportes
contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de
derechos humanos en el continente americano.
En los primeros tres meses de 2012, la CIDH ha recibido contribuciones de
Chile, España, la Comisión Europea, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y Save the Children-Suecia.
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