“Aquí todo está bien” y la vergüenza histórica hondureña

Por Oriel María Siu

Desde sus rudimentarios inicios en el siglo XIX, Las Fuerzas Armadas de Honduras han estado al servicio de las clases pudientes, terratenientes, y empresariales de Honduras y de Estados Unidos.  Ya sea bajo el bando de los “Nacionalistas”, de los “Liberales”, o bajo el bando de las mismas dictaduras militares, el ejército hondureño se ha posicionado en contra de los intereses de los más marginados de Honduras, sector que hoy día conforma más del 80 por ciento de la población.  Aunque existente desde el nacimiento del Estado-Nación hondureño (la década de 1820), las Fuerzas Armadas de Honduras se vienen a consolidar hasta ya entrados los 1930, cuando el General Tiburcio Carías Andino, bajo tutela del gobierno de Estados Unidos y con el apoyo total de las compañías bananeras estadounidenses en Honduras, se tomó la tarea de fortificarlas; a tal punto que en 1934, un coronel norteamericano, el Coronel William C. Brooks, fue nombrado comandante de las fuerzas aéreas hondureñas por Carías.   Desde entonces las Fuerzas Armadas hondureñas actúan ya no sólo bajo el mando de alguno de los políticos gobernantes, sino que erigen su propio tentáculo de poder en el país.  Es así como se llegó al periodo de las dictaduras militares en Honduras, el cual duró de 1963 a 1980, periodo en el cual se agudizaron las tensiones entre terratenientes, los sindicatos laborales y el ejército.  Un ejemplo de estas tensiones se dio en lo que hoy ya es un caso muy bien conocido; en junio de 1975 la familia del depuesto Presidente Manuel Zelaya se vio involucrada en lo que ahora se conoce como la Masacre de los Horcones, ya que un máximo de quince cuerpos, entre ellos el de dos religiosos, activistas campesinos y estudiantes, fueron encontrados a sólo metros de distancia del Rancho Los Horcones, rancho que le pertenecía a Mel Zelaya, padre del Presidente Manuel Zelaya.  Los asesinatos, hasta el día de hoy, han quedado impunes.

No debe por lo tanto sorprender el reciente golpe de estado orquestado en horas de la mañana del 28 de junio liderado por los militares y respaldado por la oligarquía de este país centroamericano –el segundo más pobre de la región ístmica, y el tercero de la región latinoamericana y el Caribe.  Las Fuerzas Armadas hondureñas, junto a la oligarquía, desde siempre han cargado incontables manchas de sangre en sus armas y uniformes, cargando también con ellos la impunidad de sus múltiples crímenes.  Lo que ha sucedido en Honduras recientemente es muestra de que ahí se hace y se deshace al antojo de la oligarquía, aún cuando ésta no tiene ningún tipo de respaldo internacional.  Porque sabiendo que la comunidad internacional no apoya el golpe de estado del 28 de junio, el denominado presidente Roberto Micheletti –ex-militar durante el periodo de la dictadura de 1963, empresario de transportes públicos y (ex) Presidente del Congreso–, ya empezó incluso a juramentar a su nuevo gabinete.  Mientras las calles de Tegucigalpa se tiñen de sangre –véanse las incontables imágenes que se están publicando a través de medios no gubernamentales de Honduras–, dentro de las instalaciones presidenciales en Tegucigalpa, se lleva acabo todo un teatro de politiqueros-empresarios.  Sin escrúpulos, el ejército se vuelve a colocar al mando de quienes retienen el poder.

El odio contra Zelaya en Honduras, por parte del sector privado y clases oligarcas, proviene del hecho de que Zelaya, en sus tres años y medio en la presidencia, ha aumentado el salario mínimo en un 60%, es decir que de un promedio de 3,400 lempiras ($185) al mes, éste se aumentó a 5,500 lempiras ($300) para el área urbana y 4,055 ($222) para el sector rural, una cantidad sumamente baja aún para la obtención de la canasta básica de cualquier familia.  A parte del treceavo y catorceavo mes que ya existía, además, Zelaya añadió un quinceavo mes de salario para los trabajadores, haciéndole un poco más de cosquillas a los bolsos de los empresarios.  Este hecho, sumado a las relaciones que Zelaya sostiene con la República Bolivariana de Venezuela y su mandatario, y la integración de Honduras en el 2008 al ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina), ha generado un pánico en el sector privado y en las clases pudientes hondureñas, haciéndolas apoyar en un 100% el reciente golpe de estado y dándole vivas a las Fuerzas Armadas por haber sacado a Manuel Zelaya, quien en el 2006 fue elegido democráticamente por el pueblo hondureño.

El golpe de estado ha sido no sólo un atropello a la susodicha democracia que ha vivido Honduras (¿cuántos no continúan siendo excluidos y viviendo al margen de la política hondureña?) desde finales de la Guerra Fría, sino que también representa el continuum histórico de la colonización en éste país centroamericano.  “Aquí todo está bien”, “todo está tranquilo”, me dicen quienes fueron hace varios años compañeros de mi infancia en San Pedro Sula.  De la clase pudiente la mayoría (otros de clase media), ellos están contentos con el golpe de estado del 28 de junio, sus privilegios y comodidades en un país en el que reina la extrema pobreza, no les permiten la sensibilidad histórica necesaria para apoyar a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo.  En todo caso, considero, se ha llegado el momento de ver de qué está hecho el pueblo hondureño tras siglos de arbitrariedades cometidas en su contra.